De manera reciente y ya bajo el gobierno de Villarreal Anaya,los Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y organizaciones defensoras de migrantes, le señalaron infructuosamente al gobernador Américo Villarreal, que Tomas Gloria Requena no debia estar al frente de la Subsecretaría General de Gobierno de Tamaulipas, porque la Fiscalía General de la República (FGR) no había descartado su vinculación con Los Zetas.
La postura tambien fue comentada en privado al titular de la dependencia Héctor Joel González Villegas,alias el "Calabazo",quien influyo en el Gobernador para otorgarle la responsabilidad al tambien Diputado federal de Rio Bravo quien es su 'compadre".
La FGR mantiene abierta la indagatoria contra Tomás Gloria, a quien un "delincuente sentenciado responsabilizó de prestar una maquina retroexcavadora" con la que se enterraron a 193 cadáveres en 47 fosas clandestinas, que fueron descubiertas en abril de 2011.
De acuerdo con información reciente de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/197/2011, la ahora Fiscalía recabó datos sobre los vínculos del funcionario estatal con la célula de Los Zetas que operó en San Fernando.
“Existen diversas líneas de investigación, entre ellas una que vincula al Ex-Presidente Municipal de San Fernando Tamaulipas, con los detenidos por el uso de una retroexcavadora. Precisando que en su momento, en el mes de Junio del año 2011, le fue recabada la declaración al Ex-Presidente Municipal de San Fernando Tamaulipas y derivado de la investigación sistematizada que se continúa al día de la fecha, existen documentales que permiten afirmar que probablemente el Ex-Presidente Municipal si pudo haberse allegado de una retroexcavadora, en la temporalidad en la que duró su mandato”, sostiene un informe oficial.
Buscadoras de distintas regiones del estado señalaron al portal Elefante Blanco que en diversas reuniones con el secretario González Villegas pidieron que Tomás Gloria fuera sacado de la sala de juntas y no se le compartiera información de los encuentros. Dicha petición fue acatada por el exalcalde de Río Bravo, contaron las personas entrevistadas.
Al miedo y la desconfianza a Tomás Gloria se suma el incumplimiento del gobierno federal con las promesas para atender de forma integral a las víctimas de las masacres de San Fernando, de 2010 y 2011. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió integrar una Comisión de la verdad para esclarecer la matanza de 72 migrantes y el hallazgo de las decenas de entierros clandestinos en San Fernando, durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa.
Al paso de 4 años y 7 meses, la única Comisión integrada es para la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas de la escuela “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Guerrero. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) ha exigido el cumplimiento de los derechos de las familias de las víctimas, a la par de que insiste en el acceso a la información judicial que abre el camino a la verdad sobre el asesinato de, por lo menos, 265 personas migrantes y mexicanas.
El pasado 4 de mayo de 2022, la FGR difundió las sentencias condenatorias contra 18 personas relacionadas con el secuestro de migrantes en San Fernando. De manera general, la dependencia presentó la información como un logro en el caso, sin embargo evitó aclarar que no comprobó la participación de los 15 hombres y 3 mujeres sentenciadas en los asesinatos de cientos de personas migrantes nacionales y centroamericanas.
El juez federal dictó condenas por los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio doloso o inhumación ilegal de cuerpos, delitos que forman parte del hallazgo de las fosas clandestinas localizadas en abril de 2011 y no de la masacre de 2010. Las penas van desde los 13 años y hasta 58 años de prisión.
La masacres de migrantes, ocurridas en San Fernando y Camargo, son parte de la agenda de la visita del subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez a Tamaulipas. El miércoles por la tarde revisó un informe sobre los avances en materia de búsqueda de personas e identificación forense, junto a la comisionada nacional Karla Quintana.
Tomás Gloria,las fosas y el contubernio con Zetas
Tomás Gloria Requena fue presidente municipal por el PRI en San Fernando, de 2011 a 2013 y posteriormente tuvo cargos directivos en la Confederación Nacional Campesina (CNC). En su trienio se descubrió que 18 policías municipales colaboraban con Los Zetas bajando pasajeros de autobuses -mexicanos y migrantes centroamericanos-, que luego fueron encontrados torturados y asesinados en 47 fosas clandestinas que contenían más de 193 cadáveres. Seis meses antes, cuando aún no gobernaba, en ese mismo municipio se encontraron los cadáveres de 72 migrantes masacrados, asesinados por el mismo grupo criminal en complicidad con los policías.
