Cuando aparecen las camionetas negras detrás de la que en ella viaja, Mayra no tiene que adivinar qué está por venir. Ha aprendido, durante su convivencia con Los Zetas, a descifrar sus códigos operativos básicos. Sabe, por lo tanto, que las camionetas blancas sirven para acciones cotidianas. Y que las negras son de guerra; llevan la muerte. Esto le permite reaccionar con rapidez para emitir un último mensaje, antes de que la tripulación de sicarios se apodere de su celular. Le ruega a su pareja que rece por ella y las otras siete mujeres que la acompañan. Después se impone el silencio. Las respuestas que él le envía envuelto en pánico ya no tienen quien las reciba.
Es el 28 de noviembre de 2011 y en Jalapa, la capital veracruzana, se desarrolla una campaña de limpieza. En cinco días, del 26 al 30 de noviembre, desparecen 13 mujeres jóvenes, incluidas las anteriormente mencionadas. En total, entre octubre de 2011 y febrero de 2012, el número se eleva a 50. Su gran mayoría no ha cumplido los 25 años, todas son de la misma zona, se desvanecen en el mismo lapso, y ninguna ha sido hallada hasta la fecha. No son sus únicas características compartidas. Formaban parte de un creciente mercado de “damas de compañía” que dispensaba juventud, belleza y sexo al estrato superior del poder regional, integrado por funcionarios altos y cercanos a Javier Duarte, empresarios —y los líderes regionales de Los Zetas.
Servían de adornos para los amos de Veracruz y para las lujosas fiestas en las afueras de Jalapa, en las que se autocelebraban y donde forjaron pactos y negocios. Este poder que parecía intocable las proveía de la ilusión de ascenso social y de protección. Resultó efímero y fatal. No vieron que para una clase política-criminal construida sobre la destrucción deliberada de la vida humana, siempre iba a prevalecer la lógica innegociable de la autoprotección. En cuanto sus narrativas de lo que —y a quiénes— habían visto empezaron a reemerger en la vox populi, su degradación a portadoras desechables de información comprometedora fue automática. Las ocho desparecidas del 28 de noviembre fueron contratadas para una fiesta que nunca iba a tener lugar. Las demás se desvanecieron bajo circunstancias similares.
La historia de las 50 va más allá de un feminicidio masivo por diseño criminal. Los hechos se pueden reconstruir parcialmente, a partir de los incompletos expedientes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) —a los cuales nexos tuvo acceso—, de las voces informantes fuera y dentro del estado y ante todo de las de algunos de los padres que han investigado por su propia cuenta, bajo amenazas de muerte. De este conjunto de datos surge una radiografía incipiente de cómo un poder criminal desbordado se asentó en la región, y de cómo las instituciones de seguridad del estado fueron desfiguradas sistemáticamente para garantizar una impunidad impecable hasta hoy. Ilumina, de esta forma, las consecuencias de la colusión entre políticos y criminales (en nómina) donde el proceso en contra de Duarte se ha centrado en el desvío de fondos públicos. Hasta la fecha ni una palabra se ha mencionado de los crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto el papel del Estado en la transformación de Veracruz en uno de los campos de muerte de América. Los colectivos de víctimas han contabilizado la desaparición de hasta 20 mil personas sólo en Veracruz. Es una cifra que mina por completo la narrativa oficial de los 27 mil desparecidos a lo largo de la República, exigiendo su revisión fundamental.
