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lunes, 25 de julio de 2016

"OTROS 800 KILOS de COCA del NARCO SE VAN al "AGUA" y OTRA VEZ la MARINA ...y otra vez en "Chiapas".



La Secretaría de Marina requisó el sábado en Puerto Chiapas una embarcación con casi 800 kilogramos de cocaína. 

En un comunicado, informó que tras realizar operativos de vigilancia, “una aeronave de la Armada de México avistó una embarcación menor con varias personas a bordo, mismas que al percatarse de la presencia del personal naval, lanzaron unos paquetes al mar”. 

NOTA RELACIONADA:

Por tal motivo, se solicitó apoyo a una unidad de superficie, que se dirigió a interceptar la embarcación sospechosa, cuyos tripulantes se dieron a la fuga, pero se recuperaron 24 paquetes con clorhidrato de cocaína que flotaban en el mar, con un peso total de 793.40 kilogramos.

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Fuente.-

DETIENEN al "BRUSSOLO" por "SECUESTRO" en CIUDAD VICTORIA...por "secuestro agravado" y muchos "agraviados".


El Grupo de Coordinación Tamaulipas informa que en seguimiento a una orden de aprehensión liberada el domingo 24 de julio, personal de la Coordinación Estatal Antisecuestro (CEA) procedió a la detención de un probable delincuente buscado por secuestro agravado.
El detenido responde al nombre de Tomás Brussolo Cortez, a quien se ubicó y detuvo a las 15:10 horas del domingo 24 de julio en la cuadra 9 de la calle Canales, colonia Guadalupe Mainero de esta ciudad capital.
Brussolo Cortez y otros individuos son requeridos por la justicia por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa.
Luego de ser valorado médicamente, Tomás Brussolo fue conducido al Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de esta ciudad capital, donde quedó a disposición del juez penal correspondiente.
Fuente.-GCT

JUICIO a ZETAS en E.U "ENCOCHINO a MOREIRA" ,"DIO LIBERTADES para TRAFICAR y ASESINAR"... hasta helicópteros para escapar de "Marinos".



Además de asesinatos, cobro de piso y tráfico de drogas en Coahuila, los Zetas habrían lavado dinero del narco en el Gobierno de Humberto Moreira a través de constructoras que obtenían contratos para remozar escuelas y construir carreteras.

En un resumen del juicio en Texas contra el capo de los Zetas, Mauricio Millán, publicado por el periódico San Antonio Express News, se señala que la investigación que fiscales federales enfocan contra el ex Gobernador priista por lavado de millones de dólares en Estados Unidos está relacionada con la operación del grupo criminal en Coahuila.


De acuerdo con la publicación, en el juicio se establece que propiedades de ex funcionarios de Coahuila en Texas y cuentas bancarias estarían ligadas a sobornos dirigidos a Humberto Moreira a cambio de libertad para asesinar, traficar drogas e incluso usar vehículos oficiales como helicópteros para escapar de la Marina.

"Los Zetas estuvieron involucrados en minería de cabrón y tuvieron contratos gubernamentales para pintar y renovar escuelas y construir carreteras", se señala en el periódico estadounidense.

"Los fiscales estadounidenses han decomisado decenas de millones de dólares en cuentas bancarias y propiedades en Texas, que ellos (Los Zetas) dicen que fueron adquiridas con los sobornos que pagaron a funcionarios del Gobierno de Coahuila".

"Por primera vez, un testigo federal conectó públicamente a Moreira con los Zetas, el ex Gobernador de Coahuila, que está siendo investigado como parte de una pesquisa de presunto lavado de dinero en Estados Unidos".

De acuerdo con el testimonio de Rodrigo Humberto Uribe Tapia, el grupo criminal sobornaba a funcionarios de Coahuila.

"Los Zetas evadieron arrestos sobornando a la Policía Municipal. Evadieron impuestos sobornando oficiales de Hacienda. Obtuvieron contratos del Gobierno para sus empresas constructoras y el permiso de usar el Penal de Piedras Negras como otra casa de seguridad".

"Incluso usaron helicópteros estatales para escapar de las persecuciones de los Marinos, todo esto sobornando a altos funcionarios en Coahuila", según declaró Uribe.

