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domingo, 11 de febrero de 2018

LAS "GUARIDAS de DUARTE" en TEXAS,UN RECORRIDO por las CASAS del EX-GOBERNADOR en "CORRIDA"...la justicia lenta, se muestra aun mas lenta.

Por lo menos tres solicitudes de captura con fines de extradición –podría haber dos más esta semana– ha hecho México al gobierno de Washington para que aprehenda al exgobernador de Chihuahua César Duarte. 
Pero este personaje, prófugo desde mediados del año pasado, podría haber sido capturado ya: posee al menos nueve casas en la ciudad texana de El Paso, que fueron visitadas por Proceso y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Aún más: el exmandatario priista está solicitando la ciudadanía estadunidense, para lo cual debe dar sus datos de residencia en Estados Unidos.
El Paso, Texas.- La vista es privilegiada desde el jardín de la mansión ubicada en el número 323 de Amelia Drive, en esta ciudad: se admira el valle que termina en los linderos de Ciudad Juárez, Chihuahua. La casa, con un valor aproximado de 2 millones y medio de dólares, es refugio de César Duarte Jáquez, exgobernador priista de Chihuahua, acusado de 11 delitos y ahora fugitivo.
Su aprehensión por agentes estadunidenses podría ocurrir en cualquier momento, pues “tres solicitudes de extradición para César Horacio Duarte Jáquez fueron entregadas a los departamentos de Estado y de Justicia el 31 de enero de 2018”. Además, el gobierno mexicano presentó “dos solicitudes adicionales en la embajada, el pasado 2 de febrero, y serán entregadas el próximo lunes 12, habiendo concluido la formalización de la solicitud y su respectiva traducción”, explica por escrito a Proceso y a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la embajada de México en Washington.
El sábado 3, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, al tiempo que anunció la liberación de recursos para el estado de Chihuahua, en reunión con el gobernador Javier Corral aseguró que pediría a las autoridades estadunidenses acelerar la captura de Duarte.
El funcionario dijo: “La Procuraduría General de la República, de conformidad con sus obligaciones derivadas de tratados internacionales suscritos por el país, llevará a cabo las solicitudes de detención inmediata con fines de extradición en contra del exgobernador César Duarte, con objeto de garantizar celeridad y certeza en la impartición de justicia”.
En El Paso, Duarte tiene registradas, a su nombre o a los de sus familiares más cercanos, nueve propiedades, las cuales visitó y recorrió el corresponsal de Proceso como parte de una investigación conjunta de este semanario y la organización MCCI.
La de Amelia Drive –favorita de Duarte y de su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, de entre las propiedades que tienen en El Paso, según las fuentes consultadas en los gobiernos mexicano y estadunidense– es una de las más caras de la zona residencial del oeste de esta ciudad. Además de contar con la privilegiada vista ya descrita, fue construida en una de las partes más elevadas de la colina donde viven las familias pudientes de la localidad fronteriza.
Al frente, la casa tiene un muro de piedra y una cerca electrificada que separa el patio de una cochera con capacidad para cuatro automóviles. Por la izquierda se puede ingresar a pie a la mansión, cuya entrada principal tiene un amplio techo sostenido por seis columnas estilo romano.
Cuando el reportero visitó la casa, frente a esa entrada principal estaban estacionados tres vehículos de modelo reciente, con placas de Texas. Adentro hay una reja que impide el ingreso directo a la puerta principal de la residencia, frente a la cual destaca una fuente de piedra. Las blancas persianas de las seis ventanas ovaladas, estilo colonial, están cerradas. No se puede alcanzar el timbre de la casa porque la reja lo impide. El reportero golpeó varias veces la reja… Nadie respondió. El jardín trasero está resguardado por árboles pequeños y un murete de piedra.
A menos de medio kilómetro de ahí, aún en la misma zona residencial de la colina y en el sector llamado Morning Star Estates, hay otra mansión que, según el registro público de la propiedad, pertenece a la familia de Duarte Jáquez: cuenta con cochera para dos autos, es de dos pisos y la fachada tiene 12 ventanas adornadas con marcos de piedra. La puerta principal, con cristales emplomados, está cubierta con un techo de tejas, asentado sobre cuatro altas columnas de piedra.
Menos ostentosa pero igual de espaciosa que la de Amelia Drive, la mansión del número 378 de Morning Star Drive podría costar al menos 1 millón y medio de dólares, de acuerdo con un contratista de la industria de la construcción que trabaja en la renovación de la casa de enfrente. Al momento de la visita no se detectó ningún movimiento en ella, aunque en la entrada había un automóvil estacionado.
