Rene Ramos Pérez, un teniente en labores de juez de distrito, dejó Chihuahua en medio de acusaciones de “parcialidad” para favorecer con sus fallos a la impunidad que prevalece para que altos mandos militares, como el ex secretario de la Defensa Nacional Guillermo Galván Galván, declaren ante tribunales sobre las órdenes que dictaron en el caso de la “Operación Conjunta Chihuahua”.
En los dos años y cuatro meses que estuvo como juez del caso Ojinaga, Ramos Pérez obstaculizó la defensa de los inculpados, dictó sentencias pasando por alto pruebas de tortura contra los acusados, y generó ruido mediático con fallos sostenidos con “alfileres”.
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El teniente de justicia militar en funciones de juez federal René Ramos Pérez, sobre quien pesan señalamientos de “conflictos de interés” por favorecer con sus fallos a la secretaría de la Defensa Nacional en casos graves de violaciones a los derechos humanos, fue removido hace un par de semanas como titular del juzgado décimo de distrito en el estado de Chihuahua.
Una de las últimas sentencias del juez Ramos Pérez, fue un amparo a favor de Rasa María Breach Velducea, para que se le permitiera el acceso al expediente sobre el caso de su hermana Miroslava Breach Velducea, periodista y corresponsal del periódico La Jornada, asesinada en la ciudad de Chihuahua el 23 de marzo del 2017.
El fallo se dio a principios del pasado mes de octubre, vía amparo indirecto registrado con el folio 1137/2017-IV-I promovido el 28 de julio 2017. Pese a esta decisión, la Fiscalía General del Estado apeló y negó de nueva cuenta el acceso a la familia para que conocieron los posibles avances y las líneas de investigación del crimen del que han transcurrido ocho meses sin que a la fecha se tenga indicios firmes para dar con la detención de los probables responsables.
El pasado 12 de octubre la Fiscalía dio a conocer que la reportera y colaboradora del periódico Norte de Ciudad Juárez, fue asesinada probablemente por órdenes de dos cabecillas del grupo criminal autodenominado “Gente Nueva”, grupo armado aliado del cartel de Sinaloa en municipios serranos como Chinipas y Témoris, una área de alta concentración de producción de estupefacientes. Medios locales en Chihuahua informaron hace unas semanas que la investigación de caso apuntaba hacia los hermanos Adán y Crispín Salazar Zamorano, el primero detenido desde el año 2011, como los probables autores intelectuales del crimen. Pese a los indicios, uno de estos individuos permanece libre sin que se sepa de alguna pista para dar con su captura.
La huella de un juez de “consigna”
Ramos Pérez, calificado por militares procesados como un “juez de consigna”, fue enviado como titular del juzgado décimo de distrito al Estado de México, su sede está ahora en Naucalpan de Juárez, donde “casualmente” se desahogan algunos amparos contra fallos emitidos por los juzgados castrenses del Campo Militar número uno.
Desde que en junio del 2015 fue nombrado al frente del juzgado federal de Chihuahua donde se ventila entre otros casos, el de los militares procesados que en el año 2008 pertenecían a la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (C.I.N.E.), con sede en Ojinaga, su designación fue vista como de interés “estratégico” para el alto mando del ejército ya que su antecesora, la juez Claudia Guerrero Centeno, había fallado a favor de la comparecencia en este juicio del ex secretario de la Defensa Nacional Guillermo Galván Galván, el hombre que por decisión presidencial ordenó el lanzamiento de la “Operación Conjunta Chihuahua”, que dejó una estela de desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y detenciones arbitrarias en varios puntos de la entidad.
