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lunes, 8 de mayo de 2017

EN "NARCO CARTULINA" DICEN "TRAEN ORDENES del PATRON" y AMENAZAN al EJERCITO en ACAPULCO...donde quedo el "respeto".


Un mensaje en el que se hacen amenazas al Ejército apareció en la entrada de la Escuela Secundaria Técnica 104, ubicada entre el fraccionamiento Libertadores y la colonia Emiliano Zapata, en Acapulco.

"Traemos órdenes del patrón, les vamos a partir su madre a todo aquel que se meta en las botas. No queremos matar a inocentes ni tampoco a niños, ábranse putos militares y perronnns viales (agentes de tránsito) venimos por la plaza, están advertidos", dice la cartulina.

La cartulina fue retirada por las autoridades y por este día fueron suspendidas las clases en este centro educativo.

En la zona en la que apareció la cartulina es donde, según fuentes de Seguridad Pública, se tienen registrados los más altos índices de inseguridad en este puerto.

fuente.-



DOBLE DESGRACIA,"DESAPARECEN a HIJO EX-SOLDADO" y POLICIA le "VIOLA a ella HIJA" ...las desgracias nunca llegan solas.



Desde hace más de cuatro años una doble desgracia envuelve a una familia de Orizaba; un “calvario” que desde entonces les cambió la vida, les robó la tranquilidad, la alegría, la felicidad, y ahora viven entre el dolor, la tristeza, la indefensión, la impunidad y la injusticia social, por la desaparición de un joven, exsoldado, y la violación de una de sus hermanas, de apenas 14 años, -madre de un bebé de un mes de nacido-, a manos de un expolicía que fingió brindar ayuda a los afectados.

Ambas historias se fueron tejiendo en la colonia El Espinal de este municipio, sin que las autoridades encargadas de atender los casos hayan podido hasta el momento dar solución a las denuncias presentadas por los agraviados.

A través de los años, funcionarios han ido y venido, pero los asuntos siguen igual, sin resolverse. Entre estos funcionaros que pasan a la historia y se esfuman sin que hayan logrado resultados positivos de sus indagatorias está el ex fiscal regional de la Zona Centro, Alejandro Dávila Vera.

Son dos casos que han cambiado la vida de una familia, que hoy enfrenta no sólo el dolor por los abusos, las agresiones, la desaparición del hijo mayor y único hombre en la familia, sino las secuelas del temor, las amenazas y hasta problemas de salud que amenazan seguir minando sus vidas.

Hacinados en una vivienda de madera y láminas habitan una mujer de 53 años, junto con sus tres hijas de 20, 18 y 15 años, esta última violada y embarazada por un ex policía municipal que se acercó a su hogar, con el pretexto de colaborar en la búsqueda de un joven de 33 años, que era el hijo y hermano, respectivamente, de las mujeres.

La gravedad del asunto ha implicado cambios de conducta, problemas económicos y hasta obligado a la familia a abandonar su vivienda, resguardándose en un lugar seguro para pasar las noches.


LA DESAPARICIÓN DE UN HIJO LE CAMBIÓ LA VIDA


El ex soldado del Ejército Mexicano, Yair Déctor Pérez desapareció la mañana del 25 de febrero del año 2013, cuando tenía 33 años. Ese día, se dirigía a su trabajo en Ciudad Mendoza, donde el entonces fiscal Francisco Álvarez Medina integró la investigación número 327/2013, con la declaración de la esposa de la víctima. Además, su madre y hermanas acudieron a interponer otra denuncia ante las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en Orizaba.

Posteriormente, cuando llegó la Brigada de Búsqueda de Desaparecidos a la región de Amatlán, la madre de Yair conoció a la coordinadora del Colectivo de Familias de Desaparecidos de la zona Córdoba-Orizaba, Aracely Salcedo Jiménez, madre de la joven desaparecida Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, quien el año pasado también encarara y le reclamara al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, hoy preso en Guatemala, que su equipo de investigadores no hacía nada por los desaparecidos.

Con lágrimas, el ama de casa recuerda que su hijo, el exmilitar, desapareció hace cuatro años, y aunado a eso, ahora ella va al día, trabajando en su bazar de ropa usada, donde gana unos centavos para la comida, pagos y mantener a sus hijas, que tuvieron que dejar de estudiar.

