El Ladrón, como también se le conoce, es uno de los pandilleros más buscados por las autoridades de EE UU y señalado por Washington como uno de los arquitectos detrás de las negociaciones entre la organización criminal y el Gobierno de Nayib Bukele, así como otras fuerzas políticas en El Salvador.
La detención, adelantada por el diario La Prensa Gráfica citando fuentes diplomáticas, enciende una vez más la polémica alrededor de los supuestos pactos entre pandillas como la MS-13 y Barrio 18, y la Administración de Bukele, reportados desde hace años por periodistas locales. De acuerdo con el expediente judicial en Estados Unidos, Canales Rivera, de 45 años, ya había sido detenido en junio de 2021 y cumplía una condena en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, al sur del país centroamericano, pero fue liberado de forma irregular meses más tarde, pese a que Washington ya había solicitado la extradición y que existía una ficha roja de la Interpol en su contra.
La prensa salvadoreña informó de que El Crook vivía en un lujoso apartamento en una de las zonas más exclusivas de San Salvador hasta que tuvo que esconderse y huir, primero a Guatemala y luego a México, de acuerdo con El Faro. Bukele se limitó a compartir un emoji con una cara guiñando el ojo cuando los medios se hicieron eco de la detención. Las circunstancias de la captura no han sido claras, al filtrarse la detención sin que hubiera un comunicado oficial ni de las autoridades mexicanas ni estadounidenses.
El Crook de Hollywood es uno de los llamados “doce apóstoles del diablo”, como se apodó a los miembros fundadores y de más alto rango de la Ranfla Nacional, la “Junta Directiva” de la MS-13, en palabras de las autoridades estadounidenses. En 2002, Canales Rivera se unió a otros líderes de la pandilla que estaban encarcelados para crear una estructura que mandara y supervisara a las células de la organización criminal y tomara el control de las prisiones donde estaban diseminados los integrantes de la mara. Todas las decisiones importantes pasan por la Ranfla: desde establecer los castigos a los soplones y el cobro de extorsiones a la población civil hasta firmar pactos con políticos de alto nivel y carteles de la droga como el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel del Golfo y Los Zetas.
Los cuatro delitos imputados a Canales Rivera y los otros 13 miembros de más alto rango de la MS-13 son conspiración para prestar y ocultar apoyo material a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, conspiración para financiar el terrorismo y conspiración de narcoterrorismo. “Se trata de la acusación de más largo alcance y las más aplastante contra la MS-13 y su estructura de comando y control en la historia de Estados Unidos”, señaló la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York en un comunicado cuando se hicieron públicos los cargos, a principios de 2021. Para entonces, Canales Rivera ya había sido sujeto de sanciones financieras y llevaba seis años en la lista negra del Departamento del Tesoro junto a otros miembros de la cúpula de la organización.
Estados Unidos asegura que la pandilla tiene decenas de miles de integrantes, organizados en 200 clicas y programas, como se llama a las células que están más abajo en la jerarquía. La caracteriza también como una organización terrorista que ha penetrado hasta los niveles más altos del poder en El Salvador y con influencia en Estados Unidos y México. “La MS-13 y sus miembros utilizan la violencia contra las fuerzas del orden, elementos del Ejército, funcionarios del Gobierno y civiles en El Salvador para obtener concesiones del Gobierno salvadoreño, conquistar objetivos políticos y responder con represalias ante las acciones gubernamentales contra ellos y sus líderes”, se lee en la acusación estadounidense.
“En México, los líderes de la MS-13 establecieron conexiones para obtener narcóticos y armas de fuego, conducir negocios con carteles mexicanos e involucrarse en la trata de personas y el contrabando”, se dice sobre la expansión del grupo en territorio mexicano, donde la mara se estableció al menos desde 2007. El programa de México, la representación de la organización en el país norteamericano, ha sido capital para que la pandilla se hiciera de recursos y extendiera sus alianzas con otras organizaciones criminales. En abril pasado fue detenido José Wilfredo Ayala, alias El Indio de Hollywood, en Ciudad de México, tras ocultarse durante meses en una pequeña comunidad del Estado de Hidalgo. Como El Crook, El Indio ya había sido detenido en su país de origen y abandonó una cárcel salvadoreña en circunstancias que no quedaron claras.
Las autoridades de EE UU no ponen en duda que la organización ha pactado con varios funcionarios salvadoreños desde hace al menos una década. “Aproximadamente, en 2012, la Ranfla Nacional sostuvo negociaciones secretas con miembros del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los principales rivales de la MS-13, Barrio 18, para entrar en una ‘tregua’ y reducir los homicidios en El Salvador, a cambio de mejores condiciones de encarcelamiento, beneficios y dinero”, aseguran los fiscales. La tregua, sin embargo, colapsó en 2015. También achacan negociaciones con el conservador ARENA y el izquierdista FMLN para movilizar miles de votos e incidir en las elecciones. Las supuestas liberaciones irregulares de la cárcel siguen una lógica similar: los capos se comprometen a reducir la violencia a cambio de quedar libres, según la Fiscalía.
Washington asegura que “la Ranfla Nacional ha continuado negociando con partidos políticos en El Salvador y usando su control sobre los niveles de violencia para influir en las acciones del Gobierno salvadoreño”. Bukele ha negado en varias ocasiones que existan pactos con las mafias y se ha reafirmado en las medidas de mano dura contra los grupos criminales, que gozan de amplia popularidad en El Salvador. El Faro, uno de los principales medios independientes de ese país, publicó un audio en el que Carlos Marroquín, un conocido empresario, supuestamente admite que facilitó la huida de El Crook como consecuencia de los acuerdos con funcionarios salvadoreños.
El año pasado, como parte de otro caso, Washington aseguró que hubo otra tregua, ya con la Administración de Bukele, de 2019 a 2021. La pandilla pidió precisamente que sus líderes no fueran extraditados. La Casa Blanca señaló directamente a El Crook y a otros dos miembros de la Ranfla Nacional que “se reunieron en secreto numerosas ocasiones con representantes del Gobierno salvadoreño en las prisiones de Zacatecoluca e Izalco” tras las elecciones presidenciales de febrero de 2019.
“Estas reuniones fueron organizadas por el Gobierno salvadoreño y funcionarios penitenciarios”, se agrega sobre el acuerdo tras bambalinas. Para no ser identificados, los servidores públicos usaron máscaras, al igual que los pandilleros, que también utilizaron camisetas de manga larga para no develar sus característicos tatuajes, según la versión de Estados Unidos.
Ahora, la captura y extradición de El Crook abre la puerta a que salgan a la luz testimonios comprometedores sobre el contubernio entre las pandillas y las autoridades salvadoreñas, así como nuevas revelaciones del rastro de violencia de la mara en Estados Unidos, México y El Salvador.
fuente.-Elias Camhaji/Diario Español/
En su revisión a la Cuenta Pública 2018, la ASF observó la falta de comprobación de casi 9 mil millones de pesos federales en el gobierno del PAN en Tamaulipas.
Desde 2020 la administración de Cabeza de Vaca intentó solventar la observación de 8,777 millones de pesos pero no lo consiguió. El gobierno de Morena ofreció la misma explicación y la ASF lo resolvió.
