"PANORAMA 2022": EL PROXIMO AÑO se ELIGEN 6 GOBIERNOS ESTATALES y el "PEORCITO" se VA HUYENDO de la FGR...va terminar su periodo en el "chiquero".

El panorama de cara a las elecciones del 2022 no pinta bien para el Partido Acción Nacional (PAN) y los gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, y de Durango, José Rosas Aispuro, quienes están entre los peor evaluados al cierre de su mandato, según Consulta Mitofsky.

En el sondeo “Gobernadores y gobernadoras de México” dado a conocer en junio de este año, ubica a García Cabeza de Vaca en el lugar 31 de 32 gobernantes. Un 68% de los encuestados está en desacuerdo con su gestión y un 31.4% la aprueba.

A Rosas Aispuro un 59.7% lo desaprueba, mientras un 39.6% considera aceptable su mandato. En tanto, de Orozco Sandoval un 53.1% no respalda su forma de gobernar y 44.2% lo apoya. ¿Y cuál es el panorama de los gobernadores en el cierre de su administración?

Seguridad, el talón de Aquiles de los gobernadores

En Tamaulipas hasta el gobernador es señalado. La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En el boletín 172/21 de la FGR se señala que EU les envió “las posibles responsabilidades penales de Francisco Javier”, entre las que se mencionan sin dar nombres, “diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales”.

Ante este panorama, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, manejó desde 2019 como posibilidad el recurrir a la desaparición de poderes en Tamaulipas, argumentando primero por que los índices de violencia e inseguridad eran “graves”, y después por el desacato al desafuero de Cabeza de Vaca.

Y en materia de lucha de cárteles por zonas de Tamaulipas, Noticieros Televisa dio a conocer el pasado 16 de julio un mapa delictivo en el que ubicó diversos grupos.

• Los Metros, escisión del Cártel del Golfo, pelean a Los Ciclones el control de Matamoros.
• Los Ciclones son identificados como el brazo armado del Cártel del Golfo.
• Los Escorpiones, creados por el Cártel del Golfo para enfrentar a los Zetas, controlan el  Río Bravo.
• El Cártel del Noreste, que domina en los límites de Tamaulipas con Nuevo León, enfrenta a Zetas y Metros
• Los subgrupos Zetas Nueva Escuela y Zetas Vieja Escuela.

A ello se suma que EU pidió a sus ciudadanos evitar viajar a Matamoros, Tamaulipas, ante los altos índices de violencia y secuestros .

Aguascalientes y el fantasma de la corrupción

Datos revelados en el reportaje “La Caja Negra de Aguascalientes” publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señalan que “entre 2018 y 2019 más de 20 empresas, algunas fantasma, cobraron 140 millones de pesos al Congreso de Aguascalientes por servicios administrativos y legislativos”. 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de algunas de estas empresas por presunta lavado de dinero del narcotráfico. En las investigaciones se señala a la alcaldesa panista de Aguascalientes, la panista Teresa Jiménez.

El gobernador Martín Orozco Sandoval sostuvo hace unos días una reunión con el titular de la UIF, en que abordaron la presencia de grupos delictivos en Aguascalientes que fueron evidenciados en la “Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo”.

En el estado operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ligado al caso de Teresa Jiménez, y el Cártel del Paífico. Orozco Sandoval ofreció dar nombres y apellidos, pero no dijo cuándo.

El escándalo del Fondo Durango

En junio de 2020 estalló el escándalo. El secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) estatal, Ramón Dávila Flores, dio luz verde al Fondo Durango, un programa de financiamiento a corto plazo, que tenía como finalidad el apoyo a pequeños y medianos empresarios, pero terminó beneficiando a servidores públicos y familiares de líderes empresariales.

Anomalías que pegaron al gobierno de José Rosas Aispuro y siguen latentes. El 9 de junio el mandatario aceptó la renuncia de Dávila Flores a la Sedeco y la separación del cargo de algunos funcionarios beneficiados a quienes se les entregaron cheques.

Entre los beneficiados, reveló Alberto Aguirre en su columna Signos Vitales en El Economista se encontraron:

• Bernardo Loera Carrillo, director de Desarrollo Regional en la Secretaría de Educación estatal
• María José Santiesteban, directora de administración y finanzas del ayuntamiento capitalino
• Liliana Salum del Palacio, hermana del alcalde
• José Gerardo Oliva Guerrero, hermano de la vocera estatal

En estos estados habrá elecciones en 2022:

Y en los demás estados

Benito Nacif considera que de cara al 2022, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) “enfrenta un panorama poco alentador. A juzgar por los resultados de 2021, se enfila a perder Oaxaca -Alejandro Murat-e Hidalgo -Omar Fayad- ”.

Considera también que la única forma en que el PRI consiga algo es en alianza con el PAN y el PRD. “El nuevo reto que enfrenta el PRI es aprender a sobrevivir sin el soporte que otorga el control de un grupo significativo de gubernaturas”, precisa.

El 8 de junio, luego de que se concretó la derrota de la coalición “Va por México” en 11 estados, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, aceptó que negociaba para repetir la fórmula en 2022 y 2023.   

“Tenemos un diálogo fluido entre los dirigentes nacional del PAN, PRD. Reconocer que ha sido un éxito, que es potente y que esta coalición si tuvo éxito en 2021”, señaló Alito, quien pese a que el PRI perdió Colima, Campeche, Sonora, Sinaloa, afirmó que su partido “creció y avanzó” en número de legisladores.

En Quintana Roo, bajo el mandato del perredista Carlos Joaquín González, existe atención especial, luego de que Morena ganó en las pasadas elecciones en ocho de 11 ayuntamientos. Morena podrá empezar a definir una estrategia y fortalecer su idea de la 4T como lo hizo en Sonora.

¿Podrán mantener PAN, PRI y PRD sus estados en el 2022?

Fuente.-(imagen/web)

LO "QUE SEA,ASI SEA MUGRE de lo PEOR": "NO QUERIAN MAS PRI y ELIGIERON a CABEZA de VACA en COMPETENCIA de NARCOTRAFICANTES",DICE PERIODISTA y HABLA de 3 GOBERNADEABLES de MORENA...a su juicio,con defectos y virtudes.

