Antes de sacar la calculadora para revisar Reynosa, que revisen a quién le pagan en su propia casa. Ese fue el reclamo del edil de Reynosa, Carlos Peña Ortiz al diputado Humberto Prieto: acusó al Congreso de mantener proveedores vinculados al crimen organizado, pese a las advertencias que asegura haber hecho durante cinco años. Y remató con una precisión presupuestal: pide obras para la ciudad, no un cheque para el Ayuntamiento. Primero aclaren sus contratos; después presuman superioridad moral.
Peña puso los puntos sobre las íes: fiscalizar no es repartir dinero, y auditar no es montar circo político
El alcalde de Reynosa respondió asi a los llamados del ex-diputado federal panista, ahora neomorenista, Humberto Armando Prieto Herrera para “revisar números y presupuestos” con una precisión que, aunque dicha con la vehemencia de quien ya se cansó de explicarle peras a quienes insisten en vender manzanas, toca un punto institucional central: una cosa es revisar cuentas públicas y otra muy distinta es convertir el presupuesto de obra estatal en garrote político.
Peña sostuvo en reciente entrevista, que el Congreso local “no es un ente fiscalizador”. Traducido al idioma de la ley —sin fanfarrias ni conferencias de prensa—, el Congreso no debe presentarse como auditor operativo, ministerio público financiero ni brigada de cateo presupuestal.
La revisión técnica de ingresos, egresos, contratos y cuentas públicas corresponde a la Auditoría Superior del Estado (ASE), órgano técnico de fiscalización, control y evaluación gubernamental que debería contar con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, aunque en la práctica no sea así e igual que el resto, obedecen el mandato del gobernador.
El Congreso interviene a través de su Comisión de Vigilancia, recibe informes, supervisa el desempeño de la Auditoría y ejerce sus atribuciones de control político; pero no sustituye al auditor ni puede convertir cada discrepancia presupuestal en una sentencia emitida desde la tribuna.
Dicho con más claridad: el diputado puede pedir explicaciones, impulsar revisiones y exigir cuentas; lo que no puede es disfrazar una disputa política de auditoría concluyente. Para eso existe un procedimiento, una institución técnica y, si aparecen delitos, autoridades competentes que deben investigar y sancionar.
El alcalde también reclamó que, antes de salir a fiscalizar municipios, el Congreso revise su propia casa. La frase no es un adorno retórico: es un emplazamiento político y jurídico. Peña acusa que proveedores relacionados con organizaciones criminales habrían seguido prestando servicios al Poder Legislativo, incluso después de que —según su dicho— el municipio lo advirtió durante años.
Aunque no dio nombres,también afirmó que personal de seguridad en eventos del Congreso habría resultado ser jefe o integrante de estructuras criminales, y que esas personas o redes conservarían vínculos como proveedores.
En materia presupuestal, Peña también hizo una distinción que conviene tatuarle a quienes simulan no entenderla: Reynosa no está pidiendo una transferencia discrecional para engordar la caja del Ayuntamiento. Está exigiendo mayor proporción de un paquete de obra pública estatal que, de acuerdo con su planteamiento, asciende a 4 mil millones de pesos. La petición es que el Gobierno del Estado ejecute infraestructura en la ciudad: continuidad del viaducto, presas y universidades, entre otras obras.
La diferencia importa. El dinero destinado a obra estatal no necesariamente ingresa a la tesorería municipal ni queda para libre disposición del alcalde. Puede ser ejercido por dependencias estatales mediante procedimientos de planeación, contratación y ejecución de infraestructura.
Por eso, reducir el debate a “el municipio pide dinero” es una caricatura útil para la confrontación, pero falsa para entender el diseño presupuestal: Reynosa está pidiendo que el Estado invierta en la ciudad, no que le extienda un cheque en blanco al gobierno municipal. Pero las decisiones tomadas con el estómago a nivel estatal lo impiden.
