“QUIERE AUNQUE sea un HUESITO para DARLE CRISTIANA SEPULTURA”: “SECRETARIA de GOBERNACION que YA les FALLÓ como EX-SECRETARIA de SEGURIDAD RECICLA el NO HABRA IMPUNIDAD en DESAPARICIONES”…posibilidad de que cumpla es baja, remota,tirandole a nula.

“Aunque sea un huesito para tenerlo y darle cristiana sepultura”, clamaba entre lágrimas Gustavo Hernández, papá de Abraham, quien desapareció a los 33 años en Escobedo, Nuevo León, en abril de 2024.

Tras un Sexenio de estar a la sombra de las autoridades, colectivos de búsqueda mostraron sus exigencias y dolor, por primera vez cara a cara, frente a integrantes del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum que les prometieron justicia en un País con más de 127 mil víctimas de desaparición.

Las familias, integradas en grupos que buscan a sus desaparecidos, se reunieron con Rosa Icela Rodríguez, antes Secretaria de Seguridad y ahora titular de Segob; con Teresa Guadalupe, de la Comisión Nacional de Búsqueda, y con Yuriria Rodríguez, de Atención a Víctimas.

De entre los 200 asistentes, de 26 colectivos, al diálogo que duró 8 horas, Gustavo Hernández, papá de Abraham, pidió ayuda.

“Yo sé que la Presidenta va a cambiar esta historia y nos va a ayudar para que regresen a nuestras casas nuestros tesoros, aunque sea un huesito”, insistió.

La Secretaria Rodríguez ofreció que no prevalecerá la impunidad.

“Ustedes quieren saber qué pasó, dónde están sus seres queridos y es obligación de las autoridades buscarlos y es obligación de las fiscalías hacer investigación y es obligación de las comisiones trabajar y atender a las víctimas”.

Mas atole con el dedo y a veces ni eso

La crisis de desapariciones en México ha alcanzado niveles alarmantes, con más de 127,000 personas desaparecidas y un sistema institucional que parece incapaz de ofrecer respuestas concretas a las familias afectadas. 

En este contexto, los colectivos de víctimas enfrentan un dilema: ¿qué esperanza pueden albergar cuando quienes están al frente de las instituciones responsables ya han fallado en sus roles previos?

Rosa Icela Rodríguez, ahora titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), se encuentra en el centro de estas críticas. Durante su gestión como Secretaria de Seguridad, México continuó enfrentando un aumento en la violencia y las desapariciones, lo que generó desconfianza entre los colectivos y las familias de las víctimas. Ahora, como cabeza de Segob, Rodríguez prometió que “no prevalecerá la impunidad” y que las autoridades tienen la obligación de buscar a los desaparecidos y atender a las víctimas. Sin embargo, estas palabras contrastan con el historial de negligencia institucional que ha caracterizado la respuesta gubernamental a esta crisis.

Promesas vs. Realidad

Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum ha declarado que las desapariciones son una “prioridad nacional” y ha anunciado acciones inmediatas como fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y establecer protocolos para alertas inmediatas, los colectivos han expresado su descontento. 

En una carta abierta, señalaron que estas medidas reflejan un desconocimiento sobre los mecanismos existentes y criticaron la falta de sensibilidad y capacidad técnica en los líderes actuales. Además, bajo su administración, las desapariciones han aumentado significativamente, con un promedio diario de 41.5 casos en los primeros meses del sexenio.

La Desconfianza Persistente

El problema no radica únicamente en la falta de recursos o estrategias, sino en una estructura permeada por impunidad y corrupción. Organismos internacionales como el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU han señalado que las desapariciones en México constituyen una práctica “sistemática y generalizada”, muchas veces con complicidad estatal. 

Esto refuerza la percepción entre los colectivos de búsqueda de que el gobierno no solo ha fallado en protegerlos, sino que podría estar contribuyendo al problema.

