«¿NARCOS PROVEEDORES?: con VALENTÍA de MICRÓFONO, PRIETO RESPONDE a MAKITO y el ALCALDE le RECETA REVISAR su WHATSAPP»…llega a prensa nacional y falta poco para que aparezca, otra vez,»La Chispa» del CDG.

Al expanista y neomorenista Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, le salió un incómodo recordatorio en medio de su defensa del Legislativo: mientras exige pruebas sobre los presuntos proveedores vinculados con el crimen organizado, el alcalde de Reynosa Carlos Peña Ortiz, le responde que revise su WhatsApp.

Y no se refiere a cualquier conversación: el alcalde de Reynosa señala un mensaje del 3 de agosto, en el que asegura haberle comunicado personalmente la denuncia.

El intercambio ya llegó a la prensa nacional. El Universal recogió tanto el señalamiento del alcalde como la respuesta del diputado morenista, que calificó las declaraciones de “muy desafortunadas” y aseguró: “En mi administración, que lleva dos años, te aseguro que no hay ningún proveedor que pertenezca al crimen organizado”. Una certeza rotunda que merece algo más sólido que el tono de quien da por clausurado el asunto, sobre todo en un gobierno como el de Américo Villarreal, que transpira ligas con el crimen organizado y genera una desaprobación ciudadana que lo sitúa en la tabla de la mediocridad nacional, además de estar en la mira de EE. UU.

La patria del “mi Congreso”

Prieto quiso defender a la institución que le pagaba sospechosamente a su esposa y terminó hablando como si enseñara las escrituras: “En mi Congreso eso no sucede”. 

Él mismo aclaró que decía “mi Congreso” por un asunto de administración. Se acepta la precisión; lo que no se compra es que el posesivo funcione como certificado de limpieza. El Congreso no necesita un propietario indignado: necesita una explicación verificable sobre las contrataciones cuestionadas. 

Su defensa incluye otro escudo: los auditan la Auditoría del Estado y la de la Federación, dijo. Pero mencionar auditorías no responde por sí mismo al señalamiento concreto. ¿Qué proveedores cuestiona Peña? ¿Qué servicios prestaron? ¿Qué revisión se hizo sobre ellos? En la respuesta publicada, Prieto invoca el escrutinio institucional, pero no identifica una revisión específica que despeje estas acusaciones que tienen sobrada evidencia de un gobierno corrupto en grado sumo y exhibido hasta el cansancio.

Porque una cosa es decir “nos auditan” y otra, muy distinta, mostrar qué se revisó. La transparencia no es un sahumerio: no basta con agitarla frente al escándalo para que desaparezcan las preguntas.

El WhatsApp que incomoda

Peña Ortiz,por ahora mesurado, tampoco se quedó en la primera acusación. Según Tiempo Ahora, contestó: “Siempre hemos denunciado. Lo invito a que cheque su WhatsApp del 3 de agosto de este año, para que vea dónde claramente le denuncié personalmente”. El medio también le atribuye el reproche: “No puede decir que no sabe, porque ahí está por escrito; es una sinvergüenzada”. 

Aquí la discusión deja de ser solamente un concurso de declaraciones. El alcalde introduce una referencia concreta: una fecha, un canal de comunicación y un destinatario con una pregunta que no se resuelve con cara de ofendido: ¿recibió Prieto ese mensaje y qué hizo con la información? 

La nota no reproduce el mensaje ni permite conocer sus anexos o su contenido completo, por ahora. 

Menos valentía de micrófono

Prieto invitó al alcalde a presentar pruebas y ofreció acompañarlo a denunciar. Hasta ahí, una respuesta atendible. Pero agregó: “Si no le da miedo, con gusto yo le acompaño”. El expediente convertido por prieto en concurso para ver quién denuncia, quién se atreve y quién posa mejor frente al micrófono. 

Si el diputado quiere desmontar el señalamiento, el camino no pasa por medirle el valor a Peña, sino por confrontar la acusación con información comprobable.

Peña aseguró en video, que durante los últimos cinco años habían advertido sobre proveedores ligados al crimen organizado, y sostuvo que personas encargadas de acomodar invitados en eventos del Congreso eran jefes criminales, algo que, según su mismo relato, supo posteriormente.

