Es imposible que lo mismo se dé y no se dé en lo mismo a la vez y en el mismo sentido […] Es, en efecto, imposible que un individuo, quien quiera que sea, crea que lo mismo es y no es, como algunos piensan que Heráclito dice. Pues no es necesario creerse también las cosas que uno dice.
—Aristóteles, Metafísica, libro IV, cap. 3.
“Yo tengo mi conciencia tranquila y sé que actuamos de manera correcta…”,1 dice el presidente a propósito de su decisión de liberar a un presunto narcotraficante tras un improvisado operativo que logró su efímera captura. No es la primera vez que la moral aparece en el discurso presidencial. De hecho, si en algo ha sido consistente Andrés Manuel desde su eterna candidatura ha sido en reiterar hasta la náusea que lo más importante en su vida son sus principios. De ahí que su “humanismo” (concediéndole una acepción un tanto privada del término que nada tiene que ver con el humanismo de Petrarca o de Sartre) llevara al presidente a respaldar la liberación del capo. Sigue: “La hermandad, el amor al prójimo, ésa es la filosofía, ésa es la doctrina de este gobierno”. Semanas antes, a propósito de su Primer Informe de Gobierno, aseveró “El fin último de un buen gobierno es conseguir la felicidad de la gente”. Y para quien no sepa cómo conseguirla, está publicada una Cartilla Moral y todo.
Me llama mucho la atención esta insistencia en la moral. Pienso en la reciente tentativa neoliberal de retirar los cursos de ética de la educación media; pienso en la postura liberal que hace y festeja que cada cabeza sea un mundo; incluso en lo ridículo que se escucha que alguien quiera ser virtuoso. También pienso en que el siglo XX ha visto fragmentarse toda estructura sólida que permita erigir consensos morales: el individuo, la religión, la comunidad, etcétera. Finalmente, pienso en el desaseo que ha caracterizado todas las compañías del presidente (PRI, Morena, PRD, sus colaboradores en la jefatura de gobierno). Pero, sobre todo, pienso en que López Obrador es presidente; uno que afirma ser liberal, juarista incluso.
Por mi parte, aún no resuelvo el asunto de cómo escuchar al presidente.2 Poco a poco me inclino a aceptar que son más sus artificios discursivos que sus casos de verdad. Además, se desdice para todos lados, esquiva la evidencia y razona con dichos vacuos. Las conferencias matutinas, a su vez, tan sólo sazonan la confusión. Sin embargo, algo de sus buenas intenciones permanece intacto –no sé a causa de qué–. De modo que prefiero acogerme a la sensata recomendación de los escépticos: epojé, suspender el juicio. Mi punto de partida es, por tanto, la insistencia en la moral.
En general, una actitud semejante no tendría por qué ocuparnos. La tensión entre lo correcto y la conciencia, por un lado; y la ley y la obediencia, por el otro, no es ni nueva ni excepcional. Pero Ejecutivo –acaso convenga subrayarlo– es el nombre de un Poder cuya razón de ser es la aplicación de la ley. No legisla, no determina la legalidad de una acción; ejecuta. Y por si este atolladero fuera menor, el presidente repite cada que puede que su idiosincrasia es liberal. De ahí que su afirmación de la moral por encima del derecho3 merezca una reflexión. Empiezo por el segundo problema.
Uno de los rasgos fundamentales del liberalismo es la distinción entre lo público y lo privado, la legalidad y la virtud, la libertad externa y la interna, la negativa y la positiva… son estas prácticamente variaciones en torno a un tema: política y moral son ámbitos separados y distintos. Esta aseveración reviste varios significados. Por ejemplo: nadie puede obligar al individuo a actuar moralmente bien ni a ganarse el cielo. También significa que la determinación de cómo ganarse el cielo (esto es, de cuál será su sistema de creencias) concierne únicamente al individuo. Finalmente, quiere decir que la moral de cada quien es irrelevante en lo que al ámbito público se refiere. Lo único que interesa es que se obedezca la ley.
La razón, una de ellas, se entiende: los humanos, y nuestros sistemas morales, son diversos.4 Ejemplo: Junio 23, 2011, Felipe Calderón en el Alcázar del Castillo de Chapultepec ante la caravana que le increpaba el olvido de las víctimas de la violencia: “Probablemente seré recordado por este tema […] y probablemente con mucha injusticia, pero creo en esa ética: si uno cree tener un deber moral tiene que cumplirlo y eso es lo que hago”. Dos “estrategias” aparentemente distintas de combate al crimen organizado, un paralelismo diáfano: la moral propia por encima de la ley.5 Acaso sería menos heroico –y más prudente– que ambos se atuvieran a las convenciones que configuran el espacio público: la ley.
Naturalmente, los límites entre lo público y lo privado son del todo vagos, discutibles. Pero la ausencia de criterios claros para casos difíciles no implica que no sepamos en qué consiste la distinción o que no podamos ubicar lo que sucede en los extremos.6 Y en los extremos están los sistemas morales. O sea que no hay modo liberal de defender que una cabeza de Estado privilegie su moral por encima de la ley. Es por ello que –sospecho– el presidente Andrés Manuel tiene poco de liberal.