A unos mil 400 metros de ahí, en la misma colina donde vive la sociedad privilegiada de El Paso, en el 343 de Crimson Cloud Drive hay otra casa registrada a nombre de Duarte Jáquez.
Proceso y MCCI no pudieron verla, pues lo impide una cerca de acero con sistema electrónico de ingreso. Hay dos cámaras de vigilancia instaladas en los extremos del complejo residencial. Cada uno de los inmuebles que lo integran tiene un valor aproximado en el mercado de por lo menos 1 millón y medio de dólares.
En la mira
La captura de Duarte, quien presuntamente robó alrededor de 6 mil millones de pesos de las arcas de Chihuahua, no representaría ningún problema para el gobierno estadunidense, que debe tener bien ubicados al exgobernador y a sus familiares cercanos que viven en Estados Unidos, sobre todo los que están en Texas.
Desde que presuntamente saqueó las arcas de Chihuahua –según las acusaciones en su contra hechas por Javier Corral Jurado–, en cuanto dejó el poder se trasladó a El Paso y comenzó los trámites para volverse residente de Estados Unidos.
Como lo reportó el pasado 21 de diciembre el diario estadunidense The New York Times –en un reportaje firmado por el corresponsal de Proceso en Washington y por el de ese rotativo en México, Azam Ahmed–, el exgobernador priista inició, por conducto de una de sus hijas (cuyo nombre mantienen en reserva las autoridades), nacida en Estados Unidos, el trámite para obtener la residencia permanente.
Como solicitante de la tarjeta verde, Duarte Jáquez tuvo que darle al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) una dirección y un número de teléfono.
José Pertierra, uno de los abogados especializados en migración más reconocidos por las autoridades estadunidenses, explica a este semanario y a MCCI con qué facilidad el gobierno de Donald Trump podría aprehender a César Duarte.
“Como arranque del proceso de solicitud de residencia permanente, se tiene que llenar la forma Visa I–130, en la que el ICE exige como requisito inapelable el nombre completo, dirección y teléfono del peticionario (la hija del exgobernador) y del beneficiario (Duarte Jáquez)”, dice.
El segundo paso del proceso, si se aprueba el primero, consiste en que el beneficiario acuda a un centro migratorio para que le tomen las huellas dactilares y los datos biométricos. Ahí nuevamente le piden una dirección y un número de teléfono, o que confirme los que ya había dado.
“Si por alguna razón cambia de dirección o número de teléfono, el beneficiario tiene que notificar a las autoridades migratorias de esto por medio de la forma AR11. Es decir que el gobierno de Estados Unidos sabe perfectamente dónde se encuentra exactamente un solicitante de residencia permanente”, destaca Pertierra.
Ante la solicitud de arresto con fines de extradición que entregó el gobierno de Peña Nieto al de Trump, Jáquez bien podría haber abandonado ya Estados Unidos, con lo cual pondría en riesgo a su hija.
Pertierra lo pone así: “De buscarlo los agentes federales en la dirección que entregó a ICE, y al no encontrarlo, irían a la dirección del peticionario. Si se niega a dar la ubicación del fugitivo, el peticionario incurre en el delito de obstrucción de la justicia, porque al momento de que se busca al beneficiario cuando un gobierno extranjero lo solicita en extradición, se le cataloga como ‘inmigrante indocumentado’ y ocultar el paradero de él es otro delito, el de tráfico de personas, que puede ser castigado con entre 15 y 20 años de prisión”.
Según el protocolo del acuerdo binacional de extradición, después de que el gobierno mexicano entregó al Departamento de Estado la solicitud de arresto con fines de extradición de Duarte Jáquez, esa instancia debe transmitirla al Departamento de Justicia, que al recibirla tendría que declarar “delincuente” a Duarte y pedir a una Corte federal una orden de captura. Cuando ésta se libra, se procede a la aprehensión.
Por el trámite migratorio en el que está Duarte Jáquez, tendrá que pedírsele que de manera voluntaria se presente ante las autoridades migratorias. El procedimiento indica que, de no hacerlo, se procede a la captura, y cuando ésta se logra el delincuente es enviado a una prisión federal hasta que se le entrega a las autoridades mexicanas.
Todas las casas
En la lista de las nueve propiedades de Duarte Jáquez o de su familia en El Paso –entregada a Proceso por una fuente del gobierno mexicano cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad– está la del número 1594-A de Bengal Drive, que se ubica en un barrio de clase media alta en la zona este de El Paso. De color beige y de dos plantas, con cochera para dos autos, tiene tres ventanas y un pequeño techo en la fachada. Estaba vacía cuando la visitaron Proceso y MCCI.
Este tipo de propiedades en ese barrio de El Paso se cotizan entre 170 y 200 mil dólares, a decir de varias agencias locales de bienes raíces consultadas por el reportero.
