- Es doloroso aceptarlo, pero las policías de numerosos municipios del país tienen dueño. De manera peligrosa para el Estado mexicano, hay segmentos de las fuerzas de seguridad pública que se encuentran en proceso de putrefacción, pues han subvertido el orden de lo público, en el sentido más literal que puede dársele a esta idea.
Mexico,D.F 27/Oct/2014 Lo que está ocurriendo en el estado de Guerrero se ha convertido en el detonante de un largo y cada vez más profundo deterioro de la seguridad. No debemos olvidar que no es la primera vez que atestiguamos el macabro hallazgo de fosas clandestinas repletas de cadáveres anónimos.
Tamaulipas, Durango, Michoacán, Zacatecas, Sinaloa, Veracruz, hoy Guerrero, son territorios marcados por la ignominia porque en ellos estamos presenciando la más terrorífica de las muertes: la que es producto de los asesinatos impunes y que lleva a las personas al olvido más cruel: el anonimato total encubierto de “desaparición” inexplicable.
El estallido social se produjo por fin. Lo habíamos anticipado desde hace meses. Y es que no se puede calificar de otro modo “la quema” del Palacio de Gobierno de Guerrero; del municipal en Iguala y los recientes saqueos que si bien son injustificables, bien pueden explicarse como resultado de décadas de pobreza, desigualdad, olvido y abandono del Estado y sus instituciones en todos los órdenes y niveles.
La gente ha tomado las calles para protestar y eso, aunque no es inédito en la forma, sí parece serlo en el nivel de hartazgo; quizá lo más interesante es que esta vez quienes emblemáticamente están saliendo a manifestarse son alumnos de las principales universidades.
Hay mucho de positivo en ello: cuando la inteligencia se moviliza y logra encauzarse de manera constructiva, ha generado importantes cambios en el país. Hoy la exigencia es elementalísima: seguridad y bienestar; es decir, tener la posibilidad de salir a las calles sin que peligre la vida; y tener lo indispensable para comer.
No se ha dicho suficientemente, pero los 43 normalistas que aún no sabemos dónde están son en su mayoría indígenas; por ello es válido calificar a esta crisis como un estallido de la desigualdad; esto es, pareciera que otra vez, como en Aguas Blancas o como en la movilización zapatista, la cuestión indígena es la que nos recuerda que no podemos seguir fracturados por la inequidad.
Quedan muchos pendientes en la coyuntura, pero que no son sino signos de los problemas estructurales que nos han llevado a la constante agresión a la dignidad humana. Por ello debemos de ser enfáticos en la pregunta relativa a quiénes eran las personas asesinadas y enterradas, muchas de ellas vivas, en las fosas “descubiertas”.
¿Quiénes tienen el poder de perpetrar los crímenes y salir impunes, al grado tal que, si no hubiese ocurrido el evento con los normalistas, Iguala seguiría siendo un cementerio maldito en el que la muerte significa “algo más” que la muerte?
No es admisible para el Estado asumir que estamos ante una simple crisis coyuntural que será superada por una nueva que está en ciernes. Porque se trata de las familias y comunidades de los desaparecidos, los normalistas y las personas de quienes todavía desconocemos sus nombres y rostros, hay que exigir que la deuda de la justicia es con todos; en efecto, se trata de ellos, de nosotros, somos todos.
Twitter: ML_fuentes,*Investigador del PUED-UNAM
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