El país está en llamas. Después de tres años, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce –quizá tardíamente– que su proyecto gubernamental está en riesgo si no se pacifica el país. Y hay razones.
De no consolidarse el proyecto de pacificar el territorio, lo más probable es que el llamado proyecto de la Cuarta Transformación termine en un rotundo fracaso. Y, peor aún, el próximo candidato de Morena a la Presidencia de la República tendrá que romper con el Presidente y replantear un proyecto diferente ante el modelo fallido del actual régimen. Por ninguna vía podrá haber continuidad ante un fracaso.
La violencia, por doquier, está imparable: Michoacán, Tamaulipas y Chiapas están en llamas. En la primera entidad el diálogo oficial con los representantes sociales y algunos del crimen organizado ha fallado; el Ejército ha fracasado. La población está a merced del crimen y no hay entidad gubernamental capaz de poner orden. Ni la iglesia ha podido con el flagelo.
El otro punto crítico es Chiapas, hasta no hace mucho tiempo un territorio donde imperaba una suerte de pax mafiosa, pacto entre grupos criminales y el poder político.
Y hay razones que lo explican: Chiapas es otra puerta grande de entrada de droga y precursores químicos que provienen de Centro y Sudamérica. Es la frontera más porosa. Por Chiapas entra de todo. Drogas, armas, químicos para las drogas de diseño, armas, indocumentados… Y todo se mueve por la República mexicana. Se mueve a través de Tabasco, el sur de Veracruz y luego sube a la frontera entre Estados Unidos y Tamaulipas. Por Chiapas entraron los llamados Kaibiles, desertores del Ejército Guatemalteco que reforzaron las fuerzas armadas del cártel de Los Zetas, el cártel militar.
En Chiapas hay crisis y por ello hay violencia. El territorio está bajo la disputa de tres cárteles: Sinaloa, cártel de Jalisco y el cártel del Golfo. La violencia entre grupos terminales terminó con la vida del activista maya Simón Pedro Pérez López.
Surgió en este escenario de violencia el cártel de “Los Ciriles”, vinculado al cártel de Jalisco, con presencia en las comunidades de Pantehló, Chiapas.
La guerra subió de intensidad, pues fue asesinado en Tuxtla Gutiérrez un operador identificado con el capo Ismael “El Mayo” Zambada –Ramón Gilberto Rivera, “El Juniors”– quien es hijo de un personaje apodado “El Tío Gil”, quien responde al nombre de Gilberto Rivera Amarillas, padre de la víctima. Este personaje del hampa fue aprehendido en 2016 en el aeropuerto “La Aurora”, de Guatemala, en 2016, cuando pretendía volar hacia México.
La batalla en Chiapas está detonada por diversas causas, a saber: su ubicación geográfica estratégica. Es una ruta de entrada de drogas, armas y personas que, en su mayoría, son explotadas en el negocio de la trata.
Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que el estado está bajo disputa. La guerra por el territorio lo encabezan los cárteles de Sinaloa, Jalisco y Golfo. El cártel que más extensión territorial domina es Sinaloa, le sigue el de Jalisco y Golfo tiene bajo su dominio una pequeña franja de poder que se extiende desde el Pacífico hasta la frontera con Oaxaca y la zona sur de Veracruz, una de las más violentas de esa región y cuya inestabilidad no ha podido ser detenida.
En Chiapas también operan Los Zetas. Dominan en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Todo el escenario de violencia –no antes visto en la entidad, pues como se dijo había una pax mafiosa– se descompuso después de las elecciones del 6 de junio, cuando se detonó el reacomodo criminal en los territorios.
Esto abrió la puerta al cártel de Sinaloa, que ahora domina grandes extensiones del territorio: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Chiapas y Oaxaca. La violencia en Chiapas provocó que unas dos mil personas se hayan desplazado de Pantelhó, Chiapas.
Durante las últimas semanas, la región tsotsil Pentalhó-Chenalhó ha sido abandonada por buena parte de su población por el terror que priva en esa región. Igual que lo que ocurre en Aguililla, Michoacán. Y el Estado permanece ausente. Las manos fuera de la seguridad.
El desplazamiento humano en Chiapas, sobre todo en la zona conflictiva, ha sido documentada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Sus representantes aseguran que en la zona tomada por el crimen hay ancianos y adultos mayores atenazados por el miedo y la vida de quienes denuncian los hechos –aseguran– está en completo riesgo.