El Congreso no se absuelve solo

La retórica de Prieto tiene un problema elemental: pedir pruebas es legítimo; pretender que su propia garantía cierre el asunto, no. “Te aseguro que no hay” es una declaración de parte, no el resultado público de una investigación. Y si Peña sostiene que ya le había advertido por escrito, la respuesta debe abordar ese antecedente, no limitarse a invitarlo a empezar de nuevo. 

No hace falta diagnosticarle “demencia” al diputado para exhibir la inconsistencia. Basta contrastar la certeza de su discurso con las preguntas que siguen sin respuesta. La crítica pega más cuando apunta al comportamiento público y no se disfraza de diagnóstico médico.

Porque el Congreso no es “de Humberto”, la fiscalización no es un favor y el crimen organizado no se descarta por decreto verbal bajo un gobierno que ha entregado contratos al crimen organizado.

Con información: ELUNIVERSAL/ EL TIEMPO AHORA/

“CUATRO AHORITAS ?: GENERAL de SSP de AMÉRICO se PARAPETA detrás del FUEGO VERBAL SIN COORDENADAS y NO sabe por qué HUYE la GENTE de TAMAULIPAS”… que está seguro de que estamos seguros.

El INEGI puso el desplazamiento forzado de personas sobre la mesa y el general Carlos Arturo Pancardo Escudero respondió con una maniobra de evasión: “Pues no sé de qué año estarán hablando”. El Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas del gobierno «sobradamente mañoso» de Americo Villarreal pasó después al contraataque verbal: “ahorita, ahorita, ahorita, ahorita” están seguros y avanzan en el plan de seguridad. Cuatro “ahoritas”, ninguna explicación sobre los desplazamientos.

Primero, disciplina de tiro con las cifras: el INEGI reportó 14 mil 600 hogares con al menos un integrante que tuvo que cambiar de residencia por violencia o inseguridad. Las 46 mil 900 personas corresponden a la población de esos hogares, no a un conteo individual de personas desplazadas. Corregir esa diferencia es indispensable: nuestra crítica no necesita inflar el parte para evidenciar la gravedad del problema. 

“La seguridad impera”

“La seguridad impera en todo el estado”, afirmó Pancardo.Una declaración de ese tamaño exige algo más que voz de mando: exige evidencia o avisarle al Cartel del Golfo.

El general presenta el tránsito y la llegada de visitantes a los centros turísticos como señales de seguridad. Pero una cosa es observar circulación y otra demostrar protección efectiva para toda la población. Los turistas no constituyen un censo de víctimas; una carretera transitada no responde cuántas familias abandonaron su vivienda, qué amenazas enfrentaron ni si pueden regresar.

Lo que el informe del INEGI 2026 documenta es un fenómeno que merece respuesta: miles de hogares reportaron integrantes obligados a cambiar de residencia por violencia o inseguridad. Una proclamación de tranquilidad no cancela ese antecedente.

La seguridad no “impera” porque el secretario la forme en posición de firmes. Debe acreditarse, no recitarse.

“Ahorita, ahorita, ahorita, ahorita”

“Pues no sé de qué año estarán hablando”.

De una medición identificable, general. Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 para Tamaulipas fueron publicados el 22 de septiembre de 2026; el levantamiento se realizó entre octubre y noviembre de 2025. No era necesario enviar una patrulla de reconocimiento: bastaba consultar el documento.

Si quería distinguir el periodo estudiado de la situación actual, tenía una respuesta legítima disponible: explicar las fechas y presentar indicadores recientes. En cambio, el General eligió parapetarse detrás de cuatro “ahoritas”.

“Ahorita” no es una serie estadística. “Ahorita” no identifica municipios, no establece una comparación y no explica qué pasó con las personas afectadas. Repetirlo tampoco convierte una afirmación en evidencia: es fuego verbal sin coordenadas.

“Yo te digo que estamos seguros y vamos avanzando en el plan de seguridad”, dijo sin rubor el general del Ejército que comanda la Guardia Estatal en la entidad líder del levantón en todo México, pese a tener una menor densidad de población que las entidades que ocupan el segundo y el tercer lugar.

¿Avanzando respecto de qué punto de partida y con qué resultados? Un plan puede estar en ejecución sin que sus resultados estén demostrados. Confundir movimiento con avance es una mala lectura del terreno: también se puede marchar en círculos.

“Yo no desmiento nada”

“Yo no desmiento nada, yo te estoy diciendo los datos que yo tengo aquí”.