La Voz de las Víctimas

En encuentros recientes con funcionarios gubernamentales, como Rosa Icela Rodríguez y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (CNB), las familias han mostrado su desesperación. Gustavo Hernández, padre de Abraham, desaparecido en Nuevo León, expresó entre lágrimas: “Aunque sea un huesito para tenerlo y darle cristiana sepultura”. 

Estas palabras reflejan el profundo dolor y la mínima esperanza que albergan muchas familias: encontrar rastros tangibles de sus seres queridos.

El Camino por Recorrer

Los colectivos de víctimas enfrentan un panorama desolador. Las promesas gubernamentales parecen insuficientes frente a años de negligencia sistemática. Para recuperar algo de esperanza, sería necesario:

• Reformas estructurales reales, incluyendo una mayor transparencia y rendición de cuentas.
• Participación activa de las familias en decisiones clave sobre búsqueda e identificación.
• Desmantelamiento efectivo de redes criminales infiltradas en instituciones públicas.
• Compromiso genuino por parte del gobierno para combatir la impunidad.

Sin estas acciones contundentes, los colectivos seguirán luchando contra un sistema diseñado para perpetuar el silencio y la injusticia.

Posibilidad de que cumpla Rosa Icela: BAJA

Evaluar la posibilidad de que Rosa Icela Rodríguez cumpla con las expectativas como titular de la Secretaría de Gobernación en el contexto de la crisis de desapariciones en México requiere considerar su historial, las acciones anunciadas y las críticas recibidas.

Factores que afectan su desempeño:

1. Historial como Secretaria de Seguridad: Durante su gestión en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los índices de violencia y desapariciones continuaron en aumento, lo que genera dudas sobre su capacidad para abordar problemas estructurales desde Segob.
2. Promesas y acciones actuales: Rodríguez ha prometido facilitar acuerdos políticos y consensos sociales, además de continuar con el proyecto de transformación iniciado por Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, las familias de desaparecidos han criticado que las reformas propuestas por el gobierno no abordan la raíz del problema: la impunidad y la falta de voluntad política.
3. Crisis institucional: Las desapariciones en México son un problema sistémico, exacerbado por la complicidad estatal y la falta de recursos adecuados. Aunque se han anunciado medidas como fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda y establecer protocolos inmediatos para alertas, estas acciones han sido calificadas como insuficientes por los colectivos.
4. Reacción social: Los colectivos de búsqueda han señalado que las propuestas gubernamentales reflejan desconocimiento sobre los mecanismos existentes. Además, critican la continuidad de políticas fallidas y la falta de apertura al diálogo con las víctimas.

Posibilidad estimada:

Dada la combinación de factores mencionados —historial previo, críticas a las reformas actuales y el contexto institucional—, la probabilidad de que Rosa Icela Rodríguez cumpla plenamente con las expectativas es baja, remota por no decir nula.

Además, las reformas anunciadas enfrentan resistencia por parte de las víctimas debido a su enfoque limitado y a la percepción de indiferencia gubernamental hacia sus necesidades.

Para aumentar esta posibilidad, sería necesario un cambio significativo en el enfoque gubernamental hacia una mayor transparencia, participación activa de las familias afectadas y acciones contundentes contra la impunidad. Sin estos elementos, el cumplimiento efectivo sigue siendo incierto y mientras tanto, las desapariciones siguen creciendo.

Con informacion: ELNORTE/

“OIGAN al GUEVUDO…con TODO RESPETO”: “GOBERNADOR de MORENA AMENAZA el ESTADO de DERECHO y de MANERA CHUECA quiere le DONEN TERRENO en la FECHA y HORA que se le HINCHARON los TANATES”…error de geografia,cree esta en Corea del Norte.

El Gobernador morenista de Puebla, Alejandro Armenta, amenazó ayer a grupos inmobiliarios con expropiarles terrenos si se resisten a donar suelo para construir viviendas de policías estatales tal y como el lo ordena y bajo las condiciones de tiempo, modo y lugar que el señala.