El crimen manda
Lejos de ser combatido, el crimen organizado en el país se posiciona con mayor fuerza, pues el régimen de Andrés Manuel López Obrador carece de una política antimafia, lo que ha recrudecido la violencia a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
A punto de cumplir tres años en el poder, esta situación se recrudece tanto como la violencia. Y esto ha causado preocupación en Estados Unidos, tanto por la violencia recrudecida en Tamaulipas, sobre todo en el municipio de Reynosa, de donde es oriundo el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, investigado por sus nexos con el crimen organizado.
El narco y su influencia en la política es una realidad, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador no lo reconoce; es obvio que no hay combate de parte del Estado ni existe una estrategia criminal o antimafia.
La penetración del crimen organizado en el país es muy grave. Desde el año 2010, el área de estudios municipales del Senado de la República alertó sobre la fuerte presencia de presuntos delincuentes que, desde diversos partidos, eran lanzados como candidatos a presidentes municipales, diputados locales y federales, entre otros cargos de elección popular.
Aquel estudio sostenía que más de 60 por ciento de los municipios del país eran gobernados por personajes relacionados directa o indirectamente con alguna modalidad criminal: narcotráfico, secuestro, extorsiones, tráfico humano, por citar sólo algunas.
En los últimos 10 años, la radiografía del crimen es realmente perturbadora. A poco más de dos años que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, no ha sido capturado ningún capo emblemático.
Ahí siguen, intocables, los hijos de Joaquín Guzmán Loera –Iván Archivaldo, Ovidio y Jesús Alfredo Guzmán– quienes ahora encabezan el cártel de Sinaloa, el más poderoso de los grupos criminales en América Latina.
Impune y sin mayores conflictos sigue operando Ismael “El Mayo” Zambada, a quien la DEA considera el mayor capo de México, quien ahora opera en sociedad con Rafael Caro Quintero en norte del país.
Y de igual forma, Nemesio Oseguera Cervantes continúa expandiendo al cártel de Jalisco Nueva Generación, el más beligerante de los cárteles.
Actualmente la guerra entre los cárteles se centra en Tamaulipas, Baja California y la región de El Bajío. Ahí, los enfrentamientos se presentan entre el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. En esta narcoguerra también se suma el cártel Santa Rosa de Lima, fundado por José Antonio Yépez, conocido como “El Marro”, quien construyó un verdadero imperio mediante el robo de combustibles –El Huachicol–, los secuestros y las extorsiones.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, que le han seguido la pista desde hace varios años, “El Mayo” Zambada suele financiar a organizaciones criminales para enfrentarlas con sus enemigos. El dato que se ha confirmado, por ejemplo, es que Zambada financió con dinero y armamento a Los Matazetas, que originalmente pertenecían al cártel de Sinaloa, pero luego se enfrentaron al CJNG.
Los estados con mayor violencia son Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Guerrero. En este último estado operan varios cárteles que se disputan la llamada ruta del pacífico.
No es todo: En los últimos 10 años, la dinámica de los cárteles de la droga ha cambiado y se han convertido en verdaderas empresas del crimen con una veintena de actividades criminales –independientes del tráfico de enervantes– y su estructura también presenta modificaciones: ahora los cárteles se han fraccionado en células poderosas y violentas cuyos ramajes están enlazados con otros grupos criminales activos en todo el continente.
Después de la guerra fallida implementada por Felipe Calderón y la corrupción desastrosa que prohijó el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el crimen lejos de ser combatido se extendió a lo largo y ancho del país e incluso se internacionalizó: muchos cárteles ahora operan en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Costa Rica y Guatemala.
E incluso cuentan con amplios ramajes en Europa, particularmente en España, Italia y Reino Unido, desde donde operan el tráfico de drogas hacia los mercados de Asia y África, por citar sólo esos continentes.
Un ejemplo de la expansión y de que la guerra contra el narcotráfico no ha dado resultados es la expansión del cártel de Sinaloa, el grupo criminal más boyante del mundo, de acuerdo con la DEA.
Tras la captura de su líder, Joaquín Guzmán Loera –sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos–, dicha organización criminal se dividió en cuatro frentes y cambió sus operaciones: ahora es más dinámica, menos visible y ejerce un mayor control territorial en el país.
De igual forma, su poderío está mejor cimentado con las alianzas que ha tejido con los cárteles del Golfo, La Familia Michoacana, entre otros grupos criminales poderosos.
Del año 2000 a la fecha, la dinámica del narcotráfico ha variado en todo el país: un dato que sobresale es que ahora los cárteles gobiernan a través de sus aliados buena parte de los municipios del país, por lo que sus cotos de poder son amplios y no menos poderosos.
