“No somos iguales a los anteriores. No somos lo mismo”. Es una de las frases de colección del presidente López Obrador desde que llegó al cargo.
Lo dijo cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) pidió que se aclararan los actos de promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos en el levantamiento del Censo del Bienestar y entrega de beneficios de programas sociales: “Vámonos respetando, no somos iguales, que no me confundan porque eso sí calienta”.
Lo dijo también cuando se le cuestionó por el caso de la ampliación del mandato del gobernador de Baja California: “Ya no hay influyentismo, el presidente no se mete en estos asunto como antes … no nos confundan porque no somos iguales”.
Lo volvió a decir cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió mandar a reserva por cinco años la información sobre el proyecto de Santa Lucía: “No somos iguales a los conservadores”.
Lo repitió cuando en la Ley de Austeridad Republicana se aprobó un artículo que daba amplios poderes para gastar discrecionalmente y por decreto del Ejecutivo los ahorros que resultaran de la aplicación de la ley: “Se acaba de autorizar la ley de austeridad y están inconformes y están diciendo que se va a manejar de manera discrecional por el presidente y eso es equivalente a la partida secreta que manejaba Carlos Salinas, les diría yo [que] no me comparen, respeto, por favor”.
En todos estos casos las cosas sí han sido iguales. Hay evidencia gráfica y documental de que bien entrado el 2019, los Servidores de la Nación portaban chalecos con su fotografía y la leyenda AMLO-Presidente. Su silencio respecto al caso de la ampliación de dos a cinco años del hoy gobernador de Baja California fue ampliamente comentado y posteriormente convalidado con la presencia de la secretaria de Gobernación en el acto en el que se arropaba lo que ella misma —en su calidad de ministra en retiro— había llamado inconstitucional. Consta en documentos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que se “confirma y declara formalmente como información reservada la totalidad de la información relacionada con el proyecto de construcción de un aeropuerto mixto militar/civil de capacidad internacional, en la Base Aérea Militar de Santa Lucía…”. Cualquiera puede revisar el artículo 61 de la Ley de Austeridad Republicana que establece: “… dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”.
Estas son algunas de las ocasiones en que ha repetido la frase de “no somos iguales” y que revelan que siguen persistiendo muchos de los vicios tradicionales de la política mexicana. Esos que todos los candidatos critican y prometen erradicar, pero que cuando llegan al poder se resisten a abandonar porque descubren que son muy útiles a la hora de gobernar y porque no hay quien les ponga un alto.
Un año de gobierno permite revelar otras muchas prácticas que, aunque hoy quieran justificarse en aras de un bien mayor, del interés del pueblo o de que “las circunstancias son distintas”, hermanan al gobierno actual con los anteriores en muchas de las formas del ejercicio del poder.
Como todos los anteriores, este gobierno reinventa los programas sociales para ponerles su sello personal. Si cabe la situación ahora es peor porque antes se registraba una cierta continuidad en programas para aliviar la pobreza o crear oportunidades —en ocasiones con cambio de nombre— que recibían el aval del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) por sus efectos positivos sobre la población objetivo y ahora hasta estos son cancelados.
Las prácticas clientelares muestran una continuidad respecto a sexenios anteriores cuando no una nueva intensidad. Cada uno de los programas sociales ha sido inaugurado con una ceremonia de entrega en la que el presidente de la república aparece concediendo el beneficio a un conjunto de personas representativo del sector de la población al que va dirigido el recurso.
A pesar de las fuertes críticas al llamado Fondo Moches (ramo 23) y de que en los lineamientos de austeridad y lucha contra la corrupción se estableció que desaparecerían las partidas entregadas a los diputados y al gobierno federal para ser utilizadas de manera discrecional, éstas persisten. El presupuesto 2019 se programó en ceros para siete de los diez fondos del ramo 23. Sin embargo el 3.er informe trimestral de Hacienda revela que el fondo de capitalidad (Ciudad de México) recibió un presupuesto de 2587 millones de pesos (mdp; Ricardo Alvarado, Ramo 23: de la discreción al abuso, México, 2019).
A pesar de la promesa de que no habría más contratos por adjudicación directa o, como se corrigió posteriormente, solamente cuando lo ameritara una emergencia, la mayoría de ellos se sigue entregando por ese método. Al 1.º de noviembre, el gobierno de López Obrador había roto el récord de adjudicaciones directas y superó a todos los anteriores: el 78.3 % de los contratos se asignaron por adjudicación directa contra sólo el 14 % por licitación pública.
Igual discrecionalidad ronda en el “reacomodo presupuestal”. Todos los presidentes han utilizado la bien consabida maña de, una vez aprobado el presupuesto, cambiar el destino de los recursos haciendo reajustes. La marca se la llevó, según documenta Leonardo Núñez en ¿Y dónde quedó la bolita? (Penguin Random House, 2017), Peña Nieto en el 2016 con una reasignación igual al 15 % de los recursos aprobados. En lo que va de 2019, el gobierno federal ha cambiado ya el 10 % del presupuesto con respecto a lo originalmente aprobado. Esta cifra es equivalente a 1.1 billones de pesos.