“Las casas más baratas de Duarte Jáquez y su familia en El Paso son un negocio: las renta o en ellas viven algunos de sus familiares de segunda o tercera generación, que también pagan renta”, aclara la fuente del gobierno mexicano que proporcionó la lista de las propiedades. “Él, su mujer e hijas viven en las residencias caras que tiene en El Paso”.
La casa número 6609-B de Escondido Drive corresponde al sector de clase media baja. Su valor aproximado es de entre 80 mil y 120 mil dólares. Es de una sola planta y, aunque tiene cochera, comparte jardín con el predio vecino.
Proceso y MCCI se equivocaron de dirección. El reportero tocó el timbre de la casa del 6609-A.
Al tercer timbrazo una mujer abrió la puerta.
–¿Es ésta la casa del señor Duarte? –se le pregunta.
–¡Noooo!, es la de allá –y señala la casa de al lado.
–¿Sabe si está?
–Sí está.
–¿Lo ha visto?
–Yo no entro.
El reportero recorre los escasos 10 metros entre puerta y puerta y toca el timbre del 6609-B. Casi de inmediato una mujer abre la puerta.
–¿Está el señor Duarte?
–Aquí no vive el señor, aquí vive la familia González –responde presta y alarmada la mujer, que de inmediato cierra la puerta.
A unos cinco kilómetros de ahí, también en la zona este de El Paso, en el 4252 de Ridgecrest Drive, se encuentra una casa amplia, de un solo piso, con grandes ventanales. Con acceso de la calle al estacionamiento, en la vivienda no había nadie cuando la visitó el corresponsal de Proceso, aunque por la silla de descanso junto a la puerta y la manguera conectada a un grifo cerca de la cochera se infiere que está habitada. Esta casa cuesta entre 150 mil y 250 mil dólares, según las fuentes del sector de bienes raíces.
Menos de dos kilómetros al norte, en el 827 de Barandal Drive, se ubica otra casa de una sola planta que en estos momentos se ofrece en renta. De ladrillo rojo y con valor estimado entre 100 mil y 120 mil dólares, tiene un pequeño jardín y cochera. Sin cortinas, las dos ventanas de la fachada permiten ver el interior.
Tiene chimenea en la sala, un baño junto a la entrada y la cocina se ve al lado derecho. La empresa de bienes raíces que la ofrece en renta explica que es de tres habitaciones y un baño completo en la recámara principal. La agente que atendió al reportero se negó a proporcionar el nombre del propietario del inmueble. “Es información confidencial”, dice.
Un poco más al sureste, en el complejo de condominios La Estancia –provisto de alberca y amplios estacionamientos–, en el 7900 de Viscount Boulevard, se accede al departamento 351.
El reportero toca la puerta varias veces. Después de un par de minutos abre una mujer ataviada con ropa deportiva y con el pelo mojado.
–¿Se encuentra el señor Duarte?
–Aquí no vive –responde y cierra la puerta de inmediato.
La administradora del complejo informa a Proceso y a MCCI que el precio de venta de los condominios –los hay de una, dos y tres recámaras– va de 85 mil a 135 mil dólares, y dice que tiene prohibido revelar el nombre de los dueños o de quienes rentan las viviendas.
El complejo de La Estancia está muy bien ubicado. A dos kilómetros se localiza el centro comercial Cielo Vista; a la misma distancia, la carretera interestatal número 10, y tres kilómetros al norte, el aeropuerto internacional de El Paso.
La última propiedad de la lista, la correspondiente al 8425 de Border Highway, es la más barata. Está a menos de 50 metros del cerco de acero que marca la frontera con Ciudad Juárez.
Se ubica en la zona pobre de El Paso, donde hay casas pequeñas, viejas, sucias y descuidadas. En el barrio hay construcciones rústicas, una cancha de tierra para jugar futbol soccer y americano. La zona es paupérrima.
Con recelo y expresión de molestia, sale de una de las casas de este barrio un hombre de aproximadamente 30 años que no deja de observar a los representantes de Proceso y MCCI.
El hombre, inquieto, habla por celular y se recarga en un auto a unos 50 metros de los reporteros; no deja de mirarlos ni de hablar por teléfono hasta que se asegura de que los intrusos se han ido.
Las fuentes mexicanas y estadunidenses agregan que Duarte Jáquez tiene también un rancho cerca de Las Cruces, Nuevo México. Los funcionarios se niegan a proporcionar la ubicación precisa de la propiedad, con el argumento de que el inmueble podría tener registrado como propietario a un prestanombres del exgobernador.
Al cierre de esta edición, el gobierno mexicano podría haber entregado ya al de Estados Unidos una de las dos solicitudes de extradición adicionales contra Duarte Jáquez.
Consultados por el corresponsal de Proceso, los departamentos de Estado y de Justicia del gobierno de Trump se negaron a confirmar la entrega de las peticiones de extradición proporcionadas por la embajada mexicana. “Es información confidencial sobre el caso de una persona”, contestó una vocera del Departamento de Justicia.

