Lo que vivimos, y habremos de padecer en las próximas
elecciones, es una doble moral de los gobernadores. Y de casi todas las
autoridades.
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Tal parece que las
elecciones, que su partido gane a cualquier costo, son una “Patente de Corzo”
para utilizar el dinero del erario. Y, también, el inicio de un proceso
inacabable de enriquecimiento personal. Como lo que sucedió en Veracruz con
Javier Duarte.
Los gobernadores,
con la venia de todos, utilizan dinero del presupuesto para darlo a partidos,
candidatos, así como a quienes quedan fuera del proceso electoral. Dinero,
pues, para hacer política.
Esto es lo que
comenzó a aflorar por el tema del Partido del Trabajo, en manos de una familia
por muchos años, y el dinero que recibieron del gobernador de Nuevo León.
Ya un juez dictó
orden de aprehensión contra uno de los implicados en el uso de 100 millones de
pesos que, supuestamente, irían a centros de atención infantil.
Falta detener al
gobernador. Porque no es lógico que Jaime Rodríguez, “El Bronco”, no se haya
enterado de los pasos siguientes de ese dinero. ¿Por qué un gobernador puede
sacar así, con total impunidad, 100 millones de pesos para “apoyo” de quién
sabe qué?
Más grave que
estos “centros de atención a la niñez” formen parte de la secretaría de
educación pública del Estado de Nuevo León… y sean también del “Frente Popular
Tierra y Libertad”. ¿En qué quedamos?
Se trata de dinero
público sin etiquetar, sin supervisión.
Todo indica que es
un membrete. Como tantos otros. Como las empresas “fantasma” que proliferan
todavía en muchas entidades federativas. Que es un juego que a sabiendas juegan
los poderosos.
Esos cien millones
de pesos nunca debieron llegar a manos de la esposa del líder del Partido del
Trabajo, María Guadalupe Rodríguez Martínez, quien los depositó en sus cuentas
personales. ¿Es o no funcionaria pública? ¿Qué tipo de entidad “política” son
estos centros?
¿Y por qué llegó
dinero, de estos cien millones de pesos que no sabemos si provienen del
presupuesto estatal de Nuevo León, o de las asignaciones federales que recibe,
a la cuenta personal del líder del Partido del Trabajo en Aguascalientes?
O sea, para que
podamos entendernos, que con total impunidad un político “independiente” que
está registrado como “aspirante” presidencial, puede tomar cien millones de
pesos del presupuesto y depositarlo en la cuenta personal de la esposa del
líder del Partido del Trabajo. Quien, a su vez, “dirige” unos centros de
atención a niños que son parte de la secretaría estatal de educación… Y ésta
persona tiene capacidad para depositar 12 millones de pesos en la cuenta,
también personal, del señor Héctor Quiroz que es dirigente de ese partido en
Aguascalientes.
¿De parte de
quién?
Si cualquier
ciudadano recibe un depósito en efectivo en su cuenta bancaria, tiene que pagar
impuestos. Es decir, sus cuentas están bajo total supervisión de las
autoridades. ¿Y las de la señora esposa de Alberto Anaya?
¿Cómo puede
suceder esto?
¿Y por qué no hay
una orden de aprehensión contra Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León?
Si este es el
mecanismo para llevar dinero del presupuesto estatal, incluso recursos
federales etiquetados, a partidos políticos. Habrá que imaginar qué hacen, siguen
haciendo el día de hoy, algunos gobernadores priistas o panistas. Este dinero,
cien millones, era para un partido político que en la pasada elección estuvo en
riesgo de perder su registro…
Tal vez por eso
varios partidos políticos pueden “renunciar” al financiamiento público. Tienen
asegurada la “entrada de recursos” por otras vías que desconocemos.
El tema de fondo,
hay que insistir, es la doble moral de los gobernadores, que está sustentada
tristemente en autoridades que todo les permiten. Ese es el verdadero origen de
la impunidad. Y si no detienen al gobernador de Nuevo León por estos cien
millones de pesos, habrá que ofrecerle una disculpa a Javier Duarte…
Fuente.-Isabel Arvide
@isabelarvide
(Imagen/Internet)
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