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jueves, 19 de noviembre de 2026

«ARGÜENDERO con A de ARMANDO: PRIETO FALSEA DATO de CONGRESO AUSTERO y PROMETE NO AUMENTAR SUELDO de DIPUTADOS en 2027″… pero ya son una gastadera de dinero.


El pastor legislativo de Morena en Tamaulipas y presidente de la Junta de Gobierno, dominada por ese partido —a cuyos integrantes debería darles vergüenza estar sometidos al gobernador moreno mañoso al que deberían fiscalizar en su desempeño—, dio a conocer que los diputados no se aumentarán el sueldo en 2027 y aseguró que el Congreso es el cuarto más austero del país. Pero, como siempre, la evidencia choca con el discurso de quien infla el pecho para engañar a los ciudadanos de Tamaulipas.

El “cuarto lugar” anunciado en austeridad no queda acreditado en la nota y no coincide con la posición de Tamaulipas por gasto total ejercido en el comparativo oficial. Tampoco basta anunciar que no aumentarán la dieta,por cierto inmerecida, para demostrar cuánto cuestan en conjunto remuneraciones y la operación legislativa.

Qué dijo el ex-panista arguendero

En la nota de HoyTamaulipas del 18 de noviembre, publicada sin contrastar sus dichos, el presidente de la Junta de Gobierno anuncia que no habrá aumentos salariales para los diputados en 2027, sostiene que el Congreso ocupa el cuarto lugar nacional entre los más austeros y reconoce que la propuesta presupuestal todavía está en elaboración.

La publicación por supuesto, no identifica el estudio, el año ni el indicador que respalda ese supuesto cuarto puesto, ni precisa el monto del presupuesto que se solicitará para 2027.

Dónde está Tamaulipas en el comparativo oficial

El mas reciente Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2025 del INEGI, publicado en abril de 2026 y actualizado en agosto, permite contrastar el dicho con el hecho.

Percepciones:

Milenio publicó en agosto de 2025 un desglose atribuido a transparencia: 15,652 pesos de salario, 62,864 de gratificación, 31,432 de dieta y 31,432 de apoyo para gestoría, además de otros conceptos. Sin embargo, la nota contiene una inconsistencia evidente: presenta como “mensual” un costo individual de 1.736 millones de pesos que su propio cálculo colectivo utiliza como anual. Sirve como pista documental, no como comprobación final de nómina.

Expreso publicó en marzo de 2026 que la remuneración conjunta de los 36 diputados representaba 2.826 millones de pesos mensuales,aunque la interpretación del tabulador no coincide con el desglose anterior.

La informacion oficial

El portal del Congreso define la información sobre remuneraciones como el conjunto de sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, dietas, bonos, estímulos y compensaciones. Ese es el universo que se debe revisar para evaluar el anuncio, una mezcla de ingresos personales y de recursos sujetos a comprobación para el trabajo legislativo como formula usada para enmascarar mas ingresos.

El desglose exacto, incluido el pastor legislativo

Al cruzar los registros individuales de la hoja principal con sus identificadores en las tablas auxiliares. Los 36 registros de diputados presentan los importes siguientes y que en teoria deberian ser los unicos.

Transparencia • Art. 67 Fracc. VIII • 4.º Trimestre 2025

Radiografía del Gasto en Remuneraciones Legislativas

Análisis interactivo de los 278 integrantes del Congreso: cómo el 72% del presupuesto mensual se dispersa fuera del sueldo base tabular.

Nómina Mensual Ordinaria
$9.36 MDP
$9,356,859.89 mensuales (278 plazas)
Peso del Sueldo Base
27.8%
$2.60 MDP frente a $6.76 MDP en extras
Percepción Máxima
$98,000
Secretario General (84% en gratificación)
Brecha Salarial Interna
8.5x
$98,000 máximo vs. $11,523 piso operativo

¿A dónde va cada peso de la nómina mensual?

El tabulador oficial muestra sueldos base bajos ($7,600 a $15,652), pero las percepciones complementarias multiplican el ingreso real hasta 6 veces.

Gratificaciones Mensuales — 30.3%$2,835,881.83 • Principal mecanismo de compensación en mandos y personal operativo.
Sueldo Tabular Base — 27.8%$2,598,940.00 • Base sobre la que se calculan aguinaldos ($2.60M semestral) y prima vacacional ($519.8K anual).
Prestaciones Económicas — 16.5%$1,548,483.00 • Incluye Capacitación/Becas ($683.2K), Canasta Básica ($366.6K), Quinquenio ($276K) y Transporte ($174.4K).
Dietas (36 Diputados) — 12.1%$1,131,552.00 • $31,432.00 mensuales exclusivos para cada legislador.
Apoyo Gestoría Legislativa — 12.1%$1,131,552.00 • Otros $31,432.00 mensuales adicionales para cada uno de los 36 diputados.
Estímulos al Desempeño — 1.2%$110,451.06 • Incentivo mensual de ~$604 a $618 para personal técnico/administrativo.

