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miércoles, 12 de agosto de 2020

"GANA POCO y GASTA MUCHO": ALCALDE de CADEREYTA se COMPRA QUINTA de 10 MILLONES...y en todos lados pasa sin que nada pase.

A los habitantes de Cadereyta no le salen las cuentas sobre una nueva quinta vacacional de más de cuatro hectáreas que compró el Alcalde Ernesto Quintanilla Villarreal.

Y es que con un salario bruto mensual de 48 mil pesos, y un neto de 34 mil pesos, del que asegura donar el 50 por ciento para programas sociales, el edil afiliado al Partido Verde, adquirió en la presente Administración la propiedad que fue originalmente ofrecida en venta en 10 millones de pesos.

Al Edil le quedarían 17 mil pesos de sueldo mensual, ya con todas las rebajas.

El predio, con instalaciones, ubicado en el Ejido San Lorenzo, en las afueras del municipio, mide 43 mil 768 metros cuadrados, y es conocido por los habitantes de Cadereyta como la quinta Don Ricardo Eventos.

De acuerdo con documentos del Registro Público, a los cuales EL NORTE tuvo acceso, la propiedad fue adquirida por el Munícipe el 20 de enero de este año.



Y aunque la quinta estuvo en venta a un costo de 10 millones de pesos, en la escritura se manejó un costo de 400 mil pesos.

"Sin duda se buscó evitar pagar impuestos al no mencionar la construcción, porque si el valor sube entonces suben los impuestos a pagar", señaló una fuente consultada.

"Hay una indignación del pueblo por la compra, pero aparte seguro el Alcalde se va meter en más problemas por la presunta evasión fiscal, es muy grave".

Los documentos del Registro Público señalan que Quintanilla pagó sólo 12 mil pesos por impuestos sobre la adquisición del inmueble, fijado con el monto de 400 mil pesos y no los 10 millones o lo que realmente haya pagado por la propiedad.

La quinta aparece en diversas páginas de internet y se ofrece para eventos como quinceañeras y bodas.

En las imágenes de promoción se observa un salón de eventos, una capilla y albercas, entre otras áreas recreativas.

En la descripción de Facebook se informa que también cuenta con un área de bar, un escenario para la presentación de grupos musicales, amplio espacio con jardín, palapa y mobiliario hasta para 200 personas.

Anteriormente, Quintanilla fue Diputado local, del 2012 al 2015.



El expediente catastral 1960000050 ubica la propiedad en la calle Camino a San Rafael, a un kilómetro del entronque a Santiago.

Desde hace meses se realizan trabajos de construcción en la quinta en la que colocaron una barda perimetral.


Fuente.-

"QUIEN FUE MIRANDA CARDOSO": EL PADRE de "PODEROSO EX-FUNCIONARIO de EPN ASESINADO en EDOMEX FUE OTRO PODEROSO"...en otro sospechoso crimen.



Luis Miranda Cardoso,asesinado ayer en circunstancias sospechosas en Toluca Estado de Mexico,fue presidente del Poder Judicial del Estado de México de 1994 a 2005, por lo que acompañó los mandatos de prácticamente tres gobernadores del llamado Grupo Atlacomulco e influenció fuertemente el periodo de otro más, el de Enrique Peña Nieto, a través de su hijo, Luis Miranda Nava, hoy sujeto a investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera.

LA DECLARACION DE MIRANDA A MEDIOS:


El origen geográfico de Miranda Cardoso es, en sí mismo, una alegoría a la cercanía que mantuvo siempre con el poder, pero sin destacar demasiado. Nació en Jocotitlán, ubicado a solo 20 minutos de Atlacomulco, lo que le permitió estrechar y cultivar relaciones convenientes desde muy joven con políticos del PRI, que a la postre ocuparían y concentrarían el poder en Toluca.

Aunque en lugar de la política Miranda Cardoso optó por el Derecho, al final su decisión resultó altamente funcional para el Grupo Atlacomulco, del que calladamente formó parte.