En particular, Armenta dio un mes a Grupo Proyecta para entregardos hectáreas de terreno y, si no lo hacen, se les quitará por la fuerza el doble de extensión.

“Grupo Proyecta: dos hectáreas en un mes o procedo a la expropiación de 4 hectáreas. Con todo cariño, ¿eh?”.

De manera específica, advirtió que, en caso de no cumplir con su exigencia en un plazo de 30 días, se procederá a expropiar el doble de la superficie solicitada, es decir, cuatro hectáreas.

Desviaciones éticas y legales

1. Uso coercitivo de la expropiación:

• La expropiación es un mecanismo regulado por el artículo 27 de la Constitución Mexicana que exige dos condiciones fundamentales: una causa de utilidad pública y una indemnización justa y previa. Sin embargo, la amenaza de Armenta desvirtúa este principio al condicionar el proceso a un “donativo” forzado, lo que representa una forma de coacción política y un abuso del poder público.
• Este acto podría interpretarse como autoritario y contrario al Estado de Derecho, ya que utiliza la figura legal de la expropiación como herramienta para presionar a empresas privadas.

1. Violación del principio de justicia social:

• Aunque el gobernador argumenta que su demanda busca garantizar condiciones dignas para los policías estatales, el método empleado contradice los principios éticos y democráticos que deben regir la política pública. La amenaza directa y el tono coercitivo vulneran el respeto al derecho privado y generan incertidumbre jurídica.

1. Contradicción con los postulados de Morena:

• Morena presumia en voz de su lider “a_moral” que nada debía ser por la fuerza y todo por la razon,pero ademas define su ideología como un movimiento basado en principios democráticos, pacíficos y éticos. Promueve el respeto a los derechos humanos, la solidaridad y la colaboración como ejes rectores del ejercicio político. Las acciones del gobernador contrastan con estos valores al emplear tácticas autoritarias y presiones públicas que no fomentan la unidad ni el bienestar colectivo.

Pormenorización de las conductas delictivas

• Amenaza pública: Armenta declaró públicamente que iniciaría un proceso de expropiación si Grupo Proyecta no cumplía con su exigencia dentro del plazo establecido. Esto podría constituir una forma de intimidación o extorsión política.
• Abuso de autoridad: Al utilizar su posición como gobernador para condicionar una acción privada bajo amenazas explícitas, se podría argumentar que incurre en abuso del poder público.
• Desnaturalización del concepto de utilidad pública: La expropiación debe estar fundamentada en causas legítimas y transparentes. En este caso, el proceso parece estar motivado más por presión política que por una verdadera necesidad social.

Recriminación de la conducta

Las acciones del gobernador son reprochables desde diversos ángulos:

1. Legalidad: La amenaza explícita contradice los principios constitucionales sobre propiedad privada y expropiación. Manipular esta herramienta como medio coercitivo pone en riesgo el equilibrio entre intereses públicos y privados.
2. Ética política: Morena se define como un partido comprometido con valores democráticos y éticos; sin embargo, las acciones de Armenta reflejan prácticas autoritarias incompatibles con estos ideales.
3. Impacto social: Este tipo de medidas puede generar desconfianza entre los actores privados hacia el gobierno estatal, afectando futuras inversiones y el desarrollo económico local.

Contraste con los principios de Morena

Los postulados fundamentales del partido Morena incluyen:

• Promoción de la justicia social mediante métodos pacíficos y democráticos.
• Respeto irrestricto a los derechos humanos y al Estado de Derecho.
• Rechazo al autoritarismo y compromiso con la ética política crítica.

Las acciones del gobernador Alejandro Armenta violan estos principios al recurrir a tácticas coercitivas que deslegitiman su gestión como representante público. Morena sostiene que “la autoridad legítima no es una condición que alguien pueda asignarse a sí mismo”, sino una investidura otorgada por la colectividad para servir al bien común. El comportamiento del gobernador contradice esta premisa al priorizar sus intereses políticos sobre el respeto a las leyes e instituciones.

