Después de realizar 17 auditorías a la Cámara de Diputados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, documentó un desvío multimillonario de partidas a las 32 entidades federativas en 2017.
El asesor parlamentario Juan Moreno Pérez hizo su propia revisión de esos movimientos –opacos y caprichosos– y detectó que el gasto ejercido por medio del Fondo de Fortalecimiento Financiero a partir de 2013 asciende a 316 mil 999 millones de pesos, un monto casi 26 veces superior al aprobado en los presupuestos de cada uno de esos años.
Con base en un trabajo inédito, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso al descubierto que en el gobierno de Enrique Peña Nieto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) manejó multimillonarios recursos de manera discrecional, sin control ni vigilancia alguna.
El pasado 31 de octubre, ante el pleno de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, David Rogelio Colmenares Páramo –titular de la auditoría desde el 15 de marzo pasado– presentó la segunda entrega de informes individuales relacionados con la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017.
Entre otros muchos datos reveladores, dio cuenta de la realización de 17 auditorías relacionadas con el uso del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) –incluido en el polémico Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación y denominado “Provisiones salariales y económicas”–, el cual es considerado por académicos y especialistas como una “caja negra” de la cual el gobierno federal obtiene recursos para su uso discrecional.
Sin mencionar a la dependencia por su nombre, Colmenares denunció que en 2017 Hacienda canalizó de manera opaca más de 50 mil millones de pesos a las entidades federativas –sin destino específico la mayor parte de esa cantidad–, cuando la Cámara de Diputados sólo le había aprobado poco más de 3 mil millones de pesos.
Es decir, Hacienda usó una cantidad superior al 1500% de lo autorizado, dijo el auditor superior, y explicó:
“Asimismo, se observó la carencia de reglas de operación y de criterios claros y objetivos para su asignación a cada estado; (lo mismo) para su contabilidad. Incluso algunos estados los clasificaron incorrectamente como participaciones y los depositaron en la ‘cuenta licuadora’.”
Añadió: “No existe un marco jurídico que regule a quién se le otorgan los recursos, su monto y destino, y se carece de un calendario de ejecución, de ministración y ejecución. En suma, su destino ha sido discrecional y mantiene amplios espacios de opacidad”.
Y concluyó: “Debido a las vulnerabilidades identificadas, hemos determinado la programación de auditorías adicionales, que serán incorporadas al Programa Anual e incluidas en la tercera entrega de informes individuales en febrero de 2019, la cual cubrirá 100% de este fondo en 2018”.
El 11 de marzo pasado este semanario publicó un reportaje en el que se habló por primera vez del Fortafin.
El economista y asesor parlamentario Juan Moreno Pérez dijo que el movimiento emprendido en enero pasado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para exigirle a la SHCP la entrega de 900 millones de pesos del Fortafin “permitió descubrir un nuevo mecanismo diseñado por Hacienda para canalizar a los estados, de manera totalmente discrecional, cuantiosos recursos presupuestales con probables objetivos electorales” (Proceso 2158).
Las tretas de Hacienda
Ahora, a raíz de las revelaciones del auditor superior de la federación, Moreno Pérez admite: “Me equivoqué. No se trataba de un ‘nuevo mecanismo’ para repartir recursos de manera discrecional. Como no dejé el tema, me adentré más en él. Revisé los presupuestos y las cuentas públicas de todo el sexenio de Peña Nieto y descubrí que en todos los años siempre hubo un fondo con esas características –sobre todo, que el monto ejercido fue extraordinariamente superior a lo autorizado por los diputados– pero con distintos nombres”.
Explica:
En el presupuesto de 2013, primer año de gobierno de Peña, ese fondo se llamó “Programas Regionales”, al que se le autorizó una partida de 2 mil 903 millones 900 mil pesos, pero Hacienda, a espaldas del Legislativo, lo elevó a 36 mil 015 millones 583 mil pesos; es decir, 33 mil 111 millones 683 mil pesos más. Un aumento de 1140.2%.
En 2014 el fondo, siempre dentro del Ramo 23, se denominó “Contingencias Económicas”, con un presupuesto aprobado de 979 millones 425 mil 300 pesos. Hacienda lo llevó al infinito: ejerció –y supuestamente repartió entre los estados– 50 mil 228 millones 909 mil 900 pesos. Un monto superior en 49 mil 249 millones 484 mil 600 pesos al autorizado. Un insólito e inexplicable aumento de 5028.4%.
En 2015 el fondo llevó el mismo nombre de “Contingencias Económicas”, con un presupuesto aprobado por los diputados de mil 12 millones 725 mil 800 pesos. Hacienda estuvo peor que el año anterior: lo elevó a 70 mil 100 millones 14 mil 100 pesos, un aumento de 69 mil 87 millones 288 mil 300 pesos, un incremento de 6821.9%.
En 2016 al fondo le asignaron el nombre que lleva hasta la fecha: “Fondo para el Fortalecimiento Financiero”. Se le aprobó una partida de mil 481 millones 10 mil 500 pesos. Pero Hacienda “tuvo a bien” agregarle otros 60 mil 777 millones 119 mil 400 pesos, para resultar en un gasto ejercido de 62 mil 258 millones 129 mil 900 pesos; es decir, un incremento de 4103.8%.
