En la segunda mitad del sexenio de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, se contrataron 528 millones de pesos con empresas fantasma que simularon operaciones para la compra de medicamentos, consultorías administrativas, cursos, obras públicas y publicidad oficial, entre otros.
Hay compañías contratadas que tenían apenas dos meses de haber sido creadas cuando vendieron cantidades millonarias al gobierno estatal. Otras fueron registradas fuera del estado y prestaron servicios intangibles y difíciles de comprobar, como las asesorías y consultorías.
Una base de datos de 4 mil 196 facturas entregadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de solicitudes de información, revela que por lo menos 78 compañías empleadas en el gobierno de Duarte Jáquez realizaron operaciones que ahora se consideran inexistentes.
Estas razones sociales conocidas como empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) no han logrado desvirtuar la acusación del gobierno federal y se mantienen en el listado negro de la autoridad fiscal en categoría definitiva, lo que alerta a otros contribuyentes para que eviten cualquier tipo de transacción con ellas.
Los comprobantes fiscales emitidos por sociedades fantasma en Chihuahua van de principios de 2014 a mediados de 2016. Antes de 2014, la autoridad hacendaria no llevaba un registro de las operaciones simuladas, por lo que se desconoce la cantidad que podría haber sido desviada en los primeros años de la administración.
La facturación de estas empresas en la segunda mitad del sexenio aumentó año con año: en 2014 fueron 83.8 millones; en 2015 sumó 126.7 millones, y en 2016 alcanzó 318.2 millones.
Duarte Jáquez está acusado de delitos relacionados con corrupción durante su periodo como gobernador, entre 2010 y 2016.
El total de las imputaciones suma un daño mayor a los mil millones de pesos. Fue detenido el 8 de julio de 2020 en Florida, Estados Unidos, luego de estar prófugo desde marzo de 2017.
En noviembre de 2021 una corte autorizó su extradición al considerar que existen elementos que lo pueden vincular con los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito por el desvío de 96.6 millones de pesos.
Consultorías fantasma
En 2014, las EFOS se utilizaron de manera discreta. Ese año se registraron casi un millar de facturas distribuidas en montos que van desde los 10 pesos por un consumo de alimentos hasta los 14 millones por el presunto pago de publicidad oficial.
También se emitieron cientos de comprobantes por reparaciones mecánicas, adquisición de alimentos para despensas y hasta estudios médicos como biometrías hemáticas y perfiles tiroideos, entre otros. En suma, 83.8 millones de pesos facturados por 38 proveedores fantasma.
Al siguiente año, en 2015, el tipo de prestaciones cambió y aparecieron las consultorías y los servicios profesionales. Con esta nueva estrategia, los montos aumentaron y también se incrementó el número de compañías falsas.
En ese periodo se pagaron 126.7 millones a 48 empresas que simularon operaciones inexistentes, 80% de estos recursos fue destinado a consultorías, asesorías, diagnósticos y evaluaciones. Estos servicios fueron supuestamente prestados por sólo ocho proveedores que cobraron 96.6 millones de pesos.
El resto de las facturas de 2015 se distribuyeron en montos menores al millón de pesos y fueron para la adquisición de herramientas, estudios médicos, viáticos y alimentos.
En 2016, el último año del gobierno de César Duarte y periodo electoral, la suma emitida por las compañías se duplicó en comparación con 2015, en contraste, el número de factureras que participó en el esquema se redujo a la mitad. Es decir, usaron menos facturas pero elevaron los montos. Los recursos gastados alcanzaron los 318.2 millones de pesos repartidos entre 22 proveedores. De este monto, 80% fue facturado por siete empresas que supuestamente dieron capacitaciones educativas, asesorías en imagen y consultorías, rubros que la Auditoría Superior de la Federación ha señalado como reiterativos de las compañías fantasma.
Desde 11 estados distintos
Las factureras contratadas por el gobierno de Chihuahua tienen patrones en común: registran corto tiempo de vida, fueron creadas fuera del estado que realiza la contratación y mantienen giros comerciales distintos a los servicios que prestaron.
De las 78 compañías investigadas por el SAT, 25 apenas tenían entre dos meses y un año y medio de haberse creado, y pese a su poco tiempo en el mercado lograron venderle 352.8 millones de pesos al estado de Chihuahua.