*registro individual y tablas auxiliares del archivo de remuneraciones; los importes brutos y netos aparecen iguales para estos conceptos

De aquí salen tres cifras diferentes que conviene mantener separadas:

  • 47,084 pesos mensuales: remuneración de tabulador más dieta.
  • 48,177 pesos mensuales: lo anterior más capacitación y becas y canasta básica.
  • 79,609 pesos mensuales: suma de todos los conceptos mensuales anteriores, incluido el apoyo de gestoría.

Para los 36 legisladores, esta última suma representa 2,865,924 pesos mensuales, de los cuales 1,131,552 están identificados como apoyos para gestorías. Son cálculos sobre los importes declarados en el archivo, no una auditoría de transferencias bancarias o comprobantes de gasto.

El apoyo de gestoría,mas dinero al bolsillo

El Congreso reportó para cada diputado conceptos mensuales que suman 79,609 pesos, incluidos 31,432 de apoyo para gestorías legislativas; sin ese apoyo, la suma es de 48,177 pesos.

El documento permite desmontar una presentación incompleta: la cuenta no se agota en los 15,652 pesos de la columna principal; existen dietas, prestaciones y apoyos registrados en hojas auxiliares.

La exigencia concreta debe ser que el Congreso compare, concepto por concepto, las remuneraciones de 2026 con las propuestas para 2027, y que muestre por separado las reglas y comprobaciones del dinero para gestoría.

El pastor congela el sueldo; la cuenta viene en varias hojas

Asi que antes de prenderle una veladora al ex-diputado federal panista y ahora legislador local neomorenista originario de Sonora, Humberto Armando Prieto por su sermón de austeridad, conviene abrir el Excel completo. No solamente la primera pestaña: también las hojas donde aparecen las dietas, las prestaciones y el apoyo para gestorías.

En el reporte del cuarto trimestre de 2025, el Congreso de Tamaulipas registró para cada uno de sus 36 diputados —incluido el pastor legislativo— una remuneración mensual de tabulador de 15,652 pesos. Pero la cuenta no termina ahí: aparecen otros 31,432 de dieta, 359 para capacitación y becas y 734 para canasta básica. La suma, sin gestoría, es de 48,177 pesos mensuales.

Por separado están los 31,432 pesos mensuales de apoyo para gestorías legislativas.

Por eso, el anuncio de que “no habrá aumento” necesita algo más que micrófono. Que publiquen la comparación de remuneraciones de 2026 y 2027; que separen sueldo, dieta, prestaciones y gestoría; y que expliquen cómo se comprueba esta última que sigue siendo costosa si apelamos al costo confrontado con el beneficio.

Congelar una cifra no explica toda la cuenta. Y la austeridad, diputado, no se acredita con un acto de fe: se demuestra con documentos que permitan revisar el dinero sin tener que jugar a las escondidas entre pestañas.

Con informacion: SIL/ HOYTAMAULIPAS/ CONGRESO

LA «FAVORITA… ¿del CDG?»: INDAGA el INE a DIPUTADA SUSPIRANTE de ALCALDÍA de REYNOSA por VIOLENTAR la LEY ELECTORAL»… aunque debería investigarla la FGR por ligas con la Chispa del CDG.


A la Presidencia Municipal de Reynosa en 2027 todavía hay que llegar por las urnas; al expediente electoral se puede llegar antes. Guillermina Magaly Deandar Robinson, diputada de Morena en el Congreso de Tamaulipas, recientemente señalada en la trama que exhibio como su proveedor a lugarteniente del Cartel del Golfo, aparece ahora como denunciada en un procedimiento especial sancionador por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, adquisición de tiempos en radio y televisión y una eventual vulneración de la equidad en la contienda local de 2026-2027.

Eso establece el acuerdo fechado el 10 de noviembre de 2026. No es una sentencia, pero tampoco una felicitación por sus aspiraciones políticas.

El señalamiento tiene un objeto concreto: la difusión de material que, según la denuncia descrita en el acuerdo, podría favorecer su aspiración de contender por la alcaldía de Reynosa en 2027.

La investigación no consiste en castigar que una diputada tenga ambiciones; busca esclarecer si, para alimentarlas, se utilizaron mecanismos de promoción prohibidos por la legislación electoral. La diferencia importa: querer la candidatura es una cosa; obtener una ventaja indebida para conseguirla ,asi sea violentando las leyes es otra.