En la declaración ministerial que el 17 de junio de 2011 rindió Edgar Huerta Montiel, el líder Zeta señaló cómo usaban camionetas y una patrulla pick up de la policía municipal de San Fernando a cargo de Tomas Gloria Requena, para llevarse a la gente que bajaban de los autobuses que llegaban a la central camionera el mes de marzo de 2011; “se les formaba a un lado del autobús, se les ataba las manos con candados que son unas tiras de plástico con sierra, luego se les subía a los vehículos mencionados y se les llevaba al monte”. Si les parecían sospechosos -por tener números celulares de Matamoros, Reynosa, donde estaba el grupo enemigo, el Cártel del Golfo-, los asesinaban. “Se mataron como de 20 a 30 pasajeros por viaje por lo que fueron como 180 muertos”.
En las fosas encontradas en abril de 2011 fueron exhumados oficialmente 193 cadáveres. Personas del municipio aseguran que fueron el doble de esos cuerpos.
“Una vez muertos -prosigue la declaración del detenido-, se hacía un hoyo con una maquinaria de trascabo y enseguida se les enterraba, por lo cual se les echaba cal para que no oliera, luego la tierra encima, el trascabo lo manejaba un ayudante de ‘La Sombra’, el trascabo se obtuvo en préstamo por parte de Tomás, el presidente municipal de San Fernando, este presidente prestaba el trascabo del ayuntamiento, supongo que no sabía para qué era pero se lo prestaba a ‘El Sombra’. El presidente es muy amigo de ‘El Coyote’, y sí se sabe que ‘El Coyote’ es de Los Zetas, el presidente está puesto con nosotros y al decir ‘puesto’ quiero decir que no hace nada para impedir lo que hacemos, que yo sepa no recibe dinero por parte de la organización, pero como no quiere dinero se hace de la vista gorda y nos dejaba operar”.
Las acusaciones recolectadas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR) en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/411/2011, indican que los elementos de seguridad y tránsito municipal junto a los Zetas, bajaban a pasajeros de autobuses foráneos y prestaban sus camionetas para trasladarlos a los ejidos cercanos donde los torturaban, asesinaban y enterraban en fosas clandestinas. Recibían un salario de parte del grupo criminal.
La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 2/2011/2817/Q/VG, sobre estos hechos, muestra los testimonios de sobrevivientes y conductores de autobuses que indican la participación coordinada del cuerpo policiaco y los Zetas, usando unidades del gobierno municipal. Además, refieren en dos ocasiones la utilización de trascabos para ocultar los cuerpos de los asesinados. Esos
trascabos, según la declaración de Montiel al momento de ser detenido, eran de la presidencia municipal.
“Al tercer día (del cautiverio), llegó una máquina de construcción denominada ‘mano de chango’ que hizo un hoyo profundo en las inmediaciones del terreno y ordenaron a dos de las personas que echaran al hoyo a los muertos”, contó un sobreviviente a la CNDH, según se lee en el expediente de la recomendación 2/2011/2817/Q/VG.
Documentos obtenidos por la National Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional) de la Universidad George Washington, tras litigar usando las leyes de transparencia mexicana, reveló las siguientes declaraciones del policía -señalado también como sicario- Álvaro Alba Terrazas, “el Junior”: “Sé que los policías y tránsitos de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se la lleven al pentágono, es decir a la cárcel municipal, se los entregan a los Zetas. El mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben dinero de la organización para colaborar”.
Por estos hechos la PGR tomó declaración a Gloria Requena dos meses después del hallazgo, y -según se lee en el expediente-, el entonces edil dijo que no sabía de los secuestros masivos que ocurrieron en el municipio y aseguró que se enteró “una vez que le dieron manejo los medios de comunicación, tras una denuncia de un familiar de uno de los pasajeros, no recuerdo la fecha en que tuve conocimiento”. Negó que el municipio de San Fernando tuviera maquinaria de construcción.
Según declaraciones ministeriales que se pudieron obtener para esta investigación, el 30 de junio de 2011, el entonces alcalde de San Fernando, acompañado de su abogado Jorge Alberto Rodríguez Loera, compareció en la delegación de la PGR en Matamoros por el hallazgo de las 47 fosas clandestinas, donde respondió a 19 cuestionamientos sobre el cuerpo de seguridad municipal y el supuesto préstamo de maquinaria para cavar las fosas.