De acuerdo con informes de la DEA y de la Fiscalía General de la República (antes PGR), más de la mitad del territorio nacional está controlado por 14 cárteles, en su mayoría violentos, que están relacionados con altos mandos de las policías estatales y municipales –las más contaminadas del país– y cuyos efectivos fungen como sicarios, halcones o protectores de redes de secuestradores o narcomenudistas.
Esos mismos informes establecen, además, que el estado de Tamaulipas –donde dos exgobernadores (Tomás Yarrington y Eugenio Hernández) están presos por brindar protección al narcotráfico durante sus respectivos gobiernos– es la entidad con mayor número de grupos criminales asociados.
Y enseguida se enumeran algunos de los más peligrosos que operan en esa entidad: Grupo Operación Zeta, Fuerza Especial Zeta, Metros, Rojos, Dragones, Ciclones, Fresitas, Pelones, Talibanes, entre otros, que han arrebatado el monopolio de la violencia a los cárteles hegemónicos –Los Zetas y al Cártel del Golfo– cuyas redes se extendieron por años en toda la entidad y aún operan en el corredor Tamaulipas-Nuevo León-Coahuila, uno de los más sangrientos.
Ya desde los tiempos de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández –dos de los exgobernadores priistas con escandalosas historias de riqueza, poder, impunidad y ligas con el narcotráfico– el crimen organizado tenía amplios dominios en la vida política, social y empresarial, pero en la actualidad el crimen organizado es amo y señor de las cárceles y controlan el tráfico de todo tipo de sustancias que cruzan a Estados Unidos con el apoyo de la policía del estado.
En Tamaulipas este escenario de total control criminal minimizó la figura del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo Gobierno ha resultado un fracaso por sus fallas y desatinos en el combate al narcotráfico. Durante su mandato, las redes del delito se han incrementado, imparable la violencia que azota a todo el territorio.
Tanto de día como de noche –y este es un verdadero escenario de guerra– la metralla no cesa en diversos municipios, los más sangrientos, los que se ubican en el límite fronterizo con Estados Unidos: Miguel Alemán, Camargo, Ciudad Mier, entre otros, donde las balaceras ya son parte de la realidad cotidiana.
Los informes oficiales señalan también que después de Tamaulipas en la lista de territorios incendiados por la criminalidad le siguen Chihuahua y Guerrero, con seis bandas locales cada uno. Sin embargo, un informe del Cisen titulado “Presencia de la Delincuencia Organizada en Guerrero”, elaborado en 2011, señalaba entonces que en Guerrero operaban 300 organizaciones criminales y cuyas cabezas son personajes que tenían (o tienen) líneas de parentesco con autoridades estatales y municipales.
En sus partes medulares, el informe sostiene que la crisis se inseguridad se agudizó por las disputas y enfrentamientos armados entre los cárteles del Golfo, Pacífico, La Familia Michoacana, Los Zetas y la Organización Beltrán Leyva.
Poco después, los decibeles de la guerra aumentaron cuando a la confrontación por el territorio se sumaron dos de los cárteles más violentos: Guerreros Unidos y Los Rojos, los que convirtieron al estado de Guerrero en un territorio de muerte, el cementerio de la impunidad.
El informe incluye algunos datos históricos que explican la imparable violencia en ese estado: sostiene, por ejemplo, que en 2008 los Beltrán Leyva abrieron fuego por el control territorial –uno de los más codiciados porque se ubica en la ruta del Pacífico– al enfrentarse a los hombres del cártel del Golfo y de Los Zetas, por aquel tiempo todavía aliados.
Tras la muerte de Arturo Beltrán, en 2009, durante un enfrentamiento con marinos en su condominio de Cuernavaca, Morelos, el grupo de sicarios conocido como Los Pelones continuaron al servicio de Héctor Beltrán, “El H”, quien se enfrentó a Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie” –detenido en México debido a un percance de tránsito– quien posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Desde el pasado 11 de junio purga una condena de 49 años de prisión y debe pagar 192 millones de dólares.
Pero cuando los hermanos Beltrán se vieron mermados en Guerrero sobrevino una avalancha de células criminales. Surgieron Los Rojos y el Cártel de la Sierra, ambos ligados a lo que resta del cártel de Los Beltrán, quienes están confrontados con La Familia Michoacana, grupo criminal que sobrevive.