Desde su papel de madre y padre, comparte que padece algunas enfermedades como por ejemplo: del riñón, un tumor en la columna, aunque también sufre de migraña, problemas del corazón e hipertensión arterial, pero “me aguanto por el bebé que apenas nació, no tengo para una consulta, y mejor prefiero comprar los pañales”.

Dice orgullosa, que también “coso y pongo cierres, porque tengo una máquina de coser que me regaló mi hijo, y por eso pongo mi letrero para ofrecer mi trabajo, gracias a eso mis hijas han vuelto a la escuela, pero estudian en el sistema abierto”.

Con la mirada perdida, la mujer exclama “¿quién nos está cuidando?, nunca piensa uno que un oficial que se pone un uniforme de policía va a cometer este abuso”. Asegura que también pidieron ayuda en Xalapa, para que al agresor le enviaran un citatorio ante un Juzgado Civil, y le pasara una pensión al bebé, pero sólo les dijeron que iba a seguir la investigación.

Sentada frente a un comedor circular, mientras revuelve unos documentos, lamenta que “para nosotros ya no hay fiestas, no hay Navidad, no hay 10 de Mayo, ni siquiera salimos a pasear, a mi hija de 18 años le agarró azúcar, y la otra se me anda desmayando, ya no vivimos”.

“¿Dónde está mi hijo? ¿Lo encontraremos? a él se lo llevó la Policía Federal, ahora vemos personas extrañas, cuando se lo llevaron supuestamente fue el operativo Veracruz Seguro 2013, y luego lo anduve buscando hasta la frontera, en Quintana Roo, en penales, en CERESO federales y nada. Por andar buscando a mi hijo descuidé a mis hijas. Mi hijo era el mayor y era el que me ayudaba, incluso cuando empezó en el Ejército me mandó dinero para pagar mi espacio en el mercado, para mi bazar”, asegura la afectada.

Yair sólo estudió la secundaria, luego se fue al Ejército y cuando salió le dieron sus centavos. Luego ingresó a trabajar a la Policía Bancaria en Orizaba, donde conoció a su mujer, con la que procreó a dos hijos, una niña de 13 años y un niño 11, que tuvo problemas al nacer. Ellos quedaron bajo la custodia de su abuela materna, ya que ante la desaparición de Yair, la madre de los niños se fue a vivir con un militar.

Yair formó parte del grupo táctico de Policía, en Mérida Yucatán. Aunque nació en el municipio de Nogales, cuando tenía dos años su madre lo trajo a vivir a Orizaba, luego de que se disolviera el matrimonio por el maltrato que a la señora le daba su marido, el padre de Yair, quien trabajó durante 36 años como policía municipal.

Triste por el recuerdo, la mujer cuenta que “a mi hijo yo lo crié trabajando, le di estudios y me decía que cuando fuera grande se iba a ir al Ejército. Siempre tenía esas ilusiones, agarraba un palito y se montaba sobre él, diciendo que era su rifle. Cuando cumplió 18 años dijo que se iba, por esas fechas llegaron unos militares al parque Castillo a reclutar personas y él metió sus papeles, y aunque era chaparrito, en ese tiempo todavía aceptaban chaparros”.

Llora al acordarse que se le arrodilló y le suplicó para que no se fuera, pero de nada sirvió y “después lo tuve que acompañar unas cuadras, cuando se fue al cuartel y de ahí se lo llevaron a formarse como soldado en Guamuchil, Sinaloa. Le eché sus cosas como el hilo, las tijeras y le eché su bendición”.

Yair era un joven a quien le gustaba correr, así como ir a nadar a la laguna de Ojo de Agua, Nogales, Rincón de las Doncellas, Matzinga, a donde a veces llevaba a su madre y sus hermanas. También le gustaba comer barbacoa, en Acultzingo, o si no, ella misma se encargaba de traerle del mercado un kilo de esa carne para que comiera su hijo. Así lo recuerda su madre, como una persona muy amigable, muy llevadera.

Dice no tener miedo por continuar en la búsqueda de su hijo, pero si estar decepcionada de las autoridades.

En una libreta de la escuela, una de sus hermanas tiene anotado que el 15 de noviembre del 2016, a las 10:30 de la mañana, se comunicó con la Operadora 73 de la Coordinadora de Atención Ciudadana y Denuncia de la PGR, donde les informaron que Yair había estado detenido en México y que ya estaba procesado.