Entonces corresponde identificar esos datos y explicar cómo se relacionan con la información del INEGI. Porque no desmentir una cifra y, al mismo tiempo, esquivar su significado deja el problema intacto.

El secretario no explica las causas de los desplazamientos ni presenta información sobre atención a las personas afectadas. Cambia de posición: abandona la pregunta sobre quienes tuvieron que irse, vulgo huir de la entidad y se atrinchera en su afirmación sobre la seguridad presente.

Esa maniobra no refuta el informe y permite criticar su respuesta es lo que está a la vista: no aclara la temporalidad, no desarrolla el dato y no informa qué atención reciben las víctimas.

El INEGI aporta una medición; Pancardo invoca “los datos que yo tengo aquí”, pero en el pasaje entregado no los identifica. La rendición de cuentas no puede funcionar como expediente reservado en el bolsillo del mando.

Operativos sin parte de resultados

Sobre los dispositivos en las entradas de Ciudad Victoria, Pancardo reconoció que, hasta ese momento, no tenía decomisos ni detenciones que reportar. Aun así, sostuvo que la vigilancia había inhibido la presencia delictiva.

La ausencia de detenciones no demuestra por sí sola que un operativo sea inútil. Pero tampoco demuestra que haya disuadido delitos. Para sostener esa conclusión hacen falta elementos que permitan distinguir un efecto real de una impresión del funcionario.

“Permanentes”, añadió sobre los dispositivos. La permanencia describe cuánto durarán, no cuánto han conseguido. Un puesto de vigilancia puede estar instalado todos los días y seguir necesitando evaluación. Permanecer no equivale a cumplir la misión.

Después llegaron los demás movimientos del parte: Tránsito Estatal en carreteras estatales, Guardia Nacional en las federales, vigilancia en la Rumbo Nuevo y la carretera a El Mante, sanciones para quienes infrinjan el reglamento. Son asuntos pertinentes para la seguridad vial, pero no contestan por qué hubo hogares con integrantes desplazados ni qué respuesta institucional recibieron.

Sobre las lluvias y los cortes carreteros en Burgos, reconoció que todavía estaba llegando información. Ahí sí admitió un panorama incompleto. Esa misma prudencia habría sido más útil ante la pregunta sobre desplazamiento que la proclamación de que “la seguridad impera en todo el estado”.

Finalmente, ante los robos en planteles, habló de Escuela Segura, de una lista de la Secretaría de Educación y de reportes diarios de sus delegaciones. Recibir reportes acredita un flujo de información; no demuestra, por sí mismo, que los robos hayan disminuido o que los planteles estén protegidos.

El problema de esta comparecencia no es que el general carezca de una respuesta instantánea para todo. Es que sustituya la explicación por la consigna, la evaluación por la presencia y la evidencia por el “yo te digo”.

General: menos revista de discursos y más parte verificable. La pregunta era por quienes tuvieron que cambiar de residencia, no por cuántas veces podía repetir “ahorita”.

El “no sé” puede explicar una carencia de información. Lo que no puede hacer es pasar por estrategia de seguridad. Y cuando quien encabeza la corporación responde así ante un problema documentado, la pregunta deja de ser de qué año le hablan y pasa a ser otra: ¿con qué información está tomando decisiones?

Con información: Hoytamaulipas/

«AMLO ACUSA EE.UU de DETONAR la GUERRA en SINALOA, pero el AVIÓN NO INVENTÓ al CDS, NO les ENTREGÓ TERRITORIOS NI les REDACTÓ las NÓMINAS de PROTECCIÓN»… usa opacidad como detergente para lavar la sangre.

La tesis de que Estados Unidos “provocó” la guerra de Sinaloa al recibir a Ismael El Mayo Zambada invierte la carga de la prueba y convierte una discutible captura,si se demuestra, en la causa única de una violencia cuya materia prima ya estaba en casa: un cártel armado, una sucesión criminal y redes de protección política e institucional que alcanzaron a Morena y el gobernador Ruben Rocha Moya. 

Lo dicho por AMLO es mas una coartada narrativa: se enoja con el aterrizaje del avión, pero mira hacia otro lado ante la pista completa.

Que no se confunda gimnasia con magnesia: el avión no inventó al Cártel de Sinaloa, no armó a Los Chapitos, no les entregó territorios ni les redactó las nóminas de protección.

