El Gobierno mexicano inició el sexenio con anuncios de altas miras políticas. Entre ellos, de forma destacada, la adopción de un nuevo enfoque ante la corriente migratoria, principalmente centroamericana, que cruza nuestro país con rumbo a Estados Unidos. Se ofreció una postura comprensiva y solidaria.
Los antecedentes urgían a un cambio: la ola de violencia contra los migrantes a lo largo de la presidencia de Enrique Peña Nieto dejó episodios espeluznantes, como los de San Fernando, Tamaulipas, y también miles de desaparecidos y una tonelada de reportes de maltratos, violaciones, secuestros, extorsiones... En enero pasado y de visita en Chiapas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el Gobierno “ha extendido una mano generosa a esta emergencia y ha aceptado el ingreso ordenado, seguro y regular de miles de migrantes”. Se prometieron visas y apoyos económicos y se estableció que la prioridad sería la protección de los derechos humanos. El gesto significaba una respuesta mesurada pero firme al Gobierno de Donald Trump, siempre obsesionado con criminizalizar a los migrantes. Y prometía dar una vuelta de tuerca ese racismo y xenofobia tantas veces instigados por las mismas instituciones mexicanas...
Pero la realidad le cayó encima al plan: Trump, cabeza visible de la corriente antimigratoria en este lado del mundo, decidió dar un manotazo en la mesa y exigió que el paso fuera cerrado de golpe. Pese a los tratados de libre comercio vigentes entre su país y el nuestro, amagó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si no se tomaban medidas radicales. Y así fue como, quizá sin gusto pero con mucha prisa, el Gobierno mexicano no encontró más remedio que ceder. La “mano generosa” se cerró.
El pasado jueves, el canciller Marcelo Ebrard aprovechó la conmemoración de los 80 años del exilio español en México para hacer una declaraciones que muestran el cambio de rumbo. “El Gobierno decidió empezar un proceso en donde te tienes que registrar, tienes que decir a qué vienes y por qué vienes; y si quieres atravesar nuestro territorio para llegar a otro país, pues probablemente lo que vas a encontrar es que te vamos a decir 'no queremos que atravieses nuestro territorio', si vas de paso, si tu objetivo es llegar a otro país. ¿Por qué? Porque le vas a crear un problema a nuestro país”. El problema, desde luego, tiene nombre y apellido. Donald Trump. La amenaza se contuvo, la semana pasada, con un acuerdo in extremis, pero el problema de fondo sigue. Hay un plazo acordado de 45 días para que las medidas de contención den resultados… O Trump se reserva el derecho de tomar represalias. Una extorsión en toda regla, vaya. El sábado, el presidente López Obrador quiso quitar hierro a las durísimas palabras de Ebrard y pidió a los mexicanos respetar y dar buen trato a los migrantes (y de paso, “a todos los seres del Universo”). Pero la buena voluntad retórica no oculta que su Gobierno tendrá que hacen un trabajo que no tenía pensado: convertirse en colaborador obligado de la política antimigratoria estadounidense.
Esto representa un reto doble: por un lado, mantener la estabilidad económica y eludir las sanciones. Y, para el gobierno, parece que el único modo de lograrlo es dándole gusto al extorsionador presidente vecino. Pero por otro lado, es evidente que una corriente migratoria no se detiene por decreto. El sur de México es ahora mismo un cuello de botella en el que miles de personas se encuentran atrapadas. ¿Habrá trabajo y apoyo para todas? ¿Con qué presupuesto? ¿O las deportaremos por miles? ¿Se combatirá, al fin, a las mafias que abusan de los migrantes? Y, sobre todo: ¿qué se hace con las buenas intenciones cuando la realidad te convierte en el cadenero que debe cerrar el paso a aquel al que prometiste echar una mano?.
Fuente.-Antonio Ortuño/Diario Español/
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