Al insistir en mayores informes, los comunicaron a la Coordinación del Centro Federal, pero les informaron que no había datos de la detención, e incluso recurrieron al Fiscal de la Unidad de Personas Desaparecidas, Moisés Castro, pero tampoco hubo una respuesta.

Ya como último recurso, tras cuatro años de movilizaciones, marchas y plantones, la mujer pide que siga la investigación, y que si alguna autoridad tiene algún informe del paradero de su hijo se lo hagan saber, ya que tengo más de cuatro años buscándolo y no sé su paradero”.


ABUSA EXPOLICÍA DE UNA NIÑA, APROVECHANDO QUE LA MADRE BUSCABA A HIJO DESAPARECIDO


En abril del año pasado, el ex policía municipal Lázaro Xalamihua González, de 36 años, violó y embarazó a una niña de 14 años. Aprovechó que la madre del joven desaparecido Yair Déctor Pérez había dejado solas a sus hijas, para trasladarse al municipio de Amatlán, y reunirse con la Primera Brigada de Búsqueda de Desaparecidos, en la cual participaban personas de otros estados.

La víctima dio un giro radical a su vida. No sabía qué hacer con su bebé, y hasta tenía la idea de regalarlo. “No quiere al bebé y pensaba regalarlo, pero yo hablé con ella y le aclaré que él no tiene la culpa, de hecho el niño duerme conmigo y yo lo atiendo”, expone la madre de la menor.

Su agresor, Lázaro Xalamihua, domiciliado en la colonia El Espinal, era oficial de la Policía Municipal de Orizaba, donde meses después lo dieron de baja.

Lázaro se acercó a la familia de la menor porque era amigo de su padre, quien durante 36 años también trabajó en la Policía Municipal, y de vez en cuando lo invitaba a su casa, donde se enteró que su hijo Yair estaba desaparecido y se ofreció para brindar ayuda a la familia, dándole su número de teléfono a sus hijas, con quienes empezó a tener comunicación, hasta que a mediados del año pasado violó a la adolescente de 14 años.

Posteriormente, junto con su pareja, Ivón Peña, de 32 años, a fines de diciembre pasado, llegaron a la vivienda de la familia para reclamarles que dejaran de andarlo molestando y le propinaron de golpes a la madre e hija. Aunque en esa ocasión intervino la Policía, las cosas no fueron parejas, pues a la madre de Yair la encerraron junto con uno de sus hermanos que llegó a defenderla, y le cobraron una multa de 400 pesos, pero a la pareja agresora ni siquiera la reprendieron.

“Yo me enteré que mi hija estaba embarazada el 28 de diciembre del 2016, cuando platiqué con un amigo de Córdoba, que es paramédico, que llegó y me saludó y se me quedó mirando, y me dijo: la niña va a ser mamá. Tenía 14 años, y le dije ¡cómo crees que va a ser mamá! Echamos un taco y me volvió a insistir que llevara a la niña con un médico, por lo que llamé a mi hija y le pregunté si estaba embarazada y llorando me dijo que sí, por lo que le respondí que cómo era posible si ni novio tenía” recuerda la mujer un tanto desconsolada y con el rostro ya desgastado de tanto llorar.

La menor contó a su madre que su agresor había sido Xalamihua, y que había entrado a la casa por la fuerza, el día que ella se había ido a la Brigada de Búsqueda de Desaparecidos en Acatlán.

“Tengo un mensaje para ti, abre la puerta”, le llegó a decir el agresor a la víctima, mientras su hermana dormía. Pero como no quiso abrirle, él empujó la reja y se metió. Luego, le puso la pistola en la cabeza y le dijo que no gritara, que era oficial de la Policía y no sabía con quién estaba tratando. “Le exigió que no dijera nada porque algo malo podía pasarnos”, relata la señora.

Sin saber lo que había ocurrido, el ama de casa y sus otras dos hijas, le hicieron su fiesta de XV años, pero al paso de los días la notaron delgada y sin ganas de comer, y fue hasta el 28 de diciembre cuando se enteraron que estaba embarazada.

Tras llevar a la niña con el médico, les informaron que tenía 25 semanas de embarazo. Unas vecinas que acompañaron a la mujer y a su hija fueron quienes pagaron la consulta. En la radiografía pudieron ver que el bebé se chupaba el dedo.

