En México, el gobierno humanista y transformador, el que se llena la boca hablando de transparencia acaba de hacer exactamente lo contrario: esconder, sellar y patear hacia el futuro la información que hoy incomoda. La Secretaría de Relaciones Exteriores decidió reservar por cinco años —sí, cinco— todo lo relacionado con las comunicaciones con Estados Unidos sobre las acusaciones de narcotráfico que salpican al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza Cázares.
Cinco años no es un plazo administrativo: es una estrategia política. Es apostar a que la memoria pública se desgaste, que los responsables se reciclen y que el escándalo se diluya. Es gobernar con la calculadora en la mano, no con principios.
El argumento es un clásico del manual burocrático: “proteger la confianza”, “cuidar la confidencialidad”, “no afectar la relación bilateral”. Traducido al español de a pie: no queremos que se sepa qué tan comprometidos están nuestros funcionarios, ni qué tanto sabe Estados Unidos de ellos.
Porque aquí está el punto que el gobierno pretende enterrar: no se trata de rumores ni de chismes de pasillo. La Fiscalía de Nueva York ya puso sobre la mesa acusaciones contra exfuncionarios de Sinaloa vinculados con Los Chapitos. Entre los señalados aparecen nombres que hoy siguen orbitando el poder. Y mientras uno cobra su dieta legislativa por cheque tras el congelamiento de sus cuentas, la Cancillería decide que la ciudadanía no merece saber qué se está diciendo —ni qué se está negociando— en su nombre.
El mensaje es insultante: el gobierno actúa como si los ciudadanos fueran menores de edad, incapaces de procesar información incómoda. Como si la rendición de cuentas fuera un lujo opcional y no una obligación constitucional. Como si el derecho a saber pudiera suspenderse cuando toca a los cercanos al poder.
Hablan de “no afectar la cooperación internacional que con sus acciones cotidianas afectan, un dia si y otro también”, pero lo que realmente se protege es la opacidad interna. Porque la confianza entre países no se rompe por la transparencia; se rompe cuando un gobierno encubre a sus propios funcionarios bajo el pretexto de la diplomacia.
La pregunta es inevitable: ¿qué es exactamente lo que están ocultando que no pueda resistir la luz pública?
Reservar esta información no fortalece al Estado mexicano, lo debilita. No protege las relaciones exteriores, las contamina. Y no cuida a la ciudadanía: la desprecia.
Porque un gobierno que prohíbe saber no está gobernando; está administrando la ignorancia como herramienta de control.
No, no son casi 43 mil: son más de 739,144 homicidios dolosos, cadáveres acumulados desde el sexenio de Carlos Salinas (PRI) hasta Claudia Sheinbaum, y más de 75 mil cuerpos embodegados sin identificar por todo el pais y por la falta de pericia del Estado mexicano, que al ritmo actual va a necesitar 150 años —además de ganas, que se ven muy pocas— para procesarlos, pero además se niega a ver ese cadáver colectivo como una sola escena del crimen.
La suma que ningún gobierno quiere hacer
Si tomamos las cifras sexenales más citadas TResearch con conteo hasta el 4 de Julio y las alineamos con los datos , el grafico del mapa letal es este:
Pero si sumamos todos esos números, sin truco de calendario ni cambio de metodología, estamos frente a casi 740 mil homicidios dolosos desde 1988 hasta hoy.
La matemática letal: de “variación” a barbarie estructural
Y la lámina de Tresearch lo dice sin querer: cada sexenio se mide contra el anterior como si fueran reportes trimestrales de una empresa, con “variación” en rojo, verde o amarillo.
Salinas y Zedillo se mueven en el rango de 35–37 asesinatos diarios, ya con miles de carpetas impunes y un sistema judicial que apenas podía registrar el volumen.
Fox presume una “baja” de -25%, 28 muertos diarios, como si hablar de menos cadáveres por día fuera un mérito de gestión y no un reconocimiento de que el país vivía encima de fosas invisibles.
Calderón dobla prácticamente la violencia de sus antecesores: 120 mil homicidios, 55 diarios; militariza, rebautiza la guerra, pero no se hace cargo de la aritmética de las víctimas anteriores.
Peña Nieto rompe otro récord: 156 mil homicidios, 71 diarios; su “Pacto por México” nunca pactó con los muertos, sólo con gobernadores.
