Con la “disciplina del silencio”, como la describió a Proceso un alto representante del gabinete de seguridad, Joaquín Guzmán Loera operó su fuga sin descuidar el control de su negocio.
En la cárcel de El Altiplano se sabía de sus relaciones y negociaciones internas y externas y, de acuerdo con información obtenida mediante la plataforma de Méxicoleaks, se conocieron también los contactos de sus abogados con funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
Las autoridades estaban al tanto de sus planes a detalle, pero dejaron actuar al líder del Cártel de Sinaloa. Proceso buscó el punto de vista de la Segob, a través de su Dirección de Comunicación Social, pero hasta el cierre de la edición no había contestado.
Un día después de la segunda detención de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el domingo 23 de febrero de 2014, el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, le hizo saber que en el departamento donde fue aprehendido, en Mazatlán, se habían encontrado documentos del Ejército y la Marina sobre su persecución.
El Chapo dijo que nadie lo ayudaba. Zerón le aseguró que la documentación de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina se refería a las actividades de él, los vehículos que usaba y mapas militares de la sierra de Sinaloa. Guzmán insistió en negar cualquier protección oficial.
El diálogo fue referido como “información de inteligencia” por los agentes de la Policía Federal encargados de vigilar al capo en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano. Los policías federales dijeron que sólo era una parte de la conversación entre el jefe policial y el interno, identificado en su expediente penitenciario y policial como Benito.
No sería la última vez que desde El Altiplano se hablara de protección gubernamental en torno al líder más perseguido del Cártel de Sinaloa.
Información de inteligencia obtenida por Proceso mediante la plataforma Méxicoleaks y corroborada con funcionarios del gabinete de seguridad y del sistema penitenciario da cuenta de una supuesta protección desde la propia Secretaría de Gobernación (Segob) para facilitar la segunda fuga del Chapo de una prisión llamada de máxima seguridad.
Recopilada durante más de un año, mientras Guzmán estuvo preso en El Altiplano, en el Estado de México, esa información refiere también pactos y alianzas del líder del Cártel de Sinaloa dentro y fuera de la cárcel para seguir operando como uno de los principales jefes del narcotráfico en México. El acuerdo más importante lo alcanzó con Los Zetas, o por lo menos con el grupo de Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, señalado como jefe regional en Tamaulipas de esa organización delictiva y quien murió en el penal en septiembre pasado por causas aún no aclaradas.
Para ambas operaciones Guzmán se apoyó en dos de sus abogados: Andrés Granados Flores y Óscar Manuel Gómez Núñez, quienes le permitieron operar la fuga y la búsqueda de acuerdos dentro del penal no sólo por su seguridad sino para continuar con sus actividades delictivas, según las acusaciones en su contra. El Chapo complementó esa doble operación con lo que un funcionario del gabinete de seguridad describió como la “disciplina del silencio”.
“Bajo perfil”
La actitud “mesurada, de bajo perfil” de la que dan cuenta los datos obtenidos siguió a la pretensión inicial del Chapo de buscar una negociación con las autoridades para no ser extraditado a Estados Unidos, donde tiene abiertos por los menos seis expedientes penales en cortes de California, Texas, Nueva York, Nueva Hampshire y Chicago.
VEA TAMBIEN.- MARTES, 27 DE ENERO DE 2015
La información en torno a Guzmán Loera en el penal de El Altiplano era extensa. La tenían la Policía Federal (PF) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de la que depende el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Todas, bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación.
Sus actividades en el penal eran seguidas y reportadas a las oficinas de la División de Inteligencia de la PF, en avenida Constituyentes, en el poniente del Distrito Federal.
Los agentes federales encargados de su vigilancia registraron también las numerosas visitas que recibió, los pactos que logró establecer para su seguridad en el penal, sus operaciones desde la cárcel y la tregua pactada con Los Zetas, o al menos con un sector de esa organización delictiva. No se sabe qué se hizo con toda esa información.
El Chapo desplegó un equipo de siete abogados para su defensa, pero Granados Flores y Gómez Núñez fueron la clave para sus operaciones dentro y fuera del penal, de acuerdo con la información de inteligencia. A ambos los nombró como sus defensores el 25 de febrero, cuando tras su detención anunció que apelaría el primer auto de formal prisión en su contra por el cargo de delincuencia organizada en su variante de delitos contra la salud.