El INE pide la grabación: el expediente necesita pruebas, no porras

El acuerdo atribuido a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE,recientemente señalado tambien por contratar al Cartel del Golfo para su seguridad en Reynosa, requiere información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Le pide determinar, a partir de los videos aportados por la parte quejosa, si el material denunciado fue transmitido por televisión el 28 de octubre de 2026. Si la respuesta es afirmativa, solicita identificar el canal, proporcionar los datos de sus representantes legales y remitir el correspondiente testigo de grabación.

Dicho sin la envoltura burocrática: la autoridad quiere saber si aquello salió al aire, por dónde salió y qué se transmitió realmente. El requerimiento es relevante precisamente porque la difusión televisiva todavía es un extremo que se busca corroborar para desahogar la acusacion en su contra.

El acuerdo fue notificado por estrados a las 22:00 horas del mismo 10 de noviembre y comunica una actuación procesal y aun no se convierte la acusación en responsabilidad demostrada,aunque tan solo basta advertir su activismo a todas luces violatorio,para condenarla en un juicio abreviado social.

Ser “la favorita” no es un salvoconducto electoral

En la publicación de Shalma Castillo que acompaña los documentos, se afirma que Deandar se promovió como “la favorita para Reynosa”. Mero saldo de la conducta del gobernador mañoso, Américo Villarreal Anaya, que así les da cuerda a todos.

Aquí empieza la parte jurídicamente incómoda para cualquier aspirante: no siempre hace falta decir “vota por mí” para que exista una promoción electoral indebida. Los criterios del Tribunal Electoral permiten examinar los equivalentes funcionales, es decir, expresiones que, valoradas de manera integral y en su contexto, equivalgan inequívocamente a solicitar respaldo electoral. Pero tampoco permiten el atajo contrario: no toda aparición pública, entrevista o manifestación de interés por un cargo constituye un acto anticipado.[te.gob][te.gob]

Para acreditar esa infracción deben analizarse los elementos personal, temporal y subjetivo: quién intervino; cuándo ocurrió la conducta respecto de las etapas electorales, y si el mensaje tuvo una finalidad electoral explícita o inequívoca.

También debe examinarse su trascendencia a la ciudadanía y su posible afectación a la equidad. El derecho electoral exige algo más sólido que “a mí me pareció campaña”, pero también mira más allá del truco de evitar las palabras “vota por mí”.

Por eso, la pregunta no se agota en si la diputada fue presentada como popular, competitiva o “favorita”. Lo relevante será determinar si el contenido, su contexto y su difusión integraron una solicitud inequívoca de apoyo electoral fuera de los tiempos permitidos.

La televisión tampoco es tierra de nadie

La segunda vertiente de la denuncia merece lupa propia: la presunta adquisición de tiempos en radio y televisión. No es exactamente lo mismo que realizar actos anticipados, aunque ambas conductas puedan discutirse alrededor de un mismo material.

La jurisprudencia electoral establece que para acreditar una adquisición indebida de tiempo no es indispensable demostrar un contrato. En otras palabras: la ausencia de factura no liquida automáticamente la investigación.

Ahí está el nudo: si hubo cobertura genuinamente periodística, debe respetarse; si existió promoción electoral encubierta, llamarla “entrevista” no bastaría para blindarla. Justamente por eso hacen falta la grabación, el contexto y los demás elementos de investigación, no una condena confeccionada con capturas de pantalla.

El otro frente: un proveedor y un nombre que requieren explicación

Separado del expediente electoral aparece otro cuestionamiento sobre Deandar. En una publicación del 21 de octubre de 2026,en Valor Tamaulipeco reportamos documentos que atribuyen la respuesta de transparencia del Congreso de Tamaulipas, identificada con el oficio LEG66/UT/314/2026, fechado el 3 de septiembre.

De acuerdo con esos documentos figura una hoja con el nombre y una firma atribuida a la diputada, donde aparece LLANTIRES LLC MÉXICO, el concepto “MANTENIMIENTO TRANSPORTE” y un importe de 8,208 pesos.

En nuestra publicación reprodujimos una respuesta de Deandar a una pregunta sobre solicitudes de pago de servicios a Mario Guitián Rosas: “No. No, honestamente no sé si me puedes explicar de qué se trata”.

Ademas se publicó un documento del Registro Público de Comercio identifica a Mario Guitián Rosas como accionista de LLANTIRES LLC MÉXICO al constituirse la sociedad en 2019, con 70 acciones de un capital mínimo representado por 100,000 pesos.

