La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha violado sus propias reglas sobre la deportación de veteranos, incluso desconoce cuántos ha expulsado del país.
El mismo día en que la Casa Blanca reconoció a los veteranos en el 75 aniversario del Día D, un organismo de control federal señaló que ICE había violado sus propias reglas sobre la deportación de exmilitares, reportó The Washington Post.
La expulsión del país de un inmigrante que sirvió en el Ejército no es sencilla, ya que las autoridades deben tomar en cuenta especialmente la salud, el registro de su servicio y otras circunstancias, pero a la agencia no le importó porque “desconocía las políticas”, indicó la Oficina de Responsabilidad del Gobierno.
Agregó que algunos veteranos, cuyo número no se especifica, fueron deportados por error, es decir, sin ser evaluados adecuadamente.
El Post destaca que desde el ataque del 9/11, al menos 130,000 soldados se han naturalizado, pero las suposiciones de que el proceso es automático ha dejado a algunos veteranos en el limbo, ya que necesitan aplicar por el beneficio migratorio.
Eso ha llevado parcialmente a deportaciones para un número desconocido de veteranos por delitos que van desde asalto hasta faltas relativamente menores, como el robo.
“No he visto a ICE usar discreción, excepto por un veterano de El Salvador”, dijo Héctor Barajas-Varela, un veterano del Ejército que fue deportado a México por 14 años, pero luego fue indultado por el gobernador de California, Jerry Brown, en 2017 y se naturalizó el año pasado.
Barajas-Varela estima que 2,000 veteranos han sido deportados, pero dijo que no podía estar seguro.
En una carta dirigida al director en funciones de ICE, Mark Morgan, el presidente de la Cámara de Asuntos de Veteranos, Mark Takano (D-Calif.), dijo que estaba “profundamente alarmado” por los hallazgos.
“La deportación de veteranos representa un fracaso de nuestro gobierno que podría haberse evitado si los funcionarios de ICE hubieran estado cumpliendo con las políticas de la agencia”, indicó Takano.
Uno de los casos recientes ocurrió en marzo, cuando activistas denunciaron la deportación exprés del veterano de guerra de origen mexicano Miguel Pérez Jr., sin posibilidades de despedirse de su familia, sin dinero y “con la ropa (que llevaba puesta) en el cuerpo”.
“Es un abuso que nunca olvidaremos”, declaró la activista y pastora Emma Lozano, quien al frente de la organización Familia Unida encabezó la defensa de Pérez y los múltiples recursos infructuosos ante Inmigración, para evitar la deportación.
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