Ilustraciones: Adrián Pérez
Para Carlos Saldaña Grajales la neblina de la perplejidad e impotencia súbitamente se inyecta con un resquicio de esperanza. Su hija Karla Nayelli Saldaña Hernández, una de las 50 desaparecidas, y su hermano Jesús Alberto Estrada Martínez llevan nueve días sin que nadie sepa de ellos, hasta que el 8 de diciembre, cuando su otro hijo está esperando cruzar una calle céntrica de Xalapa, observa un Peugeot azul: es el carro de su hermano, aún con las mismas placas. En él viajaron Karla y Jesús el día de su desaparición. Su reacción inmediata de llamar a la policía y seguir al carro lleva a la detención del conductor. Es un ex policía municipal, despedido en mayo del mismo año. Saldaña interpone dos denuncias, una por desaparición y otra por robo de vehículo. Se trata de un testigo clave para dar con el paradero de sus hijos. No obstante, es liberado tres días después, al declarar que el carro se lo prestó un amigo para una prueba de manejo. La denuncia por desaparición no se procesa, y el conductor no es cuestionado al respecto.
Saldaña exige la localización del amigo, cuyo nombre reveló el conductor: Carlos Filiberto Rojano Oyarzabal, otro ex policía. Imposible, según la FGE, ya que en su supuesto domicilio sólo se encontraría un terreno baldío. Saldaña, incrédulo y habiendo peinado redes sociales por su identidad y dirección, acude al lugar. Halla una casa de ladrillo y mortero. La funcionaria responsable, confrontada con la evidencia, empieza a negar rotundamente la existencia de Rojano en vez de admitir la contradicción. Exactamente cuatro años después de la desaparición, el 29 de noviembre 2015, Rojano vuelve a irrumpir en el escenario. Sufre un accidente automovilístico que le deja sin un brazo. Algo parecido a “justicia divina”, según Saldaña. Pero aún así, Rojano niega cualquier involucramiento, y también lo dejan ir.
Para Saldaña esta secuencia es el primer desencuentro con el estado. En los años siguientes se volvería una constante kafkiana de su vida. Y cada acto de omisión y obstrucción lo colocaría cada vez más firmemente dentro del laberinto de su dolor. Aceptar la impotencia nunca fue opción ni para él ni para los otros familiares que se han organizado en los colectivos de víctimas. Donde ha habido avances ha sido gracias a su labor investigativa y porque han sabido emplear la información obtenida para desenmascarar y presionar al estado. Una de las madres que me compartió su historia, y la de su hija desaparecida, visualiza su vida como la disyuntiva entre “pegarse un tiro” o “seguir luchando”.
La lucha también se libra en el campo psicológico, dentro de las cabezas de quienes han sido dejados atrás. El trauma aquí se manifiesta como una criatura cruel que transforma a sus víctimas en agentes de su propio sufrimiento y el de su entorno. “Uno se descontrola demasiado fácil”, se refirió la misma madre a quien penetran aún los caracteres más pacíficos, trayendo a la superficie agresiones y cobrando en relaciones rotas. Saldaña no fue la excepción: se separó. Después conoció a Victoria Delgadillo Romero. Tenían cosas en común: su hija, Yunery Citlally Delgadillo Hernández, es parte del grupo desvanecido el 28 de noviembre de 2011, su relación también había colapsado y mostraron la misma urgencia de saber lo que había pasado.
Lo que sigue, para ellos, toma la forma de una búsqueda arqueológica de los pasados de sus hijas, un ejercicio a menudo doloroso. Con la ayuda de un par de aliados selectos dentro y fuera del Estado, y a través de la gradual construcción de una amplia red de informantes, cazan pistas, cachito por cachito. Extrapolando con quiénes se asociaban, qué lugares frecuentaban y cómo eran sus vidas más allá de la mirada paterna, esperan descifrar cómo se produjo su desaparición y a dónde fueron llevadas. Lo que emerge coloca a sus hijas dentro de la órbita del sistema social a través de la cual Los Zetas colonizaron Veracruz: narcomenudeo, robo de carros, secuestro, extorsión, trata de blancas y prostitución.