En el transcurso de la semana pasada, Mauricio Millán fue encontrado culpable de 10 cargos, entre ellos tráfico de droga y asesinatos que, si bien fueron cometidos en Piedras Negras, Allende y otros Municipios del Norte de Coahuila, se pueden castigar en Estados Unidos si están relacionados con el tráfico de droga hacia aquel país.

Entre los testimonios que más afectaron al jurado estuvo la masacre de cientos de personas de Allende y el asesinato en 2013, de una familia, comenzando por una niña de seis años, a quien habría cortado viva con un hacha frente a sus padres.
Fuente.-

domingo, 24 de julio de 2016

EN "GUERRERO la TIERRA CALIENTE ARDE"..."seguridad de a mentiras" con "Inseguridad de a deveras".


Hay un cuartel militar y bases de la policía federal, pero esta región guerrerense no es una zona segura. 
Un grupo delincuencial plenamente identificado -cuyo líder se le escapó a la Sedena en 2012- opera libremente en al menos 4 municipios: Pungarabato, Cutzamala, Coyuca de Catalán y Arcelia. Sin mayor problema, la célula de los 'Templarios' extorsiona cada fin de año a comerciantes y alcaldes. Los primeros huyen o pagan. En el caso del presidente municipal Ambrosio Soto, se resiste a dar lo que le piden, por ahora y con urgencia: 3 millones de pesos de los recursos del municipio. El gobierno federal le dio una promesa: “Se va a actuar”... Y le proporcionó escoltas. Pero el problema no se soluciona. El edil pide “compasión” a la administración peñista con los habitantes de esta zona, donde la seguridad federal hasta ahora es simulada. Mientras tanto, el gobernador Héctor Astudillo no atiende la situación, pese a que asumió el cargo desde octubre pasado.
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Una camioneta de federales vestidos de azul marino, con chalecos negros y armas largas, patrulla sobre la avenida Lázaro Cárdenas, el acceso principal a Ciudad Altamirano. La imagen es común en estos días  y desde antes de que el gobierno deEnrique Peña Nieto tomara el control de la seguridad en el municipio de Pungarabato y el resto de los municipios de la Tierra Caliente, luego de la tragedia del año pasado en Iguala, al norte del estado. 
El patrullaje puede ser de federales -que se asientan en hoteles de la zona, los cuales toman por completo-, o en menor medida, también de militares, quienes tienen un cuartel a la salida de Altamirano.
Pero la apariencia de que hay elementos de seguridad en la calurosa cabecera municipal, enclavada entre cerros y ríos, es sólo eso: una apariencia.
Desde la llegada del presidente Enrique Peña Nieto -hace 3 años- no han sido atendidas las extorsiones que, año con año, previo a Navidad, comienzan a cobrar los integrantes de un brazo del crimen organizado, dedicado a los secuestros, extorsiones y narcotráfico, además de generador de diversos hechos violentos, en al menos 4 municipios de la región de Tierra Caliente: Pungarabato, Cutzamala, Coyuca de Catalán y Arcelia. 
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No se necesita una acción de inteligencia para dar con los responsables.
El gobierno federal tiene toda la información: se trata de una célula de Los Caballeros Templarios, encabezada por “José Pineda”. Quienes lo conocen le dicen simplemente “don José“.
Pero ese -apuntan los datos entregados al gobierno federal para que actúe- no es su nombre real. En realidad se llama Rodolfo Maldonado Bustos, y se le puede encontrar enCutzamala de Pinzón, ubicada a unos 30 minutos de Altamirano.
La Secretaría de la Defensa Nacional tiene información sobre el líder de la banda, pues según su comunicado del 22 de octubre de 2012 -antes del cambio de gobierno federal-, el narcotraficante se les escapó a los militares, durante un presunto golpe contra dicha célula que azuza la Tierra Caliente.
El boletín de la Sedena dice, no obstante, que se logró la detención de “siete presuntos integrantes de la organización delictiva ‘Los Caballeros Templarios'”. 
El comunicado del Ejército indicó que los 7 detenidos en aquel entonces manifestaron pertenecer al grupo de seguridad de GREGORIO ABEJA LINARES (a) “EL GÜERO ABEJAy de JOSÉ PINEDA GONZÁLEZ y/o RODOLFO MALDONADO BUSTOS (a) “DON JOSÉ”, jefe regional y lugarteniente de “Los Caballeros Templarios”, respectivamente, y que fueron estos dos sujetos los que habían logrado huir.
A los 7 detenidos les decomisaron lo siguiente:
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Quien no corrió con la misma suerte que Rodolfo Maldonado fue Gregorio Abeja, quien fuedetenido en agosto 2013, en un fraccionamiento residencial de Morelia, Michoacán. 
