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| Foto.-SEDENA niega haberse INFILTRADO. |
La
justicia federal está ante la oportunidad de demostrar que la protección a los
derechos humanos va en serio, que pasó a la historia la conocida frase de que
"un auto de formal prisión no se le niega a nadie" y que el
compromiso del Poder Judicial de la Federación de proteger al ciudadano de los
actos autoritarios del gobierno es una realidad.
Mexico,D.F
28/Nov/2014 El juzgado décimo séptimo de distrito -que de acuerdo con
información oficial del Consejo de la Judicatura Federal está a cargo de Juan
Carlos Ramírez Gómora- resolverá en las próximas horas la situación jurídica de
los 11 detenidos por los hechos ocurridos el 20 de noviembre en el centro de la
ciudad de México.
Pareciera
que, de acuerdo a las denuncias de los jóvenes y sus abogados defensores, el
juez de la causa cuenta con elementos suficientes para ordenar la libertad
inmediata de los acusados, quienes -de entrada- no fueron detenidos en
flagrancia y su captura ocurrió lejos del lugar en donde las fuerzas del orden
se enfrentaron con jóvenes embozados, quienes se esfumaron ante la complacencia
policíaca.
Pareciera
que si el juez atendiera la denuncia hecha por los detenidos, en el sentido de
que fueron golpeados durante el trayecto al Ministerio Público federal, tendría
elementos suficientes para ordenar una investigación al respecto y castigar a
los responsables.
Parecería
que el juez tiene el criterio suficiente para darse cuenta que los delitos que
se les imputa a los acusados (motín, tentativa de homicidio y asociación
delictuosa) son prefabricados y exagerados. Como exagerado fue el hecho de
trasladar a los acusados varones al penal federal de Xalapa y a las mujeres a
un reclusorio similar a Nayarit.
En la
reciente comparecencia de los diez aspirantes a consejero de la Judicatura
Federal ante el pleno de ministros, los participantes reconocieron que la
ciudadanía no confía ni cree en las instituciones, ni tampoco en la impartición
de justicia.
El juez
décimo séptimo de distrito tiene en sus manos dictar auto de formal prisión y,
con ello, prolongar la desconfianza ciudadana en la impartición de justicia o
bien dejar libres a los detenidos injustamente y obligar al Ministerio Público
federal a que deje de buscar chivos expiatorios y presente ante la justicia a
los responsables materiales e individuales de la violencia.
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