La Suprema Corte de Justicia estableció hoy que la extinción de dominio solamente procede respecto de bienes cuya legítima procedencia no esté acreditada, pues de otro modo no es posible que las Fiscalías inicien este tipo de demandas.
Por 9 votos contra 2, el Pleno de la Corte aclaró que el artículo 22 de la Constitución, reformado en marzo de 2019, cambió radicalmente los requisitos para demandar la extinción, que es un juicio civil por medio del cual el Estado se puede quedar con bienes relacionados con once delitos graves sin importar si hay acusaciones o sentencias penales contra los delincuentes.
La extinción, que en países como Colombia ha sido exitosa para combatir a la delincuencia organizada, fue introducida en México en 2008, pero tuvo poco éxito al seguir íntimamente relacionada con los procesos penales.
La reforma de 2019 buscó romper el vínculo entre extinción y proceso penal, explicó la Corte, pero parece haber hecho aún más difícil que prosperen estas demandas, y la mayoría de los ministros enfatizó que la Corte no puede modificar requisitos estrictos que se pusieron en la Constitución.
El resultado es que la Corte ha anulado varios artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio de agosto de 2019, algunos de los cuales hacían más fácil el trabajo de las Fiscalías y otros que lo dificultaban.
"Conforme al nuevo diseño constitucional de la extinción de dominio, el hecho de que un bien esté relacionado con la investigación de hechos ilícitos como instrumento u objeto del delito ya no es suficiente para que proceda la acción, pues, además, es imprescindible que no esté acreditada su legítima procedencia de los bienes", afirmo la Corte.
En otras palabras, basta acreditar que el bien tuvo un origen lícito para que la extinción no proceda, postura que provocó fuertes intervenciones de los ministros Yasmin Esquivel y Javier Laynez, únicos disidentes.
"Tenemos atribuciones suficientes para darle alcance mayor a las normas constitucionales, cuando con ello se optimice la protección de derechos humanos de las víctimas y la población en general, abatiendo el poder económico de la delincuencia, de manera que también proceda la extinción sobre todo el patrimonio que haya servido para estos ilícitos que tanto lastiman a la sociedad", pidió Esquivel.
La Ministra aludió al crecimiento exponencial del poder económico y la capacidad táctica del crimen organizado, que le permite mantener bajo asedio a comunidades de estados como Michoacán y Guerrero, al tratar de convencer a sus colegas, sin éxito, de expandir la posibilidad de extinción hacia bienes de origen lícito.
Desde la sesión del lunes, ministros como Jorge Pardo habían advertido que el Constituyente desvirtuó la figura de la extinción de dominio como se entiende a nivel internacional, pero que no es función de la Corte corregir esta situación.
En la sesión de hoy, la Corte eliminó una porción del artículo 7 de la ley nacional, que permite extinguir bienes "de origen lícito" utilizados para ocultar otros bienes de origen ilícito o mezclados con estos.
Lo anterior, nuevamente, porque el 22 de la Constitución ya no permite extinguir bienes cuyo origen lícito esté acreditado.
También fue anulado el artículo 9 por contemplar el "destino ilícito" del bien como un elemento de esta acción, así como exigir que exista "un hecho ilícito" probado, cuando lo único que la Constitución requiere es que exista una investigación.
En este tema, Laynez dijo no entender a la CNDH, que llevó el caso a la Corte, pues con esta parte de la sentencia se facilita el trabajo de las Fiscalías y se eliminan garantías en favor del ciudadano.
Otro requisito legal que se quitó hoy a las Fiscalías fue probar "el conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular, del destino del bien al hecho ilícito, o de que sea producto del ilícito", pues ya no está en el 22 de la Constitución.
La discusión seguirá este jueves con temas pendientes como la venta anticipada de bienes aun no declarados extintos por un juez.
Los programas sociales otorgados a adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de escuelas públicas no lograron posicionar a los candidatos de Morena, pues entre las 100 alcaldías a las que el gobierno federal destinó más recursos los morenistas perdieron 45.
De acuerdo con una revisión al Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de la Secretaría del Bienestar, con corte a marzo de 2021, la 4T destinó 24 mil 669 millones de pesos a un centenar de alcaldías para financiar al menos 40 proyectos dedicados al apoyo de grupos vulnerables, así como al desarrollo económico del campo y pequeños productores.
De hecho, 66 por ciento de los recursos se destinaron a municipios gobernados por Morena. Esta estrategia le permitió al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador retener 41 de las 58 alcaldías ganadas hace tres años y arrebatar otras 14 a los gobiernos de oposición.