La caída y extradición de “La Barbie” no dejó vacío el territorio. En su lugar se afincó el grupo “Cida”, uno de los más violentos. Esta organización enfrentó una guerra interna y se dividió. Así surgieron dos grupos: uno encabezado por Carlos Antonio Barragán, “El Melón”, Benjamín Flores Reyes, llamado “El Padrino” (capturado por agentes en 2010) y Moisés Montero, “El Coreano”, quien fue identificado como expolicía ministerial tras su detención en 2011.
El segundo grupo se le conoce como “La Barredora” y lo encabezan Cristán Tarín, “El Cris” y Eder Yair Sosa, “El Cremas”. Estas dos células, de acuerdo con el informe oficial, se aliaron al cártel de Sinaloa.
Dicha alianza tiene razones de peso: “El Cris”, según los reportes policiacos, es hijo de Arturo González Hernández, “El Chaky”, quien fuera lugarteniente de Amado y Vicente Carrillo Fuentes en la Comarca Lagunera, que abarca los estados de Coahuila y Durango, respectivamente, una zona con una alta incidencia delictiva.
De acuerdo con su ficha criminal, González Hernández operó por varios años en la Comarca Lagunera, siempre al servicio de Vicente Carrillo; luego fue detenido y recientemente fue puesto en libertad. Actualmente opera en la zona conurbada Torreón, Coahuila-Gómez Palacio, Durango, considerado un territorio de muerte.
El diagnóstico del Cisen señala que en la región centro de Guerrero, particularmente en los municipios de Chilpancingo y Chilapa de Álvarez, opera el cártel de la Sierra y lo encabezan José Nava Romero y Natividad Figueroa Ávila. Las autoridades los relacionan con los hermanos Beltrán Leyva, quienes los habrían metido al negocio del narcotráfico.
Y en la ciudad de Chilapa, de acuerdo con el informe referido, opera Zenen Nava Sánchez, conocido en el mundo del hampa como “El Chaparro”, quien tiene el control de buena parte del tráfico de drogas en esa zona y vive al amparo del poder político. Tiene el monopolio de la violencia, pues se le atribuye la ola de ejecuciones y desapariciones ocurridas en los últimos cinco años.
No es todo: En el municipio de Quechualtenango están afincados Los Ardillos, otro de los cárteles violentos del país. Este cártel lo lideró hasta su muerte Celso Ortega. Después tomó el mando Bernardo Ortega –su hijo– quien fue diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Después de la guerra fallida de Felipe Calderón y los desatinos en materia de seguridad evidentes en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, los cárteles mexicanos se han fortalecido y hasta han tenido tiempo de reorganizarse.
A pesar de que el Presidente López Obrador aceleró la puesta en marcha de los programas sociales –él asegura que se deben atacar las causas y no actuar con represión para combatir al crimen organizado– y echó a andar a la Guardia Nacional el crimen organizado sigue en ascenso, generando violencia e inestabilidad.
Es el caso del cártel de Sinaloa: tras la caída de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el cártel entró en una disputa interna, al parecer ya zanjada. Y ahora ese grupo criminal se dividió en cuatro frentes: Los hijos de “El Chapo” –Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán– encabezan un bloque; otro lo opera Aureliano Guzmán, hermano de Guzmán Loera, quien se enfrentó con sus sobrinos por el liderazgo de la organización hasta que tomó su parte.
De acuerdo con el informe “Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas”, dado a conocer por la DEA, Rafael Caro Quintero estaría al frente de otra pieza del cártel de Sinaloa y con ello, se dijo tras su liberación hace cinco años, habría retomado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Y una cuarta posición –para muchos la más importante– es la que mantiene Ismael “El Mayo” Zambada, quien se ha mantenido más de cinco décadas en el negocio del narcotráfico sin ser detenido ni molestado.
Empleado de una mueblería en Culiacán antes de engancharse en el narco, Zambada es tan viejo en el negocio del narcotráfico como Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, el mejor negociador que ha tenido el crimen organizado. Se asegura que Esparragoza murió hace tres años, presuntamente debido a un infarto, pero las autoridades federales nunca confirmaron su muerte. Hábil en el arte de la mentira, “El Azul” pasó a formar parte del misterio, igual que Amado Carrillo, pues de ambos se afirma que no están muertos:
Del primero se ha dicho que se autodesapareció, mientras que de “El Señor de los Cielos” se dice que opera en Rusia y que su muerte pudo ser parte de un acuerdo con el Gobierno federal. Lo que sí fue un hecho es que antes de morir –presuntamente– Carrillo Fuentes entabló negociaciones con el Gobierno federal.