El periodista y escritor Carlos F. Salinas, ofrece un analisis politico en torno a la proxima sucesion de Gobernador de Tamaulipas en 2022,donde dijo solo hay 3 gobernadeables en Morena,pero antes,califico al gobierno de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca como un “accidente,algo muy serio,muy grave, muy triste para Tamaulipas”,que llego al gobierno solo como resultado del hartazgo de ciudadanos que en una competencia en las urnas de quien era mas narcotraficante,optaron por Cabeza de Vaca,pues no les importaba quien los gobernara,"asi fuera el mas mugre" y votaron por el como un acto de rechazo al PRI ,al que considera el culpable de que Cabeza de Vaca llegara al poder y ahora los ciudadanos pagan las consecuencias.

En la entrevista,con Martha Olivia Lopez del espacio periodistico un “2x3 Tamaulipas”,Salinas Dominguez esboza las cualidades y defectos de 3 posibles aspirantes al gobierno de Tamaulipas por Morena,Hector Martin Garza alias “El Guason”,Rodolfo Valderrama y el Senador Americo Villarreal Anaya. 

Con informacion de:

EL "TERROR PARAMILITAR": LA ESTRATEGIA del CARTEL de JALISCO para DESAFIAR con EXITO al ESTADO MEXICANO y sus INSTITUCIONES ARMADAS...negados a usar la fuerza legitima,terminaran usándola despues de muchas vidas inocentes perdidas.

Envuelto en una espiral de violencia que empieza a parecer eterna, México discute con cierta asiduidad qué red delictiva domina el mapa criminal y qué la diferencia de sus predecesoras. En los últimos años, el Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha protagonizado la discusión, a veces por informes de agencias del Gobierno de Estados Unidos, otras por videos con propaganda de sus últimas adquisiciones armamentísticas, e incluso también por ataques contra altos funcionarios, caso del jefe de policía de Ciudad de México.

Señalada como una de las “organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo” por el Gobierno de Estados Unidos, los golpes de las agencias de aquel país en su contra han sido una constante desde hace un par de años. En marzo de 2020, la agencia antidrogas, DEA por sus siglas en inglés, detuvo a más de 600 integrantes de su red. En febrero, el Departamento de Justicia logró la extradición de Rubén Oseguera, El Menchito, hijo del líder de la organización, Nemesio Oseguera, El Mencho. También en México han tratado de frenar su expansión, muchas veces a través de la Secretaría de Hacienda, cuya Unidad de Inteligencia Financiera ha anunciado varias veces el congelamiento de cientos de cuentas bancarias.

No está claro el efecto que han tenido estos golpes en la red delincuencial. Son pocas las regiones donde sus siglas no aparecen en la ecuación criminal, dando la sensación de que su expansión es creciente e imparable, alimentando la idea de que el Gobierno carece de las herramientas para enfrentarlo. Así ha ocurrido en el Estado de Michoacán en los últimos meses, donde grupos aliados -¿federados? ¿colaboradores?- mantienen una pugna con una red de mafias locales, Carteles Unidos, por el control de una franja de tierra de cientos de kilómetros entre la sierra y la costa. Los grupos criminales pelean, el CJNG avanza y la población permanece cautiva ante la inacción de las administraciones.

La incertidumbre rodea al CJNG. Expertos y académicos consultados por EL PAÍS señalan que es difícil dar cuenta del tamaño del grupo criminal, su forma, o el alcance de sus redes de protección política. Romain Le Cour, coordinador del Programa México y América Central de Noria Research, dice: “Tienen algo muy interesante, la marca CJNG. A veces imponen su presencia con golpes de violencia muy fuertes. Otras hacen conquista por integración: eres de algún grupo pequeño y buscas la posibilidad de usar la marca CJNG como respaldo. Eso no quiere decir que estés bajo la orden directa de El Mencho ni mucho menos. De ahí el efecto de espejo deformante, o mancha del CJNG. Dan la impresión de estar en mil lugares por esta apertura de franquicias, como McDonald’s”, añade.

De la misma manera, resulta complicado entender su estrategia, si es que existe tal cosa. Centrados en la producción de drogas sintéticas y su trasiego a Estados Unidos, sorprende su actitud agresiva, centrada muchas veces en acumular territorio. “Es peculiar que elijan este perfil de confrontación, porque al final la producción de drogas sintéticas no requiere territorialidad”, dice Carlos Flores, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS.

Originario de los Estados de Jalisco y Michoacán, el CJNG ocupa el espacio mediático que una vez ocuparon Los Zetas o el Cartel de Sinaloa. Su líder, El Mencho, es un antiguo traficante michoacano que organizó los restos de las fuerzas que habían apoyado a Ignacio Coronel hasta su muerte en 2010. Cercano a El Chapo Guzmán, Coronel había ejercido de enlace entre el cartel de Sinaloa y los grupos delictivos de Michoacán y Jalisco durante años. A su desaparición, y ante el empuje de nuevas mafias como La Familia Michoacana o Los Zetas, el CJNG emergió como un contrapoder que poco a poco fue copando espacios y mercados.

Diferencias con los anteriores

“La gran diferencia con otras organizaciones es su perfil paramilitarizado”, apunta Flores, uno de los pocos académicos que ha tratado de analizar las andanzas del grupo criminal. “Las organizaciones precedentes no necesariamente tenían este perfil. Por supuesto podían recurrir a la violencia, pero no como ahora. En este aspecto se parecen a Los Zetas. Pero luego, una cosa que les diferencia de Los Zetas es que el CJNG no parece tan extractivo con respecto a la población”, añade, en referencia a la extorsión. “Ellos tratan de convencer a las personas de las localidades que tratan de ocupar de que no están en contra de ellos”.

Elementos del Ejército en un puesto de control en la carretera entre Apatzingán y Aguililla, en Michoacán, el 8 de julio.TERESA DE MIGUEL

Así ha hecho el CJNG en Aguililla, Michoacán, último escenario simbólico de sus batallas. Enclavado en la sierra, el municipio ha visto cómo una facción de la red criminal ha avanzado desde las zonas serranas aledañas y los municipios colindantes de Jalisco hasta la cabecera municipal, progreso que continúa hacía la región de Tierra Caliente. En mayo, el CJNG colocó una pancarta en la plaza del pueblo. Leía: “Pueblo de Aguililla, ya se acabó el sometimiento en que vivían, las amenazas, extorsiones y demás cosas que un pueblo libre no tiene que sufrir”.

