“Guerra quieren, guerra van a tener”, fue la advertencia que un grupo criminal escribió con letras negras en una cartulina naranja, colocada en el parabrisas de una camioneta blanca tipo Van robada sólo unas horas antes y en cuyo interior se localizaron 11 cadáveres (dos de mujeres, nueve de hombres), varios de ellos con heridas de arma blanca, otros con impactos de bala y todos atados de manos y pies.
El hallazgo, en la colonia Graciano Sánchez de Boca del Río, ocurrió un día después de que se anunciara el ingreso de la Gendarmería Nacional en la entidad. Policías ministeriales consultados por Proceso afirman que los asesinatos son producto de la lucha entre integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa, que durante gran parte del sexenio del priista Javier Duarte fueron aliados, pero se volvieron a enemistar y ahora desatan en el estado una serie de ataques similares a los que protagonizan en Sinaloa.
La mayoría de los 11 cuerpos, a los que se les tomaron fotografías en el Servicio Médico Forense de Boca del Río, presentan en distintas partes tatuajes de la Santa Muerte, igual que los de 20 sicarios abatidos el 5 de diciembre en el municipio de Jesús Carranza.
A decir del gobernador Miguel Ángel Yunes, estas 11 víctimas fueron identificadas “por familiares y amigos”, pero por la saña “estamos investigando si los ejecutados tienen vínculos con la delincuencia organizada”.
Estruendo de armas y silencio
oficial
Aunque el gobierno de Yunes Linares se enfila hacia sus 100 días, nada cambia: Continúan el tiradero de cuerpos en las zonas centro y sur del estado, los secuestros, el hallazgo de narcofosas, los asaltos a negocios y el robo de autos. El propio Yunes admite que “la percepción ciudadana” está “insatisfecha” con la inseguridad y que “tiene toda la razón”.
El gobernador ha declarado a la prensa que los homicidios múltiples están relacionados con conflictos entre bandas delictivas. Sin embargo, no nombra a los cárteles mencionados y las escisiones de Los Zetas que aún quedan en el norte y el sur de la entidad, así como bandas independientes.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el pasado diciembre, primer mes del “gobierno que rescatará a Veracruz” –como dice el eslogan de Yunes Linares– se registraron 196 homicidios, 64 de ellos con arma de fuego, 11 con arma blanca y 121 en la categoría “otros”.
En enero se dio cuenta de 188 homicidios, 51 con arma de fuego, 14 con arma blanca y 123 en la categoría de “otros”; en esta última suelen incluirse los cuerpos abandonados en la orilla de la carretera o en vehículos.
La misma institución reporta que durante diciembre y enero se abrieron en Veracruz 4 mil 522 carpetas de investigación por delitos, incluidos cinco robos a bancos –establecimientos a los que Yunes les exigió que se hagan cargo de su propia seguridad–, 542 robos a negocios con violencia, 398 robos de vehículos con violencia y 944 hurtos de vehículos sin violencia.
También en enero el SESNSP registra 15 secuestros, es decir más de tres por semana, así como siete robos a camiones de carga y siete a autobuses foráneos.
En el fuero federal, la PGR abrió en diciembre y enero 49 carpetas de investigación tras detener en el estado a sospechosos con armas de uso exclusivo del Ejército, y presentó seis querellas por narcomenudeo y dos por delincuencia organizada.
En una entrevista con Radio Fórmula, el pasado jueves 2, Yunes Linares sostuvo que desde que entró al gobierno 60% de los homicidios en Veracruz son ejecuciones relacionadas con el crimen organizado.
“Es un hecho grave que asumimos y tratamos de resolver. Dejaron un mensaje de una guerra entre ellos y un mensaje de todos nos morimos por parte de un grupo delincuencial. En efecto tenemos un problema grave, de policía muy minada por el crimen organizado”, expuso.
Mientras tanto, su gabinete de seguridad pública y procuración de justicia estableció un cerco informativo para darle prioridad a las directrices políticas del gobernador, como la difusión del aseguramiento de bienes muebles e inmuebles al exgobernador Javier Duarte y familiares, caso del que ha buscado aprovecharse para fincar una imagen de gobernante eficaz.
Sólo el 5 de diciembre, tras un enfrentamiento de civiles armados contra policías estatales y fuerzas federales que duró dos días en el municipio de Jesús Carranza, con un saldo de 20 presuntos delincuentes abatidos, el gobierno de Yunes se vanaglorió de la acción (Proceso 2093).
En contraste, la Fiscalía General del Estado (FGE), que encabeza Jorge Winckler Ortiz, y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dirigida por Jaime Téllez Marié, guardaron silencio el 27 de enero, cuando tres policías municipales de Las Choapas fueron levantados por un comando armado. Un día después aparecieron decapitados y con huellas de tortura en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.
El 1 de febrero, tres marinos fueron “levantados” por un comando armado en el Infonavit Buenavista, hecho que difundió la Secretaría de Marina al día siguiente. Ese 2 de febrero se localizó en el municipio de Nogales una camioneta con ocho ejecutados en su interior. La FGE y la SSP tampoco aludieron a esos hechos.
La madrugada del 28, dos presuntos sicarios fueron abatidos y un marino resulto herido tras un fuerte enfrentamiento en el fraccionamiento Villa Rica del Puerto de Veracruz. Extraoficialmente se dijo en el ámbito policiaco que el enfrentamiento ocurrió cuando los marinos buscaban a sus tres compañeros desaparecidos.
Fue hasta el 5 de febrero, con el hallazgo de restos humanos embolsados a la orilla de una carretera en Los Tuxtlas, cuando un centenar de periodistas le presentó una carta al fiscal general para que abriera el cerco informativo. A regañadientes, el equipo de prensa emitió una breve ficha.
El 26 de febrero la FGE detectó un cementerio clandestino en un predio rústico de la colonia Diana Laura Rojas, municipio de Minatitlán. Aún no comenzaban las exhumaciones cuando llegaron familiares de desaparecidos del sur de Veracruz a fin de presionar a las autoridades para que identificaran los cuerpos.
Fue la tarde del 28 cuando la FGE comunicó que en la fosa había tres cuerpos del sexo femenino, uno de ellos con reporte de secuestro 10 días antes. Los otros dos continúan en calidad de desconocidos.
Entre tanto, el gobierno de Yunes Linares ha optado por un esquema de “recompensas” para combatir e inhibir los delitos del fuero común. El 5 de enero, cuando las protestas contra el gasolinazo se desbordaron en saqueos y causaron pérdidas millonarias en más de 10 municipios, el secretario de Gobierno, Rogelio Franco, afirmó que a través de la SSP se darían recompensas de medio millón de pesos a los ciudadanos que “denunciaran” y “dieran pormenores de ubicación” para aprehender a los principales orquestadores de los actos vandálicos.
El 18 de febrero Yunes Linares, acompañado de su gabinete de seguridad, ofreció en una rueda de prensa las mismas recompensas.
El día 28, en Córdoba, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que continuarán los trabajos del Ejército, la Marina y la Gendarmería Nacional para combatir al crimen organizado en Veracruz.
En una entrevista que dio Yunes Linares a este semanario (Proceso 2067) pidió un plazo de seis meses para “resolver” los secuestros, las extorsiones y los llamados “delitos de alto impacto”. Y seis meses, “máximo un año”, para cercar a Duarte y meterlo en prisión.
Sólo han pasado tres meses. Y aunque ya se tomaron decisiones en Seguridad Pública, no se ha sentido en ese ámbito el “manotazo urgente” que prometió el gobernador.
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