El nombre no es menor. En su columna del 29 de septiembre de 2025 en El Universal, Héctor de Mauleón identificó a Guitián Rosas, alias “El Chispa”, como presunto operador de Los Metros, facción del Cártel del Golfo, y describió señalamientos sustentados, según su texto, en reportes de inteligencia que tambien hacen Televisa y la DEA por separado.

Ni condena por adelantado ni absolución por membrete

Lo acreditable es que el acuerdo del INE describe una denuncia contra Deandar y ordena recabar información para esclarecer una posible difusión televisiva vinculada con sus aspiraciones a la alcaldía de Reynosa.

Valoración sobre los videos

De la información pública disponible (notas y fragmentos de publicaciones):

  • El video en el que declara de forma clara “quiero ser presidenta municipal” y “estoy lista para competir” / encabezar la transformación de Reynosa constituye un posicionamiento inequívoco hacia una candidatura. Esto es el tipo de contenido que más fácilmente puede ser revisado como acto anticipado o promoción personalizada, especialmente si se difunde mientras mantiene el cargo de diputada.
  • Videos de trabajo territorial, visitas a colonias, festejos con vecinas, informes de gestión o “el trabajo empieza escuchando” pueden interpretarse como construcción de imagen y posicionamiento previo, aunque por sí solos no siempre califican si no hay llamado explícito al voto ni uso de recursos públicos. La jurisprudencia exige un estándar alto de inequívoco propósito electoral.
  • Contenidos sobre su labor legislativa (informes, iniciativas) tienen mayor margen si se mantienen en el ámbito de rendición de cuentas, pero el contexto preelectoral y la aspiración declarada pueden cambiar el análisis.

Algunos de sus videos (sobre todo el de anuncio de aspiración y la difusión intensiva de presencia territorial) pueden ser susceptibles de ser considerados mecanismos de promoción o actos anticipados prohibidos o regulados por la ley electoral, y ya existen cuestionamientos públicos en ese sentido.

Sin embargo, no se puede afirmar de forma definitiva que lo sean sin un análisis formal de las autoridades electorales competentes (el órgano público local de Tamaulipas, INE o TEPJF en su caso). La determinación depende del contenido exacto, el momento, si se usaron recursos públicos, el alcance y el contexto.

La exigencia pública, sin embargo, no necesita inventar delitos para ser severa: que se esclarezca si hubo promoción anticipada, si se adquirieron indebidamente espacios televisivos y qué ocurrió con los servicios y pagos descritos en la publicación sobre sus proveedores. La presunción de inocencia no cancela las preguntas; obliga a formularlas con pruebas y a no disfrazar las sospechas de sentencia.

Porque una aspiración política puede venderse con sonrisas, eslóganes y la etiqueta de “favorita”. Lo que no puede hacerse es pedirle al expediente que aplauda en lugar de investigar.

Con informacion: @ShalmaCastillo

«¿VA o NO VA a la CITA o… a la CÁRCEL?: EX-ALCALDE DEBE IR ante el JUEZ, TRAE AMPARO y la AUDIENCIA NO es PASE DIRECTO al PENAL»… si no lo atoran rápido, pronto será Diputado plurinominal.


A Enrique Rivas Ornelas, para la justicia ramplona «Enrique R», le toca presentarse ante un juez, no ante una porra. Según Noticiero de Victoria, el exalcalde panista de Nuevo Laredo deberá comparecer personalmente el próximo 23 de noviembre, a las 14:00 horas, en la Sala de Audiencias “A” del sistema penal acusatorio de la Cuarta Región Judicial de la justicia del acordeon de la cuarta transformacion en Tamaulipas que se impuso en el pais con el 13% de la participacion ciudadana y donde una magistrada,cuatita incondicional de AVA y el CDG, gano perdiendo.

El asunto está relacionado con presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y facultades, por un probable daño de 50 millones de pesos al erario de Nuevo Laredo.

La cifra alcanza para exigir explicaciones serias; no para ahorrarse el proceso. Y la cita judicial merece atención, aunque conviene quitarle al anuncio el humo de espectáculo: comparecer no significa quedar preso automáticamente, del mismo modo que obtener una suspensión no equivale a salir absuelto. Entre una cosa y otra hay resoluciones, requisitos y argumentos que deben sostenerse ante el juez, no solamente en un encabezado.

El primer enredo: lo anuncian sin protección y luego reconocen la suspensión

La nota arranca diciendo que Enrique “R” se presentará “sin amparo contra aprehensión”. Párrafos después informa que cuenta con una suspensión definitiva concedida en el juicio 401/2025, promovido contra una orden de aprehensión. El problema no es de comas: es de precisión jurídica. La publicación no explica que esa suspensión haya sido revocada, que haya dejado de surtir efectos o que exista una resolución posterior que permita sostener el anuncio inicial.

