Era 2005 y en México los cárteles de la
droga crecían y se adueñaban de los territorios que arrebataban a empresarios
honestos, ciudadanos de bien y gobiernos corruptos. Entre pocos se repartían
las zonas: el cártel de Sinaloa, el cártel Arellano Félix, el cártel del Golfo,
el del Milenio, los Zetas. Eran las mismas estructuras criminales que desde
hacía 20 años se habían despachado el territorio criminal ante la captura de
los notorios capos Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo.
En Sinaloa, el general Sergio Aponte Polito
estaba a cargo de la Novena Zona Militar con sede en la capital del Estado que
gobernaba Jesús Aguilar Padilla. Los índices de violencia e inseguridad en esa
entidad estaban en los límites del horror. Los narcotraficantes tenían
negocios, coleccionaban casas de seguridad, se paseaban por todos lados,
amedrentaban policías honestos, asesinaban periodistas y activistas, imperaba
la ley del terror que imponía el narcotráfico con sangre. Hasta la sociedad
estaba impregnada de la inmundicia criminal.
Harto de ver consumida la sociedad por la
delincuencia organizada, y ser testigo de la corrupción en las corporaciones
civiles, el General Sergio Aponte Polito pronunció un discurso que más tarde y
con el mismo ímpetu e impacto, ofreció en Baja California.
Acusaba entonces a sociedad y gobierno de
su condescendencia con los miembros del narcotráfico. Señalaba a los ingenieros
que les construían sus guaridas subterráneas, a los arquitectos que les
diseñaban casas con pasadizos y dobles fondos para esconder droga, armas y
dinero. A los banqueros que les aceptaban el dinero mal habido, a las
automotrices que les aceptaban pagos en efectivo por la adquisición de
camionetas, completando con ello un círculo de lavado de dinero. Hasta a la
sociedad que los invitaba a sus casas, les permitía departir con hijos e hijas,
y hasta los hacia miembros de su familia. A las corporaciones corruptas que les
hacían de guardaespaldas oficiales, que les ayudaban a huir después de
asesinar, secuestrar, a los gobiernos que les daban protección y les
garantizaban impunidad.
El narco crecía al amparo de gobierno y
sociedad. Y la única forma de combatirlo era, de acuerdo al General, hacer un
frente un común.
Viene a la mente el General Sergio Aponte
Político (ya en el retiro), porque fue este hombre del Estado, uno de quienes
encabezaron la guerra contra las drogas como llamó Felipe Calderón Hinojosa a
su estrategia de combate a los mafiosos que integraban entonces (algunos aún),
los cárteles de la droga en México.
Don Sergio Aponte fue enviado a Baja
California donde encabezó la II Región Militar en enero de 2006. Empleó el
mismo discurso apelando a la denuncia ciudadana para aprehender a aquellos que
eran protegidos por una parte de la sociedad y por una parte de los gobiernos,
en lo que era una gran base de impunidad a costa de la corrupción. Funcionó.
Los ciudadanos que se veían amenazados por la criminalidad los empezaron a
denunciar, lo mismo a policías corruptos. Con la venia del Presidente de la
República, Felipe Calderón Hinojosa, los militares comenzaron así a perseguir
el narcotráfico y a coordinar a las fuerzas civiles.
La medida tuvo mucho que ver con el hecho
que las corporaciones civiles estaban infiltradas por el narcotráfico y el
crimen organizado. La única institución que garantizaba una tarea neutral al
servicio del estado y no corrompida en sus cimientos era precisamente la
integrada por la milicia. El pacto de Calderón fue sacar el Ejército de los
cuarteles en tanto las policías preventivas, procuradoras e investigadoras eran
depuradas y evaluadas con controles anticorrupción.
Ciertamente sin atribuciones legales más
allá de la orden presidencial y el establecimiento de formas de coordinación en
la ley nacional de seguridad Pública. Los militares contribuyeron grandemente
en la aprehensión de asesinos, narcotraficantes y agentes deshonestos.