En los 17 municipios que los alcaldes morenistas perdieron ante la oposición, el gobierno federal destinó 3 mil 206 millones de pesos mediante los programas de pensiones sociales, a personas con discapacidad o a becas para estudiantes de escuelas públicas de todos los niveles. Dicha cantidad representa casi 13 por ciento de los 24 mil 669 pesos mencionados.
Entre las alcaldías que los candidatos de Morena no pudieron retener, la mayoría se centró en cuatro entidades: Ciudad de México (Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Tlalpan), Chiapas (Ocosingo, San Cristóbal de las Casas y Comitán), Estado de México (Atizapán, Toluca, Naucalpan y Tlalnepantla) y Guerrero (Zihuatanejo y Chilapa).
Por el contrario, en las 14 alcaldías que los morenistas arrebatararon a los partidos de oposición se repartieron 2 mil 893 millones de pesos para financiar los programas sociales y la mayoría se ubica en entidades como Chiapas, Estado de México y Veracruz.
Desde el inicio de la presente administración diversos actores políticos de la oposición han denunciado el uso clientelar de los programas sociales creados por la 4T, que consisten en dar apoyos económicos sin la necesidad de intermediarios. Además, en marzo pasado el PRD en la Cámara de Diputados catalogó la entrega universal de recursos económicos como un “despilfarro”.
Los resultados electorales arrojaron que los siete municipios que recibieron más recursos provenientes de los por programas sociales durante el primer trimestre de 2021 fueron retenidos por abanderados morenistas y, en conjunto, captaron 4 mil 108 millones de pesos, equivalentes a 17 por ciento del monto recibido por las 100 alcaldías con más apoyos sociales.
Las demarcaciones más beneficiadas fueron Acapulco, Guerrero (683.7 mdp); Centro, Tabasco (600.3 mdp); Tijuana, Baja California (597 mdp); Gustavo A. Madero, CdMx, (585 mdp); Culiacán, Sinaloa (565 mdp); Iztapalapa, CdMx (561 mdp) y Mexicali, Baja California (514 mdp).
La lista del top 10 la completan León, Guanajuato; Monterrey, Nuevo León y Puebla, Puebla, que donde ganó la oposición.
De acuerdo con la MAS RECIENTE ENCUESTA PUBLICADA por REFORMA,la APROBACION CIUDADANA del PRESIDENTE Andres Manuel Lopez Obrador CAYO 11 PUNTOS en la CDMX y HOY son la MAYORIA de los CIUDADANOS que lo DESAPRUEBAN,circunstancia por la que tambien atraviesa la JEFE del GOBIERNO Claudia Sheinbaum cuyos niveles son inferiores a los de AMLO.
El dictamen preliminar sobre el colapso en Línea 12 -que dejó 26 muertos- se centró en identificar fallas en la construcción, deficiencias en soldaduras y ausencia de pernos, pero el Gobierno de la CDMX postergó indefinidamente hablar sobre responsabilidades.
Así, por ahora, a Marcelo Ebrard, ex Jefe de Gobierno y promotor de la L12, lo dejaron sin responsabilidad.
"(Las investigaciones) son competencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México", aseguró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tras la presentación del informe de DNV. "A nosotros nos corresponde que la Línea 12 pueda operar lo más pronto posible en condiciones de máxima seguridad".
La firma danesa DNV entregará hasta agosto la última parte de su análisis buscando responder si el diseño de la obra fue el apropiado, si la ejecución respetó lo proyectado inicialmente y si los materiales fueron los óptimos.
Estas preguntas en buena medida fueron contestadas desde agosto del 2014, cuando la compañía francesa Systra realizó un diagnóstico completo para determinar por qué las vías se desgastaban prematuramente.
Encontró que el diseño tenía 15 curvas demasiado cerradas, los peraltes no eran los indicados y había incompatibilidad entre el material rodante (los trenes).
Además, en enero de 2015, al consultora alemana TÜV Rheinland Rail Services -también contratada por la CDMX- recomendó cambiar los convoyes arrendados a la empresa CAF, ya que son incompatibles con las vías.
The New York Times publicó que la Línea 12 estuvo marcada por las prisas para inaugurarla antes de que Ebrard concluyera su mandato en el 2012.
