A finales de enero de 2018, el Gabinete de Seguridad de Enrique Peña Nieto, que encabezaba Alfonso Navarrete Prida tras la salida de Miguel Osorio Chong para ser senador de la República, ofreció a su jefe un encuentro privado que estuvo coronado con un vistoso compromiso: antes de las elecciones generales de junio de ese año debía ser detenido Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, principal líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pronto se demostró que eso era una farsa o una enorme ingenuidad.
Semanas antes de aquella reunión, en los últimos días de diciembre de 2017, fue subrepticiamente liberado Erick Valencia Salazar, “El 85”, pieza clave del CJNG y aliado de Oseguera. Había sido detenido en marzo de 2012 por el Ejército. Su salida de prisión, en víspera de Año Nuevo, sorprendió a toda la estructura de combate al narcotráfico en el país, que se enteró por una alerta de la DEA. De acuerdo con informes entregados a este espacio, la agencia norteamericana reportó a sus superiores en Washington que la puesta en libertad de Valencia supuso una colusión entre jueces y funcionarios de alto nivel en el gobierno mexicano.
Encargado por el Cártel, Valencia creó al grupo “Matazetas” que apareció en Veracruz en 2011. El 30 de septiembre de ese año, los cadáveres de 35 supuestos “zetas” fueron arrojados en uno de los principales bulevares del puerto jarocho.
“El 85” fue liberado por la orden de un juez federal de Guadalajara, acatada sin chistar por el denominado Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Osorio Chong. Los responsables del área fueron removidos en forma fulminante el primer día de gestiones de Navarrete Prida, pero nadie fue denunciado ni llevado ante la justicia en el gobierno o en el Poder Judicial.
Reportes oficiales aseguran que Valencia fue reincorporado por “El Mencho” a sus actividades en el CJNG y se le encomendó parte de las tareas para expandir a este grupo criminal.
Tras operar durante años en una zona reducida a tres o cuatro estados en la costa del Pacífico Centro mexicano, desde el cierre del gobierno Peña Nieto, el CJNG exhibe poderío en Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, México, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Guerrero y Veracruz, a los que se suma la Ciudad de México.
Existen evidencias de que vende drogas en medio centenar de países, especialmente en Estados Unidos, Europa y Sudamérica, con cabezas de playa en Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay y Centroamérica.
La incógnita mayor en este momento radica en cuál es la estrategia —si existe— para enfrentar a un imperio de esta dimensión, y si ello incluye acciones penales contra funcionarios públicos, federales, estatales, municipales, judiciales, incluso legisladores, locales y federales, así como empresarios “lava-dólares”. Entre todos convirtieron al CJNG en el “cártel favorito” de la administración Peña Nieto.
La pregunta debe dirigirse a la oficina del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que está consumiendo rápidamente el año de plazo del que dispone para presentar un programa de reestructuración de lo que fue la Procuraduría General de la República. El eje clave de este proceso debe ser el nuevo sistema penal acusatorio, que obliga a reformar al Ministerio Público Federal y a la Policía Federal Ministerial, y que se someta a una mayor supervisión ciudadana.
No parece que Gertz Manero muestre urgencia alguna para avanzar en este camino. Voces enteradas aseguran incluso que no tiene fe alguna en tales objetivos, y que más bien intentará un renacimiento “maquillado” de la PGR. De ser así, el país lo lamentará por años.
Fuente.-rockroberto@gmail.com
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