Después sumó a su equipo de litigantes a Juan Clemente Morales, José Refugio Rodríguez Núñez, Fernando Botello Becerra, Juan Pablo Badillo Soto y Héctor Manuel Rábago Romero.
Cada uno cumplía funciones específicas; Badillo Soto, por ejemplo, estaba encargado únicamente de promover amparos contra la extradición de Guzmán a Estados Unidos, según informó el propio abogado a este semanario (Proceso 2022).
Rodríguez Núñez tenía la encomienda de organizar la “asesoría jurídica” para la publicación del libro El Ahijado, sobre la vida del capo. El libro sería una biografía autorizada por el propio Guzmán Loera.
Los abogados fueron su principal contacto con el exterior. En octubre pasado, el senador perredista Alejandro Encinas, integrante de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional, reveló que El Chapo recibió 272 visitas de sus abogados, 68 de familiares y 46 conyugales. Esas visitas frecuentes le permitieron tener contacto con lo que pasaba afuera del penal durante 386 de los 477 días que estuvo en prisión; es decir, 80% de su tiempo en reclusión.
Los reportes indican que Granados Flores se encargó de los contactos en Gobernación para obtener “los planos, croquis e imágenes del penal” y otros beneficios para El Chapo mientras estuvo preso.
Aseguran que el abogado tenía “conocimiento de la escala jerárquica de funcionarios relacionados con los Centros Penitenciarios en otras instituciones de gobierno”. En particular, refirió en una ocasión “a un amigo que está por arriba de la licenciada Celina Oseguera Parra”, coordinadora general de los Centros Federales, en el OADPRS.
Por encima de Oseguera Parra sólo había tres personas: el comisionado del OADPRS, Ignacio Hernández Mora; el titular de la CNS, Monte Alejandro Rubido García, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Hernández Mora fue el jefe inmediato de Oseguera Parra hasta que ocurrió la fuga. Fue cesado por Osorio Chong, pero la PGR sólo le pidió que declarara ante el Ministerio Público, sin que él ni ningún otro colaborador cercano de Osorio Chong en el órgano carcelario hayan sido considerados probables responsables de la fuga (Proceso 2030).
La PGR, en cambio, detuvo a Granados Flores tras la evasión, pero el litigante obtuvo su pronta libertad porque, a decir de la justicia federal, el Ministerio Público no presentó suficiente evidencia en su contra al consignar su expediente.
Los datos entregados a este semanario a través de la plataforma Méxicoleaks refieren que el 23 de junio de 2014 Granados Flores mencionó a Hernández Mora “probablemente con la finalidad de contactarlo y llegar a ciertos acuerdos, por lo que probablemente ofrecerá dinero a cambio de obtener beneficios para Benito”. Ese mismo día, de acuerdo con los reportes policiales, Celina Oseguera Parra fue a El Altiplano.
La misma información refiere que desde el 11 de julio de 2014, exactamente un año antes de la evasión, se reportó “fuga de información sensible” porque “Benito cuenta con contactos en la Secretaría de Gobernación”.
Precisa: “Mediante inteligencia penitenciaria se pudo identificar que Benito tiene contactos en la Secretaría de Gobernación”, que le informan de las decisiones de la dependencia sobre los traslados de internos a otros centros federales, en su caso primero durante dos meses a Matamoros y luego a Durango, donde podrían atentar en su contra. Según los agentes policiales, Oseguera Parra insistió en que “el exjefe del Cártel de Sinaloa” fuera trasladado al Cefereso 3, Noreste, en Tamaulipas.
El Chapo encargó a sus abogados que investigaran “todo lo referente a dichos ceferesos”, desde la comida, las visitas y la tranquilidad, “porque actualmente se encuentra a gusto, pero desea saber si le conviene el cambio”. La información es insistente en que sus abogados eran informados “por una persona cercana al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong”.
Joaquín Guzmán incluso se enteró en junio de 2014 que sus abogados habían conversado “con cierta persona, quien tomará el mando de la Gendarmería”. Dos meses después, Manelich Castilla Craviotto –quien formó parte del equipo de Genaro García Luna cuando éste fungió como secretario de Seguridad Pública– fue designado comisario de la División de Gendarmería. Lo mismo ocurrió con el nombramiento de Celina Oseguera. El Chapo se enteró un día antes de que se anunciara la designación, el 30 de julio de 2014.
