Durante la mañana de este martes 15 de abril, el Cartel de Sinaloa le volvio a restregar impunemente a las autoridades el su grado de desafío y su poder de fuego, tan poderoso como el poder corruptor que llevo al Gobernador Ruben Rocha Moya a gobernar Sinaloa de la mano putrefacta de MORENA.
La faccion de “La Chapiza”,a quien se presume autora del suceso,atacó violentamente una caseta de vigilancia de la Policía Municipal en la colonia Los Huizaches, al sur de Culiacán, Sinaloa.
El saldo del ataque fue un agente muerto y otro herido, además de daños materiales en vehículos y viviendas cercanas.
Detalles del ataque
Hora y lugar: El ataque ocurrió alrededor de las 6:40 a.m. en la calle Mina Plomosa, entre las avenidas Liberalismo y Presidente Miguel de la Madrid Hurtado.
Víctimas: El policía fallecido fue identificado como José Adolfo, cuyo cuerpo quedó dentro de un automóvil Honda Civic gris estacionado junto a la caseta. El agente herido responde al nombre de Cristian y se encuentra en estado grave.
Impacto: Los atacantes dispararon más de 200 balas contra el inmueble, generando pánico entre los vecinos. Algunos reportaron daños en sus viviendas y automóviles.
Movilización y operativos
Tras el ataque, elementos de la Policía Estatal, Municipal y del Ejército (SEDENA) desplegaron un operativo en busca de los responsables. Minutos después, se localizó un vehículo abandonado en la avenida Álvaro Obregón y el libramiento Benito Juárez “La Costerita”, presuntamente utilizado por los atacantes.
Contexto de violencia
Este ataque se suma a una serie de agresiones contra corporaciones policiales en Sinaloa. Desde septiembre pasado, mas de 25 agentes de policia y transite incluso un federal adscrito con Omar Garcia Harfuh, han sido asesinados en el contexto de una disputa interna entre facciones del Cártel de Sinaloa (“Chapitos” y “Mayos”). En lo que va del año, Sinaloa acumula 17 policías asesinados, siendo uno de los estados más afectados por este tipo de violencia.
Reacciones oficiales
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal lamentó el asesinato del agente y expresó su compromiso para colaborar con las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE). Asimismo, se brindará apoyo a los familiares del policía fallecido.
Este hecho refleja el nivel crítico de inseguridad que afecta a las corporaciones policiales que a decir de reciente video han tomado “partido” en Sinaloa,lo que subraya lo peligroso de esta actitud sesgada las autoridades que enrarece aun mas el clima de inseguridad, pues criminales tratan a las autoridades como otros criminales.
Un video corto y claramente grabado, José Manuel Hernández Carrillo, un funcionario estatal de la división de infraestructura de Sinaloa, establece lo que las víctimas, rivales e información privilegiada han susurrado durante años: los políticos y los comandantes militares que protegían a “Chapitos”, ahora están protegiendo a “Mayito Flaco” Zambada.
No por accidente. No por omisión. Pero con intención y coordinación.
El 21 de marzo de 2025, el fideicomisario (síndico) de San José de las Bocas fue detenido en Cosalá durante una operación de la Armada Mexicana (SEMAR). Marco Antonio Hernández fue arrestado junto con otros tres con armas largas y drogas.
No hubo necesidad de abogado, no desapareció. Fue liberado en cuestión de horas y no se presentaron cargos. No hubo conferencia de prensa ni “rendición de cuentas, ni “fotitos” hablando de coordinacion conjunta con tantas instituciones nombrada en imagenes ,que no caben en ella.
¿Por qué? Porque su hermano, José Manuel, tenía una línea directa con el ejército. Y lo revela en este video de confesión que es más que solo nepotismo, es la mecánica de cómo la facción de Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa está siendo protegida desde dentro.