‘Don José’ siguió libre y después de aquellos hechos, año con año manda a cobrar “la cuota”, a través de un simple pedazo de hoja de papel, a cientos de comerciantes de Tierra Caliente -testimonios mencionan que incluso tiene una lista-, sin importar si son grandes, medianos o pequeños y pese a la presencia militar y federal en la zona.
Lo que el narco pide a los comerciantes depende del tamaño del negocio. Uno de los números a los que pide marcar esta banda de Templarios es el siguiente: 767 101 66 35.
Pero no sólo buscan el dinero de los comerciantes.
Además, el grupo delincuencial va tras los Ayuntamientos. Ese es el caso del de Pungarabato, donde en las pasadas elecciones perdió el PRI y ganó el PRD por menos de 100 votos.
El candidato ganador fue Ambrosio Soto Duarte, quien asumió su cargo apenas en octubre pasado. Pasaron unos días y el 18 de ese mes, recibió en su teléfono un mensaje: “se le pidió que se arrime a platicar, no se arrimó, es en buen plan, y usted no quiere… para mañana lunes (19 de octubre) quiere los 3 millones acordados… si pasa un día será el doble”. El presidente los ignoró porque no estaba dispuesto a pagar.
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Sin embargo, las amenazas continuaron a través de mensajeros que llegaron hasta sus refaccionarias, las mismas que decidió cerrar más de una semana por temor a represalias.
El alcalde -como otros comerciantes que temen ser extorsionados o se niegan a pagar lo que les piden- decidió bajar las cortinas:
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La presión para el edil de Pungarabato lo llevó a poner su renuncia sobre la mesa de su partido. Sin embargo, para que ésta procediera tendría que presentarse una solicitud de licencia (no una renuncia) ante el Congreso del estado. 
El PRD presentó una denuncia de hechos, por lo que ocurre en la Tierra Caliente de Guerrero, ante la Procuraduría General de la República, de la cual no ha tenido respuesta. No obstante, desde esta semana el alcalde pungarabatense ya cuenta con escoltas.
Los datos que tiene en su poder el gobierno federal sobre la organización delictiva que se ha convertido en el flagelo de la región son por demás contundentes.
La autoridad municipal -se pudo corroborar- ya entregó toda la información al gobierno federal y sólo obtuvo como respuesta una promesa: “se va a actuar”.
Mientras que este mes las denuncias ciudadanas se multiplican.
Decenas de comercios analizan qué hacer cuando les llega el papel; no saben si pagar o no. O no tienen dinero para cumplir con lo que los delincuentes les piden.
Muchos comerciantes optan por negociar un pago de cierta cantidad de dinero, acercándose a lo que les piden, pero poco menos de lo que les dijeron en principio.
En Ciudad Altamirano, la cabecera del municipio de Pungarabato, es hostigado desde el pequeño comerciante, hasta los grandes negocios, a los que el grupo delincuencial busca exprimir a como dé lugar.
Algunos de la banda de extorsionadores -cuyos mensajeros suelen ser jóvenes- se toman la molestia de indicar: “Le manda esto don José”, para dejar claro que no es un simple aviso de cualquiera. Se trata del grupo criminal más grande en esta región del estado colindante con Michoacán.
“Cualquier salida es complicada”
La amenaza más grande pesa ahora sobre el presidente municipal de Pungarabato,Ambrosio Soto Duarte, quien aunque lleva dos meses en el cargo, reconoce en una charla: “La verdad pensé que iba a ser más fácil arreglarlo”.
Sobre su cabeza da vueltas la advertencia: o paga (con el dinero del municipio) o se atiene a las consecuencias. Y sólo el grupo delincuencial sabe sus propios planes.
El grupo de Templarios le pidieron, además de los 3 millones de pesos, una parte de las ganancias de una de las ferias más grandes de la región, conocida popularmente como “La Expo”, de la que se obtienen miles y miles de pesos en diez días de espectáculos, juegos y deportes.
Los delincuentes le dijeron a Soto que el año pasado, el entonces presidente municipal (de extracción priista), Reynel Rodríguez, y los organizadores de la feria, les dieron 600 mil pesos, además de ganado. Todo para el narco. Eso, sumado a la cuota que, según reportes locales, pagaba sigilosamente el anterior Ayuntamiento de Pungarabato al mismo grupo criminal.
El alcalde conocido localmente como “Bocho” dice que no está dispuesto a seguir pagando: “Tenemos que poner a un alto”, asegura. “No se hace nada (contra las extorsiones), ni la autoridad federal ni la estatal”.
Soto Duarte alertó al PRD de lo que ocurre en la región:
“Yo decidí poner en manos del Comité Ejecutivo Nacional (del PRD) mi puesto y decirle que yo no puedo seguir así en estas condiciones, porque mañana voy a estar en la cárcel por faltantes, porque me faltan recursos porque no compruebo, o seguramente voy a estar en la cárcel como el presidente de Cocula (quien se reunió con un líder del grupo criminal “Guerreros Unidos)”,según  revela  una conversación telefónica.0