Según el monitoreo policial, Gómez Núñez expresó optimismo por la llegada de Oseguera Parra. De Granados Flores dice que se reunió también con la entonces funcionaria el 25 de enero de este año porque a Guzmán le habían retirado el televisor.
El Chapo fue informado por Granados Flores de que todos los internos del pasillo 2 del área de Tratamientos Especiales, donde él se encontraba, serían cambiados de penal, por lo que Guzmán le pidió al litigante los datos de su amparo a fin de evitar el traslado.
El adelanto sobre el movimiento masivo de internos lo compartió Guzmán con El Canicón; con Mario Cárdenas Guillén, M-1, del Cártel del Golfo; Arturo Martínez Herrera, El Texas, narcotraficante y traficante de personas en el norte de Tamaulipas, y con Eduardo Teodoro García Simental, El Teo, que operaba en Tijuana.
Los datos señalan que a través del abogado Gómez Núñez el sinaloense recibió información de funcionarios públicos “con quienes posiblemente tienen vínculos, con la finalidad de obtener beneficios en su proceso legal”. Gómez Núñez está ahora detenido, acusado de haber sido el principal operador y organizador de la fuga.
Siempre al tanto
El Chapo continuaba sus operaciones ilícitas por conducto de Gómez Núñez. “Con apoyo de dicho defensor se mantiene informado acerca de los nuevos grupos delictivos que está formando su gente al exterior del Centro Federal”.
El monitoreo lo señala como contacto con otros grupos delictivos, en particular con integrantes de Los Zetas, con el fin de “realizar un pacto entre organizaciones para mediar los intereses en común”.
De acuerdo con el seguimiento policial, reportado en noviembre del año pasado, el propósito de ambas organizaciones era reducir los niveles de violencia.
Añade que debido a los 10 procesos penales que el capo tenía en ese momento en su contra, fueron constantes sus traslados al área de juzgados, lo cual le permitió comunicarse con otros internos, entre ellos con El Teo, El Canicón y con Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss.
Asegura que desde su llegada al penal, El Chapo se mostró mesurado, con un perfil bajo, “aunque alerta ante señalamientos de la posibilidad de que algunos enemigos internos en dicho penal pudieran atentar contra su vida o la de sus familiares, por lo que mantuvo una conducta conciliadora y de no agresión”. Uno de sus hermanos, Arturo, fue asesinado en 2004 en ese mismo penal.
La misma actitud negociadora la tuvo con funcionarios de la PGR y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional desde el primer día en que lo entrevistaron en El Altiplano, con quienes buscó evitar que lo extraditaran a Estados Unidos.
El seguimiento policiaco reportó que la actitud reservada del Chapo obedeció también a las prerrogativas legales y “algunos privilegios cedidos por las autoridades del penal”. El énfasis fue puesto por sus vigilantes en la relación con sus defensores: “Se observa más relajado en cuanto a la comunicación que mantiene con sus abogados, a los cuales utiliza como mensajeros, al igual que a su pareja, Emma Modesta Coronel Aispuro”.
Los “pactos de no agresión” incluyeron al Cártel del Golfo mediante Mario Cárdenas Guillén, El M-1, quien supuestamente le propuso actividades conjuntas, así como a los hermanos Teodoro, Marco Antonio y Eleazar García Simental, con influencia en Tijuana, y con quienes supuestamente acordó el trasiego de una droga identificada como “paloma”.
También se menciona el mismo tipo de acuerdos con Guerreros Unidos, a quienes se responsabiliza de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y con Los Paisas, grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sin embargo, se indica que Guzmán Loera expresó su enemistad con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder de esa organización, pues éste presuntamente asesinó a algunos de sus colaboradores. El Canicón le expresó igualmente su confrontación con Oseguera Cervantes porque mantenía conflicto con Los Paisas dentro del penal.
Otro enemigo común mencionado en la información fue Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.
Según los reportes, Guzmán Loera aseguró haber despedido a Valdez Villarreal “porque se puso a robar y secuestrar” por su cuenta, mientras Nájera Talamantes aseguró que La Barbie le robó droga a Osiel Cárdenas Guillén cuando éste era el líder del Cártel del Golfo y Los Zetas eran su brazo armado.
