“La basura se va
dónde debe estar, afuera…”
Con esas palabras, la
procuradora de Tlaxcala, Alicia Fragoso anunció la noche del 21 de enero del
2015 que acababa de detener un grupo de policías estatales a los que en
ese momento acusó públicamente de secuestrar
a cuatro personas. ”Vamos a tener mano dura…. El gobernador es un
hombre de resultados” dijo la funcionaria tras encabezar las capturas y el
rescate de una de las presuntas víctimas.
Pero la evidencia posterior
a la detención presentada en el juicio revela que la acusación en
realidad es falsa, y según la defensa, fabricada.
La
“víctima rescatada” por la procuradora reconoció ante el juezque nunca
estuvo secuestrado ni fue salvado, era “completamente
falso” que los policías le hubieran hecho algo, por lo que a los
detenidos debía considerárseles “inocentes
Los otros tres casos de
secuestro tampoco se han demostrado en el juicio porque una de las
personas murió en un accidente, mientras que los otros dos no han
testificado ya que cuando llegan al juzgado, el
Ministerio Público no se presenta. La audiencia, se ha tenido
que posponer tres ocasionespor lo menos.
Estas acusaciones, que la
procuradora dijo que ya existían contra los policías antes de su
captura, en realidad se presentaron después de la detención pues de
acuerdo con el expediente, las víctimas reconocieron a los agentes por sus
fotos publicadas en el periódico tras ser consignados.
No es todo. Fotos
que también se publicaron en la prensa, confirman que varios de los
policías acusados estaban en un operativo por un intento de linchamiento,
en el mismo momento en que según la Procuraduría llevaban secuestrada a la
supuesta víctima.
Entre esos policías se
encuentra el Delegado de la Policía Estatal en Apizaco, Juan Yáñez Osornio, que
según su abogado fue obligado con golpes y maltratos a firmar una declaración
falsa. La constancia médica de la propia Procuraduría revela que dicho
agente fue consignado con lesiones severas y un peritaje psicológico
que presentaba rasgos de tortura.
“No estamos hablando de un
caso cualquiera, sino una detención que encabezó una procuradora de
este país, una de las autoridades máximas, sin que mediaran
preceptos constitucionales (…) a esto se suma la noticia criminal de que hubo
supuestos actos de tortura y la procuraduría tiene por distintas
razones investigar el caso, pero no ha movido ni un solo dedo” dijo Jorge Lara,
defensor de Yáñez
La Comisión Estatal de los
Derechos Humanos tiene abierta una investigación por la presunta tortura que
padecieron varios de los agentes detenidos, mientras que un juez federal
integra una demanda de amparo en contra del auto de formal prisión dictado
contra los policías.
Animal
Político solicitó
a la Procuraduría de Tlaxcala una entrevista con la procuradora con varias
preguntas por anticipado en torno al caso. Solo se recibió un posicionamiento
en respuesta, en el que la dependencia sostiene que respetarán la determinación
que tome el juez responsable del proceso.
El
caso oficial
El 21 de enero siete
elementos de la Policía Estatal fueron detenidos por agentes ministeriales
encabezados por la procuradora Alicia Fragoso. Entre los aprehendidos estaba el
mismo director de la Policía Estatal (segundo en la escala jerárquica por
debajo del comisionado) José López Pérez, el delegado en Apizaco Juan
Yáñez Osornio, y cinco elementos más.
En la
entrevista que dio esa misma noche, Fragoso dijo que ya
tenían una investigación abierta por cuatro denuncias de secuestro
exprés y que tras una persecución habían logrado rescatar a una de las
víctimas. Advirtió que haría una “limpieza” de todos los malos
elementos, e incluso dijo que se haría presión para que “jueces
corruptos” no los liberaran
Tres días después, la
procuraduríaanunció que consignaba a los siete
policías por secuestro exprés y reiteró que una víctima (Gesarel Hernández
Santa Cruz de 19 años) fue rescatada. Después se integraron tres
acusaciones más de personas que supuestamente reconocieron a los policías por
una foto en el periódico.