Miranda Cardoso llegó al Poder Judicial en 1994 cuando Emilio Chuayffet Chemor, electo constitucionalmente para el periodo 1993-1999, ya era gobernador, aunque este último dejaría el cargo en julio de 1995 para irse al gobierno federal, por lo que le heredó el puesto a César Camacho Quiroz, a quien el docto en Derecho acompañó en una gestión tan gris como la de él mismo.

Para ambos mandatarios, tanto como para Arturo Montiel, electo gobernador en 1999, Miranda Cardoso logró cumplir con la máxima política en Edomex: hacer inexistente la división de Poderes. Su presidencia como magistrado titular, fue desde un principio subordinada al titular del Poder Ejecutivo en turno, sin luces y sí con algunas sombras.

Periodistas y abogados de su época no recuerdan, de hecho, ninguna acción relevante de Miranda Cardoso, salvo el haber seguido a la perfección el guión que le dictaba el gobernador en turno y el haber iniciado el aumento desproporcionado de los sueldos de magistrados y jueces, algo que prevalece hasta ahora.

“Cada año cumplió con el rito de ser ‘nombrado’ presidente del Tribunal, en una sesión de elección abierta, en la que todos los magistrados coincidieron telepáticamente todos los años que resultó electo”, recuerda Macario Lozano, un periodista de la vieja guardia.

Tras la salida del priista César Camacho Quiroz, quien a la postre se convertiría en senador y dirigente nacional del PRI, a Miranda Cardoso le tocó darle la bienvenida a un paisano cercano: Arturo Montiel Rojas (1999-2005), originario de Atlacomulco, y a quien acompañaría silentemente en su dura política de impartición de justicia: “los Derechos Humanos son para los humanos, no para las ratas”.

Fue con Arturo Montiel, de hecho, con quien inició la política de detenciones arbitrarias masivas y el abarrotamiento de las cárceles con procesos judiciales fabricados que persiste hasta nuestros días, recordó en la víspera y a propósito de una iniciativa de amnistía estatal, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensores de Derechos Humanos (LIMEDDH).

Pero quizás, si por algo será recordado Miranda Cardoso, será sin duda por la figura de su hijo Luis Miranda Nava, a quien abrió paso –gracias a sus nexos y servilismo desde el PJEM,- para una espectacular y al mismo tiempo decadente carrera política, desde que lo infiltró en el equipo del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, para formar parte del famoso grupo de los Golden Boys, hasta su declive actual, en señalamientos y sospechas de corrupción a gran escala.Miranda Cardoso y Miranda Nava. Padre e hijo. Foto;: Octavio Gómez

La lealtad y funcionalidad de Miranda Cardoso al Grupo Atlacomulco sería premiada por su propio hijo, Luis Miranda Nava, quien siendo todavía secretario general de gobierno en la administración estatal de Enrique Peña, lo hizo notario público, mediante un acuerdo que sin empacho publicó en la Gaceta de Gobierno en noviembre del 2010. Gustoso, su padre ejerció el cargo, sin reparar en algún viso de nepotismo.

Curiosamente y pese a su nublado desempeño en el Poder Judicial, caracterizado por callar para dejar pasar, la personalidad de Miranda Cardoso contrasta dramáticamente con la de su hijo.

Originario al final de una región rural, cuya principal vocación a la fecha es la cría de ganado y la producción de maíz, Miranda Cardoso se distinguió en carácter por su trato cordial y sencillez en extremo. Aunque su gesto era adusto y serio, los toluqueños de la élite (políticos y empresarios priistas y panistas) lo recuerdan como una persona de trato afable y muy accesible, el polo opuesto de la personalidad déspota, altanera, engreída y grosera que identifica a Miranda Nava.

Con información de.-

"MARIA ESTHER R": UN "SECUESTRO AUTORIZADO por el SISTEMA que INCIO en TAMAULIPAS"...habia dinero,habia intereses y hubo lio.



El exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, a quien se le imputan los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, no pisará la cárcel. Su caso contrasta con el de la empresaria María Esther “R”, quien lleva 10 meses de prisión preventiva oficiosa aun cuando aportó las pruebas de que el delito que se le imputa fue fabricado.

La trama en la que ella presuntamente está implicada se relaciona con una empresa fantasma a la que un funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto entregó una obra por más de 608 millones 750 mil pesos por adjudicación directa.