Donde termina el gobierno y comienza el cártel
“Mi nombre es José Manuel Hernández Carillo. Soy asistente auxiliar en la Oficina de la Carretera de Culiacán”, dice el hombre, tranquilo c
Su relación no era distante. José dice claramente:
“Le he pedido favores antes… enviando operaciones especiales a lugares donde Los Mayos está perdiendo”.
El alcance de Ortega abarca el sur de Sinaloa, una zona estratégica donde el control significa poder. Pero José no solo involucró a Ortega. Nombra al general Fuentes Véles y al general Schazarino, ambos comandantes en las zonas militares de Sinaloa, hombres que han estado “en contacto” con Ortega con respecto a las operaciones.
El rastro de papel que nadie quiere tocar
Mientras el vídeo de José circula a través de canales clandestinos, una versión más silenciosa llegó a la prensa. Los medios locales confirmaron que Semar detuvo a Marco Antonio Hernández, que las drogas y las armas fueron incautadas, y que en cuestión de horas, fue libre. No rescatado. No exonerado. Solo suéltalo.
La prensa señaló con el dedo al hermano de Marco, un funcionario a nivel estatal con vínculos gubernamentales.Las redes sociales explotaron con acusaciones de filtración de inteligencia, saboteo de redadas rivales y manipulación de despliegues militares.
Los susurros se convirtieron en rabia cuando las familias de funcionarios municipales y estatales : el estado no estaba infiltrado, ya estaba vendido.
El interrogatorio
Transcripción
José Manuel Hernández Carillo:
“Mi nombre es José Manuel Hernández Carillo. Soy asistente auxiliar en la Oficina de Carreteras de Culiacán. Estoy aquí porque el pasado 21 de marzo en San José de Las Bocas, la ciudad vecina de Cosalá, mi hermano, que es un fideicomisario municipal con el nombre de Marco Antonio Hernández, fue detenido con armas largas”.
“Cuando mi familia me llamó, me vi obligado a pedirle un favor al capitán Efrén Ortega. Pertenece a la Octava Región Naval y actualmente trabaja en el Comité de Seguridad de Culiacán. Su colaboración se extiende desde Culiacán hasta el extremo sur del estado”.
“Nuestra amistad tuvo lugar cuando lo conocí en el Comité de Seguridad de Culiacán. Dicho esto, le he pedido favores para enviar operaciones especiales al área donde Los Mayos están perdiendo. Además de esto, también tengo conocimiento de que el general Fuentes Véles, comandante de la zona militar, y el general Schazarino, comandante de la zona militar, han estado en contacto con él”.
José Manuel Hernández Carillo
José Manuel nombró nombres: rangos, comandantes, toda la cadena. Días después, lo encontraron muerto en una habitación de motel barato utilizada para escoltas. Cualquier protección que él tuviera no la tuvo. Alguien hizo la llamada.
Mientras los capitanes acepten favores y los generales respondan a las llamadas, esta guerra nunca terminará.
No porque los cárteles no dejen de luchar.
Porque los políticos y los comandantes militares no dejarán de pedir más.
En tan solo dos meses del primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador −entre abril y mayo de 2019−, los teléfonos de por lo menos 456 personas fueron espiadas con el software Pegasus, revelan documentos judiciales del litigio entre WhatsApp y la empresa israelí NSO Group.
La organización Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) dieron a conocer que de las mil 233 víctimas de ataques con Pegasus que WhatsApp identificó entre sus usuarios globales, entre abril y mayo de 2019, 456 personas eran mexicanas, 100 de la India y 82 de Baréin.
El número de ataques correspondientes a México representa el 37 % del total de los incidentes documentados.
“Esta información inédita muestra, por primera vez, la escala del espionaje estatal con Pegasus que ha sido sistemáticamente negado por el gobierno mexicano”, de acuerdo con las organizaciones.
“Además, la aceptación de que México es cliente de NSO Group por parte de los propios representantes de la empresa tira por la borda los intentos por negar lo innegable. Las mentiras de la administración pasada han quedado expuestas ante las abrumadoras pruebas del uso de Pegasus, cuyo alcance real es aún desconocido, pero sin duda, de proporciones mayúsculas”, señalaron.