De acuerdo con los informes oficiales, el cártel que más creció durante los dos últimos sexenios fue el de Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera. Actualmente tiene presencia en doce entidades federativas y su principal feudo es Jalisco.
La lista que organizaciones que se mantienen de pie y que sobrevivieron a la guerra de Felipe Calderón es larga; muchos de estos grupos han sobrevivido mediante la alianza y han extendido sus redes hacia Centro y Sudamérica. Es el caso del cártel de Tijuana, actualmente encabezado por Enedina Arellano Félix, “La Jefa”, quien controla toda la estructura financiera del cártel.
En 2014 se pensaba que Fernando Sánchez Arellano –hijo de Enedina– sería el heredero del narcoimperio construido por sus tíos Ramón y Benjamín Arellano, pero ese año fue detenido mientras veía un partido de fútbol entre México y Brasil.
Tras el vacío que dejó su captura, el cártel de Jalisco irrumpió con fuerza en Baja California. Lo hizo colocando narcomantas mediante las cuales anunció su aparición y también por medio de la violencia.
Sin embargo, para la DEA la jefa del cártel de Tijuana es Enedina Arellano, impune hasta la fecha. En el año 2002 fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al ser incluida en la lista de líderes de organizaciones criminales y prohibir hacer negocios con ella. Por ello, sus cuentas fueron congeladas y varias empresas suspendieron sus actividades, al menos por un tiempo.
En julio de 2015, la revista Time se ocupó de su perfil. Al describir su forma de ser, la prestigiada publicación indicó que “es menos asidua a las fiestas, sin conducta de asesino sádico (a diferencia) de sus hermanos” y en ella se destaca “un perfil de negocios que pudiera ser la clave de su éxito”.
El texto de Time refiere una cita de Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, quien al referirse a Enedina Arellano dijo que ayudó a reducir la violencia al traer de vuelta el esquema tradicional de traficar drogas de México hacia Estados Unidos.
Explicó: “Ella no está interesada en provocar guerras, como sus hermanos lo hicieron en sus tiempos. (Ella) realiza alianzas y genera dinero. Su belleza quizá la ayudó a realizar pactos con poderosos narcotraficantes, como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”.
Tras su arribo al poder 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador encontró un escenario nacional plagado de criminalidad y violencia generada por 15 cárteles bien cimentados en todo el territorio.
De acuerdo con los informes tanto de la DEA como de la entonces PGR, dichas organizaciones criminales son las siguientes: los cárteles del “Golfo” y “Zetas”; “Tijuana”, “Juárez”, “Sinaloa”, “Cártel de Jalisco Nueva Generación”, Cártel de “Los Rojos”, “Guerreros Unidos”, “Los Ardillos” y “El Cártel de la Sierra”; organización “Beltrán Leyva”, familia “Díaz Parada” (traficantes de marihuana en Oaxaca), Los hermanos “Valencia”, “La Familia Michoacana”, “Los Caballeros Templarios”.
De todas estas organizaciones derivan decenas de ramificaciones que, por separado, controlan amplias extensiones de territorios y han establecido alianzas –políticas y criminales– con autoridades municipales y estatales para mantenerse impunes y en constante expansión.
Estos cárteles ya no operan únicamente el tráfico de drogas, pues han diversificado sus actividades y las autoridades estadounidenses las describen como “más violentas y sanguinarias”, lo que explica el alto nivel de asesinatos, desapariciones y descuartizamientos que ocurren por todas partes.
Su poder se extiende a todo el territorio nacional, pero ahora tienen alianzas, al parecer bastante sólidas, con organizaciones de Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala.
En suma, el narco mexicano ya es internacional y por ello difícil de erradicar. De ahí que a López Obrador parece no quedarle otra salida más que la negociación con el crimen organizado, pues el Estado mexicano carece de estrategia y no tiene instrumentos de combate.
De hecho, el Gobierno de López Obrador ya empezó a negociar con el crimen organizado y grupos armados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, de acuerdo con una declaración que hizo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, el Presidente López Obrador desmintió a Sánchez Cordero y dijo que su Gobierno no negocie ni pacta con criminales.
“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la tranquilidad del país”, dijo el Presidente.
Sin embargo, el territorio sigue violentado por el crimen organizado, pues López Obrador no quiere usar la represión como vía para enfrentar a los cárteles: su política se basa, dice, en atender las causas que originan la criminalidad, pero pese a la puesta en marcha de los programas sociales –una medida que según el frenará la violencia– el país sigue incendiado por la violencia criminal.
Fuente.-Ricardo Ravelo/(imagen/web)