La propaganda empapa las acciones del CJNG. Salvador Maldonado, doctor en antropología y estudioso del crimen organizado en la región, señala que “el CJNG, como antes los Caballeros Templarios o La Familia Michoacana, lanzan imágenes para construir legitimidad y base social. En Michoacán, esa necesidad de construir base social existe. Sin esa base social no pueden dominar. O sea, no se plantean una dominación unilateral, porque sin base social no resisten”. Así, no se trata solo de vencer, también de convencer.

Hace tiempo que los grupos criminales en México manejan estrategias de comunicación más o menos conscientes. El CJNG ha sido pionero en muchas de ellas. En el marco de sus batallas por asentarse en varias regiones del centro del país, caso de Michoacán, pero también de Guanajuato, Morelos o incluso Ciudad de México, los videos propagandísticos han sido una constante. Uno divulgado el año pasado llamó especialmente la atención por la audacia de sus autores y protagonistas. En las imágenes, grabadas en una zona rural supuestamente de Jalisco, decenas de hombres armados, ataviados con ropa de camuflaje y fusiles de alto poder posan ante otras tantas camionetas, tanquetas artesanales y vehículos blindados, al grito de “¡Puro señor Mencho!”

El académico escocés Trevor Stack, de la Universidad de Aberdeen, ha dedicado media carrera a estudiar las relaciones entre el crimen organizado y su contexto político social en Michoacán y el sur de Jalisco. Stack se ha centrado en el caso de Zamora, una de las ciudades más grandes de Michoacán, cerca del límite con Jalisco. El académico recuerda una incursión del CJNG en la localidad hace un par de años, uno de esos desfiles grabados en video, que luego difunden en redes. “Estuve investigando un poco y me pareció un acto de desesperación”, opina. “Había varios grupos criminales en la zona en ese momento, cada uno intentando arreglarse con gobierno, para hacer sus negocios”, añade. “Al final, el crimen organizado es organizado en el sentido de que se organiza en torno de las instituciones. Muchas veces son diferentes grupos armados, pero son las mismas personas”.

Una agresividad que confunde

La relación del CJNG con el poder político resulta enigmática. Su espíritu confrontativo no ayuda a desentrañar la lógica de sus acciones. En junio del año pasado, una célula de la red atentó contra el jefe de policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch. Un comando armado hasta los dientes emboscó su camioneta en la capital, disparándole más de 400 veces. El jefe de policía sobrevivió. No habían pasado tres horas desde el ataque cuando publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, señalando al CJNG. “Tenía muy claro que El Mencho estaba detrás del ataque”, dijo Harfuch en una entrevista con EL PAÍS hace unos meses.

Antes de llegar a la policía de la capital, Harfuch había comandado operativos contra el CJNG en la Policía Federal y la fiscalía. Así, el ataque podía responder a afrentas pasadas o presentes. En cualquier caso lo que llamó la atención fue la audacia de los sicarios, capaces de atacar a Harfuch en uno de los barrios más vigilados de la capital, con sedes de embajadas y residencias de funcionarios y diplomáticos.

Lo mismo ocurrió hace unos meses, con el exgobernador de Jalisco, el priista Aristóteles Sandoval, asesinado en un bar en el resort playero de Puerto Vallarta. Igual que con Harfuch, las autoridades señalaron al CJNG, que antes ya había atentado contra integrantes de su Gobierno. “La mayor parte de organizaciones delictivas no solían focalizarse contra personajes públicos, más allá de presidentes municipales o diputados locales”, opina Carlos Flores, de CIESAS. “Pero esta estructura muestra la capacidad y la disposición. Es una señal de alarma sobre sus posibilidades de generar inestabilidad política”, añade.

Además de generar terror y enfocar la discusión en las capacidades del Estado para enfrentar al CJNG, este tipo de ataques confunden sobre los objetivos de la red criminal. ¿Para qué enfrentarse así? ¿Acaso carecen de todo tipo de contacto con el Estado? Flores ensaya: “Es difícil hablar de un grupo criminal completamente aislado del Estado que lo confronte. Las organizaciones ligadas al tráfico de drogas no han crecido de manera autónoma, como si lo han hecho en otros países, caso de Colombia. En México ves simbiosis de origen. Y aunque veamos estas actitudes del CJNG, esa simbiosis existe”.

Fuente.-Diario Español/Pablo Ferri

"CRECEN en NUEVO LEON los DELITOS COMETIDOS por NARCOCELULAS y SI ESA ERA la IDEA VAN BIEN"...el "Bronco" se distrajo saqueando las arcas y crecieron las narcas.

La primera mitad del 2021 en Nuevo León quedó marcada por el alza de hasta un 26 por ciento en los robos de vehículos, el narcomenudeo y los homicidios dolosos.

Este incremento se registró en medio un recrudecimiento de la violencia por la aparición de narcocélulas independientes que, según fuentes, pelean por el control de la venta de droga al menudeo en la entidad.

EL NORTE publicó el 28 de junio que hay identificadas al menos 12 células ligadas a cárteles en el estado, de acuerdo con los informantes.

La Fiscalía General de Justicia reportó que entre enero y junio de este año se presentaron mil 577 denuncias por robo de vehículo, a diferencia de las mil 244 registradas en el primer semestre del año pasado, lo que implica un aumento del 26 por ciento.

También se incrementaron los robos de vehículo con violencia, ya que se denunciaron 403 en el primer semestre de este año, mientras que en el mismo periodo del 2020 fueron 338, un aumento del 19 por ciento.

De las 226 denuncias por robo de vehículos presentadas en junio pasado, 74 fueron con violencia, es decir, un 33 por ciento, una proporción que no se alcanzaba desde enero del 2020.

En lo que va del año, el narcomenudeo registró un alza del 20 por ciento, al se presentadas 2 mil 221 denuncias, lejos de los mil 846 casos registrados ante la Fiscalía estatal en la primera mitad del año pasado.

Y los homicidios crecieron un 8 por ciento, al comparar los 494 asesinatos que se registran de enero a junio del 2021 contra los 459 casos que hubo en el mismo periodo del año pasado.

Al agravarse la delincuencia en las últimas semanas, en junio pasado se registraron 98 homicidios, la cantidad mensual más alta desde febrero del 2019, cuando hubo 105 casos.

