La frase intenta verse técnica y tranquilizadora, pero en realidad suena a aclaración que confirma la sospecha: cuando un funcionario necesita insistir tanto en que no hay “fines políticos”, es porque sabe que esa lectura ya está instalada. Y en el caso de la UIF, la promesa de “bloqueo contra el crimen” convive con una herramienta que, por diseño, castiga primero y justifica después.
Dichos y expediente
Omar Reyes Colmenares afirma que el congelamiento de cuentas no es arbitrario, que requiere sustento, indicios y motivación legal, y que sólo aplica frente a actividad inusual o criminal detectada por bancos o autoridades.
Pero ese discurso llega en medio de una discusión pública sobre una facultad que la propia Corte validó como medida preventiva, con control judicial posterior, no previo.
El problema no es sólo lo que dice, sino quién lo dice y desde dónde lo dice. La narrativa de “tranquilidad ciudadana” choca con el historial político-administrativo de una estructura que ha sido usada como arma de presión institucional, aunque se le maquille con vocabulario antilavado.
Aclarar no es despejar
“Aclarar” no siempre diluye una duda; a veces la fija. En política, aclarar demasiado suele equivaler a subrayar lo que se quiere negar, como quien repite “no es persecución” mientras deja intacto el mecanismo que permite perseguir sin pasar primero por un juez y que incluso no fue avalado por todos los Ministros y Ministras.
Aquí la aclaración del funcioanrio estrechamente ligado a Omar García Harfuch, no debilita la sospecha, la reafirma: si la UIF necesita explicar con tanta energía que no actúa por consigna, es porque la herramienta tiene el aroma de un poder discrecional que ha generado desconfianza desde antes de la entrevista.
Omar Reyes Colmenares salió a vender la vieja mercancía del Estado bondadoso: que la UIF bloquea cuentas sólo para cazar criminales, que no persigue inocentes, que no hay carga política y que todo pasa por “motivación legal”.
El detalle es que esa explicación suena menos a deslinde que a blindaje verbal: cuando un funcionario tiene que jurar que no usará un poder como garrote político, suele ser porque el garrote ya existe y lo único pendiente es decidir contra quién cae,auqnue ya sabemos contra quienes no caen.
La entrevista pretende domesticar una facultad intrusiva con frases de manual: que todo es preventivo, que todo es técnico, que todo es legal. Pero la realidad jurídica es más incómoda: el bloqueo ocurre antes de que el afectado vea a un juez, y eso convierte la “tranquilidad” oficial en un acto de fe más que en una garantía.
Quien es el funcionario cercano a Harfuch y la corrupcion
Lo que dicen sus actos, en conjunto, es que su paso por readaptación social en la CDMX quedó marcado por una mezcla de señalamientos de corrupción, arbitrariedad y encubrimiento interno, según denuncias publicadas.
El texto lo presenta como parte de una red donde subordinados y mandos operaban con extorsión, favoritismo y trato abusivo hacia el personal, especialmente mujeres, dentro del sistema penitenciario capitalino.
Qué le atribuyen
La publicación lo señala por presuntas conductas de corrupción y por tolerar o favorecer a operadores cercanos, en particular José Iván Barillas Cervantes, a quien acusa de mantener control interno con prácticas ilegales, extorsión y vínculos con grupos de poder dentro del sistema.
También sostiene que, bajo esa lógica, hubo omisiones frente a riñas, fugas, motines y violencia, lo que pinta un aparato de seguridad penitenciaria más preocupado por sus lealtades que por la readaptación social.
Qué revela el señalamiento
El señalamiento no apunta sólo a irregularidades administrativas; sugiere una cultura de captura interna del penal, donde el cargo sirve para operar favores, presiones y negocios.
En ese contexto, la denuncia no busca describir una anécdota aislada, sino construir la imagen de un funcionario que habría llegado a ese ámbito ya asociado con prácticas opacas y que habría reproducido ese patrón desde el puesto.
Su paso por readaptación social no parece haber dejado huella de reforma institucional, sino de viejos vicios con uniforme nuevo: acusaciones de corrupción, mano blanda con los leales y mano dura con los subordinados incómodos.
Si el sistema penitenciario debía corregir conductas, el retrato que dejan estas denuncias es el inverso: un funcionario y su círculo usando la estructura para administrar miedo, favores y negocios, mientras la “readaptación” se queda como adorno retórico.
El señalamiento más grave no es sólo que haya acusaciones, sino que describen un entorno donde la autoridad habría perdido autoridad moral y operativa, y eso en prisiones equivale a entregar el control a la conveniencia.
Con informacion: ELUNIVERSAL/ PERIODISTAS SON CENSURA/
