Ocurrió hace casi un lustro. Un
narcoempresario pasó a las autoridades municipales de Torreón una advertencia
para la periodista Isabel Arvide. “Avísenle a esa vieja que la van a
matar”.
Los narcos no querían a la periodista en
territorio de Coahuila por haber “vendido” al entonces gobernador un modelo de
seguridad que consistía en militarizar las secretarías de Seguridad Pública,
según funcionarios del municipio de Torreón.
Esto publicó mi admirado Francisco Garfias
en su columna Arsenal del diario Excélsior el martes 24 de noviembre.
Eran los narcos los que no me querían, los
que pretendieron matarme, pero también el entonces fiscal, Humberto Torres
Charles.
Encerrados en la oficina de Humberto
Moreira, en palacio de Gobierno, el 15 de septiembre del 2009, el general Marco
Antonio González Barrera, comandante de la 11 Región Militar, el gobernador y
yo, volvimos al tema más recurrente de esos meses: La protección que le daba el
fiscal a criminales, comprobada por los militares.
Humberto Moreira volvió a decir que estaba
dispuesto a quitar a Torres Charles, que no había compromiso alguno. Mi
paciencia era poca, y le dije para la crispación del rostro militar, que era la
quinta vez que nos salía con eso. Y no cambiaba nada, y el hermano de Torres
Charles seguía controlando un cuerpo de élite de la policía al servicio de los
Zetas, y los comandantes en todo el Estado protegían a criminales.
Siete meses después, el fiscal Torres
Charles seguía en su puesto, y yo salía del Estado harta de confrontar un muro
de corrupción sostenido por la voluntad del hermano del gobernador.
Porque era Rubén Moreira, hoy gobernador de
Coahuila, quien se opuso a la salida de Torres Charles siempre. Y ganó.
Años después, porque la realidad es más
necia que muchos, hubo una orden de aprehensión contra el hermano de Torres
Charles por delincuencia organizada. Y Heriberto Lazcano, fundador de los
Zetas, a quien protegía, terminaría muerto en Progreso, Coahuila, por marinos,
confirmando el tamaño de los enemigos a los que me enfrenté.
El “Modelo Coahuila” debe ser analizado a
la distancia, por militares y civiles, como ejemplo de la incapacidad para
vencer la corrupción.
El principio que lo ordenó, que le dio
sustancia, fue muy simple: Poner en manos militares las policías del Estado,
con un esquema organizado y supervisado por la jefatura de la Región
Militar. Con total autonomía, no olvidemos la complicidad de alcaldes con
criminales, e igualdad de salarios y protección oficial. Yo fui su creadora, su
impulsora, su coordinadora.
El gobernador, porque así lo acordamos, no
se reunió nunca en privado con ninguno de ellos, que llegaron a ser 16 con más
de 200 militares bajo sus órdenes, sino en juntas mensuales todos presentes. De
igual forma, porque lo solicitó directamente el entonces secretario de
Gobierno, Armando Luna Canales, llegó un general en activo, el general José
Luis García Dorantes a hacerse cargo de las cárceles dominadas por los Zetas.
Todas las policías estaban en manos de
delincuentes, como le dijeron sus informantes a Pancho Garfias. No había
uniformes ni armas, a tal extremo que es famosa una persecución que hizo el
teniente coronel Manuel Cicero, director de la policía de Gómez Arizpe, que
terminó con su vehículo blindado inservible y la negativa de los policías a
secundarlo.
Uno de ellos, el coronel Arturo Navarro
López fue asesinado 19 días después de llegar como jefe de la policía municipal
a Piedras Negras. Otro, el general Pacheco, tuvo un atentado en Monclova,
mataron a tres de sus escoltas y los Zetas heridos fueron sacados de hospitales
donde los “vigilaban” gente de Torres Charles.
A mí me tocó recoger y entregar cuerpos a
sus familiares.
A diferencia de lo que sucede hoy en otras
entidades, los jefes militares tenían salarios justos, vehículos blindados, y
absoluta autonomía. El problema fue que Humberto no quiso o no pudo romper con
su hermano Rubén que sostuvo a quien, a su vez, protegía a los criminales. Y
así no hay voluntad política que valga, ni uniforme ni balas ni valor.
Enviar, a botepronto, a militares en
situación de retiro a posiciones de seguridad pública, no es la solución. El
“Modelo Coahuila” debería servir para analizar la conveniencia de esta
participación.
Fuente.-
@isabelarvide
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