La hipótesis viene muy al caso para entender su lenidad ante la violencia. Para los liberalismos que conozco, el Estado es básicamente la arena imparcial en que pueden dirimirse los conflictos de derechos. En ausencia del Estado, siendo cada cual juez y parte en lo que concierne a sus derechos, no habría manera justa de resolver disputas. De modo que, aunque no fuera necesariamente injusta, ésta sí sería una condición carente de justicia, para decirlo con Kant.7
A la luz de dicha concepción, tiene sentido que los liberales se empeñen en reiterar que la razón de ser del Estado, su función primordial, es garantizar la seguridad de las personas. La legitimidad de su intervención se da si y sólo si hay conflictos de derechos. Reitero: es una tesis liberal. Hoy en día aparece como una tesis general sobre el Estado porque es inusual concebir otras ideas del Estado –acaso lo de El fin de la historia llevaba algo de razón–. Pero piénsese en Marx: el Estado es el poder al servicio de la clase dominante.8 Piénsese en T. Skocpol: el Estado es una entidad autónoma con intereses propios.9 Aquí, el Estado no existe fundamentalmente para garantizar la seguridad, y tampoco se justifica la intervención pública si y sólo si hay conflictos entre derechos.
Sin embargo, el presidente Obrador difiere de sí: para él, su tarea no es resolver disputas de derechos, garantizar la seguridad y permitir así una condición de justicia. Culiacán es sólo un dato. Hay que sumar marchas, espacios públicos violentados, sitios al Congreso, toma de vías férreas, vejaciones al ejército, secuestro de choferes, ataques a comercios, etcétera. Para todo ello la autoridad responde con omisiones: no van a reprimir. Desafortunadamente, resulta de muy cortas miras no distinguir entre la violencia del Estado y la violencia delincuencial; entre la violencia legítima y la que no lo es; entre reprimir y aplicar la ley.
De hecho, esta falta de miras rebasa por mucho el adjetivo liberal. Miremos el aparato de dominación desde un punto de vista menos político y más sociológico. Weber, por ejemplo: el Estado es la entidad que reclama para sí, y con éxito, el monopolio de la violencia física legítima en un determinado territorio.10 En México, desde hace tiempo está en “veremos” la parte del éxito. La novedad es que ahora contamos con un Ejecutivo que ni siquiera se interesa en la parte del reclamo. Es, por tanto, un Estado contradictorio.
Nuevamente, la hipótesis de una contradicción de fondo viene bastante bien para explicar otros aspectos de la Cuarta Transformación. Por ejemplo: la pugna con los datos y la administración pública.
El solipsismo informativo de AMLO es ya un socorrido motivo de memes. Y bien diera risa la farsa, a no ser por la tragedia que esconde. Porque si bien el desdén de Andrés Manuel hacia los datos falsables11 es cosa de larga data, antaño no pasaba de ser anécdota. Hoy, por el contrario, reviste una importancia diferente. En efecto, recuérdese que la aparición del Estado moderno durante el siglo XVII está indisolublemente entrelazada a la creación de prácticas de cálculo y contabilidad que hicieron visibles un sinnúmero de aspectos sociales susceptibles de control:12 el comercio, la propiedad, etcétera. La guerra y los ejércitos jugaron, sin duda, un papel fundamental, pero habría sido imposible sostener ejércitos permanentes fieles a una corona sin un cobro eficiente de impuestos, el cual dependía, a su vez, del conocimiento detallado de las actividades tasables.
El cálculo y contabilidad no son meras cifras. Suponen producción y difusión de conocimiento, formación y experiencia de cuadros burocráticos, procedimientos articulados de transmisión y procesamiento de información y un discurso de “orden” que legitima y orienta todas esas acciones. Es por ello que las prácticas contables no sólo permiten la intervención pública en situaciones concretas, no se trata únicamente de traducir programas en hechos, sino que son las condiciones de posibilidad del funcionamiento del dispositivo de dominación llamado Estado.
Pero el presidente no lo ve así. Cada cual tendrá sus mil ejemplos. Yo recuerdo el caso del INEGI: cuando éste reportó que el desempleo había aumentado 3.5% el primer trimestre del año, Andrés Manuel dijo que las cifras eran incompletas;13 cuando informó del crecimiento nulo el segundo trimestre, Andrés Manuel dijo “vamos muy bien, vamos muy distinto a lo que dicen los expertos”;14 cuando difundió la baja del consumo entre julio y agosto, dijo “tengo otro dato [información] de abajo, de que en las rancherías sacrificaban una res cada semana, ahora dos, porque hay un poco más de recursos”.15 Es el menosprecio absoluto del cálculo y el dato como fundamento de gobierno… por algo la economía no repunta.