“El día 29 estábamos tristes”, recuerda la madre de familia. Ese día, agrega, llegó un taxi a la casa, “eran las 07:30 de la mañana cuando se paró un taxi y se bajó una mujer, yo no la conocía, se baja y nos empieza a reclamar que qué le andábamos buscando a su marido, él venía en el taxi y cuando le pedí a la mujer que le preguntara lo que había venido a hacerle a mi hija, él gritó que no nos conocía, pero la chiquilla salió de la casa y lo acusó diciéndole: ¡Tú me violaste!”.

Enardecida, la agresora, Ivón Peña, golpeó a la menor embarazada, y cuando la madre quiso defenderla tropezó y cayó. Luego su hermana de 18 años también quiso intervenir, pero también fue agredida.

“Yo enojada la agarré y nos tiramos al suelo, y mi hija llamó a la Policía, nos llevaron a la cárcel, pero sólo me encerraron a mí y a mi hermano que llegó a defenderme, porque a ellos los dejaron sentados en el pasillo, como agraviados, yo les reclamé, pero una licenciada sólo me dijo que cuando saliera buscara un abogado”, recuerda aún la afectada.

Desconsolada, la madre de la niña señala que “ese mismo día fuimos a poner la denuncia por violación, pero es la hora que no ha salido la orden de aprehensión contra el acusado, a pesar de que vinieron los peritos a la casa para ver si hay iluminación, para ver el lugar donde fue la violación, para ver si no había perros que pudieran haberle ladrado al ver al desconocido”.

Un mes después, las agraviadas fueron a la Fiscalía para conocer el avance de la denuncia, radicada en la carpeta de investigación 27/32/2013/ESP, pero la fiscal María Isabel Hernández Cruz les informó que un juez le había dado un amparo al acusado y que no se podía hacer nada.

La madre de familia no pudo más que protestar por eso y aseguró que su hija estaba grave, porque su embarazo era de alto riesgo y estaba en peligro su vida. “Les dije: son unos corruptos, les pregunté cuánto dinero les dieron, porque no me mostraron ningún documento del supuesto amparo”, acusa.

Cuenta que después de eso, pidieron ayuda a la Policía Ministerial porque a su casa llegaban a intimidarla sujetos a bordo de camionetas verdes y coches blancos. Incluso la patrulla 05, en la que andaba el entonces policía agresor, se paseaba frente al domicilio, y aunque las víctimas se quejaban en Xalapa, no cesaban los acosos, y por el contrario descubrieron que sujetos de un vehículo blanco llegaban a tomar fotografías de la casa. Ahora, sólo utilizan la vivienda de día, pero de noche se van a dormir a otro lado.


QUERÍA SER MVZ LA MENOR VIOLADA


La adolescente que fue atacada y resultó embarazada pensaba estudiar, ser veterinaria, porque le gustan mucho los animalitos, pero también quería estudiar repostería, debido a que es muy “comeloncita” dice su madre.

“Ella era muy quieta, nunca salió a bailes, ni al cine, son niñas muy quietas que a las seis de la tarde ya están metidas en su cama, estudiando la biblia”, expone su progenitora.

Pensaba superarse, dice, pero aún después de lo que pasó, ahora platica con ella, ya se está recuperando, saliendo de las secuelas, ahora está más con sus libros, y le dicen que por medio de la Fiscalía puede conseguir una beca, para que por lo menos estudie una licenciatura o sea una doctora para salvar vidas. “Hay ratos en que abraza a su hija, se arrincona y llora, pero estamos saliendo adelante sin la ayuda de la Fiscalía, ni Derechos Humanos, ninguna de esas autoridades que deben hacer su trabajo”, lamenta la afectada.

Ya enardecida, acusa que “el tipo –Lázaro Xalamihua- no tiene el suficiente valor para reconocer a su hijo, si él diera la cara como hombre, tal vez lo perdonaría porque tiene hijos, pero como no da la cara, le pido a las autoridades que cumplan con su trabajo y a ver cuántos días espero para que salga la orden de aprehensión”.

La familia, quien ha recibido la ayuda ciudadana, que hasta una carreola nueva le llevó al pequeño en estos días, ya no tiene confianza en las autoridades, por lo que lo único que les queda es esperar a que Dios les haga justicia.


Fuente.-Blog.expediente/Veracruz

EL "CANELO" PAGO 9 MILLONES de DOLARES en E.U para EVITAR le QUITEN los 20 MDD que GANO...hizo de agua al junior y s los quieren hacer de agua a el.