El 18 de octubre de 2019 un grupo de hombres sin identificar detuvo a María Esther, de 44 años, afuera de su domicilio en Tampico, Tamaulipas, y la trasladó en una camioneta a Villahermosa, Tabasco; el viaje duró más de 11 horas. Al llegar a su destino la detenida fue llevada a la fiscalía local y de ahí al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco.

Al día siguiente de su detención María Esther tuvo su primera audiencia en la que declaró: “Ninguno señaló que era una orden de aprehensión ni se identificó. Sólo me dijeron que ya ‘me agarró la fregada’. Me puse muy mal, pensando que era un secuestro. Me llevan al campanario y ahí me dicen que tengo ciertos derechos y que me van a llevar a Villahermosa por una supuesta extorsión”.

El fiscal del Ministerio Público Julio César Torres Torres la acusó de extorsión agravada con base en la carpeta de investigación CPJ-VHSA-5674/2019, según la cual el 26 de julio de 2019 ella presuntamente extorsionó al empresario Luis Fernando en Villahermosa, quien ese día se dirigía a una obra que ejecutaba para Pemex. 

Según la acusación, María Esther portaba un arma tipo revolver e iba acompañada de 10 personas, y bajo amenazas y violencia verbal presuntamente le exigió a Luis Fernando 50 mil pesos para dejarlo trabajar. Lo obligó a bajar de su auto y lo registró. De su pantalón presuntamente sacó 3 mil 200 pesos en efectivo. Días después volvió a amenazarlo.

En la audiencia inicial la defensa de María Esther expuso las irregularidades del caso. Señaló que el día de la presunta extorsión –el 26 de julio–, la empresaria se encontraba en Tampico, donde reside, incluso entregó capturas de pantalla de fotos en redes sociales. Aclaró también que el informe policiaco alude a María Esther “G”, cuando el apellido de su cliente es “R”. 

Además, arguyó la defensa, el empresario Luis Fernando presentó una credencial de elector cuya vigencia expiró en 2009, así como un contrato falso con Pemex para acreditar que realizaba obras desde el 15 de julio, cuando presuntamente fue amenazado, y para acusar que le rescindieron el contrato por 1 millón 100 mil pesos, ya que no pudo continuar los trabajos por temor a represalias.

Una trama sucia 

La reportera buscó el supuesto documento sin número de contrato y sin sellos, pero éste no aparece en la página de contrataciones de Pemex. El Registro Federal de Causantes (RFC) con el que la petrolera presuntamente firmó el contrato tampoco existe.

El RFC del contratista Luis Fernando –cuyos apellidos son reservados por tratarse de una presunta víctima– no aparece en el padrón de proveedores de la empresa productiva del Estado, en tanto el supuesto representante legal de Pemex Exploración y Producción (PEP), Jesús Enrique Suárez Hernández, quien firma el contrato que la fiscalía presentó como prueba, tampoco figura en el directorio de empleados de Pemex. 

Pero María Esther fue vinculada a proceso y puesta en prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al artículo 19 constitucional y al 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Para Lenin Martínez, esposo de la empresaria detenida, “el caso de Esther es un secuestro autorizado por el sistema”. 

Comenta que cuando su cónyuge fue detenida, él y su familia desconocían quiénes estaban detrás de la trama. Ahora, dice tener las pruebas suficientes para demostrar que se trata de Conjunto de Servicios Industriales (CSI), una compañía que escaló en la administración de Lozoya Austin, a la que María Esther realizó trabajos en el pasado. 

María Esther tiene tres hijos: uno de 22, uno de 12 y una niña de 11. Es administradora única de la empresa Bombas y Sistemas Dinámicos, que se dedica a la fabricación de equipo de bombeo para Pemex.

En 2011 Grupo Tradeco, compañía favorita del calderonismo, la subcontrató para diseñar, dar mantenimiento e instalar cuatro bombas de inyección para separar el agua congénita para pozos en la planta de Pemex llamada Batería de Cárdenas Norte, en Tabasco. 

Luego de una decena de convenios modificatorios y plazos sin cumplir, en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, PEP le rescindió el contrato a Tradeco.