AMLO convierte la curva en pared: mas de 202 mil homicidios, cerca de 95 diarios; cada 15 minutos una persona asesinada, mientras el discurso oficial hablaba de “atender las causas” y de que “ya no es igual”,tenia razon,fue peor.
Sheinbaum llega con un país que ya venía con una tasa de casi 90 homicidios diarios y, aun con la cuestionada reducción que presume (42–46% en su promedio diario), carga ya casi 43 mil homicidios dolosos en 641 días ,a ritmo de 67 diarios, uno cada 21 minutos y con un brutal aumento de desparecidos que no aparecen y cuando aparecen muertos en fosas, tampoco en sus cuentas, que tampoco contabiliza abatidos.
Aquí no estamos frente a sexenios distintos, sino frente a un continuo de barbarie: cada administración hereda una montaña de cadáveres no investigados, no juzgados y no reparados, pero al tomar protesta vuelve el contador a cero —como si la justicia fuera un reloj sexenal y no una obligación acumulativa.
La contabilidad obscena: “mis muertos” contra “los muertos de antes”
El truco político es contable:
Cada presidente presenta su gráfica empezando en el día 1 de su gobierno y borrando de la pantalla los homicidios previos, aunque el mismo aparato de seguridad y justicia que investiga —si investiga— es el que dejó impune al sexenio anterior.
Los informes oficiales hablan de “reducción porcentual”, “tendencia a la baja”, “variación”… nunca del stockacumulado de homicidios sin sentencia, de carpetas archivadas, de investigaciones mal integradas.
Cuando Sheinbaum dice que baja de 86.9 a 47.3 homicidios diarios, no está hablando de los 202 mil de AMLO ni de los 156 mil de Peña, ni de los 120 mil de Calderón; está hablando sólo de su propia curva, como si el país no arrastrara un inventario masivo de crímenes sin resolver.
Desde el ángulo de procuración de justicia, la mayoría de esos casi 740 mil homicidios son crímenes sin resolver: no hay sentencias firmes proporcionales, no hay reparación integral, no hay verdad pública que cierre el caso.
En términos de ética de Estado, el mensaje es brutal: el gobierno mexicano no se concibe como responsable del cadáver de la nación, sólo del pedazo que le toca en el sexenio; el resto es “historia”, “culpa del pasado”, “otros datos”.
Analogías de la barbarie: el país como fosa contable
Entre Salinas y AMLO, México pasa de un homicidio cada 41 minutos a uno cada 15; la vida útil del ciudadano se comprime a ritmo de reloj, mientras el libro histórico de homicidios se engrosa de manera exponencial.
La suma de todos los sexenios equivale a borrar del mapa completo estados medianos del país: ciudades enteras desaparecidas si esos homicidios se concentraran en un solo territorio imaginario.
El “NO, NO son 43 MIL” es el rompimiento del relato oficial: cuando se habla de 42,561 homicidios acumulados durante la gestión de Sheinbaum, la cuenta real es de cientos de miles; lo que ella presenta como variación porcentual es, en contexto, una contabilidad sobre un cementerio nacional.
Una forma de plantearlo es compararlo con una empresa que cierra sexenio como si fuera cierre fiscal: cada CEO-político sólo reporta pérdidas de su ejercicio y oculta el pasivo histórico de homicidios impunes, que ya no caben en el balance.
El desmenuce moral: por qué es indecente reiniciar la cuenta
En clave de procuración de justicia, hay al menos tres niveles de indecencia:
Jurídica: el Estado es una continuidad institucional; no puede alegar “borrón y cuenta nueva” frente a delitos graves, porque el deber de investigar, juzgar y sancionar no prescribe sexenalmente ni se resetea con el cambio de partido.
Política: al mostrar sólo “mis muertos” contra “los muertos del otro”, cada presidente explota la tragedia como insumo de propaganda; el dolor de las víctimas es utilizado como gráfica en la mañanera o en el informe, no como mandato de reconstruir la justicia.
Ética: al borrar la suma de todos, el mensaje implícito es que los muertos de antes ya no existen; no son un problema, no son una deuda, no son un caso abierto; son estadísticas caducas, útiles sólo para atacar al adversario o justificar la inacción propia.