Saúl “Canelo” Álvarez depositó una fianza de nueve millones de dólares ante un tribunal de Miami para que la bolsa de poco más de 20 mdd que ganó en su pelea ante Julio César Chávez Jr. el pasado fin de semana no fuera congelada.
La fianza corresponde al pago que un jurado fijó por parte de “Canelo” a la promotora All Star Boxing, del puertorriqueño Félix “Tuto” Zabala, que lo demandó en el 2011 por incumplimiento de contrato.

Los abogados del púgil jalisciense depositaron la fianza dos días antes de la pelea contra Chávez Jr, señaló Alejandro Cruz, el abogado de Zabala. “Para nosotros es un triunfo porque el dinero ya está en manos de la corte” dijo.
El juez que sigue el caso en Miami había aceptado dos semanas atrás una moción de los abogados de Zabala para congelar fondos de la bolsa de “Canelo” en su pelea contra Chávez Jr, al que ganó una decisión unánime el pasado fin de semana en Las Vegas, Nevada.

Los abogados de “Canelo” y Golden Boy Promotions mantienen el caso en proceso de apelación contra el veredicto de junio pasado en el que un jurado encontró culpable al boxeador del cargo alternativo de “enriquecimiento ilícito” en perjuicio de Zabala, más no del cargo principal que era de rompimiento de contrato.

La empresa Golden Boy Promotions de Oscar De la Hoya acusada de “interferir maliciosamente” entre All Star Boxing y “Canelo”, salió ilesa en el juicio.

Con información de Notimex

INFORME "ENLATADO" de AYOTZINAPA REVEAL INVESTIGACION FUE CONSTRUIDA a "CHINGADAZOS" ...temen reclamos al debido proceso.


Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, escuchó estupefacto el reporte: hay pruebas fehacientes de tortura a los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A uno de ellos le aplicaron el “teléfono”, que es el estallido de los tímpanos sin dejar huellas físicas evidentes.
De acuerdo con una reconstrucción hecha por EL UNIVERSAL, el secretario de inmediato convocó a los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), laProcuraduría General de la República (PGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal.
El temor fue que, a futuro, una investigación que llegase a probar que no cumple el debido proceso corre el riesgo de dejar en libertad a los siete detenidos por la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, señalaron fuentes federales consultadas.
Tiempo después, en agosto de 2016, la investigación de la PGR que encabezó Tomás Zerón de Lucio como director de la Agencia de Investigación Criminal, estuvo plagada de presuntas ilegalidades, según el informe que en ese momento integró la Visitaduría General de la PGR, a cargo de César Chávez, mismo que fue enlatado y desechado oficialmente.
Se solicitó a la PGR una postura al respecto, pero ratificó que es un documento no oficial y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no respondió, pese a que los padres de los 43 normalistas litigan en tribunales la sanción a los funcionarios señalados en el informe no reconocido de la Visitaduría General.
Fuentes del gobierno federal admitieron que existe la posibilidad de que la investigación de la PGR en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sea controvertida en tribunales internacionales y queden en libertad los detenidos porque se violó la ley: hubo tortura a testigos y presuntos implicados, se realizaron diligencias fuera de la ley en el río donde supuestamente hallaron cenizas de los cuerpos y hay contradicción en las actuaciones de los ministerios públicos.
En el Cisen se realizaron reportes en la primera semana de octubre —a los que tuvo acceso este diario en ese entonces— en donde aseguraba que los jóvenes habían sido incinerados y arrojados en bolsas al río San Juan. Tiempo después, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el 7 de noviembre de 2014, dijo en conferencia de prensa: “Un homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula”.
En el río
El documento elaborado por César Chávez, visitador de la PGR hasta antes de presentar su reporte el 18 de agosto de 2016, señala que las retenciones que hizo la Ministerio Público federal Blanca Alicia Bernal Castilla, en particular de Agustín García Reyes, alias El Chereje, fueron “de manera ilegal y arbitraria”, además de que el certificado médico de esa persona fue entregado por la Marina el día 27 a las 23:15 horas, pero el reporte se fechó el día siguiente sin hora precisa. “Blanca Alicia Bernal Castilla estableció que había recibido el dictamen médico el día 27 de octubre a las 23:15 horas, cuando el teniente Javier Castro, de la Marina, no había concluido la valoración”, cuestionó la visitaduría.
Adicionalmente, señala el documento, García Reyes fue llevado de forma ilegal al río San Juan el día 28 de octubre, en la diligencia encabezada por Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, sin que la misma quedara asentada en la averiguación. 
Sólo se supo de ella hasta que se conoció públicamente el video donde Zerón lleva a cabo una inspección fuera de toda norma. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) permitió a la AIC de Zerón de Lucio esa maniobra, “sin causa legal que lo justificara”.
Destaca que el presunto responsable, Agustín García Reyes, fue llevado al río en un helicóptero Bell-412 matrícula XC-JBX sin su abogado, como obliga la ley. Todo el personal que apoyó ese día —28 de octubre— a Zerón no respetó las formalidades de ley en materia de registro de cadena de custodia y omitió asegurar debidamente el lugar de los hallazgos. Además, a Zerón se le imputa infracción al derecho de defensa de García Reyes por estar ahí sin su abogado defensor.
La presencia en el lugar de los peritos Mauricio Cerón y Patricia Gómez “reviste un carácter ilícito”, añade el documento.
Tortura 
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recalcó en su informe del 24 de abril de 2016 que, pese a que el video donde se ve a Zerón con otros servidores públicos en el río el 28 de septiembre, este hecho nunca se registró en el expediente. Peor aún, el GIEI demostró que hubo un parte médico de la Marina —que fue quien lo detuvo– en donde García Reyes no presentaba lesiones, pero 11 horas después lucía 30 hematomas, excoriaciones y hasta restos de sangre seca.
En uno de los documentos de prueba, la visitaduría entrevistó a Miguel Ángel López, elemento de la Policía Federal Ministerial, quien confirmó que García Reyes, El Chereje, fue sacado de una celda en la SEIDO mediante un “oficio por cese de custodia”. De ahí fue llevado por Zerón de Lucio a Cocula, pero esto último no se registró en la indagatoria.
La visitaduría recogió el testimonio de García Reyes el 24 de junio de 2016: “Yo estaba detenido en la SEIDO, en una celda, y nomás me sacaron y me subieron a un helicóptero y ya en el helicóptero me dijeron que me iban a llevar al puente del río San Juan y que ahí había unas bolsas que yo tenía que señalar, que si no lo hacía me iban a torturar, entonces yo contesté que sí (…) ya en el río uno de ellos vestido de negro me llevaba del cuello y me dijo que si intentaba correr me iba a disparar. Ya llegando hasta las bolsas hice lo que me habían dicho”. Además, dijo que en la aeronave iba Tomás Zerón.
Al preguntar a El Chereje si en esa diligencia estuvo acompañado de un defensor su respuesta fue “No. Sólo había wachos [soldados]”.
Retenciones ilegales 