Tras finiquitar el contrato, la petrolera, ya bajo el mando de Lozoya Austin, decidió adjudicar directamente el proyecto a la empresa CSI de Érick Walter Legorreta López, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo y cercano a Lozoya y a Froylán Gracia Galicia, quien fue coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex durante la gestión del hoy vinculado a proceso.

Al parecer Grupo Tradeco no le pagó las bombas a María Esther y CSI, al absorber el contrato, se comprometió a liquidar los adeudos, pero tampoco lo hizo. María Esther recogió las dos bombas para darles mantenimiento y las retuvo hasta que liquidaran los adeudos, que ascendían a 33 millones de pesos. No obstante, en 2017 CSI denunció penalmente a María Esther por retención indebida de las dos bombas de agua, argumentando que son propiedad de Pemex.

Fuente.-

"5 Ex-SENADORES del PAN al PATIBULO": DIO INICIO DESFILE de CORRUPTOS y CABEZA de VACA en la PRIMERA FILA de los SOBORNOS"...a la cabeza de la "pudrición nacional".

El desfile de funcionarios implicados en las investigaciones por corrupción en el caso de Emilio Lozoya apunta para iniciar en el más alto nivel, luego de que el ex director de Pemex denunció ayer a su jefe, el ex Presidente priista Enrique Peña Nieto.

En su denuncia ante la Fiscalía General de la República, el ex director de Pemex acusó que Peña y Luis Videgaray, ex Secretario de Hacienda, le ordenaron destinar 100 millones de pesos de los sobornos de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña en el 2012, y entregar 120 millones a legisladores en el 2013 y el 2014.


El Fiscal Alejandro Gertz informó ayer que Lozoya acusó a los dos funcionarios de ordenarle disponer de otros 200 millones para pagar una de las reformas estructurales y también una bolsa de 84 millones para sobornar a Diputados y Senadores.

La denuncia fue acompañada por un video y unos recibos, como evidencia de sus afirmaciones, además de que ofreció a cuatro testigos para que sean interrogados sobre esos hechos. 

Sus blancos son un Diputado, cinco Senadores, un secretario de Finanzas de un partido político y dos empresas.

Además, Lozoya aseguró que hizo llegar sobornos por las reformas a los panistas Ricardo Anaya, quien presidía la Cámara de Diputados, y a los entonces Senadores Ernesto Cordero, Salvador Vega, Francisco Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca y José Luis Lavalle.

"El que después fue Presidente y su Secretario de Hacienda", dijo Gertz, en un mensaje, "son las personas que este individuo señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron para la campaña de estas dos personas".

A pesar de los dichos de Lozoya, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (antes Fepade) resolvió desde el 3 de junio del 2019 que prescribió el delito electoral relacionado con los fondos de Odebrecht destinados a la campaña de Peña.

Lozoya también denunció un daño al patrimonio por la planta Etileno XXI de Coatzacoalcos, proyecto de 5 mil 200 millones de dólares asignado en el 2010 a Braskem (filial de Odebrecht) en asociación con la mexicana IDESA.

En su mensaje, Gertz aclaró que por ahora no dará a conocer los nombres de los legisladores implicados, hasta que la Fiscalía encuentre pruebas suficientes para judicializar la carpeta de investigación, que fue iniciada ayer.

Grupo REFORMA publicó el pasado 24 de julio que, antes de aceptar la extradición de España a México, Lozoya preparó un testimonio en el que revelaba que una parte de los los sobornos de Odebrecht fueron destinados a la campaña presidencial de Peña.

fuente.-(imagenes/twitter)

"...y el LADO JOCOSO de las REDES y el ENREDO"





"NI BATALLARON,TRABAJABA en la GUARDIA NACIONAL": CAYO PRIMER EX-MANDO FEDERAL LIGADO a OSORIO CHONG y DESVIO de 2,500 MILLONES...faltan 18 mas que ya emprendieron la huida.