Fuente.-

MEXICO TAMBIEN PARAISO de los "CYBERDELITOS" que CRECEN,VAN 5 INSTITUCIONES "HACKEADAS" y SECUESTRADAS VIRTUALMENTE...el sistema,ahi tampoco funciona.

En México crecen los ciberdelitos. Tan sólo entre mayo de 2020 y mayo de 2021, al menos cinco instituciones federales fueron hackeadas y sus archivos vulnerados o secuestrados, mientras que –en el contexto de la pandemia– cada vez más personas son víctimas de este tipo de crímenes

Al menos cinco instituciones federales fueron hackeadas y sus archivos vulnerados o secuestrados entre mayo de 2020 y mayo de 2021. La Secretaría de la Función Pública sufrió un incidente de seguridad que expuso las declaraciones patrimoniales de miles de funcionarios públicos, entre mayo y junio del año pasado; entre el 5 y el 11 de julio de 2020, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el Banco de México (Banxico) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sufrieron afectaciones en sus respectivas páginas de internet; y para mayo de 2021 se registró el ciberataque contra la Lotería Nacional-Pronósticos Deportivos.

Expertos en ciberseguridad consideran que las restricciones de movimiento impuestas por la pandemia de coronavirus dispararon el ciberdelito, una industria grande, diversificada y con fines de lucro, con individuos o grupos que a menudo desempeñan funciones específicas, con una división del trabajo, en su propio mercado ilícito fácilmente disponible para impulsar la actividad en otros mercados ilícitos.

Asimismo han observado que, en los mercados de la web oscura, las personas compran y venden productos ilícitos como tarjetas de crédito comprometidas, listas de contraseñas, nombres de usuario de redes sociales y armas, así como servicios que van desde campañas de spam hasta visitas específicas.

Las personas también pueden comprar herramientas para llevar a cabo delitos ciberdependientes; por ejemplo, un kit de ransomware se puede comprar por 175 dólares en la web oscura. El pago de rescate promedio para una gran empresa es de 780 mil dólares, advierten.

Pandemia desata ciberdelitos

Desde el inicio de la pandemia, la Guardia Nacional detectó miles de sitios de información con fines de comercialización de productos para el cuidado de la salud, que en realidad se trataba de fraudes o sitios que permitían descargas maliciosas en dispositivos para propagación de malware.

“Fraudes relacionados con prórrogas para pagar deudas en tiendas o incluso vinculados a la oferta de apoyos sociales que en muchos casos simulan ser sitios oficiales del gobierno federal, para descargar código malicioso o el robo de información sensible”, apunta en entrevista Radamés Hernández Alemán, director del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CERT-MX) de la Guardia Nacional.

Durante la crisis de la pandemia, considera que la prioridad ha sido proteger ataques cibernéticos a infraestructuras críticas públicas y privadas del país, de los que la policía cibernética ha recibido miles de reportes de ciudadanos e incidentes de seguridad de instituciones privadas, como Nextel, Universidad de las Américas, ITAM; y públicas (Comisión Federal de Electricidad, Lotería Nacional, Banxico).

También, cientos de casos de investigación por trata de personas, pornografía infantil, secuestro, amenazas, desaparición forzada y extorsión, cuya respuesta ha sido la inhabilitación de cientos de sitios web apócrifos que usurpaban instancias del gobierno federal y de la ciudad de México, y empresas privadas.

Precisa que la trampa consiste en que ciberdelincuentes envían a usuarios páginas falsas del gobierno, para que llenen ciertos formularios a cambio de apoyos económicos por motivo de la pandemia, “un modus operandi para robar datos sensibles de las personas”.

La respuesta oficial –tanto el Centro de Operaciones del Ciberespacio (COCEM), que opera la Secretaría de la Defensa Nacional desde 2016, como el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos que opera la Guardia Nacional– ha logrado una eficiencia acotada en la prevención y atribución de ciberataques, considera Mario Vignettes del Olmo, profesor de posgrado en la Jenkings Graduate School (UDLAP).

Destaca que eso es por la ausencia de un organismo rector que articule la gestión de las políticas de ciberseguridad a nivel nacional y establezca protocolos de coordinación, en un contexto resultado de la contracción presupuestal generalizada a nivel federal combinada con el subejercicio presupuestal y la falta de apoyo federal a las Mipymes.

Futuro crítico frente a ciberdelitos

Para 2022, se prevé que México continúe en el top 5 de naciones de la OCDE con mayor número de ciberataques, especialmente en robo de identidad e información, fraude y difusión de pornografía infantil; ciberespionaje y penetración de colectivos hacktivistas sobre objetivos estratégicos, considera Mario Vignettes del Olmo.

Señala que el ecosistema de comercio digital establecido por el T-MEC sería un foco de tensiones diplomáticas en 2025, por la pobre política digital del gobierno mexicano. Estima que para entonces se habrá ampliado la brecha en la infraestructura de tecnologías de la información entre los socios comerciales y que México presentará cierto grado de aislamiento por el cambio de reglas, las licitaciones sin concurso ni transparencia y la corrupción que inhibirán las inversiones privadas.

Del Olmo afirma que a pesar del impulso para el comercio en línea que supuso la pandemia de Covid-19, la falta de apoyos gubernamentales a las Pymes ha resultado en su aislamiento digital. A la par, México llegó al pico de ciberdelitos durante la contingencia sanitaria a consecuencia del home office, el consumo en línea y la falta de una cultura de seguridad digital.

En jaque, los cuatro frentes de guerra

Francisco Franco Quintero Mármol, maestro en inteligencia y seguridad internacional por el King´s College London, plantea que combatir eficazmente a la criminalidad, específicamente la que opera en el espacio físico (aire, tierra y agua), se ve complicado. “La razón es muy simple: ya no hay victorias decisivas contra las bandas criminales”.

Y combatir a los criminales que operan en el espacio virtual resulta más complejo aún. Los hacktivistas, ciberdelincuentes y ciberterroristas tienen más espacio en dónde esconder sus actividades y la realidad es que el software que se utiliza para defensa de intrusiones a sistemas informáticos no evoluciona con la misma rapidez que los cibercriminales, es decir, “la criminalidad avanza tecnológicamente más rápido que nuestros sistemas de defensa cibernética”.

“¿Qué tan real es la amenaza cibernética para México? La respuesta sería que bastante. No olvidemos la dependencia que en México tenemos de las tecnologías de la información (TIC). Además, la cibercriminalidad ha mostrado sus capacidades en varias ocasiones. Recientemente se robó dinero del Banco de México”, subraya el catedrático.