En conclusión, las amenazas emitidas por Alejandro Armenta representan una desviación grave tanto ética como legal. Estas acciones no solo ponen en entredicho su compromiso con los valores democráticos que Morena proclama, sino que también generan un precedente peligroso para el ejercicio político en México,aunque solo replican lo que hace el resto, pues se exhiben una y otra vez de “puerco completo”.

Con informacion: ELNORTE/ MEDIOS/ REDES/

"AMERICO y TAMAULIPAS en MEDIO": "TRUMP ACUSA a MEXICO de ROBAR el AGUA y AMAGA con IMPONERLE ARANCELES SI NO CUMPLE TRATADO"...la entidad va pagar los platos rotos del incumplimiento nacional.

El Presidente Donald Trump amenazó ayer jueves con imponer aranceles adicionales a los productos mexicanos que llegan a Estados Unidos, o algún otro tipo de sanciones, si el Gobierno mexicano persiste en no cumplir con la entrega de aguas del Río Bravo al Estado de Texas.

En lo que representa un escalamiento del conflicto por aguas, Trump recordó que a mitad de marzo su Administración había ya negado por primera vez en la historia una solicitud especial del Gobierno mexicano para entregar agua del Río Colorado a Tijuana en represalia por las fallas en el Río Bravo.

“Seguiremos intensificando las consecuencias (contra el Gobierno de México), incluyendo aranceles y, tal vez, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el Tratado y le dé a Texas el agua que se le debe”.

Apenas el 22 de marzo pasado, Grupo REFORMA publicó que de acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), México había aportado 602.8 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del Río Bravo lo que corresponde a sólo 28 por ciento de su cuota quinquenal.

Que mas dice Trump:

“México LE DEBE a Texas 1.3 millones de acres-pies de agua según el Tratado de Aguas (entre México y EU de 1944), pero lamentablemente México está violando su obligación bajo el Tratado”.

“Esto es muy injusto y está perjudicando gravemente a los agricultores del sur de Texas. El año pasado, el único ingenio azucarero de Texas CERRÓ porque México les ha estado robando el agua a los agricultores texanos”, agregó el Presidente estadounidense en su publicación de este jueves.

La amenaza lanzada ayer por Trump hace eco de los reclamos del Senador republicano por Texas Ted Cruz, quien a mediados de marzo aplaudió la decisión del Departamento de Estado de negar agua del Río Colorado para Tijuanaasegurando que deben aplicarse sanciones para que México entregue agua.

Contexto histórico del tratado

El conflicto actual entre México y Estados Unidos sobre el agua del Río Bravo tiene sus raíces en el Tratado de Aguas de 1944, un acuerdo bilateral que regula el uso compartido de los recursos hídricos de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo. Este tratado obliga a México a entregar 1.75 millones de acres-pies de agua al año a Estados Unidos en ciclos quinquenales, mientras que Estados Unidos debe proporcionar 1.5 millones de acres-pies de agua anualmente a México desde el río Colorado.

El Tratado de Aguas fue firmado en Washington D.C. en noviembre de 1944 y ratificado por ambos países en 1945. Fue considerado un logro diplomático significativo, ya que estableció un sistema equitativo para la distribución del agua entre las dos naciones, utilizando una red binacional de presas y reservorios. En ese momento, el acuerdo reflejaba un equilibrio de poder entre ambos países y buscaba garantizar la cooperación en la gestión de recursos hídricos esenciales para las regiones fronterizas.

Sin embargo, el tratado no contemplaba desafíos modernos como el cambio climático, el crecimiento industrial y agrícola, ni las sequías prolongadas que afectan gravemente la disponibilidad de agua en ambas naciones. Estas condiciones han complicado el cumplimiento del acuerdo, especialmente en el norte de México, donde las sequías han reducido drásticamente los niveles de agua disponibles.