Un ex policía con familiaridad con el sector recordó cómo, a raíz de la presencia de Los Zetas, las avenidas semicéntricas de Jalapa se inundaron de focos rojos. Marcaron la apertura de “casas de citas”, adonde acudieron clientes de poco poder o de recursos limitados. No fue el sitio de las 50. Ellas fueron seleccionadas, en bares, antros, o por su anterior experiencia de edecanes en campañas políticas y comerciales, para integrar el segmento elite del mercado, integrado por escorts de alto nivel. Las reclutadoras, mujeres de mediana edad, ocuparon particular importancia dentro de la estructura emergente como aquellos nudos organizacionales garantizando que los amos tuvieran acceso a lo que anhelaban. Destaca, entre ellas, el papel de Nancy Hernández Moreno, maestra de una secundaria técnica en su trabajo diurno. Ya que a ella, en los expedientes de la FGE, se le señala como quien invitó a las ocho al evento del 28 de noviembre. Hernández, tal como otros testigos clave y posibles cómplices, hoy es ilocalizable.
Al principio fueron contratadas como edecanes para eventos sociales no especificados, pero bien remunerados. Se volverían una presencia constante en las fiestas. El mecanismo que llevó a su posterior y gradual inmersión en el hoyo negro político-criminal fue tan sencillo como prevalente en un México en que sueños materialistas se combinan con vías legales bloqueadas para perpetuar el crimen organizado como fenómeno social amplio. Conforme a que se les fue abriendo la perspectiva de un ascenso social fuera de su alcance bajo circunstancias normales, su papel se mudó. Algunas se hicieron amantes de líderes zetas como Marcos Jesús Hernández Rodríguez, alias El Chilango, temido por responder al más mínimo reto a su palabra con la muerte. Otras resbalaron más. Como señuelos, participaron en “levantones”, chantajeando y convirtiendo en presa fácil a hombres designados una vez que las habían seguido a un hotel o a otro lugar.
El tiempo que duraban se aprovechaban considerablemente de lo que parecían arreglos de beneficio mutuo. Una de ellas, amante de Hernández Rodríguez y, a su vez, ya con funciones de reclutamiento, de un día a otro llegó a la universidad en una camioneta Porsche. Otras fueron colocadas en la Secretaría de Finanzas y en el portal de internet Los Grillos, altavoz de propaganda duartista manejada por Gina Domínguez Colío, la ex vocera de Duarte detenida en mayo pasado bajo cargos de desvío de fondos públicos. Y aparte de pagos de unos cinco mil pesos por evento, algunas recibieron cirugías estéticas, remodelándolas según el criterio de los amos. También derivaron su propio poder de la sombra de estos últimos, invocando a influyentes para imponerse en conflictos banales-cotidianos en escenarios como antros en las primeras horas del día. Estas palabras demasiado públicas jugaron, aparentemente, un papel clave en la decisión de deshacerse de ellas.
La línea divisoria entre víctimas y victimarios se vuelve borrosa. Victoria Delgadillo, madre de Yunery, lo planteó con claridad en una de nuestras conversaciones. Pero rechazó contundentemente la lógica de que quienes caen en la fuerza gravitacional de las organizaciones criminales merecen su destino. “Si han hecho algo mal, que las procesen”, me dijo, “pero esto no les da el derecho de matarlas”.
Esta lógica, eminente en el país entero desde la escalada del conflicto interno mexicano a partir de 2006, todavía fue palpable después de la caída de Duarte, bajo el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Mientras que su procurador, Jorge Winckler Ortiz, esquivó cualquier conversación conmigo, uno de sus colaboradores cercanos se prestó a hablar, en capacidad no oficial y bajo la estricta condición de su anonimato. Para él, dijo, los reclamos de los padres hacia la FGE eran incomprensibles. No se hicieron cargo de sus hijos, subrayó, “aunque sabían que andaban en malos pasos, y ahora que es demasiado tarde quieren que nosotros se lo resolvamos”. Que funcionarios se autoproclamen guardianes de la moralidad para bloquear las puertas a la justicia forma parte de una plétora de técnicas empleadas por las instituciones de seguridad veracruzanas para obstruirla sistemáticamente. Surgen, con una regularidad impresionante, en las voces de las decenas de madres, y del padre, con quienes interactué en diferentes puntos del estado. Desvelan, así, una secuencia que parece un guión y que es crucial para entender la producción de la impunidad con la cual los perpetradores con o sin corbata se han cobijado.