La Fiscalía General de la República  (FGR) detuvo a Eleuterio Enrique Pérez Romero, uno de los 19 exfuncionarios de la Policía Federal buscados por el Gobierno Federal.
De acuerdo con información difundida por el portal de noticias López-Doriga Digital, Pérez Romero fungía como jefe de departamento en la Secretaría de Gobernación (Segob) y en la entonces Policía Federal Preventiva (PFP).
Pérez Romero está señalado por el desvío de 2 mil 500 millones de pesos y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, se informó en el portal de noticias y es parte de la lista de os 19 exfuncionarios buscados por la FGR.
En este caso está implicado también el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, señalado por presuntamente haber incurrido en actos de corrupción en su gestión como secretario general de la PFP del 2012 al 2014.
Aunque circula que Eleuterio Enrique Pérez Romero fue detenido en las instalaciones de la Guardia Nacional, donde actualmente labora, otra versión indica que su detención se llevó a cabo en los límites de Ciudad de México y Estado de México.
Se habría realizado un operativo conjunto entre personal de la Guardia Nacional y de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Seido), sin embargo no hay información confirmada sobre esta última.
Cabe mencionar que se ordenó la captura de los exsecretarios generales de la Policía Federal, Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, siendo ella la exoperadora del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Las investigaciones en contra de estos funcionarios inició a partir de una denuncia que presentó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual detectó un desvío de recursos por compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología, en la administración de Enrique Peña Nieto.
Esta es la primera de las 19 órdenes de aprehensión contra los exfuncionarios de la PFP.
Fuente.-(imagen,politico.mx)

martes, 11 de agosto de 2020

"OTRA HOCICONEADA PRESIDENCIAL": REPORTAN "INTACTO el SOFTWARE PEGASUS" HERENCIA ESPIA del PEÑARATISMO"...y ni asi pudieron.


Herencia de los años de Enrique Peña Nieto en el poder en México, el caso Pegasus sigue en el limbo de asuntos pendientes de la actual Administración. 

En más de año y medio, los avances de la fiscalía son escasos. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido varias veces en que su Gobierno no ha usado el Pegasus ni ningún otro software espía. “No estamos metidos en eso, aquí se decidió que no se iba a perseguir a nadie”, dijo el mandatario en noviembre. El Ejecutivo busca así distanciarse de uno de los mayores escándalos del sexenio pasado, pero no existe ningún documento oficial emitido por Presidencia que ordene el cese del uso del software adquirido durante el sexenio anterior. La lentitud de los investigadores que llevan el caso inquieta a activistas y afectados.

TODO SE VALE,TODO LES VALE:

La lejanía con el malware que dibuja el Gobierno de López Obrador es ficticia. Bien entrada su Administración, a mediados del año pasado, ciudadanos mexicanos fueron infectados con el Pegasus, un programa de espionaje propiedad de la compañía israelí NSO Group. No fueron solo mexicanos, fueron cientos en todo el mundo, que sufrieron una brecha de seguridad en WhatsApp, aprovechada por el programa espía. La empresa siempre ha defendido que solo vende Pegasus a Gobiernos. El ataque del año pasado añade preguntas a cómo se ha usado el malware en México.

Varias dependencias adquirieron el programa durante los años de Peña Nieto, entre ellas la fiscalía y los servicios de inteligencia. A la vez, activistas, periodistas y abogados, apoyados por peritos tecnológicos del prestigioso Citizen Lab de la Universidad de Toronto, denunciaron intentos de pirateo en sus celulares. Eran mensajes de texto, de contenido personal, siempre acompañados de un enlace web. Los peritos certificaron que los enlaces eran en realidad la llave que usaría Pegasus para apoderarse del teléfono. Con el programa en el celular de la víctima, los clientes de NSO Group tenían acceso a todo su contenido.

“No ha habido noticia alguna y esto es muy grave. Debería ser del interés, como algunos otros casos”, critica Alejandro Calvillo, de la organización El Poder del Consumidor, que durante años ha cabildeado a favor de imponer un impuesto a los refrescos. En 2016, en plena discusión sobre este impuesto en México, Calvillo recibió dos mensajes extraños de números desconocidos. Un texto sugerente y un enlace. El primero no lo abrió. El segundo mencionaba una nota en una revista que tenía que ver con él y lo abrió. Su teléfono se infectó. Su caso fue uno de los primeros que salieron a la luz pública en el país. En pocos meses salieron más, entre ellos el de periodistas críticos con el Gobierno como Carmen Aristegui o abogados del equipo legal de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Con el escándalo, la fiscalía abrió una investigación. Tres años y un Gobierno después aún no hay resultados.