En el documento entregado ayer, y del que se leyeron sólo algunos capítulos, se descartaron problemas en mantenimiento y fueron señaladas principalmente irregularidades en la colocación y soldadura de pernos que unen las viguetas de acero y las losas de concreto, además de soldaduras mal ejecutadas en otras partes de la estructura.
"El incidente fue provocado por una falla estructural asociada a deficiencias en el proceso constructivo", se dijo.
Expertos consultados por Grupo REFORMA consideraron que, a reserva de conocer el resto de los peritajes, difícilmente se podrá atribuir el colapso de la estructura a una sola causa y que se debió a la suma de varios hechos que pudieran incluir desde el diseño del trazo, hasta el exceso de peso, el exceso de vibración provocada por el desgaste de las vías o el efecto de los sismos de años recientes.
Al comentar el peritaje dado a conocer ayer estimaron que, si bien pudo haber sido determinante la mala calidad de la soldadura en una de las uniones, no lo sería tanto la colocación deficiente de pernos pues, al ir en línea recta, no hay esfuerzos laterales y la loza estaba bien apoyada.
La jornada electoral 2021 dio un viraje a la vida política en México. No fue por la nutrida participación de votantes ni la extraña paz en que transcurrió, sino por la activa intervención de grupos del crimen organizado. Los primeros datos comienzan a surgir, las autoridades federales ya investigan, y las agencias de Estados Unidos rastrean a varios candidatos triunfadores de quienes sospechan mantienen una relación con los cárteles.
Al cruzar la información de las votaciones, los partidos, la incidencia delictiva y las zonas de influencia de los grupos del crimen organizado, los resultados que arroja es que Morena ganó en el 46% de los ayuntamientos más violentos del país, y se afianzó en los municipios con mayor presencia del narcotráfico. Y un dato más: el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador apuntaló 7 de los 12 estados donde más violencia política hubo en toda la elección.
Por ahora, las evidencias surgen a partir de trabajados periodísticos, reportes y denuncias en redes sociales, algunos hechos concretos y quejas de los propios actores políticos acerca de cómo operaron y ejercieron presión las organizaciones delincuenciales a lo largo del proceso electoral, y justo el día de la elección más grande de la historia, en la que se jugaban espacios políticos que resultaron de mucho interés para estos grupos del crimen organizado. Los casos concretos por ahora se concentran en algunos municipios de Sinaloa, Sonora, Guerrero, Jalisco, Nuevo León y Michoacán.
Para analistas y especialistas en seguridad consultados por ejecentral uno de los ganadores tras las elecciones, además de Morena, fue el crimen organizado, pues si bien a 11 días de la elecciones ha sido posible dilucidar apenas una parte de cómo fue realmente que se articularon las diferentes organizaciones criminales, la baja incidencia de casos de violencia política, pese a haber sido unos comicios tan concurridos, resulta un claro indicador de que tácitamente se estableció un reacomodo de poder en paz.
“Hay testimonios de que el crimen organizado tuvo participación activa en presión a votantes, pero para votar por el partido oficial, por Morena. Muy señaladamente esto fue observado en Michoacán, en Sonora; por otro partido, por el Partido Verde en San Luis Potosí donde el crimen organizado es el que gana de forma contundente la elección”, sostuvo Raúl Benítez Manaut, profesor-investigador en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Para el presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) el hecho de que “el crimen organizado sí salió ganando en las elecciones” no implica que Morena u otras fuerzas políticas que resultaron triunfadoras tras los comicios hayan forjado alianzas con los grupos de la delincuencia organizada, pero sí denota, añadió, un gesto reciproco entre ellos y el presidente al reconocer que se habían portado bien.
“La gente se portó muy bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos del crimen organizado; se portó creo que más mal la delincuencia de cuello blanco, pero no se pasaron de la raya y tampoco alteraron en lo fundamental los resultados”, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador un día después de los comicios en su acostumbrada mañanera.
Para Benítez Manaut la característica de que “el crimen organizado juega con quien gana” no resulta una novedad de las pasadas elecciones intermedias, pues se replica en varios países, aunque resulta un reflejo de la manera en que influyen en los procesos electorales al erigirse como un factor de poder en determinadas regiones o lugares del país.
En el norte de Sinaloa, apuntó el doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, “hubo una influencia importante del crimen organizado. Ciertamente la franja del Pacífico, excepto Jalisco, va a estar gobernada por el partido oficial, y pues va a tener una estrategia unificada de contención del crimen organizado. No sabemos hasta donde va a salir ganando el crimen de esto o no”, señaló.