Asimismo, sostiene que hay que tomar en cuenta que en México hay una penetración tecnológica constante y creciente: el uso del internet alcanza al 59.8 por ciento de la población, lo que equivale a 65 millones de usuarios de internet, al que los mexicanos dedican 7 horas y 14 minutos y, de acuerdo con el Inegi, hay 30.6 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que demanda tecnología.

Se estima que hay más de 104 millones de líneas de celular; dependencia tecnológica en comunicaciones a nivel gobierno y empresarial; los sistemas financieros corren sobre plataformas tecnológicas de información que si bien son robustas pudieran ser vulnerables; y el sistema de energía eléctrica, agua, gas y petróleo tienen un componente tecnológico muy importante para poder operar, subraya Quintero Mármol.

Si bien los ataques y las vulnerabilidades cibernéticas son reales para los sectores sociales, económicos y políticos del país, la realidad es que no se observa que el gobierno de México esté pensando en desarrollar alguna estrategia para atender el fenómeno, pues el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se limita a considerar la necesidad de ampliar el acceso de usuarios a internet y de aumentarla banda ancha del país.

“No solamente falta una estrategia que busque proteger los intereses nacionales de un ataque cibernético, sino que también estamos desmantelando algunas de las capacidades que ya teníamos, como lo es la División Científica de la Policía Federal. También abandonamos el camino que ya se había avanzado dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas para crear el cibercomando”, enfatiza Quintero Mármol.

Resalta que el crimen organizado opera no sólo en la red, sino que puede operar de forma híbrida, es decir, entre el espacio virtual y el espacio físico, lo cual significa que son iguales o hasta más peligrosos que los criminales que operan únicamente en el espacio físico como huachicoleros, traficantes de personas, o vendedores de droga.

Y advierte que pensar que no existen o que no son capaces de hacer daño en el futuro inmediato es un error de cálculo estratégico que puede tener consecuencias graves para el país y su desarrollo económico y social.

TIC aumentan vulnerabilidades

Debido a los avances tecnológicos, los Estados enfrentan nuevos desafíos en la era de la información, ligados a la falta de protección y mal uso del ciberespacio, convertido en el quinto ámbito de la guerra, señala por su parte Adolfo Arreola García, experto en ciberseguridad y tecnología aplicada a la seguridad nacional.

Desde esta perspectiva, la dependencia en las TIC ha acelerado los procesos y aumentado las vulnerabilidades. Por ello, los Estados han buscado salvaguardar la ciberseguridad a través de medidas políticas, tecnológicas y estratégicas, advierte el doctor en Seguridad Internacional en la Universidad Anáhuac.

Indica que el empleo intensivo de los medios digitales invita a pensar en una hiperconectividad y en nuevos desafíos que atentan contra la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información y ponen en riesgo la seguridad nacional.

México no consideró la inclusión de una definición para la ciberseguridad en la Ley de Seguridad Nacional, cuyos temas son la base para la Agenda Nacional de Riesgos cuya existencia no es garantía de prácticas de ciberseguridad, ya que México es incapaz de prevenir y reaccionar ante incidentes cibernéticos.

La más reciente Agenda Nacional de Riesgos consigna que México padece un “riesgo alto” por la carencia de esquemas de protección, reacción y coordinación consolidados entre las autoridades competentes para hacer frente a los ataques cibernéticos que afecten las infraestructuras críticas o sensibles del país.

La ciberseguridad es un tema que requiere de capacitación y cooperación internacional, así como de una estrategia para generar cuadros con personal militar profesionales en ciberseguridad y ciberdefensa, señala Arreola García.

Sin embargo, afirma que México no solamente carece de una definición clara e integral de ciberseguridad nacional, sino también de una política de ciberseguridad nacional que permita la aplicación eficiente de la estrategia en la materia. Esta negligencia gubernamental expone a la sociedad e instituciones a sufrir ataques contra su identidad, existencia y supervivencia.

Plantea que en respuesta a este aumento en el número y complejidad de los ciberataques México debe contar con políticas, planes, estrategias, organizaciones e infraestructuras adecuadas para garantizar la ciberseguridad del ciberespacio.

“Es necesario verificar la implementación segura de los sistemas cibernéticos en campos como la salud, educación, servicios gubernamentales o la industria; es decir se deben construir capacidades para la ciberseguridad y la ciberdefensa con base en políticas públicas de largo alcance, así como en instituciones de carácter permanente que den vida a un sistema de ciberseguridad nacional”, enfatiza el experto.

Desafíos para la ciberseguridad nacional

El empleo intensivo de sistemas computarizados, tanto por parte del gobierno como de las fuerzas armadas y la iniciativa privada, han tenido un crecimiento exponencial; sin embargo, esta misma situación de dependencia ha traído consigo las vulnerabilidades inherentes de dichos sistemas digitales, poniendo en riesgo la seguridad de los Estados, organismos e individuos, apunta Arreola García.

“En México, las reformas en telecomunicaciones y la Estrategia Digital Nacional, se dio prioridad a la digitalización de las actividades de gobierno y los servicios públicos, pero la ciberseguridad no ha recibido el mismo ímpetu”, destaca.

Los principales desafíos que enfrenta México son: redefinir su concepto de ciberseguridad, fortalecer las capacidades del Estado para garantizar la seguridad en el ciberespacio con base en una estrategia de ciberseguridad integral y, generar recursos tecnológicos y humanos apropiados para las nuevas condiciones de ciberseguridad, sugiere el catedrático.

Aduce que, a pesar de que el gobierno de México puso en operación del Centro de Operaciones del Ciberespacio en junio del 2016, para atender cuestiones de ciberdefensa y complementar las tareas realizadas por la Policía Federal, es un trabajo inacabado que requiere del compromiso gubernamental para llevar a buen término aspectos esenciales de la política de ciberseguridad.

Riesgos a la seguridad ciudadana

Para Oliver González Barrales, director del área Científica de la Guardia Nacional, el avance tecnológico ha generado estímulos contrarios a los mecanismos de integración, y ponen de manifiesto el surgimiento de riesgos y retos para la seguridad ciudadana y seguridad nacional.