Servicios y Asesorías Sinnax, Servicios y Asesorías Samex, Servicios y Asesorías Sisas y Despacho de Profesionistas Futura, por ejemplo, tenían sólo ocho meses de vida cuando emitieron facturas de entre 46 y 90 millones de pesos cada una. En un solo día, el 6 de abril de 2016, estas cuatro compañías facturaron 245 millones de pesos.
En el periodo revisado se encontraron domicilios de las razones sociales en 11 entidades distintas a Chihuahua: Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, Chiapas e Hidalgo.
Así, 46% de lo facturado entre 2014 y 2016 se concentró en seis empresas con domicilio en el Estado de México. En Veracruz se crearon dos sociedades el mismo día, el 26 de junio de 2013, que fueron avaladas por la misma notaría y que comparten un accionista en común. En un solo día, los dos proveedores emitieron seis facturas de 39 millones de pesos por la renta de maquinaria pesada y venta de refacciones.
Otro caso que ejemplifica los patrones de las factureras, es el de Corporativo Sicomoro, creado el 25 de marzo de 2013, con el objeto social de explotación de bosques, industrialización y comercio de madera. Aunque su giro era el de una compañía maderera, en 2014 y 2015 facturó 3 millones de pesos por bocadillos, decoración y ambientación de eventos, así como la renta de audio, iluminación y video para un evento.
Operación Justicia
En 2017, con el inicio del gobierno de Javier Corral Jurado, la Fiscalía de Justicia de Chihuahua comenzó una serie de investigaciones por actos de corrupción vinculados al gobierno de César Duarte Jáquez. La estrategia fue denominada Operación Justicia para Chihuahua y abrió varias líneas de investigación contra exfuncionarios y particulares, una de ellas orientada directamente a una estructura de facturas falsas emitidas en 2016.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, en abril de 2016 cuatro sociedades fantasma simularon capacitaciones que en realidad nunca se prestaron y los recursos pagados fueron utilizados en un esquema de desvío de recursos públicos llamado Operación Safiro. Supuestamente el recurso se empleó para financiar campañas electorales del PRI en el Estado de México.
Estas cuatro empresas que forman parte de Operación Safiro son las mismas que se detectaron en este reportaje con base en la información entregada por el SAT: Servicios y Asesorías Sinnax, Servicios y Asesorías Samex, Servicios y Asesorías Sisas, y Despacho de Profesionistas Futura.
En las facturas falsas vinculadas a Operación Safiro se describe la impartición de cursos para docentes y padres de familia de educación preescolar y primaria en temas de medio ambiente y calidad de vida en el entorno familiar. Según las investigaciones, se habrían impartido tres cursos con un costo de 55 millones de pesos cada uno.
Para este esquema de desvíos también se simuló la implementación de un software para mejorar procesos en el magisterio por 90 millones de pesos.
En la base de datos proporcionada por el SAT a EL UNIVERSAL se detectaron por lo menos 10 empresas vinculadas a los diversos expedientes de Operación Justicia y por los que se llevó a juicio a decenas de exfuncionarios que colaboraron en la administración de Duarte Jáquez.
En un comunicado de junio de 2021, el gobierno de Chihuahua precisó que a través de Operación Justicia para Chihuahua se consiguieron 89 órdenes de aprehensión, 77 vinculaciones a proceso y se lograron 16 sentencias condenatorias por delitos relacionados con la corrupción.
La Fiscalía de Justicia de Chihuahua mantiene 19 órdenes de aprehensión en contra del exgoberador César Duarte por acusaciones relacionadas con la corrupción, pero según sus abogados, en su regreso a México únicamente será juzgado por peculado y enriquecimiento ilícito.
Con la reportera se comunicó una persona identificada como el abogado de Duarte Jáquez, de nombre Ricardo Sánchez Reyes Retana y dijo que las facturas falsas no son hechos atribuibles a su cliente, sino a las dependencias.
“No hay prueba alguna, porque no fue así, de que Duarte Jáquez hubiera recibido un centavo de esas empresas”, aseguró.
Explicó que en su momento demostrarán que no hubo un incremento en el patrimonio del exmandatario. Además, detalló que aún no hay fecha precisa para la extradición.
Se solicitaron entrevistas con la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua y la Fiscalía de Justicia local. Ambas instituciones pidieron que se les enviara un cuestionario, pero no los respondieron. También se buscó sin éxito a las empresas mencionadas.
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