La información expone que la estrecha relación que El Chapo tuvo con Nájera Talamantes molestó a Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, y a su hermano Omar, El Z-42. El Canicón murió en el penal el pasado 7 de septiembre y fue uno de los internos que declaró sobre la fuga de Guzmán.
La Barbie fue extraditado a Estados Unidos en septiembre último mientras los internos que compartieron con El Chapo en la zona de Tratamientos Especiales y supieron directamente de la huida fueron movidos a distintos penales federales, pese a que varios de ellos tenían amparos contra sus traslados (Proceso 2031).
Los encargados de la vigilancia del Chapo aseguran que recomendaron medidas para “inhibir y neutralizar” la capacidad del reo de comunicarse con otros internos y mantener sus operaciones desde el penal.
La Secretaría de Gobernación, a través de su Dirección Social, fue requerida por Proceso ante la información obtendida vía Méxicoleaks. El miércoles 18 se envió por correo electrónico al titular de esa oficina, Roberto Femat Ramírez, un cuestionario. Al día siguiente la solicitud se hizo por escrito a esa misma oficina. Al cierre de esta edición, la noche del viernes 20, no había respuesta.
Todos lo sabían, nadie hizo nada
Muchas señales de alerta fueron enviadas por los policías federales encargados de vigilar a Joaquín El Chapo Guzmán cuando estaba preso en El Altiplano. Todas apuntaban a una posible fuga del narcotraficante, según revela información obtenida por este semanario gracias a la plataforma Méxicoleaks, misma que fue verificada con funcionarios del gabinete de seguridad. Pero todo lo informado por los agentes a sus entonces jefes, Ramón Eduardo Pequeño, de la División de Inteligencia de la PF, y Monte Alejandro Rubido, titular de la Comisión Nacional de Seguridad –ambos subordinados del secretario de Gobernación, y antes parte del equipo de Genaro García Luna–, cayó en el vacío. Nadie se dio por enterado. Nadie evitó el escape.
La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera era un escenario posible que advirtieron en distintas ocasiones los policías federales encargados de su vigilancia. A través de las escuchas de sus conversaciones supieron que con la ayuda de sus abogados, de otros internos del Altiplano y contactos con funcionarios de la Secretaría de Gobernación estaba tras los planos de ese penal.
También interesados en obtenerlos se mostraron los representantes de la empresa Systemtech, responsable de colocarle a Guzmán el brazalete que lo ubicaba en el área de Tratamientos Especiales, de donde nunca fue movido.
Los agentes federales reportaron esos hechos desde el Cefereso número 1 a quienes tenían que saberlo en la División de Inteligencia, en la Ciudad de México. La información acabó perdida en la red de funcionarios de esa área de la Policía Federal (PF).
La posibilidad de una segunda fuga de un penal de máxima seguridad fue considerada por sus vigilantes desde finales de 2014, pero todavía en marzo de este año, a cuatro meses de que ocurriera, la valoraron como “compleja”, según información de inteligencia obtenida por Proceso a través de la plataforma Méxicoleaks y verificada con funcionarios del gabinete de seguridad.
Concretada la evasión la noche del sábado 11 de julio, los encargados de la vigilancia del líder más conocido del Cártel de Sinaloa informaron cinco días después: “El área a cargo de dicho seguimiento se hizo cargo de informar a los mandos que correspondía, la intención de dar un seguimiento puntual de las relaciones que el capo iba consolidando mientras se encontraba en reclusión. Por ello se realizó el documento… en el que se enfatizó las intenciones desde finales de 2014 que tenía el exlíder de planear una fuga, por supuesto con el apoyo de funcionarios”.
La información es parte de reportes de inteligencia y tarjetas informativas elaborados para la PF, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Secretaría de Gobernación (Segob).
Como responsable de las políticas de seguridad pública para el país, la Segob absorbió a partir de este sexenio las funciones de la Secretaría de Seguridad Federal y las concentró en la CNS, de la que depende la Policía Federal. Además, es responsable del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encargado de la administración de los penales federales.
La fuga del Chapo implica a todas esas instancias, además de las autoridades del Altiplano. Sin embargo, y a pesar de las alusiones a “altos funcionarios” de la Segob, sólo una del OADPRS ha sido acusada como probable responsable de la evasión: Celina Oseguera Parra, entonces coordinadora general de Centros Federales.