fuente.-

FAMILIARES del "CHAPO" VALORAN NO PAGAR DEFENSA del CAPO,VEN el JUICIO PERDIDO...dejo de ser inversión y se convirtio en gasto.

Ante el temor de que el caso judicial que enfrenta Joaquín Guzmán Loera esté perdido, familiares del capo sinaloense consideran no asignar dinero para financiar su defensa, poniendo en riesgo el futuro de los abogados privados, contratados para defenderlo de los 17 cargos a los que se enfrenta ante la justicia estadounidense.
Una fuente con conocimiento del caso explicó a EL UNIVERSAL que familiares, con capacidad de decisión en los pagos de los honorarios de los abogados, consideran que el juicio al que se enfrenta Guzmán Loera es imposible de ganar y que antes de gastar dinero en pagar a letrados, lo mejor es no malbaratar y dedicarlo a cuidar y proteger al clan que sigue liderando el Cártel de Sinaloa en México.
El tema económico de la defensa de El Chapo siempre ha sido un quebradero de cabeza en las audiencias previas al juicio por 17 delitos de narcotráfico, a los que se enfrenta en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Tras su extradición a Estados Unidos, el 19 de enero de 2017Guzmán Loera fue defendido por un grupo de abogados de oficio.
El aislamiento severo en el que se encuentra desde entonces, en una cárcel de máxima seguridad en Manhattan, hacía imposible que pudiera comunicarse con familiares y allegados para organizarse y ver cómo contratar y pagar a letrados privados.
La justificación de los familiares de Joaquín Guzmán para tomar la decisión drástica de abandonarlo a su suerte ante la justicia de EU es la falta de contacto directo con el capo, que no saben nada de él ni de cómo está, ni cuáles son sus intenciones.
Por ello, ante la falta de una directriz clara de cómo El Chapo quiere afrontar un juicio que él mismo está dispuesto a enfrentar, los familiares piensan en los que siguen en libertad en México.
Tras meses de defensa pública provisional (una fórmula criticada por el gobierno, ya que se estaban destinando recursos de los contribuyentes estadounidenses, a pesar de que nunca dieron garantías de que no iba a requisar el dinero de honorarios a abogados por intuir que podría proceder del narco), en agosto del año pasado el capo contrató dos equipos de abogados para entrar al caso.
Uno liderado por Jeffrey Lichtman, conocido por su defensa del mafioso neoyorquino John Gotti Jr; el otro, encabezado por Eduardo Balarezo, quien maneja casos de alto calibre.
A mediados de septiembre sólo Balarezo dio el paso para entrar a la defensa de Guzmán Loera. Lichtman alegó en más de una ocasión a preguntas de este diario que su incomparecencia en el caso se debía a las pocas garantías de recibir los pagos correspondientes por su trabajo.
Balarezo es, desde principios de septiembre, el responsable principal de la defensa de El Chapo. A pesar de que los detalles de honorarios son confidenciales, reportes de prensa informaron que recibió un pago incompleto de una primera fracción de lo acordado.
La posición en la que se encuentra la defensa en términos económicos no es la más adecuada, según informó el propio abogado defensor al juez del caso, Brian Cogan.
En una moción judicial del 24 de diciembre, Balarezo pidió el aplazamiento de la fecha de juicio (prevista inicialmente para el 16 de abril) argumentando que “la defensa está insuficientemente fondeada, [en ese momento], para preparar adecuadamente un juicio” que debía celebrarse cuatro meses después.
Por esta y otras razones, el gobierno y el juez acordaron aplazar la fecha hasta un día por determinar del mes de septiembre. Por tanto, las comunicaciones para virar el abandono familiar se prevén imposibles.
Eso provocaría que el desapego no hiciera más que aumentar, dejando sin solucionar el financiamiento de una defensa que podría, incluso, plantearse salir del caso por falta de garantías de cobro.
fuente.-