“Es una decisión complicada, difícil, no tienes más alternativas: la cárcel o la amenaza de muerte que existe (en su contra), cualquier salida para nosotros es complicado”, agrega. E indica que su futuro lo definirá su partido -que no está dispuesto a perder un municipio arrebatado al PRI-, por lo que seguirá trabajando al frente del Ayuntamiento.
El caso de Ambrosio Soto es sólo la punta del iceberg: las extorsiones a los comercios de Ciudad Altamirano escalaron al grado que las grandes cadenas nacionales no están exentas.
Hace unos meses llegó a Altamirano la tienda Coppel, cuyo gerente fue levantado la semana pasada, por no dar el pago que le solicitaron.
Trasnacionales como Coca Cola han sufrido también la inseguridad: en junio pasado, cerró en definitiva su planta en Arcelia, luego de que en 2014 cuatro camiones de la empresa refresquera fueron retenidos e incendiados. A mediados de este año, sus más de 120 trabajadores en Arcelia fueron liquidados.
A finales de este mes, las amenazas se multiplican: a las purificadoras de agua de la zona les pidieron 25 mil pesos; a un sitio de taxis, 50 mil; a una refaccionaria le exigen 100 mil pesos; a una empresa llantera, 200 mil; a las tiendas de una misma familia, la extorsión se eleva hasta el millón de pesos.
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Reportes recientes apuntan que otro de los grandes empresarios de la región, Humberto Flores, también fue amenazado y cerró dos gasolineras que administra: una en el centro de Arcelia y otra en la carretera Arcelia- Iguala.
De acuerdo con los comerciantes consultados en Pungarabato -quienes pidieron omitir sus nombres- la cuota de este año es prácticamente el doble de la que les pidieron el año pasado. Lo que ellos creen es que se elevó debido a que el Ayuntamiento de Pungarabato no les ha pagado a los delincuentes, como presuntamente lo hacía la administración anterior.
Actualmente, la fuerza municipal es mínima: sólo hay 38 policías municipales, de más de cien que le corresponden a Pungarabato. El motivo: el mes pasado fueron dados de baja más de 50 elementos que no aprobaron el examen de confianza y otros por motivos de salud.
En tanto, las fuerzas federales presentes en la región repiten una actitud que han venido sosteniendo desde hace meses. En diciembre 2014, El Sur documentó cómo reaccionó un policía federal en su base de Coyuca“Un grupo de comerciantes acudió a la base de la Policía Federal en Coyuca de Catalán para reclamarles su pasividad ante el cobro de la cuota anual, pues la mayoría de los locatarios de la avenida principal ya pagó la extorsión, aun cuando está la base a pocos metros de ellos. El reclamo se debió a que, nuevamente a otros más les entregaron un papel con un número telefónico para que negocien el pago, sin que se haya dado ninguna acción por parte de la Policía Federal.
“¿A poco los están extorsionando?”, preguntó uno de los policías de guardia a los comerciantes que se presentaron en su base, y no hubo ninguna acción de parte de los federales, que incluso llamaron a su jefe quien se metió al hotel donde se hospedan para no escucharlos más”. 
El dos veces alcalde de Pungarabato, Víctor Mojica Wences -quien el año pasado se enfrentó directamente con uno de los extorsionadores- preguntó en su Facebook en noviembre pasado: “¿Servirá de algo sumarse a la indignación que corre en todo el estado por la ola de violencia y terror que se vive actualmente? ¿Y decir algo sobre ello hará que las autoridades federales, estatales y municipales actúen ya?”
Y lamentó: “En Cd. Altamirano en las narices de las policías y militares los extorsionadores van y vienen por la calle principal”.
-¿Y la seguridad, dónde está el operativo federal de la Tierra Caliente, dónde están?-, se le pregunta al actual presidente municipal Ambrosio Soto.
-No los veo yo.
-Patrullan en su municipio…
-No veo nada yo. La situación es muy complicada, lo debe de saber la Federación, lo debe saber el estado, y mientras quienes estamos sufriendo es la gente de a pie, la gente que estamos acá, es del dominio público todas las extorsiones que hacen, mucha gente lo ha externado, están cerrando negocios porque no hay dinero pues, la situación económica es difícil, yo creo que es muy complicado seguir en este ambiente.
Los comerciantes viven en una línea de fuego: pagar o no. O huir.
En Pungarabato ya analizan otra opción que algunos ven lejana: organizarse, armarse y enfrentar directamente a los delincuentes.
fuente.-