Las sospechas siempre apuntaron a la propia fiscalía, agencia investigadora del Estado, entonces dependiente del Gobierno. El motivo es que investigaciones periodísticas airearon los contratos de la dependencia con los intermediarios de NSO Group en México. Además, la prensa divulgó algunos detalles sobre la indagatoria cuando recién empezaron las pesquisas, en 2017.

A principios del año pasado, el Instituto Nacional de Acceso a la Información concluyó su investigación sobre la relación entre la fiscalía y el software. El instituto detectó diferentes irregularidades. Quizá la más llamativa fue que la agencia investigadora, que había gastado al menos 32 millones de dólares en el programa, aseguraba que no lo había usado. Cuestionada por el instituto, la fiscalía informó además de que había desinstalado el programa. Para Luis Fernando García, director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, estos dos aspectos resultan claves en la investigación. “Hubo varias declaraciones escandalosas. Una fue que no lo habían usado, lo cual no tiene sentido, pues se gastaron millones de dólares. Y la desinstalación es problemática, porque no está claro qué información se pudo haber perdido, sobre todo cuando hay una investigación en curso”.

De los servicios de inteligencia no se ha sabido demasiado. De hecho, siempre negaron haber adquirido el sistema de espionaje, hasta que en mayo de este año, la Secretaría de Seguridad Pública lo reconoció, de pasada, en un comunicado. “El programa Pegasus es una plataforma de origen israelí adquirida en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto en 2014 por el CISEN, hoy CNI, -nombre pasado y presente de los servicios de inteligencia. Su licencia venció en 2017, sin que se renovara posteriormente”, leía el texto del comunicado.

El ataque del año pasado, con afectación a ciudadanos mexicanos, actualiza las sospechas sobre el uso que las dependencias han hecho del malware. Si los servicios de inteligencia no renovaron la licencia y la fiscalía lo desinstaló, ¿quién estuvo detrás de los ataques de abril y mayo de 2019 en México?

López Obrador ha asegurado que su Gobierno no usa el Pegasus o cualquier otro programa espía. No existe, sin embargo, un rastro burocrático de que la administración pública haya dejado de usar el software. EL PAÍS realizó una serie de solicitudes de información para saber si Presidencia emitió en algún momento un memorándum que obligase a las dependencias públicas a desinstalar el programa de vigilancia de sus equipos. Excepto la Fiscalía General de la República -que evadió la pregunta-, el resto de las dependencias dicen que nunca recibieron una orden oficial para borrarlo de sus computadoras.

El CNI, por ejemplo, dice que “no cuenta con registros” de haber recibido esa disposición. Sedena admite no tener “evidencia documental” de tal solicitud. “No existe ninguna orden”, responde Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Seguridad, pese al comunicado emitido en mayo, reconoce no haber encontrado registro tras “una búsqueda exhaustiva”. Señala, además, que es la Consultoría Jurídica del Ejecutivo quien emite este tipo de disposiciones. Consultada por este periódico, la Consejería Jurídica confirmó el pasado 29 de julio lo mismo: el Gobierno no envió ninguna orden oficial a sus dependencias para cancelar o suspender el uso de Pegasus desde su llegada al poder en 2018.

Fuente.-Georgina Serena/Diario Español/

LAS "ARMAS de REPLICA,los DELITOS de VERDAD y las IMPRESORAS 3D"...la tecnología dejo anacrónica la ley.