Nuestra frase central “NO, NO son 43 MIL” apunta justo ahí: no estamos discutiendo la cifra técnica de TResearch o SESNSP, sino desenmascarando el truco moral que consiste en hablar siempre en cortes parciales, nunca en acumulado nacional de impunidad y violencia.
La “baja” que presume Omar Garcia Harfuch,el estratega de la Seguridad federal en Sinaloa ,existe sólo en su PowerPoint: en la realidad, los muertos siguen cayendo al ritmo de una guerra que el Gobierno maquilla con porcentajes y discursos de saliva.
La aritmética mágica del 44%
El Secretario federal recien acusado de amenaza por el abogado del «Chapo»,que preludia sus viejos nexos con el CDS, se cuelga una reducción del 44 por ciento en homicidios dolosos desde el abatimiento de “La Perris” en junio de 2025, como si matar a un capo fuera botón de apagado de la violencia.
Noroeste, que se ha destacado publicitando las cifras de las tres principales violencias: levantón, ejecución y despojo de autos, además no vive de conferencias mañaneras arguenderas, sino de cobertura diaria, registra otra historia: desde la fractura interna del Cártel de Sinaloa, en septiembre de 2024, hasta junio de 2025, el promedio fue de 5.44 asesinatos al día.
Junio de 2025, el mismo mes que Harfuch usa como pivote del relato, es el mes más violento del que se tiene registro: 241 muertes entre asesinatos y fosas clandestinas, pero eso en la narrativa oficial se vuelve “avance”. Desde entonces, trece meses seguidos de violencia sostienen un promedio de cinco homicidios diarios; sólo marzo de 2026 baja a 3.9, una anomalía que el discurso convierte en tendencia milagrosa. El 44 por ciento no es estadística seria, es maquillaje: se seleccionan tramos, se acomodan fechas y se omiten cuerpos.
“Batman” —porque se la pasa más en la narrativa épica que en la escena del crimen— afirma que la estrategia ha “contenido la escalada de violencia”, ha “reducido capacidades operativas” de los grupos y ha “sostenido la presencia del Estado” donde más pega el delito. Traduzcamos: mientras el funcionario declama desde Ciudad de México, en Sinaloa la guerra intestina del cártel sigue marcando el pulso de los homicidios, con ejecuciones, fosas y rutina de terror.
Llamar “contención” a un promedio de cinco ejecutados diarios es insultar a las víctimas y usar el lenguaje como escudo blindado. No hay estrategia visible, sólo operativos intermitentes, decomisos que no cambian la estructura criminal y cifras que se usan como efectos especiales para la conferencia. El “héroe” federal presume victoria en la estadística, mientras en el territorio la gente sigue contando muertos, no porcentajes.
Los números que no se convierten en paz
Harfuch vende como logro la muy cuestionada detención de 2 mil 540 personas con puras cifras que ya eran fantasiosas cuando iban 46 mil.
Como parte del mismo humo estadístico presume el decomiso de 94.5 toneladas de droga, 5 mil 900 armas aseguradas y la desarticulación de 2 mil 412 laboratorios de metanfetamina. Es el inventario perfecto para la narrativa oficial: montañas de droga, filas de armas, cientos de detenidos… y, sin embargo, el promedio de homicidios se mantiene casi intacto.
Si desmantelar más de dos mil laboratorios no mueve el indicador de muertes, la conclusión es brutal: esos golpes son ruido táctico, no cambios estratégicos. El mercado se reorganiza, las facciones se reacomodan y el Estado se conforma con mostrar fotos de decomisos mientras los asesinatos persisten. El contraste es claro: mucho espectáculo de fuerza, cero reducción sostenida de la letalidad.
El choque con la realidad de Sinaloa
El propio Noroeste lo señala sin rodeos: la supuesta baja que presume la Secretaría es “inexistente” frente a la dinámica real de homicidios en el estado. Donde el Gobierno ve curva descendente, los reporteros ven notas rojas diarias, fosas nuevas, ajustes de cuentas, balaceras y familias quebradas.
La fractura del Cártel de Sinaloa abrió un ciclo de violencia que no se ha cerrado, y reducirlo a un antes y después de “La Perris” es simplificar una guerra criminal a un cuento de superhéroes.
La política de seguridad federal se comporta como editorialista complaciente: integra sólo los datos que favorecen el relato y encierra al resto en silencio estadístico. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿cuántos muertos más necesita la federación para dejar de hablar de “contención” y admitir que su estrategia es pura saliva y uno que otro éxito intermitente.
Mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de narcoterrorismo, empresa criminal y tráfico masivo de fentanilo, metanfetamina y cocaína, Carlos Páez Pereda —alias “Carlitos Rugrats”— aparece, según reportes, comiendo mariscos como si nada, con pistola al cinto y cero prisa. La escena retrata mejor que cualquier discurso la distancia entre la persecución judicial y la realidad en territorio mexicano, donde se sienten y se sientan a gusto, impunes.
Para Washington, no es un personaje menor: lo señalan como operador de alto nivel de la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa y jefe de “Los Rugrats”, un brazo armado al que se le atribuye buena parte de la violencia que desangra regiones enteras.
La acusación, presentada en la Corte Federal del Sur de California, incluye desde conspiración para inundar de drogas a Estados Unidos hasta lavado de cientos de millones de dólares. En el papel, enfrenta cadena perpetua. En la práctica, se da el lujo de salir a comer.
Según el expediente, durante una década habría coordinado rutas entre Sinaloa y Tijuana para abastecer el mercado estadounidense con toneladas de droga sintética y cocaína. No solo eso: la fiscalía lo vincula directamente con asesinatos, secuestros y operaciones armadas que consolidaron el músculo violento de su grupo.
El propio FBI en San Diego lo pone en términos claros: “Los Rugrats” no solo trafican drogas, también exportan violencia. Y la DEA remata el retrato: un operador que habría sostenido su imperio a punta de intimidación, miedo y sangre.
El contexto político tampoco es menor. El caso se inscribe en la estrategia estadounidense que, tras catalogar al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera, abrió la puerta a imputaciones por narcoterrorismo. Es decir, ya no solo son narcos: son tratados como actores que desestabilizan con lógica de guerra.
Páez Pereda, sancionado desde 2025 por el Departamento del Tesoro, aparece así en dos mundos paralelos: en uno, es objetivo prioritario del gobierno estadounidense; en el otro, se pasea armado y come mariscos sin mayor sobresalto. Entre ambos, la pregunta incómoda persiste: ¿quién realmente controla el terreno ?
Víctor Rodríguez Padilla, ex director general de Pemex, fue detenido no cuando debía, sino cuando ya no había forma de no hacerlo. No tras la primera señal de violencia, ni ante la sospecha, ni siquiera ante la denuncia inicial. Fue hasta que el escándalo se volvió público, visible, incómodo. Hasta que el video —crudo, explícito— empezó a circular como recordatorio de que el poder también golpea puertas… y cuerpos.
17:32 horas, colonia Narvarte, operativo coordinado, orden de aprehensión cumplimentada, traslado inmediato. La maquinaria institucional, esa que suele oxidarse frente a víctimas anónimas, de pronto funcionó con precisión quirúrgica.
La historia es conocida: agresiones físicas, psicológicas, económicas y patrimoniales. Una denuncia formalizada. Medidas de protección. Acompañamiento institucional. Y, por supuesto, el comunicado impecable: “en las próximas horas enfrentará a un juez”. Todo en orden. Todo en regla. Todo… tardío.
Porque sin video, sin indignación pública, sin conversación en redes y sin presión mediática, este caso probablemente habría seguido el camino habitual: el archivo, la dilación o la simulación.
No es menor que haya sido necesaria la exposición para activar al Estado. No es un triunfo institucional: es una confesión. La de un sistema que reacciona más al escándalo que a la justicia, más al costo político que a la obligación legal.
La presidenta pidió “todo el peso de la ley”. Y sí, eso suena bien. Pero el peso de la ley no debería depender del volumen de la protesta.
“Ya nos vamos entendiendo”, parece decir la ciudadanía: no es que las autoridades no puedan actuar, es que muchas veces no quieren… hasta que se les obliga.
Y en ese aprendizaje colectivo hay algo inquietante: si la justicia necesita audiencia para existir, entonces no es justicia, es espectáculo con consecuencias.
Hoy hay un detenido. Falta saber si habrá justicia. Porque detener, en México, ya no es lo difícil. Lo difícil es que el caso no se diluya cuando se apagan las cámaras.
Gran parte de la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra el magnate petrolero James Jensen y su familia por contrabando de combustible descansa en el testimonio de un misterioso personaje, mitad empresario, mitad narco, que presumía de conocer muy bien los entresijos del lucrativo negocio del huachicol a los dos lados de la frontera entre México y EE UU.
