- Ante el desprestigio nacional e internacional del gobierno de Enrique Peña Nieto por la matanza de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, y los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, resulta indispensable que los principales funcionarios involucrados reconozcan los errores y omisiones en que incurrieron para tratar de recuperar así un poco la credibilidad en sus acciones.
Mexico,D.F 31/Oct/2014 (La Jornada) En el caso de Tlatlaya, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, dijo un encendido discurso hace unos días en el que señaló que los soldados “no podemos combatir la ilegalidad con ilegalidad, todas nuestras acciones deben ser firmes, pero razonadas preservando los derechos civiles”.
Sin embargo, qué mejor ejemplo sería que el secretario de la Defensa Nacional reconociera públicamente que hubo mandos castrenses que por omisión, incapacidad o complicidad ocultaron la gravedad de la matanza de Tlatlaya.
Más allá de que está en curso una averiguación de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) sobre los hechos ocurridos el 30 de junio pasado en el municipio mexiquense, que hasta el momento se ha limitado a ejercer acción penal en contra de 13 soldados –el de mayor rango es el teniente que iba a cargo del batallón involucrado en los hechos-, es un hecho que, al menos, el entonces comandante de la 22 Zona Militar, general José Luis Sánchez León, -quien fue removido de su cargo en septiembre pasado- tuvo conocimiento de los hechos y, necesariamente tenía la obligación de informarlo a sus superiores.
Hace más de un mes, la Defensa Nacional informó que había iniciado la acción penal en contra de los soldados involucrados, y desde entonces, la dependencia ha mantenido silencio.
Es el momento de que el alto mando castrense ponga el ejemplo y demuestre con hechos su compromiso con la verdad y con una auténtica impartición de justicia, en la que cada funcionario responda por sus hechos y que, en caso de no hacerlo, responda por ello.
En el caso de Ayotzinapa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha realizado dos declaraciones que llaman la atención.
La primera, que le había advertido al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, vigilar al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y al ex secretario de seguridad estatal para que no se dieran a la fuga.
Después, Osorio reconoció que desde el año 2010 se abrieron investigaciones contra Abarca, la última en la presente administración (en agosto) y se cerraron “porque no se encontró nada”.
La pregunta es: ¿Por qué si el gobierno federal tenía antecedentes sobre posibles nexos de Abarca con la delincuencia no actuó de inmediato cuando se dieron a conocer la desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre pasado?, ¿Por qué fue hasta el 4 de octubre que la Procuraduría General dela República atrajo el caso?
¿Acaso el gobierno federal no se equivocó al detectar la gravedad de la situación desde el primer momento?.
Por otra parte, desde hace tiempo la federación sabía que en Iguala las cosas estaban mal, supuestamente por ello se reforzó la presencia de elementos el Ejército y de la Armada de México.
Y entonces, ¿dónde quedó el trabajo de inteligencia militar y naval?, porque, al parecer, ni soldados ni marinos advirtieron a sus mandos sobre lo que ocurrió el 26 de septiembre en Iguala.
¿Dónde estaba el Cisen?
Después del encuentro del pasado miércoles con el presidente Enrique Peña Nieto, los padres de los normalistas desaparecidos dejaron en claro que no confían en las investigaciones que realizan las fuerzas federales.
Quizá un poco de sinceridad y el reconocer que se cometieron errores y omisiones ayudaría a que Peña Nieto ganara un poco de credibilidad.
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