Cómo si el procurador encargado no tuviese suficientes problemas, se les ocurrió “incautar” mil 500 cajas de seguridad… buscando quién sabe qué.
Por más que den explicaciones, o que logren cambiar “rígidos” criterios periodísticos, no hay forma de asimilar esto. Sobre todo, por el número de personas que han resultado afectadas.
¿Lo habrían hecho en alguno de los bancos, cuyos dueños llevan tan buena relación con este gobierno? ¿Para qué, en busca de qué?
Como si no tuviésemos suficiente con la abundante materia prima para el sospechosismo, este hecho ha permitido correr las versiones más absurdas, y por tanto, más creíbles. Incluso una que habla de la búsqueda de grabaciones o papeles que comprometen al PRI, al mismo Peña Nieto con Roberto Borge y sus negocios al amparo del poder.
En Cancún las cajas de seguridad del First National Security, como sus compañeras en Mérida, son una institución respetable y confiable a la que acuden muchas personas de todas las clases sociales. Por una investigación de la SEIDO, supuestamente detrás de las actividades criminales de doña Lety, la jefa de una muy grande parte del narcomenudeo en esa zona.
Que, por cierto, fue detenida hace varios meses. O sea que van un mucho tarde.
Estaría bien abrir 10, incluso 20 cajas de seguridad… pero las mil 500 se antoja un exceso desde todos los puntos de vista. Sus dueños están, con absoluta razón, furiosos. Sus más elementales derechos humanos, su presunción de inocencia que ampara la Constitución, han sido violados. ¿Por qué les quitaron sus bienes, sean dinero, alhajas o papeles? ¿Por qué si no son delincuentes?
Ahora, si esto camina como debe ser, habrá de documentar historias de hace muchos años para recuperarlos. Lo que no tiene garantía, lo que puede llevar mucho tiempo.
¿Qué motivos tan poderosos llevaron a esto?
La PGR ha exhibido dinero y dice que había tarjetas, plásticos más bien, que serían utilizados para el delito de clonación. No se sabe si realmente, esto de dudar de las autoridades, estaban ahí. O en qué cajas de seguridad, bajo qué nombre.
¿Por qué, esto es lo importante, se pueden incautar mil 500 cajas de seguridad, abrir sin que estén presentes sus dueños, e incluso llevarlas a la Ciudad de México? ¿Por qué se obliga a ciudadanos a contratar abogados para “recuperar” lo que legítimamente es suyo? Y, lo peor, que ahora tendrá que probarse.
Por ejemplo, un reloj que heredaron del abuelo… ¿cómo conseguir una factura? Y así hasta el infinito.
¿Somos o no un país de inocentes hasta que un juez, previo juicio, dictamina lo contrario? ¿Somos o no un país de libertades individuales? ¿Somos o no un país donde se respeta la intimidad del individuo?
Yo no tengo una caja de seguridad ahí, ni en ningún sitio. Más bien suelo recurrir al Nacional Monte de Piedad para guardar mis “bienes”, sin embargo, resulta muy sencillo ponerse en la piel, en la indignación de los dueños de estas cajas de seguridad.
¿Qué elementos probatorios llevaron al juez a permitir este abuso? ¿Qué argumentos utilizó la SEIDO para conseguir esto?
¿O, como dicen muchos, estamos frente a un asunto político del más alto nivel? ¿Está el financiamiento al PRI, proveniente del erario público, durante el gobierno de Roberto Borge, detrás de esta acción?
Hay cajas de seguridad a nombre de funcionarios públicos que trabajaron con Borge, incluso de su secretario privado, de su exesposa Mariana Zorrilla, del actual presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada… si estas personas están involucradas en la investigación que tiene abierta el exgobernador, por qué no han sido notificadas de su estatus de “indiciados” … si no es así, qué buscaban en sus cajas de seguridad.
¿Y la empresa, que está legalmente constituida, por qué no fue tomada en cuenta?
Lo cierto es que estamos ante un atropello de todos los derechos individuales de mil 500 personas. Y que la información al respecto resulta absurda, insuficiente y poco creíble.
¿Quiénes siguen? ¿A dónde vamos?…
Fuente.-Isabel Arvide
@isabelarvide
(imagen/twitter)
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