La Cámara de Diputados planea revivir una práctica de terror. Abren la posibilidad de retomar un esquema de financiamiento tan discrecional como polémico. El PAN es uno de sus principales impulsores
En su Proyecto de Presupuesto, el Gobierno Federal mandó en ceros la asignación a los fondos de Pavimentación y Desarrollo Municipal; de Cultura; y de Infraestructura Deportiva.
Los diputados, sin embargo, no quisieron perder la prerrogativa de etiquetar recursos de forma discrecional y, modificando la Ley de Ingresos, lograron hacerse de una bolsa de alrededor de 17 mil millones de pesos con los que podrán revivir esos fondos.
De esas etiquetas es de donde salen los recursos para obras específicas en los municipios; es el dinero más susceptible de ser malversado.
Aún no se sabe si los fondos llevarán el mismo nombre, pero sí tendrán la misma intención: serán recursos para infraestructura en estados y municipios.
La mayor presión para que se decidiera regresar al esquema de asignación discrecional vino del Partido Acción Nacional (PAN).
Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el partido blanquiazul buscó que los fondos extras derivados de las modificaciones a la Ley de Ingresos fueran para proyectos etiquetables en las comunidades.
Más, tratándose el 2016 de un año con elecciones en 13 estados; 12 de ellas, para elegir nuevo gobernador.
El estira y afloja por el dinero público apenas comienza, pero ocurrirá con velocidad: a más tardar el 15 de noviembre próximo, la Cámara de Diputados deberá aprobar el PEF 2016.
Cambio en la asignación
En la Legislatura pasada, cada uno de los diputados pudo disponer de 10 millones de pesos para etiquetarlos en proyectos de su conveniencia, de forma totalmente discrecional.
Para pavimentación se destinaron 5 mil millones de pesos; para Infraestructura Deportiva, 3 mil 420 millones; para Cultura, fueron 2 mil 237 millones de pesos.
Ahora, sin embargo, la asignación se llevará a cabo de forma distinta.
Para este ejercicio, son los alcaldes y otros interesados los que acudieron a la Cámara baja con sus peticiones, mismas que tendrán que ser aprobadas por la Comisión de Presupuesto.
Así, buscan garantizar que un alcalde no “le deba” a un diputado la asignación de los recursos, por lo que éste ya no podría “cobrar el favor”.
El renacimiento de los fondos para infraestructura local fue confirmado por el propio Baltazar Hinojosa, presidente de la Comisión de Presupuesto.
En entrevista, el legislador priista señaló que la bolsa de 17 mil millones de pesos extra se destinará a este tipo de obras.
“Es infraestructura y sobre todo a la parte más sensible, en tipo de obras que se tengan que realizar en los municipios en materia de infraestructura; considero que también para fortalecer el gasto educativo que se ha planteado, en todos los proyectos culturales que se presentan aquí en la Cámara y, obviamente en rescate de espacios públicos, es un programa que ha tenido mucho éxito”, sostuvo Hinojosa.
Las solicitudes fueron masivas. Hasta la semana pasada -en que se cerró la recepción de propuestas- en el Palacio Legislativo de San Lázaro se habían recibido miles de peticiones de recursos.
Durante la semana pasada, alcaldes de varios estados acudieron al Palacio Legislativo y, en un ambiente de desorganización, les fueron recibidos sus proyectos.
Algunos durmieron ahí una o dos noches intentando ser recibidos por los legisladores. Ante tanta afluencia, personal de la Comisión les entregó fichas con un número para poder acceder, así como la hora aproximada en que podrían pasar.
A estas peticiones se unen las de los senadores que piden presupuesto para algunos proyectos en sus estados.
En la cúpula legislativa, los congresistas de la Comisión de Presupuesto comenzarán esta semana con el estudio de las propuestas que han recibido.
Aunque se intenta combatir la discrecionalidad, el esfuerzo real puede resultar insuficiente; por ello, en el Senado se aprobó un candado extra para que la Auditoría Superior de la Federación ponga “especial atención” al uso de estos recursos.
Los dineros del 2016
Con las modificaciones hechas a la Ley de Ingresos del 2016, la Federación contará con recursos por 4 billones 763 mil 874 millones de pesos, 17 mil millones de pesos más que lo planteado por el Gobierno Federal en su Paquete Económico para el año próximo.