Su jefe inmediato, el titular del OADPRS, Ignacio Hernández Mora, sólo fue cesado, sin que se abriera una indagatoria penal en su contra, de acuerdo con lo informado hasta ahora por la Procuraduría General de la República (PGR).
Tampoco se inició proceso penal contra el jefe de la División de Inteligencia, el comisario Ramón Eduardo Pequeño García, el primer responsable del seguimiento y vigilancia del Chapo. Sólo fue removido en espera de ser reasignado a una nueva área dentro de la PF.
Ambos fueron protegidos por su jefe, el entonces titular de la CNS, Monte Alejandro Rubido García. Hernández Mora había llegado al OADPRS a instancia de Rubido, pese a su falta de conocimiento en el área penitenciaria, lo que generó diferencias con Oseguera, quien sí tiene una experiencia de casi tres décadas en la materia.
Ante el escándalo internacional por la evasión, Pequeño García tuvo que salir de la División de Inteligencia, pero a instancias de Rubido se esperaba que fuera designado titular de la Policía Cibernética. Su nuevo nombramiento sólo era cuestión de días.
Los funcionarios federales contaron a Proceso que su nuevo encargo se haría al mismo tiempo que la designación como nuevo jefe de la División de Inteligencia de Damián Canales Mena, quien había renunciado como jefe de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México tres semanas antes de la fuga del Chapo.
Pero en la víspera del nombramiento, que se hizo el 15 de julio, Pequeño García fue captado por los servicios de inteligencia de la Segob en una reunión con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna en un restaurante del sur de la Ciudad de México. El titular de la Segob ordenó la salida definitiva de Pequeño de la PF.
Su hasta entonces jefe y viejo aliado, Monte Alejandro Rubido, también cercano a García Luna, terminó por renunciar a la CNS el 27 de agosto, a pesar de que tras la fuga dijo que no dimitiría.
Segundas alertas
De acuerdo con lo reportado durante la prisión del Chapo, la perspectiva de un segundo escape se volvió a considerar en marzo de 2015, cuatro meses antes de que ocurriera.
Los encargados de vigilar a Guzmán, a quien se referían como Benito, escribieron: “No se puede descartar una segunda fuga ya que existe la posibilidad de que esté coadyuvando con algún otro recluso, esto debido a que los planos del Cefereso Altiplano podrían servir también para los de Occidente y Noreste porque fueron construidos de la misma forma”. El penal de Occidente está en Guadalajara –de donde El Chapo se fugó en 2001– y el Noreste, en Matamoros, Tamaulipas.
Los vigilantes de Guzmán también habían detectado que por medio de su abogado Andrés Granados Flores El Chapo solicitó los planos, croquis e imágenes del penal del Altiplano, así como de la distribución de los internos. El litigante fue uno de los primeros detenidos tras la fuga, pero la PGR careció de pruebas para demostrar su culpabilidad, por lo que la justicia federal decretó su liberación.
Los encargados del seguimiento refirieron que la búsqueda de los planos “pudiera obedecer a la intención de tratar de fugarse nuevamente, aunque las condiciones, de concretarlas, se aprecian complejas”.
El primer intento por conseguir los planos ocurrió el 14 de marzo de 2014, cuando Guzmán apenas llevaba un mes preso en el Altiplano. Según sus vigilantes, ese día ingresaron al penal José Rodolfo Ordóñez Arce y Miguel Ángel Razo Quevedo, representantes de la empresa Systemtech, quienes recorrieron diferentes áreas del Cefereso para ver si era factible instalar un sistema de monitoreo georreferenciado que se activaría por radiofrecuencia.
El sistema consistiría en colocar un dispositivo en el tobillo o muñeca de Benito que emitiría una alarma audiovisual en caso de que se utilizara en una ruta diferente al momento de desplazarse hacia los juzgados o las áreas de visita.
Los técnicos pidieron un croquis del penal. El entonces director del Cefereso 1, Valentín Cárdenas Lerma, actualmente detenido, les dijo que la petición la debían hacer al OADPRS.