Y subrayó que, si bien “la hipótesis aplica para los estados del Pacífico ciertamente, también en Oaxaca se sabe que el crimen organizado participó en muchas alcaldías en favor del partido oficial. Es como un mensaje de decir ‘yo quiero jugar con el ganador’, es algo muy común en muchas partes del mundo”.
Pero reconoció que ello no implica que haya una complicidad abierta entre Morena y los grupos criminales sino “que el crimen organizado está como dándole un mensaje a todos los mexicanos, pero principalmente al partido en el gobierno de que ellos son factor de poder”, subrayó.
En ese sentido, el activista Santiago Roel, director fundador del Semáforo Delictivo Nacional apuntó: “La sospecha es que Morena era el partido que podría protegerlos más, y probablemente sí hubo una apuesta y un accionar si ves la clara intervención de algunos delictivos en las elecciones, y no es nuevo, por ejemplo, Baja California Sur donde se contradice mucho las encuestas preferenciales previas a las elección y así puede haber otros donde se suponía que estaba más competida la elección y no fue así”.
Las manos en la elección
Dentro del universo de casos documentados acerca del accionar de los cárteles de la droga y otros grupos delincuenciales a lo largo del proceso electoral 2020-2021; así como ese 6 de junio, hay casos evidentes. Uno de ellos, Sinaloa. El periodista del semanario Ríodoce, Ismael Bojórquez, retrató a través de su reportaje ‘El juego de los narcos por el poder total en Sinaloa” cómo fue que, por medio del secuestro e intimidación directa a familiares y operadores políticos contrarios a Morena, le arrebataran el triunfo al PRI.
“Nuestra organización no tiene partido político, no apoya, ni respalda a ningún candidato a la gobernatura de Sinaloa, nos hemos mantenido al margen, y así nos mantendremos. Es cierto que el candidato del partido Morena reiteradamente nos ha enviado emisarios y le hemos respondido exactamente lo mismo, no vamos a intervenir”, sentenció un comunicado “urgente” dirigido al pueblo de Sinaloa que se difundió a través de redes sociales el 5 de junio, un día antes de las elecciones, bajo las sigas C.D.S. (Cártel de Sinaloa).
En el marco de ese anunció anónimo, que oficialmente no generó ninguna respuesta o postura por parte de Morena o alguna otra institución, la víspera de los comicios se registró en Culiacán, uno de los 15 municipios con más homicidios del país, un comando secuestró a José Alberto Salas Beltrán, secretario de organización del PRI en Sinaloa, de quien no se supo nada hasta el lunes 7 de junio, el día posterior a las votaciones, cuando fue liberado. El caso, según la denuncia de familiares del priista y diversos actores políticos, no fue atendida por alguna institución de seguridad.
“Trascendió, durante su cautiverio, que le sacaron toda la información del operativo que el PRI tenía previsto para el domingo 6. Y que lo obligaron a revelar las casas donde tenían guardado el dinero para la movilización de su estructura y para la compra de votos. Se supo de por lo menos dos”, revela Ismael Bojórquez en su reportaje, en el que también documenta cómo es que esa “réplica narca”, en cuanto a la operación de los grupos del crimen organizado en las elecciones se irradió en los municipios de Culiacán, Badiraguato y Concordia. En todos ellos arrasó la coalición de Morena y el Partido Sinaloense (PAS).
De hecho, Morena arrasó con el 60% de los votos por la gubernatura sinaloense, ya que la fórmula de Morena y el PS logró llevarse casi el 50% de las diputaciones locales, por encima del 33% que consiguieron la coalición del PAN-PRI y PRD. Exceptuando a San Ignacio, la ola morenista, en conjunto con el PT y el PS como sus aliados, desbancó los remanentes del PRI y los restos de los partidos como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el PAN que aún permanecían en el poder. La abrumadora alternancia regresó al estado, un fenómeno cuyo antecedente inmediato fue en 2011, cuando al haber desbancado al PRI, se constató el triunfo de Mario López Valdez, entonces abanderado blanquiazul.
Sobre la probable intervención de los grupos del crimen organizado en la elección en Sinaloa, el exlegislador Mario Zamora Gastélum, abanderado de la coalición del PAN-PRI-PRD por la gubernatura, quien fue superado por una preferencia de más de 210 mil votos en favor del candidato morenista, y ahora virtual gobernador Rubén Rocha Moya, acusó que operadores y candidatos de la alianza tripartita fueron privados de su libertad, amenazados y agredidos.