Para poner en contexto estas cifras hay que señalar que esos aumentos escandalosos fueron, para los años 2013, 2014 y 2015, responsabilidad absoluta de Luis Videgaray Caso, entonces titular de la SHCP.
Para 2016, si bien la confección del Presupuesto de Egresos fue obra de Videgaray y su equipo, José Antonio Meade –el malogrado candidato priista a la Presidencia en las elecciones de 1 julio pasado– también tiene responsabilidad en el manejo de esos fondos discrecionales, toda vez que relevó en el cargo a Videgaray el 7 de septiembre de 2016.
Y si bien Meade no tuvo injerencia en la confección del Presupuesto y de todo el programa económico para 2017 –sólo le tocó entregarlo al Congreso–, es el absoluto responsable del manejo de los fondos discrecionales.
Y resulta que los periodos durante los cuales se dieron los aumentos más escandalosos en esos fondos fueron años electorales: en 2015, los comicios intermedios para renovar el Congreso federal y algunas gubernaturas; en 2016, la renovación de 12 gubernaturas, siete de las cuales perdió el PRI de manera estrepitosa.
Para 2017, el Fortafin traía un presupuesto aprobado por los diputados de 3 mil 243 millones, pero Hacienda –ya encabezada por Meade– le agregó 51 mil 872 millones 817 mil 200 pesos. El aumento fue de “apenas” 1599.2%.
En 2018 le tocó a José Antonio Meade elaborar el paquete económico para este año, el último de la administración de Enrique Peña Nieto. Pero nada más entregó los documentos –Criterios Generales de Política Económica, Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación– el 8 de septiembre de 2017, fecha límite que marca la ley.
En 2018 ya no pudo operar el programa económico que él y su equipo confeccionaron; sólo esperó a que se aprobara en ambas cámaras legislativas. El Presupuesto de Egresos para 2018 se aprobó el 10 de noviembre de 2017. Diecisiete días después, el 27 de noviembre de ese año, renuncia al cargo de secretario de Hacienda para darle rienda suelta a sus aspiraciones como candidato presidencial del PRI en las elecciones del 1 julio pasado.
Lo que recibió González Anaya
Meade Kuribreña le dejó el bulto a su sucesor, José Antonio González Anaya, quien tomó posesión como titular de la SHCP el 27 de noviembre.
Finalmente, la información ofrecida por Moreno Pérez, doctor en Historia Económica por la Universidad de California en Los Ángeles y autor del libro de dos tomos Fobaproa: el costo del rescate bancario, a la postre el más riguroso y extenso estudio sobre el tema, nos dice lo siguiente:
En 2018, el Fortafin, que ya le tocó operar a González Anaya, tiene un presupuesto aprobado por 2 mil 537 millones 754 mil 300 pesos, pero Hacienda llevaba gastados, hasta finales de septiembre, 43 mil 231 millones 436 mil 200 pesos, un aumento de 1603.5%.
El resumen, según el análisis del asesor parlamentario, es el siguiente: de 2013 a septiembre de 2018 –prácticamente todo el sexenio– los diputados aprobaron para ese fondo de uso discrecional, con distintos nombres, un monto de 12 mil 158 millones de pesos.
Pero de la revisión que hizo de los anexos “analíticos”, tanto del Presupuesto de Egresos de la Federación como de la Cuenta Pública, resulta que el gasto total que se ha ejercido por esos fondos asciende a 316 mil 999 millones de pesos, que es un monto casi 26 veces superior al aprobado en los presupuestos de cada uno de esos años.
Es enfático Moreno Pérez al señalar que “los casi 317 mil millones de pesos fueron canalizados como subsidios a gastos corrientes y de inversión hacia las 32 entidades federativas. Además de indicar el monto acumulado por 12 mil 158 millones de pesos, los diputados no señalaron ningún criterio para distribuir esos recursos. Tampoco ningún tipo de reglas para el ejercicio de esos fondos.
“Sin seguir lo dispuesto en los ordenamientos legales existentes, o en alguna regla aprobada por la Cámara de Diputados –agrega el entrevistado–, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, infló exageradamente los recursos aprobados, hasta acumular en los seis años los casi 317 mil millones de pesos apuntados. Además, sin sujetarse a ninguna norma legal, distribuyó de manera totalmente discrecional esos inflados recursos.”
Pero no exime de culpa a los diputados de las distintas legislaturas que operaron en el sexenio de Peña Nieto:
“En el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se estipula la obligación de la Cámara de Diputados de indicar los programas de subsidios que deberán contar con reglas de operación. En el caso que nos ocupa no sólo no se señala, en ninguno de los seis presupuestos de egresos revisados, si se deberá contar con reglas de operación, sino que, en realidad, no se dice nada.”
Después de una larga exposición de la normatividad en torno al tema de esos fondos discrecionales, Juan Moreno concluye:
“Todo indica que la SHCP no sólo no respetó muchas disposiciones legales, sino que violó lo dispuesto en la misma Constitución, al menos en dos artículos: el 74, en cuya fracción IV se señala la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, y el 134, donde se dispone que los recursos públicos deberán ser administrados ‘con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez’.”
fuente.-
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