PISTOLEROS ESCAPARON de la BALACERA en "WAL-MART TAMPICO" TRAS DEJAR un EMPLEADO HERIDO...las armas son "bien pendejas" en manos peligrosas.

Una balacera en el exterior de una tienda Walt-Mart en Tampico dejó un saldo de un trabajador herido.


De acuerdo con testigos, el incidente ocurrió a las 18:05 horas en el estacionamiento de esta tienda ubicada en la Colonia Lomas de Rosales, cuando dos sujetos se enfrentaron con armas de fuego, hiriendo en el brazo izquierdo a un hombre que trabaja en el área de carnes asadas.

El personal cerró las puertas de la tienda y el lesionado, identificado como Fortunato Ramos Díaz, fue atendido por un paramédico de la Cruz Roja que se encontraba haciendo sus compras.

Minutos después, las puertas fueron abiertas y los clientes aprovecharon para salir de prisa.

Se reportó que los pistoleros huyeron, uno de ellos presuntamente en un vehículo Tsuru.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, de la Policía Investigadora, además de las fuerzas federales como la Sedena, la Marina y la Gendarmería de la Policía Federal.

Pese al hecho, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas no alertó vía Twitter, como regularmente lo hace, en caso de situaciones de riesgo.


Desde abril del 2014, cuando la violencia se recrudeció en Tampico, no se registraban en esta Ciudad hechos violentos ocurridos en un centro comercial.

fuente.-

ESTRATEGIA "ANTI-ORDEÑA" TAMBIEN ORDEÑA a PEMEX,CASI 4 MIL MILLONES MALGASTADOS...pemex es la principal empresa,pararlos no.

La principal empresa del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), ha gastado más de 3 mil 870 millones de pesos en su fallida estrategia al desempeño y capacidades operativas para la salvaguarda de sus instalaciones estratégicas y del Sistema Nacional de Ductos.
El gasto es apenas una muestra del despilfarro en esa compañía, pues corresponde tan sólo a lo que destinó en 2016 a supuestamente disminuir los actos ilícitos de robo, extracción, adulteración y comercialización ilícita de los productos petrolíferos, refiere la “Auditoría financiera y de cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0448448-DE”, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Pero lejos de que esta estrategia funcione, el propio Pemex ha informado recientemente que en 2017 se registraron 10 mil 363 tomas clandestinas en sus ductos, lo que representó un incremento del 40 por ciento respecto de las tomas en 2016, cuando fueron 6 mil 873.
De tal forma que esos recursos públicos multimillonarios que pudieron haberse destinado al fortalecimiento de la industria desde su ámbito público, y con ello disminuir la penetración de la iniciativa privada en la extracción y explotación del crudo, se tiraron prácticamente a la basura.
Según la ASF, el gasto respondió al “entorno político-social” que tiene que enfrentar la empresa, en específico el robo de combustible y crimen organizado.
Por ello, indica, en el Plan de Negocios de Pemex 2016-2020 se incluyó como estrategia “Eficientar medidas para mitigar robo de hidrocarburos”, en el objetivo número cuatro relativo a “Eficientar actividades y operaciones en la cadena de valor de transformación”.
La responsable directa de ejecutar el plan –“proyecto de inversión”– es la Subdirección de Salvaguardia Estratégica. Y ésta estableció que la estrategia de fortalecimiento de las capacidades operativas de Pemex “tenía por objeto mejorar la protección de las instalaciones estratégicas y del personal” de la petrolera.
Ello, “mediante el aumento de capacidades de vigilancia en ductos e instalaciones consideradas como estratégicas, con tecnología de primera generación (aeronaves, equipo terrestre e instalación del Cuartel General “C-4”) y a la vez, mejorar la eficiencia del recurso humano, para actuar de manera contundente y oportuna en aquellos lugares en donde se registren ilícitos, lo que permitiría abatir el mercado ilícito de combustibles y demás actividades realizadas por el crimen organizado que afecten el desempeño operativo y económico de las empresas productivas del Estado”.
Por tratarse de instalaciones estratégicas para la nación, en esa salvaguarda no sólo participa Pemex, sino también las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Policía Federal.
Esta correlación de fuerzas y el monto del gasto nos dan una idea de la dimensión del fracaso en su custodia, pero también del poder que ha acumulado el crimen organizado y la impunidad que reina en el país.