La secuencia empieza en los primeros momentos de denuncias por desaparición. La respuesta de los agentes ministeriales responsables parece haber sido su rechazo reflexivo bajo pretextos como que “seguramente sólo se fue con su amante”, o que habría que esperar 72 horas antes de poder iniciar cualquier acción. Todo en contravención directa de los protocolos de búsqueda de personas extraviadas firmados por los gobiernos mexicano y veracruzano. Sigue el no-cumplimiento de las diligencias establecidas por ley, tal como el informar e involucrar a otras autoridades que deberían asistir y compartir información, el cuestionamiento de testigos y presuntos culpables, el levantamiento y procesamiento de pruebas de ADN y la obtención de sábanas de llamadas telefónicas, claves para establecer tanto asociaciones sociales como el último paradero de desaparecidos. Para todos estos pasos básicos los borradores para los expedientes de la FGE reservan casillas a marcar. En los expedientes de las 50 lucen, salvo pocas excepciones, vacías, aun años después.
Aquellos que no se dejan desalentar por lo anterior y presentan, como Saldaña y Delgadillo lo han hecho, inteligencia concreta, transitan a un nivel proactivo de la obstrucción. Incluye, a menudo, el fingir acciones. El ejemplo más grave para ello es quizás la afirmación de la FGE de haber visitado y encontrado nada que soportara la existencia de un cementerio clandestino en las Colinas de Santa Fe en las afueras del puerto de Veracruz, tal como el Colectivo Solecito había señalado. Poco después las madres empezaron a excavar por su propia cuenta, ahora bajo acusaciones del delito federal de la alteración de evidencia. Hasta la fecha el predio ha revelado 274 cuerpos. Continuemos: testigos no se pueden localizar. Se pierden expedientes y otros documentos oficiales, tal como el Libro 19 de la FGE, uno de los tomos de lo que ya es una pequeña biblioteca con listados de desaparecidos en Veracruz y que incluía a las 50. O bien, una vez que un determinado funcionario se haya familiarizado con los casos a su cargo es cambiado a otro puesto, dejando a su sucesor empezar desde cero.
Todo lo anterior ayuda a explicar por qué la FGE tardó tres años y cuatro meses para reconocer, en un así llamado acuerdo de acumulación, que por lo menos 13 de los 50 casos estaban interrelacionados. Y todo se debía, según Saldaña y Delgadillo, al esfuerzo de un funcionario escapándose del patrón y con un compromiso palpable con ellos y sus hijos. Pero cuando lo hizo, no se tapó la boca. Subraya las omisiones mencionadas arriba, exponiendo a sus colegas y a la FGE. Constata además que las desaparecidas “tenían contacto con empresarios, funcionarios de gobierno y miembros de grupos delictivos debido a su trabajo como damas de compañía”. El fragmento más explícito se encuentra en la conclusión: “Estamos ante la presencia de una fuerza bien organizada… que toca niveles incluso políticos… lo que significa que es muy posible que existan actos de corrupción e impunidad, con lo que se logro [sic] en su momento el ocultamiento de… centros de prostitución, por lo anterior, queda demostrado que estamos sin duda ante la presencia de una organización de delincuencia organizada…”.
Que un documento producido por el estado, y por un burócrata de poco rango, contenga acusaciones de tal gravedad en contra de prominentes figuras políticas —los incluye en su definición de “una fuerza bien organizada”— lo hace excepcional. Aunque al mismo tiempo tuvo la reacción predecible. Poco después de circular el expediente a sus superiores, lo citan, haciéndole saber que la investigación tendría que pararse inmediatamente. Que es por “razones de Estado”; es el único motivo que se le proporciona. Debido a su insistencia, según Saldaña y Delgadillo, es despedido de la FGE y amenazado. Se logra el efecto intencionado: la investigación se cae, y no se da seguimiento a las acusaciones contra los políticos presuntamente involucrados, entre ellos figuras centrales del duartismo.