La foto
de los agentes detenidos apareció en la primera plana de un diario local, y
también en las notas de portales de medios nacionales.
En la imagen, difundida por la procuraduría, se aprecia el rostro golpeado de
alguno de los capturados.”.
Evidencia clave
En primera instancia se
demostró que la detención no fue en flagrancia, ni con orden de
aprehensión. Ladeclaración ante el juez del entonces
Comisionado estatal de la Policía, Orlando May Zaragoza, quien estuvo
presente en los hechos, evidencia como la procuradora justificó la captura.
“Le preguntaron (los
agentes) a la señora procuradora que por qué los detenía. Al verse muy
cuestionado solo dijo que los detuvo por el simple derecho de ser la
procuradora” narró el comisionado, quien a la postre terminó renunciando al
cargo.
Luego la defensa demostró
que la narración de los hechos era inverosímil. Según la “confesión” de Yáñez
(que se alega fue obtenida con tortura) la tarde del 21 de enero él junto con
elementos a su mando retuvieron a Gesarel Hernández en Apizaco, y por varias
horas no lo dejaron ir hasta que entregó dinero y droga.
Pero
distintos documentos, entre ellos fotografías publicadas en la misma
prensa un día después de las detenciones, demuestran que Yáñez
y sus agentes no estaban en Apizaco secuestrando a alguien sino en Santa
Apolonia Teacalco, a donde llegaron en apoyo por un intento de
linchamiento. Desde ahí se desplazaron a s cuartel tras ser notificados de la
presencia de la procuradora.
El 11 de agosto de 2015 la
defensa consiguió que el joven presuntamente rescatado por la procuradora
testificara tanto en un juicio de amparo como en el proceso principal. Lo hizo
por escrito para desmentir la acusación.
“Manifiesto que ni
el día veintiuno de enero del 2015 ni en ninguna otra fecha he sido víctima de
ningún secuestro, ni de levantón, ni de extorsión alguna; ni tampoco he
sido rescatado ni en esa fecha ni en ninguna otra” dijo Gesarel.
Gesarel dijo además que era
falsa la declaración que firmó en la Procuraduría en donde señaló que los
policías se lo habían llevado el 21. Aclaró que el colaboraba con ellos
voluntariamente, dándoles datos de puntos de venta de droga.
“Si a alguna persona se le
ha detenido por la realización de actos de supuesta agresión, secuestro, robo,
privación de la libertad u otras conductas en mi contra, debe considerársele
inocente” concluye Gesarel.
Justicia
postergada
Además del caso de Gesarel,
los siete expolicías están acusados del secuestro exprés de otras tres
víctimas, una de las cuales falleció en un accidente vehicular por lo que ya no
puede ratificar su dicho.
Las otras dos personas que
son una pareja, fueron ubicadas también a petición de la defensa para que se
presenten a declarar pero la audiencia se ha pospuesto ya en tres ocasionesdebido
a la ausencia del Ministerio Público.
“Han acudido al juzgado con
la intención de declarar que no fueron secuestrados pero en el momento en que
llegan desaparece el agente del MP. Esto es increíble dado que el
Ministerio Público debería ser el principal interesado en que las víctimas puedan
robustecer su caso y promover pruebas” dijo el abogado de Yáñez.
El defensor advirtió además
que estas tres acusaciones atentan contra los derechos humanos de su cliente y
demás procesados, pues se sustentan en un supuesto reconocimiento hecho sobre
la exhibición pública de los detenidos, que es una violación al principio de
presunción de inocencia.
Dado que según la defensa no
hay otras pruebas en el expediente en contra de Yáñez (quien de hecho tiene
reconocimientos por su labor y había superado el control de confianza como los
demás implicados) es indispensable desvirtuar las declaraciones de las victimas
antes de pedir el cierre de pruebas y se dicte sentencia.