Las implicaciones para Tamaulipas

Las implicaciones para Tamaulipas en el contexto del conflicto por el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 son profundas y abarcan aspectos económicos, sociales y ambientales. Este estado, situado en la frontera con Texas, es clave en la gestión del agua del río Bravo, y las tensiones actuales afectan directamente su estabilidad.

1. Riesgo para el suministro de agua

• Más del 54% de la población tamaulipeca reside en la zona norte del estado, que depende directamente del agua del río Bravo para consumo urbano y actividades agrícolas. El incumplimiento del tratado ha generado un déficit hídrico que pone en peligro el abastecimiento básico para estas comunidades.
• La falta de agua suficiente podría llevar a restricciones severas en el consumo doméstico y agrícola, agravando la crisis hídrica existente.

2. Impacto económico

• Tamaulipas alberga el sistema de riego más grande de México, con 310 mil hectáreas dedicadas a cultivos como sorgo, maíz y otros productos esenciales. La escasez de agua amenaza con paralizar estas actividades, lo que tendría un impacto devastador en la economía local y nacional.
• Además, los agricultores tamaulipecos ya enfrentan dificultades debido a la sobreexplotación del recurso por parte de estados como Chihuahua y Nuevo León, lo que ha reducido aún más la disponibilidad de agua en la región.

3. Conflicto político interno

• Tamaulipas se encuentra en una posición vulnerable porque debe “pagar los platos rotos” del incumplimiento nacional al tratado. Esto ha generado tensiones entre los estados involucrados en la cuenca del río Bravo, especialmente con aquellos que han utilizado más agua de la que les corresponde.
• El uso potencial del río San Juan para saldar la deuda hídrica con Estados Unidos es otro punto de controversia, ya que comprometería aún más los recursos hídricos disponibles para Tamaulipas.

4. Consecuencias sociales

• La falta de agua no solo afecta a los agricultores, sino también a las comunidades urbanas. En ciclos anteriores, se ha llegado a tomar agua destinada al consumo humano para cumplir con las obligaciones internacionales, lo que genera indignación y preocupación entre los residentes locales.
• La posibilidad de un colapso económico y social en las zonas afectadas por la escasez podría desencadenar migraciones internas hacia otras regiones o países.

5. Presión internacional

• Las amenazas de Donald Trump sobre aranceles y sanciones si México no cumple con el tratado añaden una dimensión económica y diplomática al problema. Esto podría intensificar aún más las tensiones entre Tamaulipas y el gobierno federal mexicano, ya que cualquier medida punitiva impactaría directamente a los sectores productivos del estado.

Conclusión

La controversia sobre el agua refleja tanto los desafíos técnicos como políticos inherentes al Tratado de Aguas de 1944. Aunque este acuerdo fue diseñado para garantizar una gestión sostenible y equitativa del recurso hídrico compartido, las condiciones actuales exigen una revisión o actualización del tratado para abordar los impactos del cambio climático y la creciente demanda regional. Las negociaciones futuras serán cruciales para evitar una escalada mayor en este conflicto binacional.

Con informacion: ELNORTE/ MEDIOS/ REDES

“PAGÓ el CARTEL del GOLFO ?”: LA “JUSTICIA de JUEZ de AMERICO SALVA 5 POLICIAS ASESINOS de JOVEN ESTUDIANTE en REYNOSA”…tras ejecutarlo a mansalva oficialmente,dijeron era sicario.

El caso del asesinato del estudiante Pedro Israel en Reynosa, Tamaulipas, y la decisión judicial de suspender el proceso penal contra cinco policías involucrados, plantea serias dudas sobre la imparcialidad y eficacia del sistema de justicia en Tamaulipas que presume el gobernador “mañoso por vocacion y quehacer cotidiano”, Americo Villarreal Anaya.

el estado. A continuación, se analizan los puntos clave del caso, las fallas del fallo judicial y las implicaciones éticas y legales.