Andrés Manuel López «hablador» puede discutir —y México tiene derecho a exigir— si Estados Unidos violentó la soberanía nacional en la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada a Nuevo México el 25 de julio de 2024. Pero una cosa es exigir explicaciones por una operación, y otra muy distinta usar esa opacidad como detergente para lavar la sangre, el control territorial y la impunidad que ya fermentaban en Sinaloa.

Porque la frase “Estados Unidos desató la guerra” no es análisis: es palabrería con pasaporte. Es una forma elegante de quitarles agencia a quienes sí decidieron secuestrar, traicionar, matar, movilizar sicarios y disputar el botín. 

Joaquín Guzmán López admitió ante la justicia estadounidense que coordinó el secuestro internacional de Zambada con la expectativa de obtener beneficios; el propio Departamento de Justicia sostiene que Estados Unidos no solicitó, indujo, aprobó ni toleró ese secuestro. 

Eso no absuelve a Washington de responder por lo que sabía o dejó de saber. Pero tampoco convierte a Los Chapitos en palomas mensajeras ni al Cártel de Sinaloa en víctima de una excursión imperial.

El problema de fondo es que el expresidente quiere discutir la forma —el vuelo, la pista, el piloto, la notificación— para no tocar el fondo: ¿por qué un jefe criminal podía ser convocado a una reunión para “resolver diferencias” entre actores políticos de Sinaloa? ¿Por qué la historia de la captura quedó pegada al asesinato de Héctor Melesio Cuén? ¿Por qué las instituciones locales primero fabricaron una versión de robo en una gasolinera y la FGR concluyó después que Cuén fue asesinado en el rancho Huertos del Pedregal, el mismo entorno en el que Zambada dijo haber sido privado de la libertad?

Ahí se acaba la verbodiarrea y empieza la pregunta incómoda:no se trata de que un capo se metiera en la política; se trata de que la política aparezca, una y otra vez, orbitando alrededor de los capos. 

Una reunión atribuida a Zambada no es por sí sola una sentencia judicial contra nadie. Pero tampoco es un chisme para barrer debajo de la alfombra mientras se declama soberanía. Es un dato de extrema gravedad que obligaba a investigar el entramado entero, no a escoger sólo el ángulo que permitiera señalar a Estados Unidos y absolver, por omisión, a los que mandaban o protegían desde este lado de la frontera.

La hipocresía se vuelve más obscena cuando quien hoy se rasga las vestiduras por la “guerra” que siguió a la caída de Zambada fue quien antes exhibía como ejemplo a Sinaloa porque una sola banda predominaba. En junio de 2022, López Obrador explicó que Sinaloa y Durango registraban menos homicidios porque “hay una sola banda”, a diferencia de Michoacán, donde veía diez grupos en competencia.

Ésa no era una política de seguridad; era una estadística embalsamada. Confundir menos balaceras entre facciones con paz es como declarar sano a un paciente porque dejó de gritar mientras el tumor ya le colonizó los órganos. 

Cuando una organización criminal monopoliza el territorio, no desaparece la violencia: cambia de método. La extorsión se vuelve rutina, la desaparición se vuelve silencio, el reclutamiento se vuelve paisaje y la autoridad deja de gobernar para administrar la obediencia.

La “paz” de un cártel dominante no es paz: es orden mafioso. No hay paz donde una banda cobra piso, decide quién circula, infiltra policías, compra información, desaparece adversarios y condiciona la vida pública. Hay una tregua del miedo. Y quien la vende como logro confunde el termómetro con la enfermedad, o peor: sabe perfectamente que no son lo mismo y prefiere celebrar que el cadáver todavía no haga ruido.

Ahora, el expediente ya no permite refugiarse en el eufemismo. En abril de 2026, fiscales federales de Estados Unidos acusaron a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa de participar presuntamente en una red de protección a Los Chapitos: apoyo político, sobornos, filtración de operaciones y blindaje contra investigaciones y arrestos. 

Son acusaciones, no una condena; deberán probarse en tribunales. Pero su gravedad obliga a dejar de hablar del narco como una tormenta que llegó desde afuera y reconocer la posibilidad de una maquinaria de captura institucional.