Desde mediados de 2024, Confidential Informant 1 (CI-1), el nombre en clave que le asignaron las autoridades de Estados Unidos, tuvo encuentros secretos en Texas con fiscales y agentes del Departamento de Seguridad Nacional, de la DEA —la agencia antinarcóticos— y del FBI. Acompañado de su abogado, CI-1 relató cómo era el esquema de robo de petróleo a Pemex y su posterior contrabando a Texas desde Tamaulipas, siempre con la ayuda del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para el cual trabajaba el informante. Según los documentos de la acusación, este broker vendía el producto robado a los Jensen, que han sido acusados no solo de contrabando, sino también de financiar a una organización criminal clasificada como terrorista por Washington.
El informante confidencial en el caso se llama Luis Ariel Rivera Rodríguez, mexicano naturalizado estadounidense, que ahora ronda los 53 años. EL PAÍS ha conseguido establecer su identidad a través de referencias en las decenas de documentos que forman parte del proceso judicial contra los Jensen. Rivera se presenta actualmente como propietario y director de Luxemborg Trading LLC, la principal empresa importadora utilizada para ingresar a Estados Unidos el combustible de Pemex, que se disfraza en los registros aduanales como “destilado de petróleo” y “aceite lubricante usado”. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, entre 2018 y 2025, se traficaron alrededor de 4.000 cargamentos de crudo, con un valor de 300 millones de dolares.
La historia criminal de Rivera no es nueva, y ahora parece estar colaborando con la justicia estadounidense para obtener algún beneficio procesal. Entre 2010 y 2012, Pemex denunció ante los tribunales de EE UU un esquema de robo de condensado de gas que luego era contrabandeado al país norteamericano. La petrolera mexicana señaló puntualmente a varias compañías estadounidenses por beneficiarse del hurto, que databa de 2006. En esa trama figuraban James Jensen y Rivera. En ese entonces, el negocio del huachicol era controlado por el Cartel del Golfo y el de Los Zetas. En la actualidad se replica el mismo negocio criminal, con los mismos actores, aunque con un cartel diferente. Pemex continúa siendo el perdedor.
Pistas hacia Rivera
La defensa legal de los Jensen intenta a toda costa probar que la familia no sabía que el petróleo crudo comprado a Rivera había sido robado a Pemex, ni que del otro lado del negocio estaba el temible cartel de Nemesio Oseguera, El Mencho, abatido este año por el Ejército mexicano. Sin embargo, el hecho de que el comprador y el vendedor estén implicados en la trama criminal de hace dos décadas complica el argumento. Las autoridades de EE UU capturaron en abril de 2025 a James Jensen, el patriarca de la familia; a su esposa, Kelly Anne, y a sus hijos Maxwell y Zachary Golden. Este último y su madre se encuentran en libertad condicional y enfrentan cargos menores. James y Maxwell Jensen están acusados de contrabando, blanqueo de activos y financiamiento a una organización terrorista. El caso se disputa en la Corte del Distrito Sur de Texas.
Los abogados de los Jensen son conscientes de que Rivera será “el testigo central —y, para algunos cargos, el único testigo—” contra los acusados. En escritos dirigidos a la Corte, los letrados se refieren a Rivera como CI-1, siguiendo la nomenclatura secreta de la Fiscalía, pero lo identifican como “director y propietario” de la firma Luxemborg Trading, indicio que confirman registros mercantiles del condado de Hidalgo, Texas, donde fue constituida la compañía en 2009.
Otra referencia que desvela la identidad de Rivera y su rol como informante es la mención de la defensa de los Jensen de una reunión que CI-1 tuvo con sus clientes poco antes de su detención. El intermediario, habiendo pactado con las autoridades, acudió al encuentro con micrófonos para grabar secretamente la conversación. Ese material sustenta en gran medida la acusación de que los Jensen sabían que el CJNG estaba involucrado en la trama. “El Gobierno, al parecer, busca llamar a CI-1 a testificar sobre sus comunicaciones con los acusados, el origen del aceite usado que se les vendió, la manera y los medios usados por CI-1 y Luxemborg para importar el aceite usado, y las supuestas interacciones con el crimen organizado en México”, plantea la defensa de los Jensen.