Fallas en el fallo judicial

1. Suspensión del proceso penal bajo condiciones cuestionables:

• El juez Juan Manuel Ham Cortés decidió suspender el proceso penal contra cinco policías acusados de abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones, vinculados al asesinato de Pedro Israel. Esta suspensión incluye el pago de reparación del daño y otras condiciones que, de cumplirse, podrían extinguir la acción pena.
• Aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales permite acuerdos reparatorios en ciertos casos, es cuestionable que se aplique en un homicidio donde hay evidencia directa de la participación de agentes estatales en un acto violento y premeditado. 

1. Impunidad para los responsables:

• Solo uno de los policías implicados, Quintín Vázquez, permanece detenido, mientras que otros seis elementos que presenciaron o encubrieron el crimen siguen en libertad. Además, otro policía involucrado no fue beneficiado con la suspensión porque su defensa no lo solicitó.
• La Fiscalía General de Justicia (FGJ) ha anunciado que apelará la decisión judicial, pero hasta ahora no ha mostrado avances significativos para revertir esta situación, lo que presume esta confabulada..

1. Ausencia de una investigación exhaustiva:

• La madre de Pedro Israel ha señalado irregularidades en la escena del crimen, como la manipulación de pruebas por parte de los policías (eliminación de casquillos y alteración del lugar). Estas acciones reflejan una clara intención de encubrimiento por parte de la Guardia Estatal constituida en una guardia de asesinos al servicio del crimen organizado por acción y omisión.
• Además, uno de los policías implicados, César Julián Fonseca, sigue prófugo sin que se haya emitido una recompensa para su captura.

Críticas al proceder judicial

1. Conflicto de interés potencial:

• El juez Ham Cortés fue postulado por el Poder Ejecutivo estatal para su cargo, lo que genera sospechas sobre su independencia al emitir un fallo que beneficia a agentes estatales.

1. Falta de representación adecuada por parte del Ministerio Público:

• En la audiencia clave solo estuvo presente una agente del Ministerio Público (Nora Odilia Jáuregui Polanco), quien no logró revertir la decisión judicial. Esto pone en duda la preparación o voluntad institucional para litigar eficazmente en casos sensibles como este.

1. Percepción pública y confianza erosionada:

• Este caso se suma a otros incidentes graves en Tamaulipas donde policías han estado involucrados en abusos o crímenes atroces, como la masacre de Camargo en 2021. La repetición de estos eventos sin sanciones ejemplares refuerza una percepción generalizada de impunidad y corrupción dentro del sistema judicial.

Recriminación al sistema judicial

1. Inacción gubernamental:

• Aunque el gobierno estatal de Americo Villarreal Anaya ofreció disculpas públicas a la familia y prometió llegar “a las últimas consecuencias”, estas acciones han sido más simbólicas que efectivas. No se han implementado medidas contundentes para garantizar justicia ni para reformar las instituciones policiales responsables.

1. Impunidad estructural:

• La decisión judicial refleja un patrón preocupante donde las instituciones encargadas de impartir justicia parecen proteger a los perpetradores cuando estos forman parte del aparato estatal. Esto mina gravemente el estado de derecho.

Conclusión

El proceder del juez Juan Manuel Ham Cortés al suspender el proceso contra cinco policías acusados en un caso tan grave como el asesinato de Pedro Israel es profundamente cuestionable desde un punto ético y legal. 

Este fallo con evidente cara de falla,no solo perpetúa la impunidad sino que también envía un mensaje alarmante sobre la falta de garantías para las víctimas y sus familias en el Tamaulipas sedicentemente “humanista”. 

Es imperativo que tanto la Fiscalía General como las autoridades estatales abandonen la complicidad y actúen con firmeza para revertir esta decisión que debe garantizar justicia real para Pedro Israel y su familia victimas del crimen uniformado bajo un gobierno criminal.

Con informacion: ELEFANTE BLANCO/ MEDIOS/