Y más allá de disputar las cifras, se trata de debilitar los organismos que las producen. Así entiendo la destitución de Gonzalo Hernández como Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) poco después de haber criticado la austeridad gubernamental. Días después, en conferencia matutina, el presidente reveló que no descartaba desaparecer el organismo: “porque la verdad abusaron con la creación de todos estos organismos. Crearon aparatos burocráticos onerosos, sin beneficio, llenaron de oficinas, de instituciones, supuestamente autónomas, independientes, se puso de moda todo eso”.16
No deja de ser curioso, por otra parte, el celo neoliberal con que el presidente ha tratado a la burocracia. En efecto, no bien se había sentado cuando ya había girado instrucciones para cortar cargos y salarios. El saldo a la fecha es de unas 8,828 plazas de mando eliminadas y la no recontratación de un 30% de los trabajadores eventuales. Para octubre, más de 42 funcionarios de niveles medios y altos renunciaron al órgano regulador/supervisor de los mercados financieros mexicanos: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La causa: los ajustes salariales y la nueva ley que duplica de cinco a 10 años el tiempo que un exfuncionario público de alto nivel debe esperar para contratarse en el sector público.
Así pues, la Cuarta Transformación ha debilitado el tipo de conducta necesaria para la administración eficaz de un Estado moderno: la que se rige por atribuciones fijas y estipuladas en reglamentos y leyes. La conducta jerárquicamente organizada cuya memoria consta en expedientes y minutas que facilitan el aprendizaje. La conducta desapasionada que se denomina “burocrática”:17 la administración pública en concreto.
Contrario al discurso de “orden” y las prácticas que permitieron la construcción del Estado moderno, el presidente fomenta la improvisación y la ceguera. Contrario al fortalecimiento del aparato burocrático que son las manos del Estado, el presidente amputa sin cálculo sus brazos. Un Estado contradictorio.
No sorprende, por tanto, que se les escapara un cerro que obsta para la construcción de su aeropuerto, que falten proyectos ejecutivos para casi todo, o el absoluto desarreglo con que opera el programa Jóvenes construyendo el futuro, donde, a pesar de la intención, nadie sabe nada… mucho menos si funciona.18
Concluyo diciendo que, hasta donde entiendo, el presidente López Obrador y quienes asienten con convicción a su discurso se encuentran en una especie de atolladero existencial: quieren seguir siendo críticos del ejercicio de poder sin aceptar que el poder son ellos mismos; quieren hacer valer derechos sin entender que ello demanda coaccionar; quieren ser políticos que dan cursos de moral; gobernar siendo oposición, actuar sin planeación; administrar sin burocracia. Dicen que nadie por encima de la ley, pero igual vacían debajo de ella. En el fondo, lo que falta por resolver es si el presidente quiere conducir el Estado o si prefiere seguir liderando un movimiento social.
Lo desafortunado es que el presidente no repara en sus contradicciones… y he ahí, quizá, la mejor manera de caracterizar su noción del Estado: un Estado que es y que no es, que quiere y que no quiere ser. Y de una contradicción, dice la lógica, se puede concluir cualquier cosa.
Andrés Pola
Filósofo (UNAM), Maestro en ciencia política (El Colegio de México) y en historia económica (London School of Economics). Autor de La banca paradójica (CEEY, 2014).
1 Conferencia de prensa matutina, 21 de octubre de 2019.
2 En mi texto “La palabra, o de cómo se ganó la Presidencia en 2018” abordo el tema del discurso del presidente.
3 Dice el Código Penal Federal en su artículo 150: Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión. Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años.
4 No me refiero a la razón histórica, pues el liberalismo no nació en ni para sociedades plurales.
5 El caso del presidente Calderón es un poco más complejo porque carecía de marco legal.
6 La verdad es que este fino argumento lo tomé de John Searle en su discusión sobre sinonimia y analiticidad en Speech Acts.
7 En su Metafísica de las Costumbres 6:312.
8 En Manifiesto del partido comunista.
9 En States and Social Revolutions: A comparative analysis of France, Russia and China.
10 En La política como vocación.
11 En su Lógica de la investigación científica, Popper propuso como criterio para aceptar una teoría, hipótesis o predicción, que pudiera ser falsable: que pudieran precisarse condiciones que la refutarían. Pensaba que, como muy probablemente no reconoceríamos la verdad aunque la tuviéramos en las manos, al menos podríamos aspirar a deshacernos de las ideas falsas.
12 Uno de los mejores planteamientos de esta tesis está en Peter Miller (1990). “On the Interrelations Between Accounting and the State”, Accounting, Organizations and Society. Vol. 15: 4 El texto aborda los vínculos entre el Estado y la contabilidad durante el periodo del afamado ministro de finanzas de Louis XIV Jean-Baptiste Colbert (1661-1683).
13 Conferencia de prensa matutina del 17 de mayo de 2019.
14 Discurso desde Tabasco el 23 de agosto de 2019.
15 Conferencia de prensa matutina del 8 de noviembre de 2019.
16 Conferencia de prensa matutina del 25 de julio de 2019.
17 Evidentemente, me refiero a M. Weber. Ver Economía y sociedad, sobre todo el apartado “Esencia, supuestos y desarrollo de la dominación burocrática”.
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