Por eso resulta tramposo presentar la guerra de Sinaloa como simple “venganza” causada por la entrega de Zambada. La venganza fue una decisión de criminales. La guerra fue ejecutada por criminales. El dolor lo pagan ciudadanos mexicanos atrapados entre facciones criminales y autoridades que, en el mejor de los casos, llegaron tarde; y, en el peor, habrían sido parte del problema. 

No, la guerra de Sinaloa no nació en la pista de Santa Teresa. Ahí se exhibió, con brutal nitidez, el tamaño de la descomposición. La guerra nació mucho antes: en los pactos que nadie quiso investigar, en las instituciones que confundieron gobernar con coexistir, en la propaganda que llamó “paz” a la hegemonía de una mafia y en la cobardía de quienes hoy descubren soberanía sólo cuando sirve para no hablar de complicidad.

Con información: ELNORTE/

«INATAJABLE la GUERRA: ESTRATEGIA de SINALOA NO DEBE ser MEDIDA por lo que CAPTURA; debe RESPONDER por lo que NO LOGRA IMPEDIR»… otra semana sin tregua.

El mas reciente parte de guerra publicado por Noroeste ayer 5 de octubre y actualizado al día 4, ofrece una base contundente para cuestionar la eficacia de la estrategia de seguridad en Sinaloa: 38muertes violentas en una semana, un aumento de 9% frente a la anterior y casi cuatro mil homicidios acumulados desde septiembre de 2024. La crítica más difícil de rebatir no es que las autoridades “no hacen nada”, sino que la actividad que reportan no ha conseguido contener una violencia que lleva más de dos años.

El parte de guerra

El balance comprende del 9 de septiembre de 2024 al 4 de octubre de 2026. Estos son los saldos que publica el periódico, con sus promedios diarios: 

Indicador	Acumulado	Promedio diario publicado	Lo que permite cuestionar
Homicidios dolosos	3,952	5.2	La capacidad de proteger la vida
Personas privadas de la libertad	4,433	5.9	La capacidad de impedir que las personas sean sustraídas
Vehículos robados	12,629	16.7	La capacidad de contener un delito persistente
Personas detenidas	4,018	5.3	La diferencia entre actividad policial y resultados de seguridad
Personas abatidas	212	No indicado	La necesidad de evaluar los operativos más allá de su saldo letal

Los acumulados y promedios proceden del balance de Noroeste ; la última columna es una lectura editorial de esos indicadores. 

La crudeza está en la convivencia de las cifras: 4,018 personas detenidas no han impedido que, en el mismo periodo, se acumulen 3,952 homicidios y 4,433 privaciones de la libertad en una entidad que, como Tamaulipas, campeona nacional de la barbarie , desaparecer casi siempre equivale a morir.

Eso no vuelve inútil cada detención; vuelve insuficiente presentar las detenciones, por sí solas, como demostración de que la estrategia funciona.

La semana tampoco da tregua

El informe cierra la semana con 38 muertes violentas, 9% más que la anterior. El domingo 4 de octubre registra cuatro homicidios y, por separado, el hallazgo de un cuerpo. La distinción importa: encontrar un cadáver ese día no demuestra que la muerte haya ocurrido durante esa misma jornada. 

El promedio móvil de siete días llegó a 5.4 asesinatos diarios. Para los primeros cuatro días de octubre, Noroeste contabiliza 20 muertes violentas, un promedio de cinco por día con proyección de 155 al cierre del mes. 

El último corte no muestra contención en la comparación semanal; muestra un repunte. No hace falta convertir una semana en explicación de toda la crisis para reconocer que ese resultado contradice cualquier celebración de una pacificación ya conseguida.

Operativos no equivalen a seguridad

La información puntual de Noroeste permite advertir dos cosas que suelen confundirse: actividad y eficacia.

• Detener personas acredita intervención policial; no acredita, por sí solo, una reducción de los homicidios.
• Reportar personas abatidas describe un saldo de los operativos; no demuestra que se haya desarticulado la capacidad de los grupos para seguir agrediendo.
• Acumular acciones no sustituye el resultado que importa a la población: dejar de ser asesinada, privada de la libertad o despojada de su vehículo.

Aplicada al balance, la crítica es precisa: hay miles de detenciones y, simultáneamente, miles de víctimas. El propio informe identifica los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos como las tres violencias más relevantes del periodo. 

La estrategia no puede calificarse únicamente por lo que captura; también debe responder por lo que no consigue impedir.

Con información: NOROESTE/