En otros documentos del juicio se refiere que el informante es “copropietario” de Luxemborg Trading LLC. Registros mercantiles muestran que la otra persona al frente de la compañía es su esposa, Irma Isabel Pruneda. Con esta mujer, Rivera también constituyó en Texas la firma Darvasa Trading LLC en 2009. El apellido familiar es trazable a México, en la firma Luxemborg Mexico Fuel Group, S.A. de C.V., creada en 2021 y donde Luis Rigoberto Rivera Pruneda, hijo de ambos, es accionista mayoritario y gerente general. La filial mexicana forma parte del entramado empresarial que ha utilizado Rivera para cruzar a Estados Unidos el hidrocarburo robado a Pemex, como documentó este periódico en una investigación anterior.
Socio del CJNG
El primer encuentro de Rivera con las autoridades de EE UU como informante ocurrió en julio de 2024. Allí y en sucesivas reuniones detalló —según los reportes escritos por los agentes que lo entrevistaron— que era dueño en México de una “compañía de logística que transportaba diésel, gas y aceite usado” entre los dos países, importando y exportando. Dijo que “alguna vez fue un prominente y legítimo operador”, pero “fue extorsionado por carteles de la droga para transportar productos de petróleo en México”; precisó que debía pagar a los extorsionadores 2.000 dólares por tanque para poder operar.
Sin explicar cómo sucedió, Rivera se convirtió él mismo en miembro de la estructura criminal del CJNG. “Explicó que adquirió el control de varias carreteras en México y estaba a cargo de cobrar pisos o extorsiones a nombre del cartel”, dicen los documentos del juicio. “CI-1 luego usaría parte de esos fondos para sobornar a funcionarios federales, estatales y locales”, agregan. “CI-1 explicó que, sin los pagos de extorsiones, los carteles no permitirían el transporte de productos en México. Luego describió un esquema donde intermediarios aduanales de México falsificarían documentos para exportar ciertos productos de petróleo crudo a Estados Unidos”.
Rivera dijo a los agentes que tenía una colaboración sostenida y directa con ciertos líderes del CJNG, especialmente con Iván Cazarín Molina, El Tanque, encargado del negocio del huachicol y uno de los hombres de mayor confianza del Mencho, y César Morfín Morfín, Primito, jefe de plaza en Tamaulipas. Incluso, Rivera dijo que había hecho amistad con Primito y que hasta tenían un negocio juntos desde 2021. A su vez, al Tanque lo conocía tan bien que dio de él “referencias específicas”. Rivera hizo gala de “su conocimiento de las jerarquías del CJNG” y mencionó a líderes como Héctor Álvarez Álvarez, El H; Carlos Roel, Chuy 7, y otros personajes solo identificados por sus alias: El X, Nareda y Chimuelo.
Rivera precisó que el petróleo contrabandeado a EE UU era directamente expoliado a Pemex “o adquirido a través de funcionarios corruptos” de la paraestatal, e “identificó a una compañía de Estados Unidos como un conocido comprador del crudo que había sido robado en México”, aunque el nombre de esa empresa no se consignó en los papeles judiciales. En un encuentro en diciembre de 2024, Rivera “expresamente decidió trabajar para el Gobierno y accedió a grabar llamadas en el futuro” con James y Maxwell Jensen y con el capo del CJNG identificado con el alias de El X.
Las llamadas con los Jensen ocurrieron, pero lo crucial fue una reunión a la que los convocó Rivera en abril de 2025. A las autoridades les interesaba confirmar que “los Jensen sabían que estaban comprando petróleo crudo ilícito a los carteles de la droga”. Rivera pidió a James y Maxwell Jensen verlos de manera urgente para hablarles de un supuesto proveedor de crudo de México que ofrecía un precio inmejorable. Rivera persuadió a los Jensen al grado de convencerlos de interrumpir sus vacaciones (estaban fuera de EE UU). La reunión, a la que Rivera iba con micrófonos, ocurrió en un restaurante de comida marina “lleno de gente”, en Dallas. Rivera habló de su relación con el CJNG (dijo que “trabajaba con esos tipos aunque no le caían bien”, pero que “no había otra manera de trabajar en México”), mencionó nombres de algunos líderes —El Mencho, El Tanque, Chuy 7— y recordó que apenas hacía dos meses atrás el presidente Trump había clasificado al cartel como “malditos terroristas”.