Áreas desprotegidas

Aunque el crimen organizado ha ido aumentando progresivamente su participación en el mercado de los combustibles, pues en la época de Vicente Fox no robaban los volúmenes que ahora sustraen, Pemex ha sido incapaz de destinar los recursos que tiene para el combate al flagelo.
Tan sólo en esa revisión hecha por la ASF se detectó el uso indebido de las aeronaves que fueron adquiridas para vigilancia permanente. Y es que en vez de monitorear, sirvieron para transportar al entonces director de la petrolera Emilio Lozoya y al senador y líder sindical Carlos Romero Deschamps.
Por si esto no fuera demasiado, Pemex también incurrió en el abandono de 30 drones comprados para vigilancia y, con ello, reaccionar cuando detectara posibles trabajos clandestinos para perforar los ductos y sustraer los combustibles.
Esta falta de seriedad revela que a los funcionarios de Pemex no les importa combatir la criminalidad y defender los intereses nacionales. De lo contrario, emplearían al ciento por ciento todos los recursos a su alcance para impedir que crezca el mercado ilegal de combustibles.
De acuerdo con la Auditoría Superior, las áreas en las que opera Pemex incluyen aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados (km2) en campos terrestres de producción y 3.2 millones de km2 en aguas territoriales mexicanas.
Las acciones no sólo incluyen la parte referente al combate al mercado ilícito de combustibles, sino también la propia protección del personal, las instalaciones, la población en general y el medio ambiente, según informó la petrolera a la Bolsa Mexicana de Valores, en su Reporte anual.
Y es que, desde 2014, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica no sólo coordina esos servicios, sino también las acciones de protección frente a las amenazas y riesgos que enfrente Pemex, sus subsidiarias y filiales, así como la operación y supervisión de los sistemas de seguridad de vigilancia, de monitoreo y medición, y de transporte de personal, aéreos, terrestres y marítimos.

El robo

Aunque el tema se vuelve cada vez más opaco en la petrolera, se sabe que cada día son sustraídos ilegalmente, al menos, 27 mil barriles de gasolina, según estimaba en octubre de 2016 el entonces director de Pemex Transformación Industrial, Carlos Murrieta.
El problema es que a Pemex no sólo le roban gasolina, sino también el crudo directo y sin procesamiento y otros combustibles, como diésel, turbosina y gas. Es decir, en el mercado negro se oferta de todo.
Y aunque resulta obvio que en este tipo de delitos son cómplices o cerebros algunos funcionarios y trabajadores de la petrolera, lo mismo que militares encargados de custodiar las instalaciones, no hay ninguno encarcelado por ello.
Sin duda, funcionarios y trabajadores son quienes conocen a la perfección la red de poliductos y la forma en cómo saquearlos sin generar accidentes fatales. Y si bien es cierto que ha habido tragedias donde los llamados huachicoleros pierden la vida, también es un hecho que en 2017 no fueron 10 mil explosiones (que es la cifra de tomas clandestinas), lo que nos indica que son “profesionales” los que saquean.
Además, por supuesto, en esta cadena de criminalidad se incluye a los  empresarios, quienes venden el producto robado en sus estaciones de abastecimiento, pues 27 mil barriles de gasolina no se comercian en esquinas.
El negocio, sin duda, es sumamente rentable gracias a la impunidad. Tan sólo el año pasado Pemex calculaba sus pérdidas por robo de hidrocarburos en más de 10 mil millones de pesos anuales. Ese mismo año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó que el mercado ilícito era mucho mayor: 20 mil millones de pesos.
Y es por ello que, en este clima de impunidad y sin una estrategia real para su combate, lo único que podemos esperar este 2018 es que este mercado clandestino crezca aún más.
Fuente.-Nancy Flores


YUNES: EL ENRIQUECIMIENTO "OCULTO" del "GOBER PANISTA" de VERACRUZ...a los aliados de la Federacion no les toca porque esos no se tocan.

