“La prisión preventiva oficiosa es inconvencional y… no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico”.
Arturo Zaldívar, 2.08.2022
En el país que la presidenta Claudia Sheinbaum ha descrito como el “más democrático sobre la faz de la Tierra” se violan los derechos humanos. Esto ha ocurrido desde hace muchos años, es cierto; pero el actual régimen, que dice ser progresista, ha modificado la Constitución para quebrantarlos “legalmente”. Lo ha hecho al promulgar el 31 de diciembre una enmienda del artículo 19 constitucional que amplía el número de delitos en los que se aplicará la prisión preventiva oficiosa.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas respondió el 1 de diciembre con un mensaje en que reafirma que la prisión preventiva oficiosa “contraviene los derechos humanos… Lejos de expandirse y endurecerse, debería eliminarse. Según mecanismos internacionales, es una detención arbitraria”. El propio alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk, ya había señalado el pasado 22 de noviembre: “La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos… No debe ser una práctica general sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detención”.
El 27 de enero de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó, en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, que la prisión preventiva oficiosa de nuestro país es violatoria de los derechos humanos. Entre otras medidas de reparación a las víctimas del caso ordenó al Estado mexicano eliminar esta forma de prisión.
Lejos de extinguir la práctica que castiga a un acusado antes de ser juzgado, el expresidente López Obrador la amplió y fortaleció previamente con una enmienda constitucional en 2019. Pero no quedó satisfecho. El 5 de febrero de 2024 lanzó otra iniciativa constitucional para extender y endurecer la figura. No tenía entonces la mayoría calificada en el Congreso para aprobarla, pero con las maniobras del gobierno y de Morena que le permitieron obtener esta mayoría de dos tercios con apenas el 54 por ciento de los votos, la maquinaria del poder estuvo ya lista para hacer lo que quisiera con la Constitución a partir del 1 de septiembre pasado.
La presidenta Sheinbaum no puede argumentar que no podía hacer nada para evitar la promulgación de esta enmienda violatoria de los derechos humanos. El que la iniciativa la haya lanzado su predecesor no le quita a ella la responsabilidad de haberla promulgado. Su propio asesor judicial, el ministro en retiro Arturo Zaldívar, fue antes de ingresar al gobierno uno de los mayores críticos de la práctica. La medida, dijo en febrero de 2022, cuando era presidente de la Suprema Corte, “es una condena sin sentencia que castiga, en la mayoría de los casos, la pobreza y no la delincuencia y que estadísticamente afecta más a las personas de las capas más desprotegidas, a los sectores más pobres de la población y a las mujeres”.
Efectivamente, el INEGI ha señalado que en 2023 había en el país 86,984 personas encarceladas sin sentencia, 37.3 por ciento de la población en el sistema penitenciario. Además, las mujeres sin sentencia representaban el 46.9 por ciento de las encarceladas. Es cierto, como señaló Zaldívar, que la figura se utiliza más contra las mujeres.
México no puede ser “el país más democrático sobre la faz de la Tierra” si tenemos un gobierno que quebranta de manera sistemática los derechos humanos. Tampoco puede considerarse progresista si viola la presunción de inocencia de todos, pero especialmente de las mujeres. El que la Presidenta quiera obedecer a un predecesor conservador y rencoroso no es razón para mantener esta atrocidad en la Constitución.
Que hacia Hitler,el dictador Nazi
Existen claros indicios de que Hitler y el régimen nazi legalizaron la ilegalidad en Alemania. Este proceso se llevó a cabo mediante una serie de acciones y leyes que transformaron el sistema democrático en una dictadura totalitaria.
Principales mecanismos de legalización de la ilegalidad
La Ley Habilitante de 1933
Esta ley fue el instrumento jurídico clave que permitió a Hitler gobernar por decreto, sin necesidad de aprobación parlamentaria. Algunos aspectos importantes son:
- Fue aprobada el 23 de marzo de 1933 por el Reichstag, con 444 votos a favor y 94 en contra.
- Otorgaba al canciller Hitler y su gabinete el poder de aprobar leyes sin participación del parlamento.
- Significó el fin de facto de la democracia y la República de Weimar.
- Permitía aprobar leyes que incluso violaran la constitución.
El Decreto del Incendio del Reichstag
Emitido tras el incendio del parlamento alemán en febrero de 1933, este decreto:
- Suspendió derechos civiles fundamentales de la población alemana.
- Eliminó la libertad de expresión y permitió detenciones arbitrarias.
- Fue utilizado para perseguir a opositores políticos.
Proceso de Gleichschaltung (Coordinación)
Consistió en alinear todas las instituciones y aspectos de la vida alemana con los objetivos nazis.
- Se disolvieron los parlamentos estatales y se transfirieron sus poderes al gobierno central.
- Se prohibieron todos los partidos políticos excepto el Partido Nazi.
- Se tomó control de sindicatos, organizaciones culturales y educativas.
Consecuencias de la legalización de la ilegalidad
- El Reichstag perdió todo poder de decisión, convirtiéndose en un mero sello de aprobación para Hitler.
- Se estableció un estado policial donde las personas podían ser detenidas arbitrariamente.
- Las leyes de Núremberg de 1935 institucionalizaron la persecución racial.
- El exterminio sistemático de judíos llegó a considerarse un “deber constitucional”.
Papel de los juristas
Los juristas alemanes jugaron un papel crucial en este proceso:
- Justificaron e interpretaron el derecho de acuerdo a intereses políticos e ideológicos nazis.
- Aceptaron la voluntad del Führer como única medida para todo el Derecho.
- Introdujeron en los deberes constitucionales el deseo de Hitler de acabar con la población judía.
En resumen, Hitler y el régimen nazi utilizaron mecanismos aparentemente legales para subvertir el orden constitucional y establecer una dictadura totalitaria. Este proceso de “legalización de la ilegalidad” demuestra cómo un sistema democrático puede ser destruido desde dentro utilizando sus propias instituciones y procedimientos.
Con informacion de: Sergio Sarmiento/ELNORTE/