Ambas organizaciones han denunciado que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como el gobierno de López Obrador han pretendido mantener en la impunidad la corrupción y el espionaje ilegal con Pegasus.
En 2022, la investigación Ejército Espía reveló que la Sedena suscribió un contrato por un “Sistema de Monitoreo Remoto de Información” con Comercializadora Antsua –empresa con derechos exclusivos para vender Pegasus– con fecha del 12 de abril de 2019.
Ese mismo año, los teléfonos de al menos tres personas fueron intervenidos con Pegasus para monitorear llamadas y mensajes: un periodista de Animal Político; Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas, y el periodista y escritor Ricardo Raphael, como pudo comprobar Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, luego de hacer un análisis forense a sus equipos.
En los tres casos, la intervención ilegal a los teléfonos ocurrió cuando los afectados investigaban temas relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.
Hasta la fecha, la Sedena se niega a entregar la información sobre dichos contratos, pese a la resolución del INAI que le obligó a entregar información que fue solicitada vía transparencia.
La Sedena también ha negado la existencia del Centro Militar de Inteligencia (CMI), el área encargada del espionaje durante sexenio de AMLO, pese a las evidencias que confirman su operación, como la referencia que la propia dependencia hizo sobre él en su segundo informe de labores en 2020.
Ejército Espía y el software Pegasus
El software de espionaje ilegal ha sido utilizado para espiar en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, principalmente a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, e incluso funcionarios públicos.
El primer antecedente de Pegasus en México se registró en 2012, cuando investigaciones periodísticas publicaron que la Sedena se convirtió en el primer cliente internacional de NSO Group, al adquirir el sistema Pegasus como parte de una serie de contratos celebrados con la empresa Security Tracking Devices S.A. de C.V., los cuales ascendieron a 5.6 mil millones de pesos.
Aunque Sedena ha intentado negar el espionaje, en la investigación Ejército Espía se ha podido documentar tanto la existencia del CMI como el uso del software en contra de los ciudadanos.
Pese a la ilegalidad del espionaje, en México no hay un solo sentenciado por ello, y las autoridades ni siquiera han realizado el trabajo de investigación de manera expedita.
En 2017, 2022 y 2023, las personas vigiladas por Pegasus presentaron denuncias penales ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), pero hasta el momento no han hallado a ningún responsable.
La negativa de la dependencia encabezada entonces por Luis Cresencio Sandoval ha pasado por encima del compromiso público que el expresidente hizo durante sus conferencias matutinas en las que instruyó la entrega.
“Vamos a entregar toda la información, no hay nada ilegal, se hace trabajo de inteligencia porque es mucho mejor la inteligencia que la fuerza”, declaró en marzo de 2023.
Apenas tres días después de que el Presidente Donald Trump acusara el robo de agua y amenazara con aranceles a México si no cubría su adeudo de este vital liquido a Estados Unidos, las extracciones de la Presa La Amistad se dispararon 600 por ciento el domingo, pese a que el embalse está en un nivel crítico y es esencial para la población.
Los Gobiernos del municipio de Acuña y del Estado de Coahuila prendieron ayer la alarma y urgieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum a frenar la salida extraordinaria de agua, cuyo uso sería agrícola en Texas.
En un posicionamiento público, el Alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos, detalló que la extracción pasó de 18 mil litros por segundo a 120 mil litros por segundo, y que se mantendría hasta el 23 de abril.
De Hoyos subrayó los riesgos, ya que la presa tiene apenas un 12.7 por ciento de llenado, uno de sus niveles históricos más bajos, y podría caer por debajo del 10 por ciento de persistir la medida.
Según cifras de Conagua, La Amistad, ubicada en el Río Bravo y en la frontera con Texas, tenía más de 40 por ciento de almacenamiento en abril del 2022, pero su nivel se desplomó por la sequía.