Aquí, en las amenazas, se muestra que el poder blando descrito en los párrafos anteriores viene respaldado por su latente potencial de transitar a uno duro y abiertamente violento. Con alta frecuencia surgen en las narrativas de las madres amenazas, emitidas por funcionarios y criminales nominales. Aseguran, además, que se han producido desapariciones segundarias de testigos potenciales. Pero la naturalidad, reminiscente de un organismo biológico expulsando a un cuerpo extraño, con la que la FGE se volvió en contra del funcionario indica que la impunidad también se forjó dentro de las instituciones, a través de un sistema autoritario-criminal diseñado para garantizar la docilidad de los propios elementos.
José1 se ha salido de él. No obstante, en mi primer encuentro con el ex policía estatal en un café céntrico de una ciudad principal veracruzana, es como si haberlo vivido lo acompañara como una neblina de la cual no se ha podido salir. Menos en un Veracruz que pueda llamarse postduartista sin que eso signifique que las redes criminales-políticas hayan sido desmanteladas o que su predisposición violenta haya disminuido. Una mera reflexión de otros encuentros míos es, entonces, que la conversación se dé en voces casi ininteligibles, que insistamos, los dos, en la anonimización, que no dé la espalda a la puerta, y que dedique los primeros minutos para desentrañar mi identidad y sus posibles contradicciones. Lo que sí es diferente, en el segundo encuentro, es que súbitamente interrumpe la conversación para sutilmente dirigir mi atención a un hombre de unos 45 años. Llegó sólo para sentarse, a pesar de que habíamos escogido otro café por su ausencia de clientes, a una mesa sospechosamente cercana a la nuestra. Dice haberlo visto la última vez. Pedimos la cuenta y nos cambiamos de lugar.
Precaución debida o paranoia —es una distinción no factible después de que la incertidumbre ha sido cultivada como el brazo largo del terror por años—. Nula relevancia tiene para alguien que fue enviado a morir por sus comandantes y vivió para contarlo. Cuando se enlistó, José dice haber anhelado un papel honorable, tal como la herencia militar dentro de su familia lo dictaba. La burbuja estalla cuando le pasan por la ventana de su patrulla sobres enviados por Los Zetas. Asegura haberlo reportado a sus superiores las primeras dos veces, negando el soborno. Su reacción —le dijeron: “disfrutar la vida y aceptar”— presagia realidades institucionales más siniestras. En retrospectiva, resume su papel como el de un “halcón”. Recibieron, según él, instrucciones explícitas de “no meterse” —tardar en o no acudir a escenas de crimen, ignorar pedidos de auxilio, no reportar movimientos sospechosos como los de hombres armados—, pero sí reportar, de manera inmediata, la presencia de fuerzas federales. Fue lo menos. Ya que afirma la existencia de “fuerzas especiales” dentro de la dependencia, bajo el mando directo del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita. “Ellos”, dice José, “tenían patrullas clonadas distribuidas estratégicamente a lo largo del estado… para los trabajos sucios”. Trabajos sucios se traducen aquí, según él, en matar o desparecer a personas inconvenientes, o bien en secuestros por lucro.
Poco después del rechazo del primer sobre, José acude a una casa en donde un tiroteo ha sido reportado. Entra con otro elemento. Se prende la luz, y se ve frente a 40 hombres fuertemente armados. Suelta su arma, esperando lo peor, pero emerge un hombre que se dirige a él por su nombre, y que reitera lo que sus superiores le dijeron. “Les dije que no le podía entrar por mis hijos”, recita su respuesta, “pero ya me habían investigado. Sabían que era mentira, y esa persona —era El Amarillo2— me mencionó el nombre de mi novia y su escuela”. Posteriormente sigue la intimidación por parte de Los Zetas. En una ocasión lo interceptan y le dan una paliza, volviendo a insistir en su obediencia. Pero la verdadera escalada la ejecutan sus propios comandantes. Lo hacen venir, y después de haberle quitado su rifle semiautomático y su chaleco antibalas, anuncian su despliegue a una de las zonas más asediadas del estado. Es un castigo común, y el motivo por el cual, según José, sólo 15 de los 40 que integraban su grupo en la Academia de Policía de Veracruz sigan hoy con vida. José renuncia y el día siguiente el convoy en el que viajaría es emboscado. Tres de sus colegas mueren.