Ligado a la secretaría de la Defensa Nacional por ser oficial del servicio de justicia militar, donde ostenta el grado de teniente auxiliar, fue el encargado en abril del 2016 de dictar sentencia de 52 años de prisión contra el general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, al considerar que era penalmente responsable de la tortura y homicidio del civil José Heriberto Rojas Lemus, uno de los tres civiles por los que la justicia federal lo procesó junto a dos jefes, seis oficiales y 10 efectivos de tropa que formaban parte de la Tercera C.I.N.E. La supuesta víctima fue identificado como un hombre de 25 años oriundo de Uruapan, Michoacán, quien presumiblemente fue detenido y torturado en las instalaciones militares de donde habrían sacado su cuerpo para incinerarlo.
Durante el juicio, el teniente Ramos Pérez en funciones de juez de distrito, pasó por alto que los testigos no coincidían ni en la fecha ni en identificar a los probables responsables, acusaron a personas que se encontraban en ese momento en sitios diferentes a donde supuestamente se llevó a cabo la tortura y muerte, de acuerdo a las diligencias desahogadas y cuya constancia quedó registrada en el expediente del caso.
“Después de que el agente del ministerio público militar presentó los cargos por homicidio de Rojas Lemus, la Defensa Nacional paralelamente al auto de formal prisión de los inculpados, realizó un procedimiento administrativo, mientras el proceso insistió en que se privó de la vida al civil, en el resultado del procedimiento administrativo registrado con el número 424/2010/CNDH/QM, se concluyó que Rojas Lemus no fue detenido por personal militar”, dice uno de los documentos judiciales.
Pese a estas evidencias, Ramos Pérez dictó sentencia contra el general Moreno Aviña quien hace unos meses fue trasladado de la prisión militar de la Tercera Región Militar, en Mazatlán, a la cárcel del Campo Militar número uno en la ciudad de México.
Cuando en abril del 2016 dictó la sentencia contra el ex comandante de la Guarnición militar de Ojinaga, el fallo fue considerado sin precedentes en la historia moderna del país, ya que el número de años y por tratarse de un mando superior del ejército, quien había estado adscrito en otro tiempo a la agregaduría de la Embajada de México en Washington, además de ser Diplomado de Estado Mayor, nunca había registrado un caso así.
Ramos Pérez se caracterizó como juez del caso Ojinaga mientras estuvo en Chihuahua, por obstaculizar el avance de las indagatorias, negando en todo momento a los inculpados allegarse de pruebas fundamentales para su defensa, y en una abierta consigna a favor de los designios dictados por el alto mando del ejército, consideraron varios militares consultados al respecto.
“En mi caso revocó la comparecencia del general Guillermo Galván, ex secretario de la Defensa Nacional que el mismo tribunal a su cargo ya había acordado favorable”, dijo el mayor de infantería Alejandro Rodas Cobón, ex segundo comandante de la Tercera C.I.N.E. quien interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura por la actuación del juez.
También durante varios meses en reiteradas ocasiones, Ramos Pérez negó datos y documentos del expediente a otros oficiales, como la sentencia absolutorio del cabo Gabriel Roque Bernardino, torturado por agentes de la policía ministerial militar durante la supuesta investigación del caso Ojinaga. Con esta decisión obstaculizó el derecho s la defensa de otros inculpados que llevan más de ocho años presos, la mayoría sin recibir sentencia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó la atención que el juez Ramos Pérez hiciera caso omiso a las pruebas documentales y periciales que demostraban que la investigación para armar el caso, bautizado para los medios como “el pelotón de la muerte”, fue realizada por medio de tortura e incomunicación contra los inculpados para obligarlos a declarar unos contra otros.
Ramos Pérez se fue de Chihuahua a un año y un mes que concluyera la administración como secretario de la Defensa Nacional de Salvador Cienfuegos Zepeda, quien trae en las botas las piedras de Ayotzinapa y Tlatlaya como casos que continuaran en litigio internacional, y con el caso Ojinaga a punto de concluir luego de que en julio pasado fuera absuelto el cabo Roque Bernardino, cuya historia registra cómo el caso fue “armado” bajo tortura.
Fuente.-Juan Veledíaz
@velediaz424
(imagen/Internet)
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