LOS "ZETAS,REYES de COAHUILA con PERMISO OFICIAL"..."instancias oficiales" crearon el "ecosistema perfecto" y perverso para erigirse como tal.


Mientras las plazas que controlaban Los Zetas en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz o Zacatecas padecían encarnizados embates del Cártel del Golfo, La Familia Michoacana o el Cártel de Sinaloa, en el norte de Coahuila los líderes de esa mafia han disfrutado en paz y tranquilidad por lo menos durante la última década, pues compraron a las autoridades. 
Los dichos de un testigo –en el juicio a un sicario en Texas, que concluyó la semana pasada– revelan detalles de esa impunidad lograda a base de sobornos que incluso habrían llegado hasta el palacio de gobierno.
San Antonio, Tex.- “Era la madrugada del sábado, acababa de llegar a mi casa y me preparaba a dormir”, contó Adolfo Efrén Tavira Alvarado el pasado jueves 14, sentado en el banquillo de los testigos de la Sala Tres de la Corte Federal de Estados Unidos, División San Antonio.
“De repente sonó el portón de la casa. Cuando me asomé vi que entraron tres personas armadas. ‘Vienen por mí’, le dije a mi esposa”. En su domicilio dormían sus dos hijos menores. El mayor había salido con sus amigos.
“Le dije a mi esposa que escondiera a nuestros hijos, cuando gritaron mi nombre y entró Gustavo (Ramón Martínez), mi amigo”. Éste dijo: “¡Compadre, vámonos, apúrate!”. Enseguida entró Marciano Millán Vázquez, Chano, ordenando: “¡Vámonos ya, rápido!”. El tercer hombre se apostó a la entrada. Se cubría la mitad del rostro con una máscara de calavera.
Gustavo tomó a los hijos de Tavira, que ya lo conocían, y los escondió en un clóset junto con su esposa, para que Chano no se los llevara.
“Gustavo me preguntó: ‘¿Qué hiciste?’ ‘No he hecho nada’, respondí”. Lo sacaron de su casa y lo tiraron en el piso de una camioneta. Lo trasladaron a un lugar al cual tardaron unos 15 minutos en llegar. Durante el trayecto sólo se escuchaban radios informando que ya lo llevaban. Arribaron a un gran terreno bardeado en el extremo oeste de Piedras Negras.
Ahí Chano lo bajó y lo esposó. Lo llevó a otra camioneta. Era una noche oscura, pero Tavira logró ver que en el sitio había muchos vehículos y decenas de sicarios armados. En un lugar del terreno alcanzó a ver a más de 30 personas de rodillas, con las manos amarradas a la espalda.
En la camioneta lo esperaban los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, Z-40 y Z-42.
“Fue la primera vez que los vi”, dijo Tavira en el juicio.
“Éste es Tavira, el que trabaja con Poncho”, le dijo David Alejandro Loreto Mejorado, El Comandante Enano, a Z-40. Éste le preguntó: “¿Dónde está Poncho?”
“Le dije que hacía tiempo que no lo veía”, contó el testigo.
En ese momento llegó otro zeta, Daniel Menera –con un teléfono en la mano–, y le dijo a Z-40: “Comandante, ¿me permite? Tavira trabaja para nosotros, ya no trabaja para Cuéllar”, y le entregó el celular. Z-100 llamaba.
Tras tomar la llamada, Z-40 dijo: “Ok, está bien. ¿Por qué no me habían dicho? En este momento lo dejo ir, pero cualquier cosa que haga, tú me respondes”, le comentó a Menera.
Menera lo subió a un auto y salieron del terreno. En el trayecto pasaron junto a las personas hincadas, entre las cuales alcanzó a ver a un amigo suyo de la secundaria, Víctor Cruz, con su esposa y su hijo. Eran amigos de Alfonso Poncho Cuéllar.