Dos de los siete detenidos, Salvador Reza Jacobo y Benito Vázquez Martínez, fueron ubicados en Ahuatepec, Morelos, por la Marina a las 13:20 horas del 27 de octubre, “detenidos en flagrancia” y portando armas de fuego. 
Sin embargo, para la visitadora esta circunstancia no es probatoria en absoluto. Prácticamente lo mismo ocurrió con los casos de Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa y Darío Morales Sánchez, el 27 de octubre, en el poblado de Apetlanca en Guerrero.
“Los detenidos manifestaron de forma espontánea pertenecer a la organización delictiva Guerreros Unidos y haber sido partícipes de la ejecución y desaparición de los 43 estudiantes normalistas”, señala la indagatoria de la visitaduría, aunque pone en duda la firmeza de esta prueba para detener a un individuo.
En particular, la visitaduría registra como “retenciones ilegales, arbitrarias y contrarias a derecho” las de Jorge Luis Poblete Aponte, Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez, Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa, Darío Morales Sánchez y Agustín García Reyes, varios de ellos, de los principales testigos del caso.
En el caso de Poblete, advierte la visitaduría: “Haber detenido a Jorge Luis Poblete Aponte, sin hacer el estudio de los requisitos materiales y procedimentales  de la Ley Federal  contra la Delincuencia Organizada, así como ni siquiera pronunciarse  sobre el supuesto de flagrancia en el que se encontraba el indiciado, resulta una violación manifiesta al principio de legalidad y seguridad jurídica (…) también se advierte que su retención ministerial fue a su vez arbitraria”, y cita los preceptos de ley violados.
También encontró párrafos idénticos en las consignaciones. Para los casos de Osorio Cortez, Reyes Landa y Morales Sánchez, la agente del Ministerio Público estableció: “En forma espontánea manifestaron pertenecer a la organización delictiva Guerreros Unidos y haber participado en la ejecución de estudiantes de Ayotzinapa, a quienes quemaron al fondo de un basurero en Cocula, Guerrero, y que después recogieron los restos, como son sus cenizas, mismas que fueron a tirar al río San Juan”, pero estas palabras se repiten en la consignación de Reza Jacobo y Vázquez Martínez.
“Bernal Castilla dejó en total indefensión a los presentados”, advierte. “Benito Vázquez y Darío Morales no realizaron confesión delictiva alguna”, establece. De hecho, la visitaduría es prolija en señalar las anomalías legales “graves” en que habría incurrido la Ministerio Público en este caso, lo cual debilitaría la consignación de los probables responsables.
Multipresencia
Otra contradicción es que Bernal Castilla “levantó indebidamente” actuaciones ministeriales el día 29 en la Ciudad de México, mientras que “ese día se encontraba llevando a cabo la diligencia de búsqueda y recolección de indicios en el río San Juan”. La visitaduría detectó que Jorge García Valentín, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la SEIDO, también “asentó indebidamente fechas y horas contradictorias”, por ello planteó su remoción de cargo.
En la documentación, la visitaduría da cuenta de cómo la misma agente ministerial firmó actas en Guerrero y en la Ciudad de México al mismo tiempo, lo cual no pudo ocurrir pues señala que entre las 14:00 y las 15:00 horas estuvo presente en el río verificando el hallazgo de restos humanos expuestos a fuego directo y que eso ocurrió hasta las 18:00 horas del 29 de octubre. Y en otras actas oficiales se confirma su presencia en las instalaciones de la SEIDO en la Ciudad de México.
Cuerpos apilados 
Algo que llamó la atención a la visitaduría fue la declaración de García Reyes. El presunto homicida admite haber llevado al basurero de Cocula en una camioneta Nissan blanca a cuatro estudiantes amarrados y boca  abajo. Otros presuntos sicarios ya estaban ahí con otro vehículo y más jóvenes en la misma circunstancia.
“Empiezan a bajar a los estudiantes, todos iban amarrados y estaban acostados a lo largo, unos sobre otros boca abajo (…) veo que El CepilloEl GuerrequeEl Primo y El Bimbo llevaban armas cortas y todos ellos disparan hacia donde estaban amontonados los estudiantes, incluyendo El Cochiloco. Les disparan a la cabeza a todos y detonando varias veces a los que estaban en la parte de arriba, siendo como unos 20 o 22 personas”.
La visitaduría pone en duda que hubiesen llevado a los 43 jóvenes todos apilados, sin moverse o gritar, pero García continúa en su relato que a los muertos “los agarraban de los pies y las manos y los columpiaban para poderlos aventar al fondo del basurero y los que quedaban vivos los bajaron caminando”.
Sanciones
El visitador determinó remover de su cargo a Blanca Alicia Bernal Castilla y al fiscal antisecuestros de la SEIDO, Jorge García. 
También resolvió que los peritos Mauricio Cerón Solana, Eva Hernández y Patricia Gómez Ramírez, cometieron irregularidades y debían ser removidos por incurrir en perturbación ilícita y omisión en la preservación de indicios, omisión de peritajes y falla en la cadena de custodia (acciones que se deben tomar para preservar evidencias de un crimen), lo cual es sancionado por el Código Federal de Procedimientos Penales.
Propuso dar vista a la SFP para que actuara en contra de Tomás Zerón, además de que podía ser castigado con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En la misma circunstancia la visitaduría puso al fiscal antisecuestros de la PGR, Jorge García Valentín.
En la página de internet de la SFP relativa al registro de servidores públicos sancionados no aparece ninguno de los aludidos.
Fuentes oficiales del gobierno federal dijeron que confían en que de ser confirmadas estas anomalías puedan ser subsanadas por la PGR.
Sin embargo, recordaron, que en sus recomendaciones, el GIEI les hizo saber que deben sustentar bien las investigaciones.
fuente.-

