Un periodista mexicano que investiga la corrupción del gobierno fue uno de los objetivos de la empresa de seguridad cibernética NSO Group por consigna de las autoridades, de acuerdo con un artículo de The New York Times (NYT).
NSO Group es una de muchas compañías que se dedican a vender software con la capacidad de registrar toda la actividad de unsmartphone, como la localización del usuario, sus contactos, mensajes y contraseñas. De acuerdo con lo publicado por The New York Times este software puede convertir a un smartphone en un dispositivo de grabación. Además del periodista mexicano, entre los objetivos ordenados a NSO Group se encuentra un activista de derechos humanos en los Emiratos Árabes, por orden del gobierno de ese país.
Muchas de estas compañías venden herramientas de seguridad a gobiernos y agencias de todo el mundo para que éstos puedan llevar a cabo tareas de vigilancia contra el terrorismo y el tráfico de drogas, o al menos esto argumenta NSO Group, cuya misión corporativa es: “Hacer del mundo un lugar más seguro”, indica NYT.
Según los documentos recabados por el periódico estadounidense, NSO Group acordó un contrato de 15 millones de dólares con el gobierno mexicano para desarrollar tres proyectos de vigilancia en el país. Un vocero de la embajada mexicana en Washington dijo al diario que los sistemas de vigilancia que utiliza el gobierno mexicano están sujetos a la legislación y “no son usados contra activistas o periodistas”.
Siguiendo los números presentados por el reportaje, el costo por intervenir el iPhone de 10 personas alcanza los 650,000 dólares. Si una agencia de seguridad o un gobierno desea espiar a 100 personas más, el precio es de 800,000 dólares. Además, es necesario pagar una cuota de instalación de 500,000 dólares y una cuota anual de mantenimiento del 17% del total del contrato.
Ciberespionaje en México.
“Uno de los renglones donde la austeridad gubernamental no necesariamente aplica es el ciberespionaje”, afirma Octavio Islas, en un artículo del periódico El Universal del 9 de septiembre. El columnista recuerda en su texto cuando la compañía italiana The Hacking Team sufrió un ataque de seguridad por el que fueron revelados distintos documentos que exhibían las relaciones comerciales entre la empresa de vigilancia cibernética y varios gobiernos en México, incluido el federal.
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Según la información que se filtró en aquel momento, México era el principal socio comercial de The Hacking Team, ya que los acuerdos de la compañía con diversos gobiernos estatales, como los de Querétaro, Puebla, Yucatán y Durango, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y Pemex alcanzaron un costo de más de 5 millones de euros.
De acuerdo con una nota de Arturo Ángel en Animal Político del 21 de julio del 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional negoció ese año “la firma de un contrato millonario con la empresa de ciber espionaje Hacking Team para la compra de una versión especial de su software Galileo, el cual tendría la capacidad de infectar las computadoras y celulares de hasta 600 blancos distintos y robar toda su información”.
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México espía a sus ciudadanos “de manera incontrolada”, dijo Luis Fernando García, director de R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), entrevistado sobre el tema en julio de 2015. El gobierno está “gastando cantidades de dinero desorbitantes y existe una poca o nula transparencia respecto a la utilización de este tipo de herramientas y su contratación”, dijo García.
Aunque el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negó en su momento que la administración del presidente Peña Nieto haya comprado software a la empresa The Hacking Team aduciendo que los contratos fueron realizados durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, R3D publicó en su cuenta de Twitter el 7 de julio del 2015 la imagen de una orden de compra entre la Segob y The Hacking Team con fecha de abril del 2015.
Sobre la tarea designada por el gobierno a NSO Group no ha habido respuesta ni desmentido oficiales. Tampoco The New York Times ha actualizado la información para conocer con más profundidad el caso y sus alcances. Lo cierto es que la intervención de las comunicaciones privadas, en algunos casos contra periodistas y activistas, se está volviendo cada vez una práctica habitual.
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