“La evolución de la vida cibernética conduce a los ataques a la integridad de las personas, a la economía y a los servicios básicos a través de criptodivisas, resultan útiles para delitos lavado de dinero, mientras la regulación global sigue perdiendo la carrera frente al desarrollo tecnológico”.

Dice que, con la inteligencia artificial, el Machine Learning los datos son materia prima para el intercambio automatizado y la toma de decisiones por las máquinas, resulta de gran valía para la sociedad, lo cual demanda fortalecer la ética de quienes dan vida a estos sistemas.

“La ciberseguridad debe dar respuesta con una visión holística, no solo desde la perspectiva técnica, ofrecer entornos confiables para la realización de actividades humanas, devolver a los ciudadanos sus derechos, su patrimonio e incluso su personalidad”, apunta González Barrales.

fuente.-

"MUCHO PLOMO y OLOR a POLVORA": ESTUDIO BRITANICO PONE a RELIEVE la CONDUCTA "POCO CLARA del EJERCITO en MEXICO en la GUERRA a las DROGAS'...en tiempos de guerra las mentiras llegan por mar y por tierra.

     

¿Qué pasó?

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Northumbria (Reino Unido), de la Universidad Estatal de San Diego y del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) reveló que información esencial sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas en México ha sido sistemáticamente ocultada, no existe o maneja terminología poco clara, por lo que es prácticamente imposible hacer que la institución rinda cuentas sobre su rol en la llamada “guerra contra las drogas”.

La investigación también descubrió que, cada año, los militares mexicanos matan más presuntos agresores que los que detienen, lo cual apunta a un posible abuso de la fuerza letal.

¿Por qué importa?

Las Fuerzas Armadas de México han sido pieza integral en las labores policiales de la llamada “guerra contra las drogas” que inició en 2006 y la cual continúa hasta el día de hoy, pese a haber cambiado de nombre. Ahora, contrario a lo que había prometido en campaña y a lo largo de sus años como opositor político, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto que expande y formaliza el papel de las Fuerzas Armadas de México en labores de seguridad pública.

Detalles:

El estudio -titulado “Fuerza letal y negación: el legado del Ejército en la ‘guerra contra las drogas’ en México” y publicado en el volumen de julio de la prestigiosa Revista Internacional de Derechos Humanos- analizó tres bases de datos oficiales las cuales contienen información sobre ciudadanos que han sido muertos, heridos o detenidos por las fuerzas de seguridad en el contexto de la “Guerra contra las drogas”, así como del personal militares muerto en combate. Las bases de datos consultadas fueron: Base de datos de Políticas de Drogas del CIDE, Base de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), publicada en octubre de 2019 a través de una presentación de Power Point y la Base de datos formada a partir de solicitudes de transparencia.

Los investigadores detectaron términos problemáticos como “agresores” y “enfrentamientos” utilizados en los reportes oficiales. Y es que, “en un país donde el 90 por ciento de las investigaciones criminales no se resuelven, resulta difícil determinar si las personas muertas en combate eran realmente criminales o ‘agresores’”, señalan. De igual manera -mencionan- existen incidentes reportados como “enfrentamientos” en donde no hubo cruce de fuego, solo disparos de las Fuerzas Armadas.

En este contexto, los autores determinaron que “los eufemismos juegan un rol integral, ya que sirven como términos paliativos que minimizan o tergiversan los daños”.

En cuanto al uso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas Armadas en labores policiales de 2006 a la fecha, los académicos se basaron en cuatro indicadores utilizados por especialistas en seguridad y derechos humanos, y descubrieron que, en la “guerra contra las drogas”, los militares “siempre matan más ciudadanos que los que hieren”. Los indicadores utilizados fueron: índice de letalidad, índice de proporcionalidad, índice de detenidos e índice criminal.

A partir de este descubrimiento, los investigadores concluyeron que la información disponible muestra que las Fuerzas Armadas hacen uso de la fuerza letal “de manera excesiva” y sugiere que los militares no disparan para subyugar a supuestos miembros del crimen organizado, sino para matarlos. Esto implicaría que los elementos castrenses estarían ejerciendo ejecuciones extrajudiciales.

Finalmente, los autores señalan que la falta de acceso a la información sobre civiles muertos, heridos o detenidos, ha hecho que sea difícil o imposible hacer que las Fuerzas Armadas rindan cuentas.

Contexto:

A mediados de junio de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que buscaría presentar una reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Aunque la Guardia Nacional fue concebida como un cuerpo de seguridad civil, en la práctica, la gran mayoría de sus elementos -así como de sus liderazgos- provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que, de aprobarse, la reforma contemplada por el mandatario federal solo consolidaría legalmente lo que hoy ya sucede en la práctica.

De acuerdo con Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró de mayo de 2019 a noviembre de 2020 más de 200 quejas en contra de la Guardia Nacional por presuntos casos de detención arbitraria, trato cruel, inhumano o degradante, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

Según refiere el portal Animal Político, que cita fuentes oficiales, nueve de cada 10 elementos de la Guardia Nacional que actualmente están desplegados en el país haciendo labores de policía, no han presentado y aprobado las evaluaciones que acrediten que tienen el perfil, conocimientos, aptitudes y habilidades para poder hacer ese trabajo. El plazo máximo para cumplir con este requisito es el 17 de julio de 2021.

Fuente.-

EL "PUEBLO se CANSA,PERO se AGUANTA": GOBIERNO CUATRITRANSFORMADO y "DECENTE de DIENTES para AFUERA" DIO CONTRATOS por 800 MILLONES a ACUSADOS por el SAT de ser "FACTUREROS"...decepciona menos el que promete menos.

Entre 2019 y 2020, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) otorgó contratos por 797 millones de pesos a una red de seis compañías cuyos accionistas han participado en empresas fantasma y en desvíos millonarios del ISSSTE y la SEDATU.

Todos los contratos a esa red fueron firmados durante la gestión del entonces director de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, quien fue cesado en junio de 2020 entre acusaciones de corrupción.

La red está conformada por las compañías Fruverloz, Properloz, Soluservicios Globales NXK, Professional Bright XRW, Gentsai Hoon y Denoter, las cuales recibieron contratos de Segalmex para la compra de costales de polipropileno, tarimas, insecticidas, raticidas, lonas blancas y cubrebocas.