Los documentos no consignan cuál fue la reacción de los Jensen, pero sirvió a las autoridades para sostener su punto de que sabían que estaban tratando con el cartel del Mencho. La defensa de los acusados reclama que Rivera mencionó “gratuitamente” al CJNG para “tenderles una trampa”. Poco después de ese encuentro arreglado, el 23 de abril de 2025, los Jensen fueron arrestados.
Viejo lobo criminal
Luis Ariel Rivera Rodríguez es un veterano en el negocio ilícito del robo de combustible a Pemex, al que también ha estado ligado previamente el propio James Jensen, de acuerdo con documentos judiciales. Una investigación del académico Samuel León Sáez publicada en Nexos relata que, en 2007, las autoridades de Texas detuvieron en Río Grande Valley un auto que transportaba 1,1 millones de dólares, que fueron incautados. Poco después, Rivera se presentó como el dueño y reclamó los recursos, asegurando que eran lícitos. Para ello, mostró facturas y permisos que supuestamente lo acreditaban como comerciante de derivados de petróleo en México, origen del dinero confiscado. Sin embargo, por aquella época, el único ente autorizado para comerciar hidrocarburos en México era Pemex. Las autoridades federales de Estados Unidos pusieron el foco sobre Rivera y descubrieron que una de sus empresas, Sun Petroco LLC, vendía diésel y condensado de gas en Texas a un precio excesivamente bajo a otras firmas estadounidenses.
Rivera fue detenido en 2008 como parte de un gigantesco operativo de EE UU contra el Cartel del Golfo, que, además del tráfico de drogas, controlaba el negocio de robo de hidrocarburos a Pemex en la Cuenca de Burgos, un enorme campo que abarca los Estados fronterizos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
En ese tiempo, Los Zetas estaban asociados al Cartel del Golfo, para el que trabajaban como sicarios hasta su ruptura un par de años después. Pemex denunció ante tribunales de Texas que, desde 2006, había sido víctima del robo de condensado de gas y que las pérdidas sumaban 300 millones de dólares. La paraestatal mexicana apuntaba a un esquema concertado entre carteles de la droga, brokers y compañías de EE UU, a las que identificaba por su nombre.
Varias publicaciones refieren que Rivera se convirtió en testigo colaborador tras su detención y que aportó detalles de la red de huachicol que operaba entonces. Pasó algunos años en prisión hasta 2013. Según la investigación de León Sáez, Rivera declaró que empresarios, operativos financieros y políticos estaban involucrados en el negocio ilícito. Detalló que él pagaba 80.000 dólares por cruzar cuatro camiones cisterna diariamente y que cada unidad generaba una ganancia de 1,8 millones de dólares al mes. La periodista Ana Lilia Pérez, autora de El cartel negro, agrega que, como parte de su declaración, Rivera también dijo que las empresas de EE UU pagaban hasta 600.000 dólares mensuales a Jaime González Durán, El Hummer, fundador de Los Zetas, para que les autorizara cruzar los cargamentos. Animal Político señala que Pemex obtuvo grabaciones de llamadas entre los empresarios petroleros implicados en la trama, en las que se advierte que estaban al tanto de que el combustible era robado, que participaba el Cartel del Golfo y que se sobornaba a funcionarios aduanales.
En su demanda, presentada en 2010, Pemex señaló que en las aduanas se falsificaban documentos para hacer pasar el condensado de gas por nafta, solvente, combustóleo u otros hidrocarburos. La petrolera señaló que los ladrones obtenían el condensado de gas asaltando con armas los camiones cisterna de la paraestatal. El producto robado era transferido a otros vehículos que se desplazaban a Matamoros, Tamaulipas, por donde cruzaban. Los tanques eran recibidos por los compradores en el sur de la frontera, del lado de EE UU.
Rivera relató un modus operandi más complejo. Declaró que contratistas de Pemex extraían el condensado de gas de los campos petroleros y lo transferían a tanques del cartel, en lugar de llevarlo a las instalaciones de Pemex, donde debían depositar el producto; ya vacíos, esos vehículos se llenaban con agua y se dirigían, ahora sí, a las instalaciones de la paraestatal; funcionarios corruptos de Pemex registraban el agua como si fuera condensado de gas. El hidrocarburo robado se transportaba entonces a su destino final al otro lado de la frontera.