“El caudal de extracción ha aumentado de forma alarmante”, alertó De Hoyos, que ganó la Alcaldía con una alianza entre el partido Unidad Democrática de Coahuila y el PRI.
“De continuar, podría representar un daño irreparable”, señaló. “Amenaza directamente el abasto de agua para nuestra gente”.
El Alcalde recordó la amenaza del jueves de Trump, que amagó con aranceles a México si no liquidaba su adeudo de agua con Estados Unidos, lo que respondió Sheinbaum un día después asegurando, sin dar detalles, que ya había negociaciones y que habría una entrega “inmediata” a Texas.
Ayer, el Gobernador de Coahuila, el priista Manolo Jiménez, respaldó a De Hoyos e informó que inició contactos con Conagua y con las Secretarías de Agricultura y Gobernación.
Jiménez añadió que no sólo está en riesgo el agua para consumo humano en Acuña, sino en otras ciudades y comunidades del norte de Coahuila, como Piedras Negras.
Aunque ninguna autoridad federal se pronunció, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) confirmó en una alerta las extracciones a la presa.
La Amistad y la Presa Falcón, en Tamaulipas, son los embalses binacionales que tradicionalmente usa México para pagar sus obligaciones de agua a Texas contraídas en el tratado de 1944, pero en los últimos años han sido golpeadas por la falta de lluvias.
Hasta anoche, no se reportaban extracciones extraordinarias de la Falcón, que tenía un 8 por ciento de llenado.
Ante la crisis en La Amistad y la Falcón, México firmó en noviembre pasado en la CILA la llamada Minuta 331, en la que abrió la puerta a usar el Río San Juan, donde se ubican las presas Marte R. Gómez, en Tamaulipas, y El Cuchillo, principal fuente de agua para consumo humano del área metropolitana de Monterrey, para abonar a Estados Unidos.
La Administración incapaz del Gobernador de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal, ha protestado públicamente por la Minuta 331, pero hasta el momento el Gobierno de Nuevo León, encabezado por el emecista Samuel García, no se ha pronunciado.
Sheinbaum doblegada
La actitud presidencial descrita como “doblegada por el bastón de mando de Trump” se refiere a una percepción de sumisión o falta de firmeza del gobierno mexicano ante la presión ejercida por el expresidente estadounidense Donald Trump.
En este contexto, la amenaza de Trump de imponer aranceles a México si no cumplía con el pago de agua estipulado en el Tratado de 1944 llevó a una respuesta inmediata y drástica por parte del gobierno mexicano: el aumento súbito y extraordinario de las extracciones de agua de la Presa La Amistad, a pesar de que el embalse se encontraba en niveles críticos y su uso es vital para la población local.
Esta reacción es vista como una decisión tomada bajo presión externa, priorizando el cumplimiento de las demandas de Estados Unidos sobre las necesidades y el bienestar de las comunidades mexicanas afectadas por la escasez de agua.
El hecho de que la extracción se incrementara 600% justo después de la amenaza de Trump refuerza la percepción de que la política hídrica mexicana en este caso fue dictada más por la urgencia de evitar represalias comerciales que por una estrategia soberana o por la protección de los recursos nacionales.
El término “doblegada” implica que la administración mexicana cedió ante la presión, sacrificando intereses internos para evitar un conflicto económico con Estados Unidos. Esto ha generado críticas y alarma entre autoridades locales y estatales, quienes advierten sobre el riesgo de un daño irreparable al abasto de agua para la población y la posibilidad de que la presa caiga a niveles históricamente bajos, afectando a miles de personas en el norte del país.
En resumen, esta frase señala una postura presidencial percibida como débil o subordinada ante las amenazas de Trump, lo que ha provocado preocupación y protestas de autoridades locales y estatales por las consecuencias sociales y ambientales de esta decisión.
Que dice Sheinbaum especialista en la “Negación”
“Hay un tratado de 1944 donde Estados Unidos da agua y México da agua. México en los últimos años no ha dado la cantidad de agua del tratado porque ha habido sequía, pues porque sencillamente no hay agua. Entonces, lo que se está viendo es cuánta agua se podría entregar sin afectar a productores mexicanos y que podamos ir cumpliendo con lo que nos corresponde del tratado de 1944.