La importancia de estos contratos era tan grande que, según Segalmex, el no adquirir los costales y las tarimas para el almacenaje de granos podía derivar en pérdidas por 18 mil millones de pesos. Las empresas incumplieron con la entrega y no fueron sancionadas.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) encontró que el dueño de una empresa fantasma, incluida en la lista del SAT de sociedades que simulan operaciones, es a la vez socio y representante de tres de las empresas contratadas por Segalmex.

Esas empresas, a su vez, se vinculan entre sí a través de domicilios, correos electrónicos, números telefónicos y accionistas que viven en colonias populares. Incluso, algunas de estas empresas comparten el mismo domicilio con otras que participaron en La Operación Safiro y en la red de lavado de dinero publicada en junio de 2021 por Animal Político en la que participaba Isaac Gamboa Lozano, exfuncionario de Hacienda asesinado en Morelos.

Los 797 millones de pesos de Segalmex a esta red de empresas fueron repartidos en seis contratos por adjudicación directa. Uno por cada compañía.

Cuatro de las seis empresas de esta red se constituyeron entre 2015 y 2019. Antes de ser contratistas de Segalmex, ninguna había recibido contratos gubernamentales, según corroboró MCCI en Compranet, la Plataforma Nacional de Transparencia y otras herramientas de búsqueda.

MCCI buscó a Segalmex y a Gavira Segreste para pedir sus posturas sobre estos contratos, pero decidieron no responder.

Facturero opera en tres empresas de la red

Florencio Reséndiz Hernández está ligado a tres empresas de la red. Es representante de la asamblea de socios de Fruverloz y, a su vez, es accionista de Properloz y Professional Bright XRW.

Fruverloz y Professional Bright XRW son las compañías que según una revisión de la Auditoría Superior de la Federación no entregaron a tiempo los bienes pactados y que a pesar de ello no fueron penalizadas por los funcionarios de Segalmex.

Además, según documentos del Registro Público del Comercio, Reséndiz Hernández es accionista de Consultoría Tiverane, la cual ya fue enlistada oficialmente por el SAT en febrero de 2019 como una compañía que factura operaciones simuladas; es decir, se trata de una empresa “facturera” o “fantasma”.

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La dirección que Reséndiz indicó como suya es una casa en una zona popular cerca de El Potrero en el Estado de México. En el frente del inmueble hay una tienda de abarrotes y la mujer que la atiende dijo que Reséndiz renta un cuarto en esa vivienda.

Su modesta forma de vida contrasta con las asignaciones por 668 millones de pesos que recibieron las empresas en las que figura como dueño o representante.

De esos 668 millones de pesos de contratos en Segalmex, 325 provienen de las dos compañías donde Reséndiz es accionista o dueño, y 342 de la compañía donde es representante de la asamblea de socios.

Desvían millones en Sedatu y firman en Segalmex

Un año antes de que los accionistas de Fruverloz ganaran un contrato por 342 millones de pesos con Segalmex para proveer costales de polipropileno, otra de sus empresas estaba participando en un desvío millonario.

En una auditoría de la Cuenta Pública 2018, la ASF reveló que la empresa Zagten Tecnología e Infraestructuras (entonces propiedad de los socios de Fruverloz), participó en un esquema de subcontratación ilegal en la SEDATU durante la gestión de Rosario Robles.

Zagten recibió 5 millones de pesos de la empresa Integraciones Profesionales que, a su vez, había sido contratada por la SEDATU para el mantenimiento de la infraestructura informática y de comunicaciones de la Secretaría.

MCCI corroboró en las actas del Registro Público del Comercio que los socios fundadores de Fruverloz fueron Juan Ricardo Rodríguez Camacho y Miguel Ángel Rodríguez Lerma y que, como se mencionó anteriormente, Florencio Reséndiz era el representante de la asamblea.

Ambos socios transmitieron sus acciones en la empresa Zagten un año después de recibir la transferencia por 5 millones de pesos como subcontratistas en SEDATU.

Los reporteros pudieron conversar con Rodríguez Camacho, quien es dueño de una lavandería y vive en una modesta casa en una colonia popular en el municipio de Tlalnepantla, y dijo que efectivamente es accionista de la empresa Fruverloz y que es proveedor del gobierno.

Al preguntarle por qué Fruverloz comparte número de teléfono con Soluservicios Globales NXK (otra de las empresas de la red), él con naturalidad respondió que sí conocía a la empresa.

“Esa (Soluservicios Globales NXK) sí me suena, sí tengo una pequeña conexión ahí con uno de los socios (...) no es mía, pero por algún motivo tiene mi número de teléfono”, dijo.

La liga con los desvíos en el ISSSTE

Ana Valeria Quintana constituyó Gentsai Hoon en agosto de 2017, cuando apenas tenía 21 años de edad. Menos de dos años después su empresa ganó un contrato por 65 millones de pesos con Segalmex; sin embargo, Quintana vivía en un cuarto que rentaba dentro de una modesta casa en el número 46 de la calle Francisco I. Madero en la alcaldía Cuajimalpa.

Con base en documentos del Registro Público del Comercio, MCCI pudo comprobar que Ana Valeria Quintana también es representante legal de Multicorporación Brexot, una compañía de reciente creación que, en abril de 2020, vendió al ISSSTE ventiladores defectuosos y a sobreprecio durante la gestión de Pedro Zenteno Santaella como director de Administración y Finanzas.

Actualmente Zenteno es director de Birmex, la institución que desarrolla, produce, importa y comercializa vacunas.

En febrero de este año, el portal Emeequis publicó que el ISSSTE había pagado un sobrecosto de 378 millones de pesos a Multicorporación Brexot por la adquisición de 300 ventiladores durante la emergencia sanitaria causada por el Covid-19.

Según un informe del Órgano Interno de Control del Instituto, estos ventiladores defectuosos deterioraron la condición de dos personas y causaron la muerte de una más en el Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México.

Comparten domicilios con empresas fantasma

Professional Bright XRW, una de las empresas de la red, tiene su domicilio en Paseo de la Hacienda Echegaray 3 interior 303. En el mismo edificio, pero en el interior 304, tuvo su domicilio la empresa Abastecedora Cofex, con la que el Congreso de Morelos desvió millones de pesos según reportó MCCI en la Operación Safiro en 2018.

De acuerdo con la recepcionista del 303, Professional Bright XRW rentaba un espacio para tres empleados en esa oficina. Dijo que desde que comenzó la pandemia de Covid-19 nadie se ha presentado y agregó que desde enero de 2021 se venció el contrato de arrendamiento que tenían para el espacio. Hasta el día de la visita, la recepcionista no tenía mayor conocimiento de qué pasaría con la empresa.