La transformación de las instituciones de seguridad veracruzanas en enclaves autoritarios protectores, y ejecutores de operaciones criminales al costo de la absoluta negación de los derechos de sus elementos fue, al igual que las ya mencionadas técnicas de obstrucción por parte de la FGE, diseñada para aplastar cualquier resistencia y, con ella, la esperanza. Muchos la perdieron. Pero para otros sigue vigente la selección entre bala y lucha. Frente a ello, Saldaña y Delgadillo han llevado la búsqueda al siguiente nivel. Aun cuando ha supuesto asumir dos trabajos de tiempo completo simultáneamente. De la triangulación de los datos extraídos de informantes y las sábanas de llamadas, han podido delimitar el área que podría contener los cuerpos de sus hijos. Los ha llevado a buscar en ranchos, predios, cañones y basureros.
Donde han entrado, encontraron las silenciosas huellas de la topología del terror zeta: “cocinas” usadas para disolver cuerpos; un hoyo con 500 prendas, entre ellas de niños y mujeres; paredes marcadas por balas; vegetación que indica tierra removida; y una casa escondida en la profundidad de una barranca, las cadenas todavía fijadas en la pared. Ha sido de alto riesgo. En el área siguen operando las mismas células criminales, aunque ahora bajo un nuevo líder que, según Saldaña, “tiene la fama de ser, digamos, un poco menos sanguinario” que su predecesor. En más de una ocasión han tenido que abortar sus misiones por la visible presencia de hombres armados. Y tan reciente como en mayo de este año, se despertó en la mañana para encontrar una nota detrás del limpiaparabrisas de su carro. Fue una amenaza de muerte, avisándole: “Bájale ya”.
Pero todo esto, me dijeron en julio, vale la pena cuando se logra identificar y entregar un cuerpo, incluso cuando al mismo tiempo se disuelva la breve esperanza de que pueda ser la propia hija. Durante su investigación habían detectado incongruencias entre documentos oficiales, exitosamente presionaron al gobierno para exhumar tres cuerpos enterrados en una fosa común sin que se hubieran aplicado las pruebas de ADN debidas. Cuando Saldaña revisa las fotos de los cuerpos en el ministerio público, emite la frase que habían esperado por años: “¡Esta sí es!”. El pelo, pintado de rojo, la longitud —“era el look que la hija de Vicky [Delgadillo] se puso poco antes de su desaparición”—. Llama a su pareja y le comparte las noticias. “Me puse un poco acelerado”, dice pasando revista, ya que la prueba de ADN resulta negativa. Pero lleva a la identificación de otra desaparecida, y el 28 de julio participan en la entrega de ella a su familia. “Claro que fue un golpe”, dice Saldaña, “pero la ayuda a los demás, eso sí nos motiva. Dijeron [los familiares] que nunca esperaban volver a ver a su hija. Dijeron que éramos sus ángeles. ¿Y qué nos queda? Revisar más expedientes, y seguir”.