“En Sinaloa lo digo con la voz completa, ganó el miedo, y ahí está menos del 50 por ciento de los sinaloenses fueron a participar en esta votación, ojo, no estoy diciendo que el resultado pudo haber sido distinto, no, al contrario yo he regresado al Senado, ya estoy trabajando en lo que viene, le hemos dado la vuelta, yo creo que lo importante es dejar claro que aunque difícilmente se pueda documentar, porque el miedo evita que la gente quiera documentarlo”, refirió el excandidato en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.
Para Rubén Salazar Vázquez, director de Etellekt Consultores, la analista que ha dado seguimiento a las agresiones y asesinatos de candidatos y aspirantes en el país en los procesos electorales de los últimos años, aseveró que, aunque estadísticamente resulta difícil determinar o explicar la correlación entre la participación de los grupos del narcotráfico, y otros grupos criminales, con el gobierno o los partidos políticos, la baja incidencia de casos de violencia política advierten tres principales hipótesis: la operación de “caciques locales, del narcotráfico o de otras bandas delictivas y la tercera que es la narco-política o el estado criminal, considerando que hay más grupos delictivos no sólo del narcotráfico”.
En ese sentido, el analista consideró que una hipótesis que persiste es que el poder político empieza o ha pactado con las bandas delictivas una suerte de tregua, que queda de manifiesto de manera muy clara en cuanto a cómo se suscitaron las elecciones.
Esto es ya una alerta en Estados Unidos, porque es un viraje en el accionar de estos grupos del crimen organizado y su interés en los espacios políticos en el país, lo que incluye protección y poder.
“Vienen cambios sustanciales, y este tema de la violencia política es un indicador. Estaba destinada ser una de las elecciones más sangrientas y no lo fue. Los candidatos y aspirantes asesinados fueron 36; hace tres años fueron 19 candidatos y 29 aspirantes, un total de 48, hasta en el tema de los candidatos con registro bajó (…) Incluso donde se ve más visible la mano del narcotráfico y de otras bandas delictivas en el tema de homicidios, y de los homicidios en grado de tentativa, es decir de los atentados con fines de violencia letal; y el resto de las agresiones que se dieron ahí sí vemos la mano de políticos”, explicó Rubén Salazar.
Politizando la seguridad
“Hay un dato importante que me ha transmitido el gobernador Héctor Astudillo. En la campaña y el día de la elección, afortunadamente, no perdió la vida ningún candidato, ningún participante en las elecciones locales y en la elección federal para renovar la Cámara de Diputados”, presumió el presidente López Obrador el pasado 11 de junio, como parte de su gira poselectoral en Guerrero.
El hecho, tal cual lo calificó el propio mandatario resulta “inédito, el que no se haya padecido de violencia en el estado de Guerrero a pesar de la confrontación política”. Y es cierto, de acuerdo con los registros de la consultora Etellekt, es la entidad donde se registró el asesinato de cuatro aspirantes en el actual proceso y se consolidó, junto con Oaxaca, uno de los estados en el que se consumaron los 152 asesinatos contra políticos en el proceso electoral 2017-2018, y la segunda entidad en el país con más agresiones registradas entonces.
“Guerrero es el estado con la mayor agrupación de organizaciones delictivas. No asesinaron a ningún candidato con registro, tampoco mataron candidatos ni aspirantes en el estado de México, en Michoacán, sólo a un aspirante. En Sinaloa y Colima tampoco a ningún candidato o aspirante. En Oaxaca fueron dos candidatos y un aspirante, lo cual es bajísimo” consideró Salazar Vázquez.
›Para el consultor y especialista en temas de seguridad el hecho de que se haya logrado contener la violencia homicida contras aspirantes y candidatos, al pasar de 152 políticos asesinados en 2018 y que de ellos eran 48 candidatos y aspirantes, a 101 políticos, ahora, 36 de ellos candidatos y aspirante, es muestra del diagnostico que tiene el gobierno de López Obrador la violencia en el país es un problema político.
“El discurso del presidente es que busca restaurar ese viejo régimen de partido hegemónico, precisamente para acabar no solamente con este problema de la violencia política, sino con la inseguridad y el índice de homicidios dolosos contra la población en general (…) La violencia homicida, como dice el presidente, no la va a combatir desde la propia violencia, y la estrategia de seguridad no puede tampoco construirse a partir de los propios esquemas de seguridad pública. López Obrador tiene claro que la inseguridad y la violencia son problemas políticos”, aseveró.