“Ya que estaba en el carro”… Tavira interrumpió su testimonio y rompió a llorar. Se hizo un gran silencio en la sala. Después de una pausa agregó: “Se comenzaron a oír disparos”.
Horas antes, al filo de las 17:30 del viernes 18 de marzo de 2011, habían llegado a Allende 42 camionetas con unos 200 hombres armados, escoltadas por cuatro patrullas de la Policía Municipal. Esa tarde los sicarios se llevaron a más de 150 personas rumbo a un rancho sobre la carretera a Villa Unión.
La escena se repitió varios días en municipios de Cinco Manantiales, de la Región Carbonífera y Ciudad Acuña.
El narco antes de Los Zetas
Tavira Alvarado, de 46 años, rindió su testimonio en el juicio del narcotraficante mexicano Marciano Millán Vázquez, Chano, un sicario que en Coahuila descuartizó con un hacha a una niña viva frente a sus padres y asesinó y “cocinó” al menos a una docena de víctimas, mientras en San Antonio acudía los domingos a misa.
Chano operó la masacre de Piedras Negras y luego fue ascendido a jefe de plaza en esa ciudad fronteriza. Fue detenido en 2015 en San Antonio. Para juzgarlo por los crímenes cometidos en Coahuila. Los fiscales de la Corte de Estados Unidos utilizaron un apartado especial de la ley que así lo permite, hecho que marca un precedente en la justicia estadunidense.
Tavira fue uno de los principales testigos contra Chano, pues trabajaron juntos en el tráfico de drogas y armas durante varios años. Tavira estudió la carrera de técnico mecánico minero. Desde 1996 trabajó en Televisa.
“Llegué al puesto de gerente de Producción, estuve también en el Departamento de Programación y de Noticieros”, confesó al narrar su trayectoria en Piedras Negras, de donde es originario.
Entró al tráfico de drogas pues todos los amigos con quienes estudió estaban en el negocio. En una ocasión uno le solicitó que quitara los nombres de detenidos para que no salieran en las noticias. Al principio lo hizo como un favor, pero luego se hizo rutina y le pagaban por esa actividad. “Yo les pagaba a otros reporteros” para que hicieran lo mismo.
Entre los conocidos que se habían implicado en el trasiego de narcóticos estaban Ediberto Casas, El Buda; Armando Mares; Ricardo Guerra; Celso Martínez Pérez; Juan Lagos; Julio Santoscoy García y dos más que sólo identificó por los alias de El Cheque y El Diente.
A mediados de los noventa Tavira les compraba cocaína a dos personas que venían de Cuernavaca. La traían de Colombia y Perú. Viajaban en autobús con unos cinco kilos de la droga escondidos en el cuerpo. “En ese tiempo no existían los cárteles, cada quien podía comprar su mercancía”, dijo.
En 2000 renunció a Televisa y se fue a vivir dos años a Austin, porque no se pudo arreglar con un policía federal que lo quería detener. “Me regresé a México porque el federal que me buscaba fue cambiado”.
Contó que en ese tiempo les pagabas a las autoridades y todos trabajaban tranquilos. Sin embargo, cuando llegaron Los Zetas, en 2004, “todo cambió”. Tenían que reportarles todas sus actividades.
Llegaron a tomar la plaza y la mayoría decidió unirse. Uno de quienes se sumaron a Los Zetas lo contactó. “Me dijo: ‘Quiero que te reportes; si no lo haces va a ser peor’”.
Arregló su presentación con Galindo Mellado Cruz, Comandante Mellado o Z-10.