Esos recursos llegarán a las arcas nacionales por varias vías: por un lado, los ingresos del Gobierno Federal serán de 3 billones 102 mil 440 millones de pesos; de las empresas del Estado, 1 billón 52 mil 193 millones; y 609 mil millones provendrán de financiamientos.
Casi la mitad de los recursos totales del país (4.7 billones de pesos) vendrán de la recaudación fiscal que realizará la Federación.
La proyección indica que esta recaudación será de 2 billones 428 mil 227 millones de pesos.
Ambas Cámaras del Congreso de la Unión aprobaron cambios a la Ley de Ingresos que envió el Gobierno federal, lo que dará ingresos extras para el PEF 2016.
Una de las modificaciones fue el aumento en el tipo de cambio, que pasó de 15.90 pesos por dólar –como lo planteó el Gobierno Federal-, a 16.40 pesos.
Se cambiaron, además, algunos aspectos de las leyes del IEPS –como dejar sin cambios el cobro a las bebidas azucaradas- y a la del Impuesto Sobre la Renta.
Esas modificaciones traerán ingresos adicionales de 17 mil millones de pesos que, al no existir en el proyecto del Ejecutivo, quedan libres para que los legisladores puedan etiquetarlos en proyectos de su conveniencia.
Estos 17 mil millones de pesos “extras”, que se tienen ahora en el papel, traerán la resucitación de los tres fondos más discrecionales del PEF: pavimentación, infraestructura deportiva y proyectos culturales.
PAN procuró los fondos
Fuentes del PRI y del propio PAN revelaron que desde el Comité Ejecutivo Nacional panista, presidido por Ricardo Anaya, se ha dado la instrucción a sus legisladores de cuadrar los recursos para que la bolsa de 17 mil millones pueda ser etiquetada por los legisladores.
El PRI y el PRD, sin embargo, no se han opuesto a la posibilidad de que puedan etiquetarse recursos “para poder cumplir a los ciudadanos en las labores de gestión”, insisten los congresistas.
En el Senado, la presión de Anaya fue para evitar que los 17 mil millones de pesos restantes se utilizaran en el pago de deuda, como sugerían los perredistas.
La postura de Anaya hasta dividió a los panistas. Algunos se mostraron abiertamente en contra de que se reactivaran los fondos discrecionales. Todos, eso sí, acordaron no darle un cheque en blanco para ejercer los fondos libremente, sin vigilancia.
Ocurrió así durante la discusión de la Ley de Ingresos, en el Senado. Una vez que estudiaron los ajustes, los senadores se percataron de que quedaría la bolsa de 17 mil millones de pesos sin etiquetar y los diputados buscarían destinar esos recursos a proyectos locales.
“Tristemente el principal espacio de corrupción en México son las asignaciones que se hacen en la Cámara de Diputados. Asignaciones que no atienden a la prioridad nacional, asignaciones que se hacen sobre las rodillas y asignaciones que se reparten el impuesto de todos los mexicanos, como si fueran patrimonio de los legisladores”, acusó el panista Ernesto Cordero.
“(Esos recursos) no están en coordinación con los alcaldes ni con los gobernadores, solamente son espacios en donde se abre la corrupción” afirmó el senador del PAN, Héctor Larios.
Aunque en la Cámara alta los panistas se unieron a la petición de que la Auditoría Superior de la Federación ponga lupa al uso de estos recursos, en la Cámara baja hay quien ya se frota las manos esperando la asignación de proyectos.
Marko Cortés, coordinador de los diputados del PAN, ha propuesto que en lugar de dar dinero a proyectos en los municipios, se les asignen solo recursos que se podrán utilizar en lo que mejor convenga, sin intermediarios.
“(Estamos proponiendo) la asignación de techos presupuestales a los municipios, en lugar de asignar obras específicas; esto, sin la necesidad de inicio de presentar proyectos”, afirmó Cortés.
La ruta del dinero
En su análisis de los recursos para el sector, la Comisión del Deporte, presidida por el priista Pablo Gamboa Miner, solicitó una ampliación presupuestal de 936 millones 601 mil pesos para apoyar cinco proyectos manejados por la Comisión Nacional del Deporte.