Analistas consultados coincidieron en que el triunfo morenista en 10 u 11 de 15 gubernaturas (Campeche ha sido impugnada), sin considerar los resultados diferenciados que se manifestaron en los congresos y ayuntamientos que celebraron comicios, implican un replanteamiento en la estrategia de seguridad del gobierno federal, en el que una probable pacificación tácita podría caracterizar la parte final del mandato obradorista. Aunque haya sido una estrategia fallida por sus antecesores.
“Difícilmente sabremos la verdad de lo que está ocurriendo en el país porque está inmiscuido el poder mismo, y el poder jamás va a transparentar los acuerdos que está sosteniendo con la delincuencia. El poder siempre ha actuado delictivamente. El primero que intentó reagrupar todas esas estructurales político-delictivas fue (Enrique) Peña Nieto cuando deja de combatir al narco, pero fracasa, y ahora quien lo está reintentando hacer es el presidente López Obrador”, sostuvo Rubén Salazar.
Sobre esa misma línea, Benítez Manaut –académico del Woodrow Wilson Center de Washington, en la Universidad de Columbia, en Nueva York–, detalló que de la misma forma que lo llevó a cabo el gobierno peñista entre 2013-2014, cuando se acotó el combate a las organizaciones del narcotráfico y en consecuencia disminuyó el índice de homicidios dolosos “y se hablaba de que había un gran pacto de funcionarios del gobierno federal sobre todo con gobernadores priistas”, podría ocurrir en esta administración.
Suspicacia estadounidense
La eventual reconfiguración de poderes, tanto a nivel institucional como el reacomodo de fuerzas de la delincuencia organizada tras las elecciones del 6 de junio implica, señalaron especialistas, una mayor atención por parte de la administración de Joe Biden y las diversas agencias de Estados Unidos.
“Estamos en el peor de los escenarios, porque si ya no los combates (a los cárteles) de manera tradicional con policía y ejército, y por otro lado no regulas las drogas que sería el combate de verdad, el quitarle la economía, el mercado. El papel de Estados Unidos, con a CIA, la DEA, el Departamento de Estado van a tener el ojo puesto en todo esto porque son los principales preocupados porque van a estar vigilando muy de cerca”, advirtió Santiago Roel.
Raúl Benítez Manaut subrayó que “han bajado mucho la intensidad de los combates, y esto es porque hay menos ofensivas gubernamentales. La Guardia Nacional no tiene la orden de enfrentar directamente al crimen organizado y esa es una de las principales críticas”.
Una muestra del interés del gobierno estadounidense es que ha sido visitado, en poco tiempo, por sus principales funcionarios; desde la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, quien arribó a México dos días después de las elecciones; y luego el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, quien llegó este lunes a territorio nacional; además de la presencia de directivos de la CIA.
Funcionarios del gobierno lopezobradorista explicaron a ejecentral que en las reuniones privadas, los funcionarios estadounidenses han puesto en la mesa como prioridad el freno los grupos del crimen organizado o, a su poder e influencia, especialmente en las zonas estratégicas de trasiego y producción de enervantes. “Si bien no ha habido un señalamiento directo, sí han surgido comentarios claros sobre su preocupación ante el mapa que ellos ven, y que sugieren es grave”.
La operación de las organizaciones criminales desde cargos políticos, comentó un asesor estadounidense, “es una realidad en México ahora”, así se considera dentro del gobierno de Biden, y sólo “un Estado fuerte puede frenarlo, por eso el apoyo a López Obrador y al Ejército”.
La Marina-Armada de México ha sufrido una sacudida en las últimas horas con la muerte, en un aparente suicidio, del Almirante Hilario Durán Tiburcio, mando naval cuyo cuerpo fue hallado por sus subalternos en las instalaciones de la II Región Naval (RN) el martes 15 de junio. Mandos navales en activo y en el retiro indicaron que es la primera vez que un Comandante de Región Naval y compañero de armas fallece de esa forma, quitándose la vida.
El Almirante Durán fue nombrado el frente de la II RN exactamente hace un año, luego de haber dejado la dirección de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Marina, su cargo previo al mando regional y en el que estuvo más de tres años como responsable de importantes transformaciones en los temas de equidad de género y respeto a los derechos humanos al interior de la secretaría.