Tortura
ignorada
En su declaración ante el
juez Yáñez Osornio dijo que fue torturado con múltiples golpes, cortes en las
muñecas y toques eléctricos. Esto para que firmara o pusiera una huella en una
declaración de culpabilidad.
El dictamen de integridad física que la Procuraduría de
Tlaxcala incluyó en la consignación de Yáñez, firmado por la médico legista
Paula Andrade, confirma que el comandante presentaba“lesiones que tardan en
sanar más de 15 días”, o sea de consideración.
Luego,
un dictamen piscológico realizado por una perito en esa materia designada por
el juzgado, establece que el comandante presenta un cuadro de trastornos compatible
con quien ha sido víctima de tortura. La prueba física, que falta para
completar el llamado protocolo de Estambul, no se ha realizado porque el
juzgado no ha encontrado peritos en criminalística disponibles.
La Comisión Estatal de
Derechos Humanos realizará en próximos días los estudios correspondientes sobre
tortura a Yáñez. En el caso de otros tres detenidos, ya se hizo y el
resultado fue positivo.
Pese a esto, la defensa dice
que no ha sucedido nada y ni siquiera la procuraduría ha iniciado la
averiguación para indagar los posibles actos de tortura.
“En esos momentos donde todo
mundo está volteando a ver a México por las crisis de derechos humanos no se ha
abierto una sola averiguación o acta circunstanciada ni se ha citado a los
elementos a declarar (…) Hay directrices de que a la primera noticia
incriminatoria de tortura, las autoridades tienen que actuar pero aquí no ha
ocurrido” dijo el abogado Lara Rivera.
Silencio y drama
Animal Político buscó a la
Procuraduría de Tlaxcala con varias preguntas sobre el caso, entre ellas que
otros elementos además de las declaraciones existían y porque el MP no se
presentaba en las audiencias. A través de Comunicación Social la dependencia
respondió que no se podía dar una entrevista, pues el caso no se litigaría en
los medios.
“Vamos a respetar el
procedimiento que se lleva a cabo en este momento y no daremos comentario mayor
en otra vertiente. Es el juez a quien le tocará determinar y nosotros nos vamos
a reservar. Seguimos aportando pruebas y respetaremos la opinión del jue”
indicó la dependencia.
La procuraduría no detalló a
que pruebas se refería ni dio algún otro detalle.
Araceli Gómez, esposa de
Yáñez, lamentó que lo que calificó como “un caso fabricado” haya terminado con
la carrera de su pareja, quien llevaba más de 20 años de una trayectoria
policial “intachable”, sin ningún antecedente negativo y por el contrario, con
varios reconocimientos a la eficiencia.
Explicó que cuando pudo
hablar con su esposo luego de la detención, este le narró todos los maltratos
que recibió y la forma en como lo torturaron, al punto en que le
entintaron el dedo cuando ya estaba inconsciente, para poner su huella en la
declaración que el atribuyeron y luego desmintió.
Aunque no tiene duda de que
terminarán demostrando la inocencia de su esposo, Araceli señaló que el daño ya
está hecho en todos los sentidos. De entrada tuvieron que vendar prácticamente
todo el patrimonio con el que contaban para costear su defensa.
“Todo nuestro patrimonio ya
se fue en esto. Los papas de mi esposo y mis papas están ayudando. El ya no
quiere ser policía cuando esa era su vida. Yo estaba estudiando Derecho pero me
tuve que salir también porque ya no había dinero y la verdad se me quitaron las
ganas. A nosotros y a las familias de los demás policías nos han destrozado la
vida” dijo.
Apenas el pasado 4 de marzo
los familiares se manifestaron afuera de la procuraduría de Tlaxcala para
exigir que ya no retarden más el juicio y las audiencias. Pero ni en esta
ocasión ni en otra fueron recibidos por la procuradora.
-¿Y tú no has buscado hablar
con ella directamente? – se le pregunta a Araceli Gómez
– La
verdad no, le tenemos miedo… no dudaría que a mí también me fabrique
algo.
fuente.-ANIMAL POLITICO.
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