Seis días después de ese recorrido, el 20 de marzo, el técnico de la empresa Mario Alberto Portela Gil, entró a la celda del Chapo, la número 20 del pasillo 2 del área de Tratamientos Especiales, donde estaban concentrados varios de los principales jefes del narcotráfico en México.
El técnico colocó un contacto para que Guzmán Loera pudiera cargar el brazalete por lo menos durante dos horas al día. El propósito era que lo usara como reloj, según dijo el director del penal. El dispositivo le fue colocado ese mismo día, pero sus vigilantes reportaron que le tuvo que ser cambiado en tres ocasiones.
Los funcionarios gubernamentales aseguran a este semanario que durante toda la vigilancia el brazalete fue inútil. Dicen también que las investigaciones por la evasión incluyen a Systemtech.
Según el portal electrónico de la empresa Systemtech Soluciones Tecnológicas se trata de una firma dedicada a la venta de productos y servicios de tecnología creada en 1978. Entre sus productos está el dispositivo de rastreo satelital “para preliberados o programas de justicia restaurativa”.
En los registros de la CNS sobre empresas de seguridad privada autorizadas está registrada como Systemtech Sistemas Tecnológicos, S.A. de C.V., con permiso para operar en todo el país hasta junio de 2016.
Fundada por mexicanos de origen israelí, la firma tiene autorización para la instalación de alarmas y monitoreo electrónico, así como para la venta e instalación de equipos, dispositivos, aparatos y sistemas de posicionamiento global (GPS), entre otras capacidades.
Proceso buscó a los representantes de la empresa; no contestaron.
Systemtech Sistemas Tecnológicos también ha sido contratada por el Gobierno del Distrito Federal para el monitoreo electrónico de preliberados. Uno de los contratos más recientes data de enero de este año.
El Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal indica que su principal accionista fundadora fue la firma Asiagro Private Limited. Su actual administrador es Manuel Calderón Correa. Uno de sus comisarios ha sido Samuel Fridman Goldberg, quien aparece en la lista de Swissleaks sobre los mexicanos que ocultaron dinero en Suiza, según los registros del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, de Washington.
Los reportes sobre El Chapo enviados a la División de Inteligencia se refieren a esa misma razón social como la encargada de instalar un sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) mediante un brazalete “instalando en el centro de control la estación de monitoreo”. Desde el inicio aclaró que el dispositivo sólo iba a operar en el área de Tratamientos Especiales.
El centro de monitoreo del penal estaba a cargo de efectivos de la PF que ahora están también acusados como corresponsables de la fuga. En total, 12 de ellos están bajo proceso penal por la evasión. Pero la responsabilidad establecida por la PGR no va más allá de estos empleados.
Los resultados del monitoreo se transmitían a la División de Inteligencia, en la sede de la PF en la Ciudad de México. Para el funcionamiento del brazalete, el RFID tiene un microchip adjunto a una o más antenas que emiten ondas de radio y reciben las señales del dispositivo.
Los agentes federales sostuvieron que fue el 5 de agosto del año pasado cuando Cárdenas Lerma recibió indicaciones de Celina Oseguera en el sentido de que para aumentar la seguridad y mejorar la ubicación de Benito se iban a colocar antenas de seguridad. Le informó que al día siguiente personal de una empresa cuyo nombre no se indica entraría al Cefereso para “realizar unos estudios de campo en relación a unas antenas que precisarán la ubicación de Benito”.
Cárdenas le advirtió a Oseguera que el brazalete ya estaba muy deteriorado y ese mismo día se le había caído al interno durante la visita familiar.
En una interpretación de esos datos, la información considera que la ubicación y coordenadas precisas del Chapo en el penal pudieron haber sido por las antenas o a través del cargador del brazalete, si es que tenía un GPS.
En la década pasada José Rodolfo Ordóñez Arce, uno de los representantes de Systemtech y quien de acuerdo con los informes recorrió el penal, fue subdirector de Informática en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal. En 2005, empleados de esa oficina protestaron ante el entonces jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, por los malos tratos de Ordóñez Arce.
Múltiples avisos
En los detalles técnicos sobre la vigilancia del Chapo se reportaron fallas en la cámara 326 los días 24, 25 y 26 de junio de 2014, aproximadamente media hora cada vez. Esa cámara estaba justamente en el pasillo 2, estancia 20, “donde se ubica Benito”.
