La campaña ilegal del Partido Verde en las elecciones de 2015 pasará a la historia como el momento en que un competidor se burló de los poderes públicos y decidió irse por la libre sin importar los daños que causaría en nuestra ya de por sí herida democracia.
Las elecciones intermedias serán recordadas en el mejor de los casos por la impotencia de los árbitros electorales, los cuales por más que impusieron elevadas multas, fueron incapaces de corregir a tiempo la conducta de su destinatario y por tanto de resarcir el daño que ocasionó en la equidad de la contienda.
Como cualquier otra empresa el Verde hizo un cálculo costo-beneficio. Concluyó que era más lo que iba a ganar en prerrogativas públicas por el incremento en sus porcentajes de votos y cargos de representación —derivados precisamente de sus actos ilegales—, que el monto total de las multas que tendría que pagar por éstos. Y actuó en consecuencia.
Hagamos un breve recuento: Difundió cineminutos producidos por una empresa propiedad del hermano de Arturo Escobar; lanzó una andanada de tuits de la chafarándula y de la selección mexicana de futbol durante la jornada electoral; entregó masivamente utilitarios explícitamente prohibidos, como las mochilas y los termos que todavía se ven por las calles; se apoderó de padrones de los electores y por tanto de sus datos personales con fines publicitarios; entregó tarjetas platino de descuentos en las que invitaba a votar por el Verde a ciudadanos que no militaban en ese partido; hizo proselitismo electoral con el tiempo en televisión que le correspondía para rendir informes de labores legislativas, y súmele a la lista. Todo ello bajo el amparo de una constelación de grupos de interés, poderes fácticos, proveedores y traficantes de influencia que hacen de la cosa pública un negocio privado.
Envalentonado el gobierno con la mayoría legislativa que alcanzó con el apoyo de sus aliados, Arturo Escobar, dirigente del Partido Verde, pasó de ser perpetrador de delitos a encargarse de prevenirlos. Con su nombramiento como subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito en la Secretaría de Gobernación, Peña Nieto recompensó al Verde por haber fungido como el fontanero electoral que hizo el trabajo sucio para que el PRI no se manchara. Por los días en que se dio a conocer esta designación, con el humor que desnuda al poder a pinceladas, un monero ironizó que con solo quitarlo de la dirigencia del Verde ya se prevenía el delito.
Desde distintos frentes se le advirtió al Ejecutivo que este nombramiento socavaba su propia institucionalidad. Decenas de organizaciones de la sociedad civil calificaron como altamente preocupante que alguien que promovió como legislador la pena de muerte, la reducción en la edad penal y otras políticas opuestas a una visión preventiva del delito, pudiera sostenerse como interlocutor. Cuestionaron que además de carecer de conocimiento y trayectoria en la materia, en 2009 este político fue sorprendido en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez con más de un millón de pesos contenidos en una maleta sin que a la fecha pueda aclarar su procedencia ni su destino. Por todo lo anterior, el nuevo funcionario distaba de cumplir con el perfil para implementar programas para fomentar una cultura de la legalidad entre la población. En vez de que la contundencia de estos argumentos provocara la rectificación del gobierno, éste cerró filas para proteger al subsecretario. Fue un agravio a la sociedad, sobre todo a las organizaciones que llevaban años dedicadas a estos temas.
Sin embargo, en un hecho inédito en un país fastidiado por tanta impunidad, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dio a conocer el pasado 25 de noviembre que consignó una averiguación previa a un juez en la que indicia a este alto funcionario como presunto responsable de delitos electorales relacionados con aportaciones en dinero y en especie. En un plazo no mayor a 10 días dicho juez tendrá que determinar si existen suficientes pruebas para girar una orden de aprehensión.
Tras una investigación de seis meses, la Fepade acusa a Escobar de haber celebrado un contrato con una empresa para la elaboración y entrega domiciliaria de 10 mil tarjetas Premia Platino en tiempos de campaña. La violación a la ley electoral consiste en entregar un beneficio directo para presionar al elector a que vote en un sentido. Dicho criterio aplica en la distribución de esta tarjeta, pues ofrecía descuentos en más de 8 mil establecimientos acompañados por una hoja con la frase “Felicidades. Muchas gracias por ser Verde” y el logotipo de tal partido.
Por lo pronto, en un escueto comunicado difundido en Twitter, Arturo Escobar dio a conocer que ha decidido separarse de su cargo. Su anuncio anticipa que el asunto va en serio y que posiblemente ya no cuenta con el respaldo de sus antiguos encubridores. De confirmarse su orden de aprehensión, sería el primer funcionario de primer nivel en ser llevado ante un juez en un sexenio marcado por casos de corrupción del gobierno como las casas de las Lomas y de Malinalco, los contubernios con OHL y Grupo Higa, la cancelación del tren México-Querétaro y la construcción del aeropuerto en Texcoco.
De todo ello se derivan las siguientes conclusiones:
1. Conjugados, el anuncio de la Fepade y la presión de la sociedad civil desembocaron en la salida de Escobar de la subsecretaría. Aun si el juez negara girar orden de aprehensión, el costo de restituirlo en tal cargo sería altísimo. Eso hay que celebrarlo y estar atentos a que el nuevo titular cumpla con un perfil indicado.
2. La Fepade hizo lo que el TEPJF y el INE rehuyeron: Entrarle de frente al combate de los delitos electorales y ponerle nombres y apellidos a los responsables. Lamentablemente, por la propia naturaleza de la fiscalía, encargada de perseguir delitos una vez que se consuman, su decisión no podrá resarcir el daño que el Partido Verde infringió en la equidad y la certidumbre de la contienda de 2015. Eso lo pudieron y debieron hacer en su momento los magistrados y consejeros de las citadas instituciones. Lo que sí representa esta acción es una sana advertencia a futuros competidores de que violar la ley electoral, más allá de sanciones etéreas a partidos, puede tener consecuencias personales como la privación de la libertad, sin importar el cargo que se detente. Aunque todavía carece de autonomía, la Fepade actuó con más autonomía que las instituciones electorales que formalmente cuentan con ésta.
3. Tiene razón Incide Social en su comunicado sobre la renuncia de Arturo Escobar. Merece como cualquier otro ciudadano en una situación similar un debido proceso y el pleno respeto a sus derechos humanos. Lo que no se vale es la andanada mediática que ya se prepara para victimizar a quien fuera diputado de la telebancada. Tampoco serían admisibles injerencias de poderes públicos y privados en un proceso judicial que tiene que ser llevado con plena autonomía y apego a la legalidad.
El exceso de nombrar a Escobar en una cartera encargada de prevenir el delito ahora se vuelca en contra de un gobierno que por más vergüenzas que pasa aún se siente intocable. Que alguien le diga a Peña Nieto que este nombramiento equivalió a “dejar la Iglesia en manos de Lutero”, o, mexicanizado, a “dejar el Penal del Altiplano en manos del Chapo”. Cuando la metáfora tiene parecido con la realidad, no es mera coincidencia.
La averiguación previa de la Fepade y la consecuente renuncia de Arturo Escobar son dos gotas de justicia en un mar de impunidad.
fuente.-LaSillaRota
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