Bajo la dirección del Almirante Durán, la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR), en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), elaboró la primera y hasta el momento única Cartilla de Derechos Humanos para el Personal de la Secretaría de Marina, documento de bolsillo, de 28 páginas, que concentra de manera detallada los aspectos fundamentales que deben conocer y manejar todos los integrantes de la SEMAR en misiones operativas o a nivel administrativo.
El cuerpo del almirante fue hallado por personal de la II Región Naval a la que llegó justo hace un año para sustituir al Almirante Jorge Luis Cruz Ballado. Medios de comunicación locales informaron por la tarde que el Almirante Durán se habría quitado la vida, sin precisar las posibles causa de esta supuesta decisión y sin poder confirmarla.
En la Ciudad de México, mandos de la Armada de México confirmaron el fallecimiento del Almirante Durán Tiburcio, pero dijeron desconocer con certeza las causas de su muerte e indicaron que se investigará lo ocurrido a quien acababa de cumplir un año al frente de la II Región Naval.
La fructífera carrera naval del Almirante Hilario Durán Tiburcio
El almirante Hilario Durán Tiburcio nació en el Puerto de Veracruz y se graduó como Ingeniero en Ciencias Navales en la Heroica Escuela Naval Militar. Tenía las maestrías en Administración Naval y Seguridad Nacional efectuadas en el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) y cursó estudios complementarios en las áreas económica, gubernamental y militar.
Fue comandante, segundo comandante, jefe de máquinas y oficial de faenas de diversos buques de la Armada de México. También fue jefe de sección en diferentes zonas y regiones navales, director de Evaluación de la Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto. Estuvo al frente de los de Servicios y Mantenimiento del Cuartel General del Alto Mando y fue nombrado como Agregado Naval de México en Brasil.
Uno de los cargos más importantes que tuvo antes de ser nombrado comandante de la II RN, fue el de jefe de la Unidad de Atención y Procuración a la Ciudadanía y jefe de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
Como docente, fue Subdirector en el Centro de Instrucción en Buques Tipo Destructor. Dictó conferencias en la Escuela Superior de Guerra, en la Secretaría de Marina, en la Heroica Escuela Naval Militar, en el Centro de Formación y Capacitación de la Armada de México, así como en el Segundo Congreso Internacional de Salud Mental en las Fuerzas Armadas con los siguientes temas: “Casos sobre uso legítimo de la Fuerza en la SEMAR”, “Lecciones aprendidas de la atención a quejas y recomendaciones de la CNDH en SEDENA y SEMAR”, “Igualdad de Género” y “Acciones y funcionamiento de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos”.
En su carrera naval obtuvo las condecoraciones de Primera a Sexta Clase por más de 40 años ininterrumpidos en el servicio activo de la Armada de México. Obtuvo también la condecoración al Mérito Docente Naval de Primera Clase, la de Perseverancia Excepcional Tercera Clase, así como la Estrella de Carabobo de la República de Venezuela, y la del Merito Tamandare de la República de Brasil. Se le entregaron también el Distintivo de Estado Mayor General de la Armada y de la Legión de Honor Militar Mexicana.
Recibió mención honorífica académica en su examen profesional en Ingeniería en Ciencias Navales, como Jefe de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, se le otorgaron tres menciones; por la certificación Nivel Oro de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos al cumplir con la norma en Igualdad y no Discriminación del Sistema Nacional para la Igualdad entre mujeres y hombres.
El fallecimiento del Almirante Durán se conoció después de las dos de la tarde, tiempo de Ensenada, Baja california, estos es dos horas antes que el tiempo del centro del país. Al cierre de las ediciones digitales de los medios nacionales más importantes, el secretario de Marina, Almirante Rafael Ojeda Durán, no se había pronunciado al respecto. Tampoco la SEMAR emitió comunicado alguno sobre lo ocurrido.
Considerado por "propios y extraños" una reverenda "mentada de madre" a la pobreza, el Rancho de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca (...1 de 10 que posee) ubicado en Soto La Marina en Tamaulipas,podria terminar en el futuro cercano y cuando el momento procesal permita incautarlo, la misma suerte legal del "Rancho Las Mesas",otra lujosa propiedad del Ex-gobernador preso Javier Duarte de Ochoa,ubicado en Valle de Bravo, estado de México, pues el Congreso del estado de Veracruz confirmó ayer la donación a la Secretaría de la Defensa Nacional para centro de adiestramiento de personal del Ejercito.
El Rancho Las Mesas, propiedad del ex Gobernador Javier Duarte, fue denominado por el arquitecto encargado, Manuel Cervantes Céspedes, como el proyecto ecuestre que construyó a petición del cliente, el cual le pidió crear un espacio donde pudiera vivir y al mismo tiempo estuviera cerca de sus caballos.
