La Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Sedena y al Gobierno de Michoacán
por uso ilegítimo de fuerza pública contra habitantes de Santa María Ostula, en
julio de 2015, que derivó en un niño muerto y 10 personas heridas.
El Ombudsman cita en el documento
que un menor de 12 años de edad falleció por disparos que realizaron elementos
del 65 Batallón de Infantería del Ejército el 19 de julio de 2015, en hechos
suscitados por la detención de un dirigente de autodefensas.
En esa fecha, Cemeí Verdía, el
líder de las autodefensas en Santa María Ostula, Municipio de Aquila, fue
detenido por militares y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de
Michoacán, lo que provocó que habitantes intentaran rescatarlo.
En su investigación, la CNDH
identificó cuatro momentos que a lo largo de ese día en los que participaron
efectivos de los Batallones, 30, 65 y 82 del Ejército, así como de la Marina y
del Grupo de Operaciones Especiales de Fuerza Ciudadana y de Fuerza Rural,
pertenecientes a la SSP.
Los comuneros de Ostula
realizaron bloqueos en la carretera Tecomán-Lázaro Cárdenas, en los puntos de
Xayakalan, Duin y Puente de Ixtapilla, con los cuales pretendían liberar a
Verdía, pero desconocían que éste había sido trasladado en helicóptero.
En Xayakalan, expuso la CNDH, un
militar del 65 Batallón disparó al aire desde un vehículo en movimiento,
violando el Manual de Uso de la Fuerza, mientras que en Duin, pobladores
resultaron heridos por el mal empleo de gases lacrimógenos y pimienta y bombas
de humo, por parte de agentes de la SSP.
En tanto, en Puente Ixtapilla, 15
militares del 65 Batallón hirieron a seis personas y mataron al niño Hildeberto
Reyes García al hacer uso ilegítimo de armas letales, precisó.
La Comisión detalló que de todos
los elementos de seguridad que participaron en los hechos del 19 de julio de
2015, sólo los militares del 65 Batallón de Infantería reportaron bajas de
cartuchos.
"Diez y siete testigos
observaron a militares disparar, lo cual fue coincidente con la ubicación de
los elementos del 65 Batallón", añadió la CNDH, que no pudo acreditar que
los pobladores dispararan contra el convoy militar.
Por estos hechos, la CNDH dirigió
la recomendación 65/2016 al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos, y a Silvano Aureoles, Gobernador del Michoacán.
A la Sedena le recomendó reparar
el daño a las víctimas directas e indirectas, conforme a la Ley General e
inscribir a los agraviados en el Registro Nacional.
También pide girar instrucciones
para presentar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia Militar
contra los elementos castrenses que participaron en los hechos, aunque sólo por
faltas a la disciplina militar.
Insistió en la necesidad de que
los elementos de la Sedena usen cámaras fotográficas y videograbadoras durante
los operativos para documentar los hechos y que haya evidencias de su
actuación.
Al Gobernador de Michoacán le
solicitó indagar a un funcionario que firmó oficios con datos falsos remitidos
a la CNDH.
Fuente.-
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