Lo que pasó después con toda esa información no se conoce. Se diluyó en la División de Inteligencia. Así lo consignan los datos obtenidos por Proceso a través de la plataforma Méxicoleaks.
Los encargados de vigilar a Guzmán Loera en el penal transcribieron las conversaciones del Chapo en las salas familiares, las visitas íntimas, los locutorios y los juzgados. La información era enviada entonces a la Dirección General del Centro de Monitoreo, adscrita a la Coordinación de Servicios Técnicos de la División de Inteligencia, en las instalaciones de la PF en la avenida Constituyentes de la Ciudad de México.
Sólo entre el 5 de septiembre de 2014 y el 10 de julio de 2015, el día previo a la fuga, hubo cerca de 400 mensajes electrónicos dirigidos a 14 agentes de inteligencia en Constituyentes sobre lo que ocurría en el penal, en especial con los internos de Tratamientos Especiales. El contenido de los mensajes no fue revelado sino solamente a quienes estuvieron dirigidos. Únicamente se consignó el asunto, la fecha y el tamaño del archivo.
De los 390 mensajes enlistados en ese periodo, 249 eran sobre Benito. El 26 de mayo, por ejemplo, una de las comunicaciones estuvo destinada al ingeniero en computación Pedro Damián Acosta Carrillo, director de área en la División de Inteligencia. El asunto se tituló “Benito Relevante”. El 21 de enero de este año, en un mensaje también dirigido a Acosta Carrillo, el asunto fue “Fallas técnicas Brazalete Benito”. No era la primera vez que ocurría.
Hay también un reporte sobre Cárdenas Lerma; una huelga de hambre el 28 de abril de 2015, y uno más sobre Irma Neri García, una de las mujeres de Guzmán.
Hubo también comunicaciones específicas sobre los compañeros del Chapo en el pasillo 2 del área de Tratamientos Especiales. Destacan por su incidencia los de Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, jefe regional de Los Zetas en Tamaulipas, y con quien, según los reportes, había pactado una tregua dentro y fuera del penal.
Nájera estaba en el mismo pasillo que El Chapo, aunque no en celdas contiguas. Falleció el 7 de septiembre pasado por causas no aclaradas, cuando enfrentaba cuatro litigios contra las nuevas autoridades del Altiplano. Su intención era desactivar los castigos que le empezaron a aplicar luego de declarar ante la PGR lo que sabía sobre la fuga y las actividades de Guzmán en el llamado penal de máxima seguridad (Proceso 2030).
En teoría, la información que producían los policías federales en el Altiplano era recibida en la Dirección General del Centro de Monitoreo Técnico de la División de Inteligencia y entregada para su análisis al entonces comisario Pequeño García. De la División de Inteligencia, la evaluación de los datos era entregada al entonces titular de la CNS, Rubido García, quien debía pasar el producto de inteligencia al titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Entre los datos filtrados se asegura también que en dicha Dirección General prevalece la improvisación desde hace más de dos años, cuando los anteriores mandos fueron cambiados por denuncias de corrupción y acoso sexual y laboral.
Entre los nuevos mandos está el encargado del Centro de Control en el Altiplano, Vicente Flores Hernández, quien recibía la información sobre las actividades de Guzmán.
Flores le reportaba al director de Monitoreo Técnico, David Fernando Rodríguez Robledo, y éste a Dante Barrera Aguilar, encargado interino de la Dirección General del Centro de Monitoreo Técnico.
Hasta ahora sólo Flores Hernández ha sido señalado por la PGR por su probable responsabilidad en la evasión. Barrera y Rodríguez, como Rubido y Pequeño, formaron parte del equipo de Genaro García Luna cuando éste fungió como secretario federal de Seguridad Pública.
Rodríguez Robledo es señalado en un escrito atribuido a personal de la Dirección de Monitoreo a Centros Penitenciarios Federales y Puntos Estratégicos como el responsable de haber hecho cambios contrarios al funcionamiento del seguimiento en las cárceles.
Desde marzo de 2013, cuando fue nombrado director de Monitoreo, y con el argumento de que había exceso de personal, desmanteló áreas que afectaron el seguimiento de la información sobre lo que ocurre en los penales federales, según una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto el 31 de agosto pasado y que fue hecha llegar a este semanario por conducto de la plataforma Méxicoleaks.
Fuente.-
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