Más de la mitad de los mandatarios estatales no sólo tendrán que lidiar con un poder ejecutivo y legislativo distinto al de sus partidos, sino que también se enfrentarán a congresos locales con una mayoría de oposición, lo que les reducirá ampliamente su margen de maniobra
Los mandatarios estatales enfrentarán un escenario adverso para gobernar en sus entidades.
El cambio en los equilibrios de poder político derivado de las últimas elecciones los obliga a vivir una situación sin precedente y reduce ampliamente su margen de maniobra.
Entre los actores políticos, quizá sea el círculo de los gobernadores quienes tendrán que afrontar el mayor desafío en los meses y años por venir.
Incluso, aún sin perder directamente una elección, muchos de los mandatarios en funciones son quienes han cosechado el resultado más adverso en el recién concluido proceso electoral.
La mayoría de los gobernadores tendrán que hacer frente a un titular del Ejecutivo federal que no es de su partido y que además cuenta con mayoría en el Legislativo federal. A todo ello se suma el nombramiento por parte del próximo Gobierno Federal de 32 coordinadores, uno por cada entidad, que será el vínculo directo de la Presidencia en cada estado.
Sin embargo, quizá la mayor adversidad a la que tendrán que enfrentarse en esta dinámica algunos de los mandatarios, será la convivencia con un congreso local contrario.
14 gobernadores contarán con congresos locales de oposición y con una mayoría conformada por los partidos de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, la que llevó a López Obrador a la Presidencia
El hecho de que un gobernador en funciones contara con mayoría en sus congresos era la regla, pero hoy está más cerca de ser la excepción.
Salvo algunos casos puntuales como Guanajuato, Coahuila o Nayarit (y en aquellos donde la coalición de Morena se alzó con el triunfo), en el resto de las entidades, los titulares del Ejecutivo local deberán aprender a convivir con un congreso local muy probablemente hostil, y en algunos casos, con mayoría de alcaldes que tampoco son de su partido o grupo político.
Con esta nueva realidad, los mandatarios perderán gran parte de su control no sólo político, sino también en materia de presupuesto, de aprobación de leyes y de proyectos para el estado.
Ahora los dirigentes de las entidades podrían ser sometidos a una verdadera rendición de cuentas en sus propios estados, algo que hasta hace poco se antojaba imposible. Hablar de una situación compleja para los gobernadores en los próximos años es quedarse corto.
En este momento, los mandatarios en funciones, al menos la mayoría de ellos, están desconcertados. La zona de confort en la que se movían prácticamente ha desaparecido.
Además de tener que enfrentar su nueva realidad, tanto en la relación con el Ejecutivo y el Legislativo Federales como con los congresos locales en sus estados, de forma paralela tendrán que buscar un nuevo vínculo de entendimiento con la ciudadanía y la sociedad civil.
Algunos ya están en la segunda mitad de su mandato, otros apenas inician o están por iniciar; pero algo que quedó demostrado en los comicios es que el electorado castiga a sus gobernantes, por lo que tendrían que dar una respuesta adecuada a las exigencias de sus gobernados. El mensaje es claro: se tienen que cambiar las formas de hacer política.
“Tienen un reto, tres años por delante para enfrentar esta situación, para revertirla, porque evidentemente desde su perspectiva me imagino que no deben de sentirse cómodos con lo sucedido y menos se van a sentir cómodos cuando empiece a funcionar esta nueva forma de relacionarse”, advierte Orlando Michel, Director de la Consultoría PPAL.
Sin duda, quienes fueron considerados como ‘virreyes’ y que muchas veces tomaron sus estados como feudo personal perderán el control político que habían tenido y perderán la red de protección que por décadas les había proporcionado el gobierno federal. Es hora de que asuman el nuevo panorama político.
La transición democrática y la pluralidad en el poder abrieron la puerta a una mayor autonomía en los estados, pero en consecuencia, los gobernadores ejercieron un poder prácticamente sin contrapesos y un estilo autoritario para gobernar, todo ello no exento de múltiples denuncias de opaco manejo de recursos públicos.