“Se está en diálogo con el Gobernador de Tamaulipas, con el Gobernador de Coahuila y con la Gobernadora de Chihuahua para que sea un acuerdo conjunto para poder ver cuánta agua se puede entregar a partir de lo que debe México de agua sin afectar a productores mexicanos, pero al mismo tiempo cumpliendo con el tratado de 1944”, agregó.
El actor cubano-estadounidense William Levy, de 44 años, fue arrestado ayer 14 de abril en Weston, al sur de Florida, por cargos de intoxicación desordenada y allanamiento de morada en una propiedad ocupada.
La detención fue realizada por agentes de la Oficina del Sheriff de Broward y, según los registros carcelarios, Levy permanece recluido en la cárcel principal del condado de Broward sin derecho a fianza, a la espera de su audiencia judicial.
Cargos y situación legal
Levy enfrenta dos cargos menores (delitos menores en la legislación de Florida):
Intoxicación desordenada en un lugar público: Puede conllevar hasta 60 días de cárcel.
Allanamiento de morada en una propiedad ocupada: Podría acarrear hasta un año de prisión.
Hasta este martes 15 de abril, no se había fijado monto de fianza ni fecha de liberación, y los detalles específicos del incidente que llevó a su arresto no han sido divulgados por las autoridades. Una fotografía de su ficha policial muestra al actor visiblemente desaliñado, con barba canosa y expresión preocupada.
Contexto personal y antecedentes recientes
El arresto de Levy ocurre en medio de una serie de controversias personales y legales que han marcado su vida en el último año, especialmente tras su separación de la actriz Elizabeth Gutiérrez, con quien mantuvo una relación de dos décadas y tiene dos hijos.
Desde octubre de 2023, la policía ha intervenido al menos en cuatro ocasiones en la residencia que compartía la pareja en Southwest Ranches, Florida, debido a disputas domésticas. Los reportes policiales detallan incidentes que incluyen:
Acusaciones de consumo excesivo de alcohol por parte de Levy, lo que habría generado discusiones verbales y preocupaciones de Gutiérrez sobre el bienestar familiar.
Un altercado en enero de 2024, donde Gutiérrez denunció que Levy, en estado de ebriedad, irrumpió en la casa, la insultó y portó un arma (aunque no la usó para amenazar).
Un incidente en marzo de 2024, en el que Gutiérrez acusó a Levy de empujar a su hija Kailey para impedirle entrar a su habitación, presuntamente porque ocultaba a otra mujer en la casa. La policía no encontró pruebas de agresión física y Levy negó haber lastimado a su hija, alegando que solo intentó evitar que entrara a su espacio privado.
Estos episodios han sido ampliamente cubiertos por los medios y han deteriorado la imagen pública del actor, quien hasta ahora había mantenido una postura reservada en redes sociales, limitándose a publicar mensajes enigmáticos y evitando declaraciones directas sobre los conflictos familiares.
Trayectoria profesional
William Levy es conocido internacionalmente por su trabajo en telenovelas como Cuidado con el Ángel, Sortilegio y Café con aroma de mujer, así como por su participación en producciones de Hollywood como Resident Evil: The Final Chapter y Addicted[2][7]. Su carrera ha estado marcada por el éxito en la televisión hispana y, más recientemente, por su incursión en el mercado angloparlante.
Repercusiones y próximos pasos
Hasta el momento, ni Elizabeth Gutiérrez ni los hijos de la pareja han hecho declaraciones públicas sobre el arresto. El caso sigue en desarrollo y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el incidente que llevó a la detención de Levy y sobre su situación legal.
El arresto de William Levy no solo pone en el foco su situación judicial, sino que también reaviva el debate sobre la exposición mediática de las figuras públicas y el impacto de los conflictos personales en sus carreras profesionales.