Otra de las compañías de la red, Fruverloz, tiene como domicilio legal una oficina ubicada en Eje 5 Sur 831 departamento 604-A.

MCCI pudo acceder al interior de la empresa. Se trata de una oficina de unos tres cubículos; a un lado del escritorio de la recepción se ubican tres teléfonos diferentes.

En el departamento no se encuentra nadie más que la recepcionista, quien dijo llamarse Brenda, pero que de acuerdo con la red social LinkedIn se llama Guadalupe Montiel Carbajal y trabaja para una empresa llamada Wiko It.

Según la recepcionista, Fruverloz es la única empresa que habita ese departamento y la falta de empleados se debe a que trabajan vía remota; sin embargo, días antes Animal Político dio a conocer que ese mismo departamento era el domicilio legal de dos empresas de la red de lavado de dinero vinculada a Isaac Gamboa, ex funcionario de Hacienda que fue asesinado en Morelos en 2020.

Un día después de visitar la empresa, MCCI conversó con Rodríguez Camacho, socio de Fruverloz, y al preguntarle por la dirección de la empresa, él dijo que ésta ya no se encuentra en Eje 5 sino en Nicolás Romero, aunque no quiso brindar la nueva dirección.

Denoter, otra de las empresas de la red, dio dos direcciones diferentes en el registro de proveedores y contratistas. MCCI visitó ambas y en ninguna de las dos existía la empresa. En el segundo domicilio una empleada de otra de las oficinas que ocupa la casa dijo que hace varios meses que Denoter no habita ese inmueble y agregó que desde hace aproximadamente dos meses personas del gobierno han ido a buscarla.

MCCI pudo localizar a Denoter en otra dirección que no estaba registrada en los padrones de proveedores y contratistas.

Por su parte, Gentsai Hoon tiene su domicilio en un departamento del edificio ubicado en Amanalco 114 en Tlalnepantla, Estado de México; en el mismo edificio, aunque en otro interior, tiene también su domicilio Soluservicios Globales NXK, que recibió 49 millones de pesos de Segalmex.

Al llegar al edificio no se ve movimiento, empleados o siquiera ruido. Cuando MCCI tocó la puerta un joven de unos 20 años atendió y dijo que Gentsai sí tenía ahí sus oficinas, pero que debido a la pandemia el trabajo se realiza vía remota; sobre Soluservicios Globales NXK dijo que estos ya no habitan en el edificio.

Las irregularidades reportadas por la ASF

Las irregularidades que rodean a estos contratos ya habían sido detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en una auditoría de cumplimiento de la Cuenta Pública 2019. En ella se revisaron los contratos A/001/2019 y A/011/2019, correspondientes a las empresas Fruverloz y Professional Bright XRW.

En el caso del contrato con Fruverloz, la ASF señaló que Segalmex realizó un convenio modificatorio para un incremento del 20% del monto contratado originalmente, lo que llevó a que el organismo pagara 27 millones de pesos más a la compañía.

Segalmex pagó por anticipado la totalidad de los 65 millones de costales de polipropileno pactados, aun cuando Fruverloz sólo entregó a tiempo 30.5 millones. El contrato estipulaba que el pago se realizaría en parcialidades por cada entrega realizada.

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Segalmex debió haber penalizado a la empresa por el retraso, pero no lo hizo.

Lo mismo ocurrió con el otro contrato. La ASF señaló que el organismo pagó por anticipado la totalidad de las 300 mil tarimas pactadas aun cuando Professional Bright XRW sólo entregó a tiempo 212 mil y el contrato estipulaba que el pago se realizaría en parcialidades por cada entrega realizada.

Segalmex tampoco multó a Professional Bright XRW por el retraso.

Por realizar los pagos a estas dos empresas sin acreditar la recepción de los bienes, la ASF presume un daño a la Hacienda Pública por 249 millones de pesos. Según los documentos emitidos por Segalmex para la justificación de la adjudicación directa de ambos contratos, el no realizar la adquisición tanto de las tarimas como de los costales “comprometería el acopio, envase y distribución de los granos de temporada, poniendo en riesgo la cosecha para el ciclo agrícola del frijol y el maíz y causaría pérdidas por 18 mil millones de pesos”.

De acuerdo con la cláusula segunda de los contratos, el funcionario encargado de administrar y vigilar el cumplimiento de los pedidos era Miguel Carrillo Villareal, actual director del programa Precios de Garantía.

Vínculos con despacho contable

MCCI buscó a Gentsai Hoon y Professional Bright XRW en sus respectivos números telefónicos. En ambos casos, a pesar de ser números distintos, la misma mujer contestaba: “Grupo PPA, buenas tardes”.

Grupo PPA es, de acuerdo con su sitio web, una firma de consultoría estratégica que ofrece servicios contables y de administración de nómina. De acuerdo con el sitio especializado para rastreo de dominios de internet who is, el sitio web de Grupo PPA fue dado de alta por Rigoberto Hernández, misma persona que dio de alta el dominio de Fruverloz y Properloz, dos empresas más de la red.

Conjunto habitacional donde se encuentra el supuesto socio de la empresa Properloz, la cual ha recibido 94 millones de pesos en contratos de Segalmex. Foto:Lucía Vergara. EL UNIVERSAL

De acuerdo con la red social LinkedIn, Iván Plascencia es socio y fundador de Grupo PPA. En el sitio web de este grupo se indica que tiene relación con Plascencia Plascencia y Asociados, empresa que en 2020 obtuvo más de medio millón de pesos en un contrato para capacitación con Liconsa, compañía dependiente de Segalmex.

MCCI contactó vía WhatsApp y correo electrónico a Seguridad Alimentaria Mexicana a través de los encargados de Comunicación Social de Liconsa y Diconsa. Olga García de la Cruz, vocera de Liconsa, dijo: "no hay postura, toda vez que no existen denuncias al respecto. De haberlas, consideraremos las respuestas más pertinentes”.

Además, se buscó al exdirector de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste, a través de su hijo, René Gavira Martínez, quien solicitó se contactara directamente con su representante Antonio Sánchez; sin embargo, Sánchez solicitó, vía WhatsApp, que cualquier duda relacionada con el tema se tratara directamente con Segalmex.

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