En el caso de los recursos solicitados por los municipios y organizaciones para proyectos de cultura deben tener, forzosamente, el visto bueno de la Comisión de Cultura para poder ser considerados en el 2016 y pasar luego a la Comisión de Presupuesto.
La Comisión de Cultura, presidida por el panista Santiago Taboada Cortina, solicitó una ampliación presupuestal de 32 mil 163 millones de pesos para atender 3 mil 439 proyectos registrados que solicitaron recursos.
Es decir, la Comisión de Cultura solicitó una ampliación presupuestal 34 veces mayor que la Comisión del Deporte.
El hecho podría pasar como normal en un momento de negociaciones presupuestales; sin embargo, la sospecha persigue a esa Comisión gracias a un personaje que fue acusado de cobrar moches a organizaciones culturales.
El suplente de Taboada, presidente de la Comisión, es Alejandro Méndez González, quien era secretario técnico de la Comisión de Cultura en el 2014, cuando la entonces diputada Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano, lo denunció ante la PGR por supuestamente pedir moches a cambio de asignaciones presupuestales.
La Comisión de Cultura era presidida, en ese entonces, por la diputada panista Margarita Saldaña.
Según Huidobro, Méndez González pidió a una organización un anticipo de 300 mil pesos y el 10 por ciento de lo que se obtuviera en la negociación del Presupuesto de Egresos a cambio de bajarles recursos en el 2012 y el 2013.
La exdiputada dijo que varias organizaciones le mostraron más pruebas de que Méndez González les pedía dinero a cambio de recursos.
La denuncia, sin embargo, se cayó en la PGR porque un testigo desconoció un documento supuestamente firmado por él y presentado ante la autoridad. De ahí que no prosperara.
Ahora, Méndez González trabaja como asesor en la Comisión de Cultura y ésta es presidida nuevamente por el PAN.
> Santiago Taboada Cortina
Presidente de la Comisión de Cultura
Cercano al exdelegado de Benito Juárez, Jorge Romero, fue acusado en mayo pasado por Javier Salas, un empresario del Distrito Federal, de pertenecer a una red de cobro de moches en la delegación. Romero, es cercano a Gustavo Madero.
> Alejandro Méndez González
Secretario técnico de la Comisión de Cultura en el 2014
Ese año fue denunciado por Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano, por supuestamente pedir moches a cambio de asignaciones presupuestales.
Actualmente trabaja como asesor en la misma Comisión.
Recursos cuestionados
En la anterior Legislatura, algunos diputados fueron acusados por pedir “moches” a los alcaldes a cambio de que el dinero bajara hasta sus comunidades.
Uno de los casos fue el del panista Luis Alberto Villarreal, a quien se le acusó de pedir una parte del dinero que se daba a los municipios, además de condicionar su entrega a la contratación de ciertas empresas relacionadas con el PAN.
Él mismo acudió a la Procuraduría General de la República para pedir que se le investigara. En un rápido proceso, fue exonerado de su propia solicitud.
Otro escándalo ocurrió cuando se conoció que algunos municipios de Nuevo León habían recibido dinero de asignaciones presupuestales etiquetadas por diputados que ni siquiera eran de ese estado.
En el 2013 fue el caso del municipio de Lampazos, a donde fueron enviados más de 70 millones de pesos –a pesar de ser una localidad de solo 5 mil habitantes-, causa a la que colaboraron Jorge Sotomayor, exdiputado federal del PAN por el Distrito Federal –y luego independiente- y Karina Labastida, exdiputada federal panista por el Estado de México, quienes cedieron los 10 millones de pesos que tenían derecho a etiquetar a esa comunidad.
Ese municipio tuvo ese año una asignación de 46 millones de pesos de presupuesto; los recursos etiquetados discrecionalmente por los diputados fueron de 70.7 millones.
Denuncias de varios alcaldes y funcionarios de gobiernos locales señalaban que los diputados “enviaban” el dinero a municipios donde podían cobrar una comisión o recibir un favor político para sus carreras.
En febrero del 2014, el PRI de Nuevo León presentó una denuncia en la Auditoría Superior de la Federación para que investigara sobre los supuestos moches que recibían algunos legisladores.
Ahora, será obligación de la Auditoría Superior vigilar el destino de los 17 mil millones de pesos en próximo año.
fuente.-
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