La comisión de delitos con armas de imitación en México es una de las principales problemáticas a las que las autoridades se enfrentan en materia de seguridad, pues a pesar de que se ha legislado para tratar de solucionarla, la falta de aplicación de los mecanismos de regulación la convierten en una actividad muy difícil de erradicar.
La comisión de delitos con armas de imitación en México es una de las principales problemáticas a las que las autoridades se enfrentan en materia de seguridad.
A finales del mes pasado Erick Ángel y Carlos Néstor pensaron que cometerían el crimen perfecto. A través de redes sociales ofertaron un vehículo Chevrolet Aveo con cromáticas de taxi de la Ciudad de México, pero no tenían intención de venderlo.
Al poco tiempo cayeron las primeras víctimas, tres personas que reunieron más de 100 mil pesos para comprar en sociedad el taxi.
El 26 de julio, Erick y Carlos citaron a los compradores en el fraccionamiento Pastores, justo en la frontera entre Naucalpan, Estado de México y la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.
5de cada 10 robos que se cometen en la Ciudad de México son con un arma réplica
Con un arma de fuego réplica y un cuchillo pequeño, los dos hombres amagaron a las tres víctimas y las despojaron de los 110 mil pesos en efectivo que traían para la compra del vehículo, además de sus pertenencias.
Vecinos del lugar se percataron de los hechos e inmediatamente dieron aviso a la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) que desplegó un operativo en la zona. Al poco tiempo los elementos lograron la detención de Erick Ángel y Carlos Nestor, a quienes les encontraron el arma “hechiza”.
En esas mismas fechas, el Senado de la República avaló con 53 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones la Ley Reglamentaria del Artículo 19 Constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, es decir, el transitorio que hace adecuaciones al Código Penal Federal para establecer las causales para que un juez dicte como medida cautelar la prisión.
Entre estas causales se encuentra el uso de armas réplica para la comisión de algún delito o que sirva para intimidar o amagar a la víctima, por lo que cuando Erick y Carlos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, éste los remitió a un juez en el Penal de Tlalnepantla.
Luego de revisar los elementos de prueba recabados, el juez determinó iniciar un proceso legal y emitió una medida cautelar en su contra por cometer un delito con violencia y con un arma réplica.
De acuerdo con el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en la capital del país, 5 de cada 10 robos se cometen con un arma réplica.
El actual senador del PRD comenta que las reformas que impulsó desde el Senado, para que los delitos cometidos con este tipo de armas sean castigados con prisión preventiva oficiosa, son un primer paso, pero aún falta mucho que regular y legislar, ya que se pueden conseguir fácilmente en páginas por Internet o en tianguis.
“Antes se cometían los delitos con este tipo de armas y cuando los delincuentes llegaban al Tribunal y llegaba la carpeta de investigación con el dato de que la arma empleada no era una de verdad, sino que era una arma réplica, se generaban distintos criterios ya que unos decían que no importaba que fuera una arma réplica porque la que se utilizó fue suficiente para vencer la resistencia de la víctima y no es posible que las víctimas encuentren la diferenciación entre una de verdad y otra que no lo es.
Nosotros lo que hicimos fue agregar un párrafo en el que se dice que ‘cuando el delito se cometa con un arma réplica se considerará también cometido con violencia’. Ahora, cuando un robo se comete con un arma réplica los jueces ya no tienen la posibilidad de dejarlo en libertad. Antes era discrecional, generaba muchos vacíos y muchos de los que asaltaban se quedaban fuera, pero ya no es así
- Miguel Ángel Mancera
Senador del PRD
Mancera señala que después de legislar para que los delitos cometidos con este tipo de armas sean castigados con prisión, ahora falta trabajar para regular su venta creando una ley, esto pese a que existe una Norma Oficial Mexicana (NOM) con este fin.
“La regulación de la venta de armas réplica se tiene que ir a ley, por lo pronto solo tenemos una NOM (NOM-161-SCFI-2003 JUGUETES. RÉPLICAS DE ARMAS DE FUEGO) que señala las especificaciones que deben de tener, si no se cumplen, la Profeco debe de retirarlas del mercado.
“Cuando se hizo esa NOM, yo estaba en Seguridad Pública, me acuerdo porque yo me encargaba de hacer los operativos de retiros de armas réplica y donde había muchas era en Tepito”, agrega.
El legislador evita opinar si la administración actual en la Ciudad de México sigue realizando dichos operativos, pero señala la importancia de actualizar la NOM y de elevar la regulación de las armas réplicas a ley.
“Vamos a presentar una iniciativa para la NOM, también vamos a ver en dónde podemos incidir. Ya lo hicimos en el uso de la fuerza, ya lo hicimos en el Código de Procedimientos Penales y ahora voy a buscar hacerlo en el Código Penal Federal para que sea equiparable a como lo tenemos en la Ciudad de México”, concluye.