“Durante los últimos 20 años los gobernadores han ejercido un poder cada vez mas caciquil en sus estados, sobre todo en cuanto a estilos autoritarios de gobernar y desvío de fondos. Este es un problema tanto cultural -que data desde los años 20 y 30- como institucional”, señala el académico del CIDE Andrew Paxman.
EL PEOR DE LOS ESCENARIOS
Por regla, en cada disputa hay generalmente un vencedor y un vencido. Pero a diferencia de otros procesos electorales, el que recientemente culminó en nuestro país, terminó con un grupo ganador y varios perdedores.
Aún con la transición del poder Ejecutivo federal en el año 2000 que cambió en cierta forma las relaciones de los mandatarios estatales con la Federación y en los sucesivos sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña, los gobernadores, aún aquellos de oposición, conservaron poder en sus entidades y una amplia esfera de influencia.
Ya sea con presencia de legisladores de sus estados en el Congreso Federal, con el control de sus congresos locales o con su influencia en sus partidos, los gobernadores tenían armas con las cuáles negociar presupuesto para sus estados, proyectos, etc.
De igual forma tenían una red de protección federal, desde rescates financieros hasta la intervención de la Federación en el combate a la inseguridad.
Si bien es pronto para adelantar la dinámica de las relaciones entre los gobiernos locales y el Gobierno Federal, la cooperación ya no será incondicional, y sobre todo: en esta ocasión los gobernadores tendrán una gran desventaja para las negociaciones.
El caso del Estado de México es probablemente el más ilustrativo para entender la adversidad que viene.
Los gobernadores son quienes tendrán que lidiar con el panorama más complejo tras la elección del 1 de julio, ya que se verán muy limitados por sus congresos locales
El gobernador priista Alfredo del Mazo, que aún no cumple su primer año en el cargo, tendrá que nadar a contracorriente el resto de su mandato.
En esa entidad, el partido gobernante sólo pudo obtener una de las 45 diputaciones locales por mayoría. Junto con sus aliados, el tricolor únicamente obtuvo 33 de las 125 alcaldías de la entidad. Todos los municipios más importantes del Estado como Toluca o Ecatepec, incluso Atlacomulco, están ahora en manos de Morena.
Situación similar se vive en Hidalgo, otro bastión tricolor por excelencia, gobernado por el priista Omar Fayad Meneses, quien llegó a la gubernatura en 2016 y que hasta antes de la última elección contaba con mayoría en el congreso local.
En Hidalgo, el priismo también fue barrido. Perdió 17 de las 18 diputaciones por mayoría en el congreso local. El PRI tampoco gobierna algunos municipios clave como Pachuca, la capital, la cual está en manos del PAN, por lo que Fayad queda sensiblemente disminuido para el resto de su periodo que culmina en 2022.
José Ignacio Peralta, gobernador de Colima también tendrá que lidiar con la adversidad política durante el resto de su administración, pues de las 16 curules en el legislativo local, su partido, el PRI, perdió todas. Las 15 serán para Morena.
Además, de los 10 municipios que conforman la entidad, la coalición PRI-PVEM sólo gobernará en dos de ellos.
A algunos gobernadores panistas tampoco les fue mucho mejor tras los comicios del 1 de julio. Tanto Carlos Mendoza Davis en Baja California Sur como José Rosas Aispuro en Durango, tendrán que convivir el resto de su mandato con un congreso de amplia mayoría opositora.
A todo ello hay que sumar que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, las bancadas de estos partidos quedarán sensiblemente reducidas, por lo que contarán con un débil respaldo en el Legislativo federal a la hora de cabildear recursos y apoyos para sus estados.
MAYOR VIGILANCIA
Para Andrew Paxman, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) uno de los mayores retos para los próximos años será la vigilancia sobre la gestión de los gobernadores, la cual debe venir, sí desde el Ejecutivo Federal, pero sobre todo de las instituciones y de la propia sociedad civil.