Además, una suspensión definitiva no es lo mismo que una sentencia que conceda el amparo. La suspensión regula provisionalmente los efectos del acto reclamado mientras se resuelve el juicio; sus alcances sobre la libertad dependen del supuesto legal aplicable y de lo ordenado por el órgano federal. Traducido a la banqueta: puede ponerle condiciones o frenos a una detención, pero no borra el expediente ni convierte al imputado en intocable.

Según la propia noticia, la resolución obliga al exalcalde a comparecer física y personalmente cuantas veces sea requerido y a cumplir las medidas cautelares impuestas. Si ese es el contenido del acuerdo, no hay misterio: la protección federal no le concede permiso para mandar saludos desde Texas en lugar de presentarse.

Dos jueces, funciones distintas: uno vigila la protección federal; otro lleva el proceso

La publicación refiere que Enrique “R” queda a disposición del juzgado de amparo respecto de su libertad personal y del juez de control para que continúe el procedimiento penal. Esa distribución no significa que el caso esté congelado ni que ambos tribunales estén disputándose al personaje: la Ley de Amparo distingue entre los efectos de la suspensión sobre la libertad y la continuación del procedimiento ante la autoridad penal.

En castellano llano: el amparo no clausura el juzgado de control. La investigación y las actuaciones judiciales pueden seguir dentro de los límites de la resolución federal. Lo que no puede hacerse es deducir, de esa sola fórmula, que el imputado llegará esposado al penal o que saldrá caminando sin importar lo que ocurra. Para saberlo hace falta leer la resolución completa, no adivinarla por entregas.

¿Puede terminar preso? La posibilidad necesita fundamento, no redoble de tambores

Si se plantea prisión preventiva justificada, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales exige examinar por qué otras medidas resultarían insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado, proteger la investigación o salvaguardar a víctimas y testigos, entre los supuestos previstos legalmente. No basta con que el acusado sea conocido, que la cantidad resulte escandalosa o que el ambiente político,ese que lo convertira en breve en Diputado plurinominal, esté para aventar sillas.

Aterrizado a la banqueta: la Fiscalía tendría que explicar, con elementos del caso, por qué no alcanzan medidas menos restrictivas. El juez tendría que resolver conforme a los requisitos legales, y cualquier decisión que afecte la libertad tendría que considerar los efectos vigentes de la suspensión federal. La prisión preventiva es una medida cautelar; no una sentencia anticipada para satisfacer al graderío.

No presentarse tampoco es una travesura procesal

La comparecencia no es una invitación de compromiso. Según lo reportado, presentarse forma parte de las obligaciones expresamente impuestas al exalcalde. Además, el artículo 166 de la Ley de Amparo prevé la revocación de la suspensión cuando la persona quejosa incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, en los términos de esa disposición.

Dicho sin toga: una protección judicial también trae instrucciones. Desatenderlas puede comprometerla. Eso no autoriza a dar por ocurrido un incumplimiento que la noticia no acredita; permite explicar por qué la obligación de acudir no es un adorno al pie del acuerdo.

Para saber qué se puede resolver y ejecutar, se necesita tener claros estos puntos:

  1. Qué acto está suspendido: por ejemplo, una orden de aprehensión determinada. No basta con afirmar genéricamente que el imputado “trae amparo”.
  2. Qué efectos concedió el órgano federal respecto de la libertad.
  3. Si la suspensión sigue vigente y cuáles son sus condiciones.
  4. Qué relación tiene la decisión que se pretende adoptar en la audiencia con esa protección federal. La Ley de Amparo distingue los efectos según el acto y el supuesto aplicable; no establece una inmunidad general frente a cualquier decisión penal

Entonces, ¿va o no va?

A la audiencia, según la información publicada, tiene obligación de acudir. A la cárcel, no puede darse por hecho: dependerá de las peticiones que efectivamente se formulen, de las condiciones legales aplicables, de lo que resuelva el juez y de los alcances vigentes de la suspensión.

Lo destacado o es “ya le tienen lista la celda”, sino uno más incómodo para todos: Enrique “R” debe enfrentar el procedimiento; la Fiscalía debe sostener sus señalamientos; el juez debe justificar sus decisiones, y la prensa debe distinguir una citación de una condena. Porque el amparo no es detergente para lavar responsabilidades, pero un titular tampoco es una orden de ingreso al penal.

Con informacion: NOTICIERO DE VICTORIA/