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| Fuente.-Internet |
Civiles armados mantenían
retenidas anoche en la comandancia de la Policía municipal de San Miguel
Totolapan a 18 personas, entre ellas a la mamá del jefe del grupo delictivo de
Los Tequileros, como forma de presión para que los integrantes de esta banda
deje en libertad al ingeniero topógrafo al que tienen secuestrado desde el domingo.
¿Qué pasó en Iguala, Guerrero,
con los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayot-zinapa desaparecidos el
26-27 de septiembre de 2014? El gobierno ha querido ocultarlo y ha tendido un
velo de impunidad sobre la responsabilidad de los militares, pero el trabajo
incansable de varios periodistas y de especialistas extranjeros permite llegar
a una hipótesis fundada que puede sintetizarse así:
Dos de los autobuses secuestrados
por los normalistas llevaban, sin que los estudiantes lo supieran, un
cargamento de heroína con valor estimado de 2 millones de dólares, por lo cual
militares del 27 Batallón de Infantería, y policías municipales, estatales y
federales recibieron una orden del capo que los tenía en su nómina: recuperar a
cualquier precio el valioso cargamento (AH). Y el precio fue la desaparición de
los 43 estudiantes.
Los jóvenes ingresaron en una de
las cruentas zonas de ingobernabilidad del país: el reino de la amapola, de la
goma de opio y de la heroína que ahí se cultivan, procesan, almacenan y
distribuyen (JR).
¿Qué ha hecho la Procuraduría
General de la República sobre este asunto? Bajo la titularidad de Jesús Murillo
Karam, falsear los hechos y llegar a una "verdad histórica" que tuvo
una muy breve existencia, pues pronto fue desmentida por investigaciones del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que además
descubrió el involucramiento del entonces director de la Agencia de
Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, en la alteración de los hechos y
probable "siembra" de evidencias en el río San Juan.
Bajo la titularidad de Arely
Gómez González, la PGR ordenó a su visitador general, César Alejandro Chávez
Flores, efectuar una auditoría interna a los expedientes sobre Iguala (más de
200 tomos), y una de sus principales conclusiones fue que la PGR "no ha
llevado a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los
medios legales disponibles orientada hacia una finalidad específica, esto es,
la determinación de la verdad..." (AH y GLD). El visitador recomendó
fincarle responsabilidades a Zerón y dar vista a la Secretaría de la Función
Pública. Zerón fue alejado de la PGR, pero para encomendarle tareas en el
Consejo de Seguridad Nacional, mientras su acusador dejó su cargo y posteriormente
Gómez González fue nombrada secretaria de la Función Pública.
Sería una ingenuidad poner en
duda la participación de militares en la noche negra de Iguala, pero el
gobierno se ha negado a que sean interrogados en presencia de miembros del
GIEI. No sólo eso, el comandante de la 35 Zona Militar, con sede en
Chilpancingo, Alejandro Saavedra Hernández, fue nombrado inspector y contralor
general del Ejército. Su trayectoria, igual que la del coronel de infantería
José Rodríguez Pérez (27 Batallón) ha sido puntualmente abordada (TG).
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La resistencia del gobierno a que
sean investigados los militares involucrados revela una deplorable fragilidad
de su jefe supremo ante la evidencia de la complicidad no del Ejército pero sí
de una parte de él, en la desaparición de los normalistas.
Una conducta patriótica exigiría
a los jefes castrenses, principalmente al general Salvador Cienfuegos,
propiciar el procesamiento de los militares involucrados, lo cual destrabaría
el enjuiciamiento de todos los responsables civiles. En vez de ello, el general
secretario parece querer situarse por encima del poder civil, llámese Ejecutivo
o Legislativo. No obstante, sus polémicas declaraciones recientes aciertan en
un punto: las Fuerzas Armadas deben regresar a sus cuarteles. Ahí está su
lugar, no en las calles, ni en retenes ni en la persecución de delincuentes.
¿Hasta dónde llega el
involucramiento de parcelas de las instituciones federales, estatales y
municipales en el crimen organizado? ¿Entenderán los uniformados que la conducta
delictiva de un grupo de militares no deshonra al Ejército, pero sí lo hace el
encubrimiento? ¿Actuará el jefe supremo de las Fuerzas Armadas para satisfacer
a la justicia y no a la pretensión de inmunidad... o su debilidad es tal que su
supremacía deviene inexistente?
*Fuentes:
Anabel Hernández (AH), La
verdadera noche de Iguala. La historia que el gobierno trató de ocultar,
Grijalbo, 2016.
José Reveles (JR). Échale la
culpa a la heroína. De Iguala a Chicago, Grijalbo, 2015.
Gloria Leticia Díaz (GLD),
Proceso 2091, 27/11/16.
Témoris Grecko, Ayotzinapa.
Mentira histórica. Estado de impunidad, impunidad de Estado, Ediciones Proceso,
2016.
Con información de:@EduardoRHuchim
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