SE "CONFIESA DOCTOR MIRELES" en VIDEO "POSTUMO",NO MURIO,lo DETUVIERON...negocio con el gobierno que lo traiciono encerrandolo.


Mensaje del ex líder de grupos de autodefensa, José Manuel Mireles, grabado en abril 2014; pretendía que se difundiera después de su "muerte". El doctor fue detenido desde junio 2014 y permanece preso hasta ahora.
Fuente.-

Las "'CUENTAS de los MUERTOS" y CABEZA de VACA el INUTIL "CUENTAMUERTOS"...no combate a los causantes del caos,solo los administra.

Imagen.-Twitter/

La gente dice que no hacen bien las cuentas. Lo cierto es que de la noche a la mañana las cifras oficiales aumentan. Que los papeles se llenan de muertos que no tienen nombre, o que no pueden tenerlo por razones políticas, por la necedad de negar una guerra.

En Reynosa, en Tamaulipas, la devastación es peor que si estuviésemos frente a un campo de batalla. Una realidad que ni siquiera los medios de comunicación quieren ver.

Muertos durante la semana pasada, oficialmente: Veinte.

¿Eran jóvenes, eran viejos, mujeres embarazadas? No lo vamos a saber. Son “bajas”, son consecuencia -nos dicen- de enfrentamientos entre bandas criminales. Son, nos niegan, mexicanos. Que se convirtieron en mexicanos de ínfima sin esperanza.

El “código rojo” en Reynosa es una manifestación social, de civiles, para intentar protegerse de las balaceras. A veces, muchas más de las que quisiéramos siquiera imaginar, balaceras iniciadas por las Fuerzas Armadas. Ahí a cualquiera le disparan. Por error, porque sí, porque iban pasando, porque dicen que eran “malandros”, porque estaban en medio de una batalla.

Una realidad, hay que insistir, que ninguno quiere ver. Que no ha merecido el rechazo social más grande.

Los tamaulipecos no pueden salir de sus casas. No pueden hacer su vida rutinaria. No están amparados por las leyes que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Simplemente: no hay libertad de paso.

Ahí están los criminales. Con los apodos, con la fuerza criminal que se quiera asignarles, con las armas que se quiera constatar. Ahí están los criminales. Pero también ahí están las autoridades.

¿Por qué las autoridades locales, las estatales, las federales incluyendo a la Semar y la Sedena no han controlado la situación?

Porque es una guerra que se juega a medias. Que no se quiere aceptar. Que no se combate como tal.

¿Imposible poner orden, regresar la paz social a Tamaulipas? Imposible encontrar la suficiente decisión política para hacerlo.

Los ciudadanos de Reynosa están acostumbrados a la violencia, más que en otras partes del país, pero la que viven en estos días es, todavía, peor. Hay más peligro, hay más muertos, sobre todo hay una mayor incapacidad de la autoridad. En Tamaulipas el Estado Mexicano es omiso, es fallido.

Lo que dicen sus redes sociales, sus mensajes de auxilio, es la libre, libérrima presencia criminal. Que se pasea por sus calles con sus camionetas blindadas, con sus armas, con sus disparos. Que cierra el tránsito en avenidas, que incendia comercios, que desgracia a familias. Ahí están, a la vista de todos, los criminales. ¿Y los soldados, y los marinos, y los policías federales dónde están? ¿Por qué no salen a esas calles a detenerlos?

La desesperación social es tan grande que comienzan a hablar de licitud otorgada por las autoridades a los criminales. La omisión de éstos, de quienes portan uniforme y deben proteger a la gente, es así de inmensa.

¿Por qué no se puede volver al estado de derecho, a la paz social en Tamaulipas?

¿Y el gobernador, el panista Cabeza de Vaca, en qué lado de la realidad está? ¿Por qué la Secretaría de Gobernación le permite que sea tan inútil en el ejercicio de proteger a la ciudadanía? Lo que es, ha sido siempre, su obligación.

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El aviso permanente, gritado a los cuatro vientos, que se repite en las redes personales, en los teléfonos celulares, que se pasa de voz en voz, es que ninguno vaya a Reynosa. La pregunta es qué hacemos, como país, como Estado, como gobierno, como sociedad, con los que viven ahí.

Si en una parte del país hay violencia impune, nada garantiza que mañana eso no suceda en el resto del país… mientras no salen las cuentas de los muertos… ¿Cuántos de los más de 79,000 que ha habido en este sexenio pudieron haberse evitado con la voluntad del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto? Y si no es de voluntad, de qué…

Fuente:Isabel Arvide
@isabelarvide