En la reunión, Z-10 se congratuló porque se había acercado solo. “Me dijo que todo lo que quisieran mover o comprar en Piedras Negras tenía que reportarlo. Ellos me darían la droga”. Le advirtió que ya no podía trabajar sin reportarle a Los Zetas. Y que no podía hacer cosas por su cuenta.
El sistema que impusieron fue entregarles droga y a cambio la tenían que respaldar con alguna propiedad o negocio. Si se las decomisaban, perdían la prenda.
Tavira continuó contrabandeando droga con Edilberto Beto Casas y Cheque desde 2007 hasta principios de 2010. Se encargó de supervisar los transportes y los choferes que la cruzaban.
Conseguía carros con un compartimiento secreto y buscaba una persona que tuviera “la personalidad” del vehículo. El contrabando se realizaba de la siguiente manera: se le entregaban el auto, dinero y un celular al chofer, quien dejaba el vehículo estacionado en un lugar indicado. Luego Tavira llamaba al dueño de la carga para que la recogiera.
En 2008 se retiró Z-10 y llegó Z-100 a hacerse cargo de la plaza. En esa época Ezequiel Rodríguez trabajaba para Z-100 y tenía un negocio de lavado de autos, el más grande de Piedras Negras. Ahí se realizaban las entregas de droga. Tavira conoció ahí a Marciano Millán.
Nos entregaban de 50 a 100 kilos de coca una o dos veces por mes, pero no trabajábamos todo el año. Movimos entre mil 500 y 2 mil kilos por año.
Desde 2010 hasta 2013, Z-42 controlaba la región. Poncho Cuéllar, de origen estadunidense, fue más que jefe de plaza en Piedras Negras desde mediados de 2009 hasta principios de 2011.
“Con Poncho Cuéllar trabajé a finales de 2010. Él me entregaba cocaína y yo tenía gente para mover la droga a donde me dijera. Con Cuéllar coordinaba los cargamentos para cruzar la frontera de Estados Unidos. En un momento dado, Poncho estuvo al mismo nivel que Z-42. Se encargó de mover toda la coca de Los Zetas. Era la época en que trabajábamos más duro. En ese tiempo recibía hasta 35 kilos de coca por semana y la pasábamos en cinco camionetas. Poníamos entre 35 y 45 kilos en cada una de ellas. Estábamos moviendo mil kilos por mes, y en esa época llegamos a traficar unos 4 mil kilos”, rememoró el testigo.
Las camionetas que usaban tenían el tanque de gasolina alterado; se habían modificado en el Centro de Readaptación Social de Piedras Negras y además la policía de ese municipio los protegía.
En febrero de 2011 Cuéllar dejó de trabajar para Los Zetas y huyó a Estados Unidos. “Sólo Poncho sabía qué hizo contra Los Zetas para que mataran a todos sus amigos. Pero ante de irse él les aviso a sus aliados en el narcotráfico para que se fueran. Los que mataron eran pura gente inocente”.
El propio Cuéllar contó lo ocurrido en un juicio celebrado en Austin, Texas, a donde acudió a rendir testimonio contra José Treviño Morales, hermano mayor de Z-40 y Z-42, y el empresario veracruzano Francisco Colorado Cessa.
Cuéllar especificó que comenzó a traficar drogas desde los 18 años. Fue arrestado y pasó unos años en prisión. En 2005 salió y fue a Coahuila, donde comenzó de nuevo a traficar junto con Héctor Moreno, un joven hijo de familias ricas de Allende, y con José Vázquez, contacto en Dallas que recibía los narcóticos.
Poncho compró 10 celulares BlackBerry con los cuales se coordinaban las operaciones de Los Zetas a través del sistema de mensajes encriptados de esa marca.