“Enriquecimiento oculto” es la figura que se establece en la Ley 3de3 para los funcionarios públicos que omiten bienes en su declaración patrimonial. Y es precisamente lo que ha hecho el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien presume que su administración combate la corrupción y procura la transparencia y la rendición de cuentas. Las aseveraciones públicas del mandatario sobre su patrimonio no coinciden con la realidad, y pese a varias denuncias interpuestas ante la PGR, no ha sido tocado.

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Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, posee un departamento que no incluyó en su declaración 3de3 y por el cual pagó más de 5 millones de pesos; además omitió hacerse cargo de otras dos propiedades que compró y registró a nombre de una de las empresas de las que es socio, aunque no las asume como propias en el documento que presentó a Transparencia Mexicana y al Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
En enero de 2016, cuando Yunes Linares era diputado federal, sólo incluyó en su 3de3 un departamento en el condominio The Mark On Brickell Condo, en Miami. Éste –en un complejo a la orilla del mar y que tiene piscina y cancha de tenis– fue adquirido por Yunes en enero de 2001 y tuvo un costo de 382 mil 900 dólares. Lo registró a nombre suyo y de su esposa, Leticia Márquez Mora.
La Ley 3de3 nació en México como una iniciativa del Imco para obligar a políticos y funcionarios a transparentar su patrimonio. Referida a las declaraciones de bienes, fiscales y de conflictos de interés, la información de los funcionarios públicos pasará a manos del Sistema Nacional Anticorrupción.
En su artículo 60, esa ley señala que incurre en “enriquecimiento oculto” el servidor público “que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable”.
La empresa con la que Yunes compró las dos propiedades que no aparecen en su declaración es Veracruzana de Bienes Inmuebles, SA de CV –de la mitad de la cual es dueño desde 1994–, registrada en la ciudad de Veracruz en marzo de 1981 con el objeto de construir, comprar, vender y arrendar toda clase de bienes inmuebles.
Las propiedades
En su 3de3 Yunes sólo mencionó su residencia: “La casa que habito es propiedad de la empresa Veracruzana de Bienes Inmuebles, SA de CV, de la cual soy dueño del 50% de las acciones y el 50% restante es de mi esposa”.
Se trata de una residencia de playa que fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Veracruz en abril de 2010, situada en el exclusivo Club de Golf La Villa Rica, a media hora del centro histórico del puerto de Veracruz.
La casa –de la cual no se conoce una valuación– tiene tres niveles; grandes jardines interiores; cochera para cuando menos siete vehículos; salón de recepción en el jardín principal, con palapa para actos sociales; alberca con terraza y un muelle –que da al estero, un afluente del río Jamapa, en su desembocadura al Golfo de México– con acceso para motos acuáticas y yates.
Desde que Yunes se convirtió en gobernador de Veracruz, la casa es vigilada por el Agrupamiento Marítimo de la Fuerza Civil, un cuerpo de élite de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Otra construcción adquirida por medio de Veracruzana de Bienes Inmuebles, pero no mencionada por el gobernador, está en la ciudad de Boca del Río, en una zona de clase alta llamada Costa Verde. Su última valuación es de enero de 2008 y la cotizaba en 2 millones 300 mil pesos (177 mil dólares de entonces). Es un predio rústico de 500 metros cuadrados.
Hay una propiedad más que omitió en su declaración 3de3. Ésta la compró en febrero de 2010 y es un departamento en el condominio Torre Vlu, de un fraccionamiento de clase alta llamado Costa de Oro, también en Boca del Río. Un documento notarial revela que la transacción fue por más de 5 millones de pesos (unos 400 mil dólares).
En sus 14 meses al frente del gobierno de Veracruz, distintos actores políticos han criticado públicamente la opacidad del patrimonio de Yunes, pues el político panista no declaró los bienes que disfruta; eso, según la Ley 3de3, constituye el delito de “enriquecimiento oculto”.
Una trayectoria cuestionada
Yunes Linares llegó a la vida política en 1969, a los 17 años, cuando se afilió al PRI. Lo primero que hizo fue dirigir el Frente Renovador Estudiantil Veracruzano y después fue asesor jurídico del entonces gobernador Rafael Hernández Ochoa, en 1975. Luego, subdirector de Patrimonio y procurador fiscal, hasta ser elegido diputado, en 1980. Antes de dirigir el PRI estatal, en 1997, fungió como secretario de Gobierno en Veracruz.
Mientras su perfil político crecía, Yunes también le apostaba al ramo empresarial. En marzo de 1981 constituyó con sus seis hermanos la primera de tres empresas en las que tiene participación accionaria:.