El presidente dijo que las decisiones en seguridad eran determinadas por Morelos Jaime Canseco Gómez, entonces secretario general del gobernador Egidio Torre Cantú. Por parte del municipio, Guadalupe Contreras Rangel era el encargado de entregarle reportes de la situación de seguridad local.
El agente del MP preguntó si había sido informado sobre el secuestro de pasajeros de unidades foráneas en las terminales de autobuses de Ómnibus de México, Autobuses de Oriente o Transpaís. La respuesta fue: “No, señor, no, no tuve conocimiento”.
El entonces alcalde aseguró que al tener información de las inhumaciones ilegales viajó a Ciudad Victoria para contarle personalmente al secretario Morelos Canseco.
Sobre el señalamiento del uso de maquinaria de construcción del ayuntamiento de San Fernando para ocultar cuerpos, Tomás Gloria negó los hechos presentando un oficio del ayuntamiento para informar la inexistencia de este tipo de unidades en propiedad, arrendamiento o comodato.
El 28 de agosto de 2018, el entonces líder priista dio una entrevista por las acusaciones en su contra, para el proyecto periodístico sobre masacres de migrantes #Másde72. El entonces delegado estatal argumentó que no existían denuncias en el municipio por las desapariciones que estaban ocurriendo, por lo cual no se enteró.
Los familiares de víctimas han señalado en distintas ocasiones que ellas denunciaron y viajaron a investigar al municipio para preguntar por el paradero de sus parientes desaparecidos. El edil dijo que no estaba informado, a pesar de que ha quedado establecido tras investigar periodísticamente de que las detenciones de pasajeros de autobuses en la central camionera y en la carretera 101 que cruza el municipio, ocurríeron durante el mes de marzo de 2011, y se intensificaron la última semana ocurriendo al menos dos veces al día, en la calle principal del poblado, a una cuadra de la secundaria.
.¿Y usted pidió ayuda cuando veía que bajaban a la gente de los autobuses?- se le preguntó en la entrevista.
-Yo nunca vi nada -respondió.
Al ser cuestionado sobre la participación de la policía municipal en los secuestros, torturas y asesinatos, cuando el municipio estaba bajo el control del grupo de Los Zetas, dijo que él heredó a esos elementos, que era recién llegado cuando ocurrieron los secuestros y, mencionó que los policías denunciados fueron liberados, “una vez que los liberan, los exentan de todo cargo que habían denunciado porque era presunción (de delito)”.
En otro momento insinuó que eran inocentes: ·Según lo que yo entiendo de acuerdo a la ley, si la ley los libera quiero pensar que hicieron una investigación y bueno pues tomaron una decisión ¿no?, un juez les dicta la libertad.”
-¿O (qué hizo) cuando veía que los Zetas controlaban, cuando los veía dando rondines y dándole a la gente las instrucciones de qué hacer todos los días?
-Tú tienes mucha información, me parece que seguramente algún día de esos anduviste por allá, yo no alcancé a ver todo lo que tú viste.
-¿Y el trascabo municipal por qué estaba, por qué lo usaban y hacían los hoyos de las fosas?
-Eso es lo que te digo, también es otro tema de información, si buscas, si tú ves el ayuntamiento no tenía maquinaria, nosotros no teníamos maquinaria entonces, no sé si en la actualidad tengan, pero entonces no teníamos en nuestro padrón maquinaria. (Lo del trascabo) fue un comentario que salió y lo investigaron- respondió.
La investigación de la FGR contra Gloria Requena no frenó su carrera política, que pasó del PRI al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En 2021, la alianza “Juntos hacemos historia” lo postuló como candidato a diputado federal por el distrito 3. El sanfernandense ganó el comicio, obtuvo fuero constitucional y llegó al Congreso de la Unión bajo el cobijo de Morena y los partidos Verde y del Trabajo.
A finales de 2021, el exalcalde se sumó a la campaña a la gubernatura de Tamaulipas, coordinando el movimiento territorial del Verde Ecologista en la alianza que respaldó a Américo Villarreal Anaya. Tras la victoria del senador morenista, Gloria Requena fue beneficiado con un cargo en la administración estatal.
Un día después de la toma de protesta, el 2 de octubre, el ya nombrado secretario Héctor González intercedió para que el sanfernandense fuera su mano derecha en la Secretaría General de Gobierno (SGG) de Tamaulipas, sin importar su presunta relación delictiva. No obstante los antecedentes, Tomás Gloria asumió las facultades para coordinar la atención a migrantes y la interlocución con la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas.