COMPRAR Y HACER ARMAS RÉPLICA DESDE LA COMODIDAD DEL HOGAR

Así como es fácil comprar un arma réplica desde la comodidad del hogar, también es fácil conseguir los planos para imprimir una desde casa.
Basta con googlear para poder acceder a ellos, como en el foro especializado en armas killermt.com donde se puede acceder a los planos para impresión 3D de la pistola “liberator”.
Con una cuota anual de 50 dólares, usuarios de todo el mundo pueden acceder a “Defense Distributed”, un portal conocido como “el Netflix de las armas”, donde los usuarios acceden a cientos de planos para imprimirlas.
Fiscales estadounidenses e incluso el Gobierno mexicano han solicitado al presidente Donald Trump detener la impresión de armas, sin que haya todavía respuestas.
El pasado 17 de julio la cancillería mexicana lamentó la falta de voluntad de Estados Unidos para luchar contra el tráfico de armas y acusó que el país se ampara en su Segunda Enmienda para no atender el problema
“Esta cooperación es más importante que nunca por los numerosos desafíos que aparecen en el horizonte debido a los avances tecnológicos, como la fabricación ilícita de armas con impresoras 3D o la compraventa en la Internet profunda”, señaló el Gobierno mexicano.
La gran variedad de formas para adquirir o crear un arma falsa hacen que sea extremadamente difícil para las autoridades evitar que las personas tengan acceso a ellas
Al respecto, Miguel Ángel Mancera, pide que en México se actualice la NOM para incluir la venta de armas impresas.
En 2003, cuando se hizo la NOM, no teníamos las impresoras 3D, ahora hay que actualizarla e incluirlas. También buscar con la gente de tecnología para que las impresoras lo inhiban y no puedan ser empleadas para imprimir un arma”, menciona.
fuente.-

"NO le PEGUEN ESTA EMBARAZADA": CARTEL del GOLFO REVIENTA VIVIENDA en SAN LUIS POTOSI y LEVANTA a PAREJA...a horas de haber acusado al Cartel de Ministeriales de Castillo Celestino.



Una mujer embaraza y un hombre fueron levantados por presuntos narcotraficantes del Cártel del Golfo (CDG), en el estado de San Luis Potosí, en México.


En redes sociales circula el video del momento de lo ocurrido y se aprecia como sujetos armados y con el rostro cubierto entran a la casa con lujo de violencia.

Las víctimas estaban acostadas en una cama cuando el comando irrumpió y de forma violenta, a gritos y empujones hacen que los dos se levanten.

En las escenas se escucha que uno de los matones, se da cuenta que la mujer está embarazada por lo que les pide a sus cómplices que no le peguen debido a su estado, mismo que dice que son parte del Cártel del Golfo, mientras revisan el resto de la casa.

Al verificar que ya no hay nadie más de las personas por las que iban, salen del lugar a toda prisa.

Pese a la petición del aparente líder de no maltratar a la mujer embarazada se alcanza a ver, justo antes de que acabe el clip, que la llevan mientras le jalan el cabello.

La difusión de estas escenas se da tan solo horas después de que el Cártel de los Alemanes que opera en el estado de San Luis Potosí difundiera un video en donde aparecen sujetos armados y en donde amenazan a grupos del narcotráfico rivales así como a autoridades policiales.

“Jaime Ernesto Pineda Arteaga, secretario de Seguridad Pública del estado, últimamente tus mugrosos metropolitanos, se han metido con nosotros y nos han pegado en (inaudible), Matehuala y en Villa de Arista, que no te sorprenda que nosotros también les peguemos en estos días a tus comandantes, porque ahora va la de nosotros, advertidos están, sobre aviso, no hay engaño, atentamente, el comandante Alfredo Alemán“, sentencia el sujeto en la parte final del video, por lo que se sospecha que quizá esta ola de violencia está relacionada con dicha advertencia.

CRIMEN Y RIVALES DEL CRIMEN:

Fuente.-