Qué significa cada frase
| Dicho de Peña | Lectura jurídica y política |
|---|---|
| “La Cámara de Diputados local no es un ente fiscalizador.” | Tiene una base correcta, pero debe formularse con precisión: el Congreso no realiza por sí mismo la auditoría técnica cotidiana; la ASE es el órgano técnico facultado para fiscalizar. |
| “Que auditen el Congreso.” | Es un desafío de congruencia institucional. Si legisladores demandan transparencia a municipios, deben transparentar con el mismo rigor sus contratos, proveedores, servicios de seguridad, erogaciones y procedimientos de adjudicación. |
| “Sus proveedores son del crimen organizado.” | Es una imputación de extrema gravedad. En términos legales, debe pasar de la declaración pública a la evidencia verificable: contratos, razones sociales, beneficiarios finales, antecedentes judiciales, pagos y denuncias formales. |
| “Los mismos de seguridad… eran jefes del crimen organizado.” | De comprobarse, no sería una mera falla administrativa: sugeriría riesgo de infiltración criminal en un recinto legislativo y posibles responsabilidades por contratación, omisión, encubrimiento o uso indebido de recursos públicos. |
| “No tienen las facultades [para fiscalizar municipios].” | Los diputados no sustituyen a la ASE ni pueden auditar a capricho y no pueden operar como auditores técnicos ni dictar culpabilidades sin procedimiento. |
| “El municipio no pide dinero; pedimos dinero para la ciudad.” | Precisión financiera relevante: se plantea inversión estatal en infraestructura urbana y regional, no una entrega libre de recursos al Ayuntamiento. La obra puede ejecutarla el Estado conforme a su presupuesto y reglas aplicables. |
| “De 4 mil millones, a Reynosa le deberían tocar 800 millones.” | Es un criterio político de proporcionalidad. Peña toma como base que Reynosa concentra alrededor de 20 por ciento de la población estatal y concluye que debería recibir cerca de una quinta parte del paquete. La exigencia es razonable como parámetro de equidad territorial. |
| “Nos dieron 144 millones” y “200 millones”. | Si las cifras y el universo presupuestal son correctos, representan aproximadamente 3.6 por ciento y 5 por ciento de una bolsa de 4 mil millones, respectivamente. El argumento de Peña es que la proporción asignada ha quedado muy por debajo del peso demográfico y económico que Reynosa reclama. |
| “Queremos viaducto, presas y universidades.” | El alcalde está moviendo la discusión del gasto corriente a infraestructura estratégica: movilidad, agua y educación superior. Son rubros que rebasan por capacidad financiera y competencia ordinaria a muchos municipios, por lo que la participación estatal y federal resulta determinante. |
El punto fiscal, sin maquillaje
La parte sólida del argumento de Peña es ésta: una asignación de obra estatal para Reynosa no equivale, por sí sola, a financiar al alcalde ni a transferir recursos municipales de libre manejo. Se trata de decidir dónde el Estado construye, con qué proyectos, bajo qué procedimiento de contratación y con qué prioridad territorial.
También es atendible su reclamo de proporcionalidad. Si el paquete referido es de 4 mil millones de pesos, 800 millones representan exactamente 20 por ciento. Las asignaciones que menciona —144 millones y 200 millones— equivalen a 3.6 por ciento y 5 por ciento, respectivamente, de esa bolsa.
Lo que no es aceptable es esconder la decisión detrás de una niebla burocrática. Si Reynosa representa el peso poblacional y económico que el alcalde invoca, el Gobierno estatal y sus diputados deben explicar —con expedientes, no con consignas— por qué la ciudad recibe una fracción menor en obra estratégica. La discrecionalidad presupuestal puede ser legal; la opacidad, no.
En resumen: al Congreso, dominado por legisladores de Morena,dominados por el gobernador Américo Villarreal, no le toca jugar al auditor de micrófono; tampoco le corresponde al municipio mendigar lo que debería discutirse como inversión pública proporcional.
Pero si hay proveedores criminales orbitando el Poder Legislativo, el asunto ya no es una discusión política: es una prueba de fuego para el Estado de derecho tradicionalmente ausente y el imperio de la ley cooptado por el crimen organizado.
Con información: REDES/ MEDIOS/