Cervantes Céspedes, en un video del evento Emerging Voices 2015 realizado en Nueva York donde fue reconocido por la Architectural League de Nueva York, explica que el espacio ecuestre está en medio de un amplio bosque, y cuya construcción permite seguir admirando el paisaje por estar enclavado en el terreno boscoso.
En su momento,los alcaldes de Veracruz de extracción perredista y panista aseguraron que el rancho Las Mesas le pertenecia al ex Gobernador Duarte, y fue construido con recursos públicos que estaban destinados a la educación y al sector salud.
El rancho se ubica a dos horas de la Ciudad de México, a un lado de Valle de Bravo, cuenta con un granero revestido de teja y se conforma de tres espacios con el diseño arquitectónico de Cervantes Céspedes, director de CC Arquitectos: un ruedo de entrenamiento para los caballos, dos filas paralelas de establos, revestidas de piedra y la casa habitación.
Las tres piezas están conectadas, señala el propio arquitecto en la revista Arquitectura Review, de diciembre de 2014.
Destaca que el ruedo para el entrenamiento de los caballos está delimitado por los durmientes de un tren decomisado en Monterrey.
Cervantes Céspedes es un reconocido arquitecto mexicano que ha ganado diversos premios como el primer lugar en la 19 Bienal Panamericana de Arquitectura en la categoría de diseño arquitectónico, justo por el Rancho Las Mesas, presuntamente propiedad de Duarte.
También recibió en 2013, el Premio Luis Barragán que entrega el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, y en 2014 la Medalla Anáhuac así como el AR Emerging Architecture Award.
Cervantes Céspedes era conocido del Gobernador Duarte, pues cuando éste anunció en 2013 una inversión de 450 millones de pesos para la remodelación del Mercado Revolución en Córdova, Veracruz, el arquitecto fue presentado a los medios de comunicación, así como a los locatarios del mercado como responsable de dicha obra.
La importación de expriistas y panistas con currículas delictivas o en mejor de los casos con pasados "poco honestos", para hacerlos candidatos por Morena en Tamaulipas,no solo desató protestas entre las bases del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador,dejaron entrever que cuando se trata de "votos",era mejor no andar de quisquillosos, y emulando al Gobernador de Tamaulipas que tambien ungió "perfiles malandros",en Morena les abrieron la puerta y se colaron figuras de dudosa procedencia, como Tomás Gloria Requena, exalcalde de San Fernando que ha sido investigado por la entonces PGR por las fosas clandestinas halladas en abril de 2011, realizadas con maquinaria del ayuntamiento que ayudaron a Zetas a cometer la barbarie.
El 28 de mayo último, a las 13:30 horas, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció en sus redes sociales que en la carretera entre Matamoros y Reynosa los detuvo un grupo armado.
El polémico tuit fue acompañado por otra publicación que incluye un video. En esas imágenes se muestra una camioneta parada al lado del vehículo de los morenistas mientras sus acompañantes hablan tranquilamente con los tripulantes del vehículo a quienes les dicen: “No nos podemos bajar, somos de Morena”.
Horas antes, el dirigente morenista había sufrido otro tipo de percance… golpes, jaloneos e insultos de parte de militantes de su partido durante un mitin en la ciudad fronteriza de Matamoros.
En el acto proselitista la diputada local Leticia Sánchez le arrebató a su presidente nacional el micrófono mientras hablaba, y a empujones lo corrieron del recinto mientras otras personas le lanzaban dinero falso al grito de “¡vendido!, ¡vendido!”.
La militancia ahí presente acusó a Mario Delgado de “vender puestos políticos” a expriistas y panistas, relegando a los morenistas.
Con los resultados electorales en la mano, ahora se sabe que esos candidatos importados le rindieron frutos al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque gracias a ellos Morena ganó la mayoría de las diputaciones para renovar el Congreso del estado, así como curules federales y 10 alcaldías.
Con la nueva configuración política local, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca quien tambien instalo de candidatos panistas a cuadros vinculados al Cartel del Golfo que "perdieron", ahora deberá enfrentar una pinza que lo apretará desde el gobierno federal, por un lado, y desde el Congreso estatal, por el otro, poniendo en riesgo la tranquilidad que el mandatario estatal tenía cuando su partido mantenía el control del Poder Legislativo local.