En Veracruz, más allá de éxitos singulares, la esperanza vivió un breve auge después de que Yunes proyectara un cambio radical durante su campaña para gobernador. Depuraría a las instituciones, y brindaría el apoyo necesario para que los padres de los desaparecidos pudieran alcanzar certeza y clausura. Los recibió, y los escuchó —diferencias sustanciales con la era Duarte—. La entrega de medallas a representantes de algunos de los colectivos, poco después de que Yunes ocupara el palacio de gobierno el 1 de diciembre 2016, pareció validarlo. Pocos meses después, Lucía de los Ángeles Díaz, una de las voces fuertes del Colectivo Solecito, lamenta que ella también se dejó arrullar por la retórica progresista. Para ella, siquiera antes de que su medalla pudiera empolvarse, las promesas han colapsado, a la par con la comunicación con Yunes y Winckler, el fiscal general. Hoy sus peticiones para audiencias son ignoradas. “Al final”, dice, “les crees porque les quieres creer. Cuando caminas por Reforma piensas que México es un país civilizado. Pero detrás de la fachada somos como el Congo. Aquí no hay democracia”. El hecho de que el Fiscal Especial en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas tenga sólo cuatro elementos a su cargo es una cosa. Otra es que detrás de la fachada, según miembros de varios colectivos, se está desarrollando un juego cínico. A través de la canalización de recursos hacia quienes se prestan a la cooptación, se estarían creando deliberadamente divisiones entre los activistas, aplacando una voz incómoda también para alguien con ambiciones más allá de la entidad.
Para Saldaña, el tiempo de las audiencias ya ha pasado. La búsqueda a ras de suelo como él la forja, dice, no depende de ellas, sino de apoyos concretos. Y últimamente detecta una mayor disposición de la FGE de darle acceso a los documentos que requiere. Su pragmatismo, no obstante, está lejos de traducirse en confianza. Él también sabe que la depuración interna no se ha efectuado, y que la institución sigue salpicada de mandos y otros elementos acusados de corrupción y enlaces criminales. Esta continuidad tiene que ver con el simple hecho de que una guerra en contra de la propia burocracia, y su históricamente arraigada cultura antidemocrática, la paralizaría por completo. Pero quienes tienen razón de temer la pérdida de sus puestos, y de su libertad, tampoco han tardado en tomar los pasos necesarios para autoprotegerse. Antes del cambio del gobierno, un número considerable de funcionarios crearon nuevos, o se unieron a sindicatos existentes, así introduciendo obstáculos para cualquier acción en su contra ex ante. La reforma hacia la legalidad resulta un laberinto, también. Independientemente de si uno asume la existencia una voluntad correspondiente o no.
De esta forma, el pasado se mantiene como el presente para Veracruz. Basta ver cómo las filas de los colectivos se siguen llenando con nuevos miembros. La actual alza de ejecuciones en el estado no ha fallado en traer consigo a su fiel sombra, una nueva ola de desapariciones. Para Saldaña y Delgadillo el pasado tampoco puede devenir tal hasta que den con el paradero de sus hijos. Sin que se produzca la certidumbre, por cruel que fuera, seguirá esparciendo sus huellas para penetrar su presente, y futuro. Basta prender la televisión, o abrir un periódico, para atestiguar la libertad de quienes integraban su círculo íntimo, y que se señalan como autores intelectuales de la operación de limpieza. Que unos, a pesar de ello, hayan sido promovidos al nivel federal, los vuelve quizás más peligrosos aún. Al difundir y comprobarse así, debería traducirse en un golpe definitivo. Incluso en un país con una casi inigualable resiliencia de carreras políticas a escándalos severos y frecuentes. Pero para ello se requeriría de una investigación, y prosecución, comprometida. Lejos de materializarse, las redes implicadas siguen reforzando su autoprotección. En mayo se reactivó la cuenta de Facebook de Yunery. A casi seis años de ver a su hija la última vez, para Delgadillo fue como si un fantasma se manifestara. Hasta que se dieron cuenta de que se estaba ejecutando otra limpieza. Desde entonces quien o quienes se han apoderado de su cuenta han borrado fotos que mostraban a Yunery y otras de las 50 con políticos, y sus amistades con ellos. ¿Sabrán que Facebook nunca vuelve a soltar la información que engulle?
Fuente.-Falko Ernst
Periodista e investigador.
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