En 2004 renunció a 35 años de militancia en el PRI y llegó su gran salto político: desde ese año apareció en cargos federales, hasta que en 2008 se afilió al PAN y empezó a tener puestos de mayor importancia.
El primero fue la dirección general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde fue cuestionado por otorgar cuatro contratos multianuales a sendas empresas, para operar la compra de medicamentos.
En la revisión de la cuenta pública 2010, la Auditoría Superior de la Federación detectó que el ISSSTE compró medicamentos a un costo que superaba 10 veces los precios de mercado, lo que significó un daño patrimonial de 159 millones de pesos “por no considerar el menor precio ofertado”, según el informe oficial de la ASF.
Se intentó averiguar si hubo algún procedimiento administrativo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra Yunes por las irregularidades detectadas en 2010, antes de que éste renunciara al cargo para competir por primera vez por el gobierno de Veracruz.
La SFP respondió que pronunciarse al respecto violaría el “buen nombre y reputación” del exdirector del ISSSTE, por lo que clasificó como “confidencial” esa información solicitada vía la Ley de Transparencia.
Pero Yunes Linares se ha visto involucrado en otras investigaciones.
Denuncias
Contra Miguel Ángel Yunes hay tres denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR), todas previas al 1 de diciembre de 2016, cuando comenzó a gobernar Veracruz gracias a una alianza PAN-PRD.
La primera –por presunto enriquecimiento ilícito– la presentó el 16 de mayo de 2013 Manuel Espino. En el documento, el expresidente del PAN indica que entre 2003 y 2010 Yunes y su familia compraron propiedades en el puerto de Veracruz, Boca del Río, Alvarado y la Ciudad de México, mediante empresas de las que es accionista.
La segunda fue presentada el 5 de agosto de 2016 por el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, detenido en abril de 2017 por operaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Duarte de Ochoa lo acusó de comprar, por conducto de su familia y de sus empresas, al menos 26 propiedades –de las cuales nueve serían de Veracruzana de Bienes Inmuebles– por más de 400 millones de pesos.
La tercera es del 8 de agosto de 2016. La presentó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por presuntos lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
El SNTE sostiene que Yunes Linares utilizó a las empresas Cobranza y Recuperación, Corporate Linkage e Intermediación Corporativa para recibir comisiones irregulares de la compañía Consupago, a la que Yunes –aún director del ISSSTE– benefició con un contrato de prestación de servicios financieros.
Ninguna de las tres denuncias dio resultados. A una solicitud de información, la PGR respondió que emitir pronunciamiento sobre el estado que guardan las denuncias penales contra Yunes “afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre”.
Espino cree que su denuncia no avanzó porque Yunes mantiene una “red de complicidades con priistas que fueron sus aliados en ese partido y, ahora, con la cúpula de Acción Nacional”.
Así lo explica el diputado independiente que ocupó desde 1989 cargos directivos en el PAN hasta que renunció a ese partido en 2007: “En mayo de 2016 le envié a la procuradora Arely Gómez una carta para comparecer ante el Ministerio Público y dar seguimiento a la denuncia penal que interpuse en 2013 (…). Y no avanzó con Murillo Karam porque ambos fueron correligionarios priistas, amigos”.
Para Espino también son “los hermanos Fernando y Miguel Ángel Yunes Márquez quienes procuran impunidad para su padre”.
Fernando Yunes Márquez fue senador por el PAN y ocupó hasta febrero de 2017 la presidencia de las comisiones de la Defensa Nacional y de Justicia, por las que mantuvo relaciones institucionales con la procuradora Arely Gómez. El pasado 31 de diciembre se convirtió en alcalde de Veracruz.
Ese mismo día, Miguel Ángel Yunes Márquez concluyó su periodo de cuatro años como presidente municipal de Boca del Río, cargo que ocupó también de 2007 a 2010. Fue diputado local de 2004 a 2007 y ahora es precandidato del PAN al gobierno de Veracruz.
Para este reportaje, Onea México envió un cuestionario a la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno de Veracruz, de la que es titular Elías Assad Danini, para que Yunes Linares diera su versión de los hechos. Hasta el cierre de esta edición no había respuesta.
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* Este reportaje fue realizado por el equipo de investigación de Onea México a partir de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del Centro Internacional para Periodistas, en alianza con Connectas.