Otra de las costumbres de los gobiernos del PRI y del PAN era la de obviar las reglas de operación de los programas de subsidios. La ausencia de éstas incrementa los riesgos de corrupción e ineficiencia. Pues bien, en el Paquete Presupuestal 2020, “decepciona que la gran mayoría del gasto en programas de subsidios sea para programas sin reglas de operación (ROP) (64 %), y únicamente 36 % para programas sujetos a ROP. En 2020 se propone gastar 402 000 mdp en programas de subsidios sin ROP. Es decir, 45 % de los recursos que tiene el gobierno, después de hacer sus pagos obligatorios, se va a ir a programas que no están obligados a regular su diseño, mientras que en 2019 fue de 40 %” (Ausencia de Reglas de Operación: mala práctica de manual, México Evalúa, 2019).
La publicidad pagada por el gobierno federal que, en efecto se ha reducido a la mitad, sigue repartiéndose a voluntad del Ejecutivo. En el Pacto por México de Peña Nieto se adquirió el compromiso de elaborar criterios y reglas para la distribución de la publicidad gubernamental. La promesa no se cumplió. A un año de gobierno de la presente administración tampoco. La práctica perdura. Para muestra un botón: todos los contratos de la Lotería Nacional han ido a un solo medio de comunicación.
Información es poder. La transparencia, de la que se ha hecho tanta ostentación, deja mucho que desear al igual que en las administraciones precedentes. No sólo se clasificó la información del Plan de Negocios 2019-2013 de Pemex referente a grandes proyectos y oportunidades de negocios o la de las licencias, constancias, uso de suelo, autorizaciones, permisos, registros y estudios de impacto ambiental de la refinería Dos Bocas, sino que, de acuerdo con datos del Inai, en el nuevo gobierno ha aumentado hasta tres veces el rechazo de solicitudes de información pública por parte de las instituciones. El índice de recurrencia de negación a solicitudes de información pública ha crecido del 3.4 % en el sexenio pasado al 15 % (Inai).
Se afirma que el gobierno actual ha cambiado la estrategia de seguridad, pero al mismo tiempo se informa que esta práctica sigue vivita y coleando. No se trata sólo del operativo fallido de Culiacán, sino de la cifra entregada por el propio gobierno de que en lo que va del sexenio se ha perseguido y atrapado a 63 cabecillas del crimen organizado.
En materia de justicia sigue también el mismo hábito de liberar a los detenidos por violaciones al debido proceso, por expedientes mal integrados o por corrupción en el poder judicial. Al igual que el expresidente Calderón, el actual se queja de que él detiene a los delincuentes, pero los jueces los sueltan.
Mucho se habla de que la Fiscalía es autónoma y que debe terminarse con la costumbre del fiscal carnal no sólo a nivel federal, sino en los estados, pero ante el inminente nombramiento de la fiscalía de Ciudad de México el propio presidente afirma que: “Y si se dice, como es, la fiscal carnal, está muy bien dicho eso porque son compañeras. Yo también: es mi fiscal carnal porque somos compañeros del mismo equipo, hemos luchado durante mucho tiempo y para mí es un orgullo que esté Claudia Sheinbaum de jefa de Gobierno, es un timbre de orgullo, y también Ernestina Godoy”. Y, al ser cuestionado porque eso sucedía en el pasado y Peña Nieto intentó dejar a su procurador como fiscal, agrega que le parece desproporcionada la comparación y que “ahora son situaciones distintas”.
Todos los gobiernos anteriores han intentado, con bastante éxito, capturar o partidizar los consejos, organismos autónomos, órganos reguladores, poderes, etcétera, con el fin de tener más influencia sobre sus decisiones. Esta modalidad persiste de manera agravada gracias al control del poder legislativo por Morena. De ministros de la Suprema Corte de Justicia a la Fiscalía General de la República, de la Comisión Reguladora de Energía a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, del desaparecido Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (ahora Centro para la Mejora Continua de la Educación) al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Otro nombramiento afín gracias a la mayoría del partido del presidente en la Cámara de Diputados fue el del titular del órgano interno de control del INE (abril 2019) y, también, el de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (7 de noviembre). Este último nombramiento se da dos días después de que el presidente López Obrador afirmara en la conferencia matutina que los titulares no tendrían por qué ser profesionales de los derechos humanos: “Prefiero más a la gente que ha padecido, que ha sufrido en carne propia violaciones de derechos humanos; entregarles a ellos la encomienda porque los que han estado ahí, con todo respeto, que vienen de los institutos jurídicos y currículums, maestrías, seminarios y cuántos años así que se ha hecho”. Y vienen las designaciones de cuatro integrantes del Consejo de la Judicatura este mismo año, más cuatro consejeros del INE, un comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, uno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, uno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y uno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el 2020.
Estas son algunas de las continuidades más evidentes que no se avienen bien a la idea de un cambio de régimen y, aunque incomode, todas están documentadas. A ellas habría que agregar los mismos usos y costumbres en el partido-movimiento que llevó a López Obrador al poder y cuyo comportamiento está lejos de romper con la tradición política mexicana: padrones adulterados, elecciones internas amañadas, disciplina frente a la línea presidencial o dedazos en designaciones. Todo comenzó con el nombramiento del líder de la bancada de Morena en el Senado con quien según las propias palabras de López Obrador había adquirido un compromiso político que tenía que cumplir mas no una instrucción.
Ma. Amparo Casar
Investigadora del CIDE, analista política y presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