Uno de los grandes retos del próximo sexenio será asegurar que la gestión de los gobernadores no sea autoritaria, que cuenten con contrapesos y que rindan cuentas claras de los recursos que utilizan
“La madurez política depende mucho de las instituciones. Habrá que impulsar desde el Gobierno Federal, pero también desde abajo en los estados -me refiero a la sociedad civil-, mecanismos más fuertes de rendición de cuentas, Chihuahua Javier Corral Jurado Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón Yucatán Mauricio Vila Dosal desde la prensa local hasta las fiscalías, las comisiones de derechos humanos y los congresos a nivel estatal”.
Paxman, quien coordinó el libro “Los gobernadores: caciques del pasado y del presente”, asegura que paradójicamente, a partir la transición del año 2000, los gobernadores adquirieron un poder sin precedente, ejerciendo un estilo de gobernar autoritario, sin contrapesos y con casi absoluta discrecionalidad, y con ese antecedente es difícil prever cómo será la nueva dinámica entre el Gobierno Federal y las entidades.
Los precedentes no auguran bien. Fox no pudo o no quiso desalojar tales priistas abusivos como Mario Marin de Puebla o Ulises Ruiz de Oaxaca, y Calderón tampoco. Con una mayoría legislativa, AMLO debe poder ejercer mayor vigilancia sobre los gobernadores, la cuestión es si lo va a hacer de manera informal o por las vías institucionales, algunas de las cuales están por construirse”.
“El mayor riesgo es que AMLO no logre reformar esos estados en donde el narcodinero ha corrompido el cuerpo político”
TENDRÁN QUE ADAPTARSE
Los gobernadores son los grandes damnificados del reciente proceso electoral, y son tal vez los actores políticos que tendrán que enfrentar un escenario más adverso, advierte Orlando Michel, politólogo y Director de Cabildeo de la Consultoría Políticas Públicas y Asesoría Legislativa, PPAL.
“En principio pareciera que son los que tienen un resultado más adverso en este proceso.
“El reto que tienen que enfrentar es ser mucho más creativos en la manera de responder a la realidad. El modelo de 2000 a 2018 cambió el 1 de julio y va a materializarse prácticamente a partir del 1 de diciembre”
Además, resalta otro punto importante. De forma paralela a adaptarse a los nuevos mecanismos de convivencia con otros actores políticos, también tendrán que buscar vincularse de mejor manera con sus gobernados, atendiendo el mensaje de rechazo que les dieron en las urnas.
“Pareciera que los gobernadores con este resultado no son mandatarios que se hayan esforzado en tener una base social amplia, pues no han respondido como líderes sociales y políticos en sus estados.
El resultado los obliga a encontrar esta nueva forma de vincularse con la ciudadanía, de escucharlos y de dar una respuesta a sus demandas”.
El tablero político no se va a mover de manera importante de aquí al 2021
Tras el resultado de las elecciones, la consultoría PPAL publicó un análisis completo sobre la nueva correlación de fuerzas políticas en el país, y en las conclusiones se advierte que en el esquema político mexicano actual, las diversas fuerzas encontrarán diferentes espacios y formas para representar sus intereses, por lo que aún con un margen ampliamente reducido, los gobernadores deberán encontrar los mecanismos que les permitan adaptarse al nuevo entorno.
Aún frente a las adversidades los gobernadores deberán encontrar los mecanismos necesarios para adecuarse al nuevo entorno que les espera si es que desean llevar a cabo una buena administración que les permita atender las necesidades de la ciudadanía que representan
“Los actores políticos que interactúan en este tablero van a tener que cambiar los mecanismos de interacciones entre ellos y su operación en el día a día. Adicionalmente hay que dar respuesta a este adverso resultado que han tenido. De ahí tendrá que surgir la creatividad de cada uno de ellos”, dice Orlando Michel.
fuente.-
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