Establecieron retener en calles y carretas que contribuyeron a incrementar el
decomiso de drogas, armas, dinero, avionetas, vehículos y demás herramientas de
los narcotraficantes para la producción, venta y trasiego de droga de este País
al de la Unión Americana.
Sin embargo, llegó Enrique Peña Nieto y eliminó
gran parte de esa política de combate al crimen organizado y el narcotráfico.
Empezó por retirar al Ejército Mexicano (No a la Armada de México que sigue
coadyuvando en esas tareas incluso con corporaciones extranjeras), eliminar la
Secretaría de Seguridad Pública Federal que tenía entre otras responsabilidades
la evaluación de las fuerzas del orden civil, erradicar los retenes militares
para el aseguramiento de drogas así como las aduanas internas, ordenando a
Generales no investigar al narcotráfico, desmantelar áreas de inteligencia con
ese propósito y, muy importante, no dar declaraciones al respecto.
Enrique Peña Nieto quería que el mundo y
México se olvidara de la guerra contra las drogas que tanto había costado al
Gobierno Mexicano, y pensara en una tierra pacífica donde los convoyes
militares dejaran de ser parte del escenario cotidiano y los militares no
entraran en disyuntivas legales al realizar una tarea para la cual ciertamente
no estaban facultados.
Los resultados no han sido los deseados. En
45 meses de gestión, a julio de 2016, las personas ejecutadas en territorio
nacional producto de la guerra entre cárteles, ascendieron a 78 mil 109. En
casi cuatro años, Peña está peligrosamente cerca de los 85 mil 35 ejecutados
que se registraron en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. De hecho, de
continuar la inseguridad en los niveles que se viven estos días, habrá más
ejecutados en el sexenio de Peña que en el de Calderón. De igual forma, hay más
organizaciones criminales, especialmente en las localidades de la costa del
pacífico, mientras las existentes en el norte se han adentrado al centro, a la
par que uno de los cárteles más violentos, el cártel Jalisco Nueva Generación,
amplía sus territorios criminales en alianza con otras organizaciones y en
plena impunidad.
La diferencia entre el sexenio de Calderón
y el de Peña es que el Ejército está fuera del combate al narcotráfico, y que
la Secretaría de Seguridad Pública Federal dejó de existir. La otra gran
contradicción: Hay más ejecutados, más violencia y más cárteles.
Por estos días el Secretario General de la
Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, ha establecido que sin
facultades en la Ley ellos poco pueden hacer, además que no han sido instruidos
desde su inicio para combatir al narcotráfico, sino para garantizar la
seguridad interior. Que ciertamente se debe regular la participación de las
Fuerzas Armadas para hacer frente a riesgos y amenazas que vulneran el orden constitucional
y el estado de derecho.
Por estos días, ya con poco margen de
maniobra ante el cierre de sesiones legislativas, los representantes del Poder
Judicial empezarán a discutir en la Juntas de Coordinación Política, tanto de
la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, las reformas a la Ley de
Seguridad nacional para establecer la responsabilidad y facultades de las
fuerzas armadas en la seguridad interior, y la participación de las mismas en
el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Esto ya resulta urgente.
Es evidente por los resultados obtenidos en
los últimos cuatro años, que la ausencia del Ejército en el combate a los
cárteles y la falta de depuración en las organizaciones civiles, han creado ese
ambiente de impunidad y corrupción que ha permitido a las organizaciones
criminales crecer en el País, asesinar a sus detractores y enemigos, a policías
honestos, trasegar droga, cobrar piso, secuestrar, desaparecer.
Diez años después del inicio de la guerra
contra las drogas estamos igual o peor. Con más impunidad, sin un combate a la
corrupción, con los militares en los cuarteles, y los narcotraficantes
creciendo el ilícito negocio ante una estrategia federal que, es evidente, no
funciona. No cuando hay más muertos y más narcos.
Eso sí, hoy como hace diez años, tanto el
Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, están analizando la posibilidad de
cambiar la Ley para darle facultades y responsabilidades a las fuerzas armadas.
Otra vez. O será que sin una estrategia bien fundamentada al Presidente y
a su gabinete ya no se les ocurre otra cosa.
Fuente.-Adela Navarro