“Todo lo que se hizo fue a través de mensajería. Compré 10 BlackBerry, uno para Miguel, uno para Omar y otros para más personas. Uno era para mí. En cierto momento, Héctor Moreno y José Vásquez estaban denunciando a la DEA y el ICE las operaciones de narcotráfico. Esas dependencias les avisaron a las autoridades mexicanas. Pero las autoridades mexicanas les dijeron a los capos que alguien dentro de mi organización los estaba traicionando. Por eso huí a los Estados Unidos.”
Los mensajes que salieron del móvil de Moreno fueron entregados a Z-40 por funcionarios de la Procuraduría General de la República, después de que los recibieron de la DEA. A partir de ese momento se desató la masacre.
“Ellos destruyeron todo, rompieron todo en pocas piezas; mis casas y los apartamentos. Robaron mis caballos. Todo lo que yo tenía me lo quitaron. Y mataron a muchas personas cercanas a mí”, concluyó Cuéllar.
Esa madrugada de marzo de 2011, Z-40, Z-42 y otros sicarios asesinaron a 40 amigos de Poncho. Además destruyeron con maquinaria pesada 27 casas y departamentos propiedad del capo en Piedras Negras.
Dinero para el gobernador
“Los Zetas controlaban a la Policía Municipal de Piedras Negras. También compraron mandos de la Policía Federal y a algunos miembros del Ejército. Tenían arreglos con la PGR. Con la Marina no pudieron.
“Supe de una contribución que le entregaron al gobernador, en el año 2012. Era para Rubén Moreira, no sé cuánto dinero era. Estuve presente en una entrega, pero me salí antes de que se realizara. Fue en el Rancho de Beto Casas. Le entregaron una Suburban llena de maletas de dinero, pero no supe la cantidad.”
Otro de los testigos, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, hijo de un exalcalde de Piedras Negras y quien tiene dos hermanos desaparecidos, confesó que fue operador financiero de Los Zetas y que entregó 4 millones de dólares a funcionarios de la administración de Humberto Moreira para comprar protección a la organización criminal.
“El dinero se entregó a través de Vicente Chaires (exsecretario particular del gobernador) y Jesús Torres Charles (exfiscal general), y varios pagos se hicieron en Saltillo. Fue algún tipo de acuerdo con el gobernador Humberto Moreira”, afirmó Uribe Tapia, quien fungió como testigo de la fiscalía.
Quizá el dinero no llegó a Humberto Moreira o la comisión que le dieron a Vicente Chaires Yáñez fue muy generosa, ya que se transformó en un próspero empresario de bienes raíces e incursionó en el negocio de la radio y la televisión. Compró propiedades al empresario Roberto Casimiro González y se hizo dueño de terrenos en San Antonio.
Para abril de 2013 Tavira se entregó en Estados Unidos. Quedó detenido por portación de armas y fue condenado a 30 años de prisión.
“Ya no quería estar en Piedras Negras. Ya no quería seguir trabajando para el cártel. Pero no podía huir o salirme del cártel y además tenía a toda mi familia en México.”
Para esa época Chano ya era jefe de plaza. Tras su juicio, el jurado lo encontró culpable y le espera una condena de cadena perpetua.
La defensa intentó demostrar su “inocencia” con documentos oficiales del gobierno de Coahuila, en los que se asegura que Millán Vázquez no tiene una investigación en su contra ni antecedentes criminales en el estado.
La corte rechazó el oficio argumentando: “El documento mexicano no es fiable, ya que se generó en el estado de Coahuila, cuyas autoridades han sido cómplices del cártel de Los Zetas en el tráfico de narcóticos”.
fuente.-