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viernes, 20 de mayo de 2016

"DETIENEN DOS MILITARES MAS por 'VIDEOTORTURA"...


El caso del video donde una mujer aparece siendo torturada por policías federales y militares, y que detonó un escándalo internacional para el gobierno de México hace unas semanas, sumó en días pasados nuevas detenciones con lo que el número de procesados se elevó a siete. 

Hasta el momento un mayor, un capitán, dos mujeres soldado, una agente y dos policías federales, están acusados por diversos delitos. Los primeros en el fuero de guerra enfrentan cargos por desobediencias y falsedad de declaraciones, tres agentes federales y dos de los militares están acusados de tortura ante la justicia federal.

El pasado sábado 14 de mayo, el mayor de infantería Ricardo Lara Aguilar y la soldado Lluviana Vargas Truché, dos ex integrantes del 12 batallón de Policía Militar que participó en el operativo especial “Iguala” en diciembre del 2014, ingresaron detenidos a la prisión del Campo Militar número uno en la Ciudad de México. Ambos enfrentan cargos ante el juzgado segundo militar por falsedad de declaraciones, derivado del caso del video donde aparecen militares y policías federales torturando a una mujer.

El mayor Lara y la soldado Vargas Truché se sumaron al capitán Juan Carlos Limón Portillo y a la soldado Dulce Elena Reyes Ramos, ambos acusados de desobediencia en el fuero de guerra, como parte del grupo de militares procesados por los hechos donde Elvira Santibáñez Margarito, una mujer que había sido detenida durante el operativo en posesión de armas de grueso poder, dinero en efectivo y equipos de radio comunicación junto a dos cómplices, aparece en el suelo, con una bolsa en la cabeza, sometida a un interrogatorio.

Los cuatro ex integrantes del 12 batallón de Policía Militar, que tiene su sede en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, se sumaron a los policías federales Karina Conde Cedillo, quien aparece en el video sujetando la bolsa en simulacros de asfixia durante el interrogatorio, Miguel Ángel Arcos Alvarado y José Antonio Vera Palma, involucrados en el escándalo mediático que obligó al general Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, a salir a pedir disculpas por lo exhibido en esas imágenes.

Los primeros detenidos por el contenido del video fueron la soldado Reyes Ramos y su superior jerárquico inmediato, el capitán Limón Portillo, presos desde enero pasado en la cárcel del campo militar número uno. Tras la difusión de las imágenes a mediados de abril, la Comisión Nacional de Seguridad anunció que la mujer policía que aparecía en el interrogatorio y dos agentes más habían sido puestos a disposición de las autoridades judiciales.

Nunca se dijo de quiénes se trataba, pero de acuerdo a documentos del juicio por tortura que se les sigue en tribunales federales, los agentes federales involucrados son la mujer policía Karina Conde Cedillo y sus colegas Miguel Ángel Arcos Alvarado y José Antonio Vera Palma.

El responsable del sector
Lara Aguilar por su rango de mayor, era el responsable del sector de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente de Guerrero, donde en febrero del 2015 Elvira Santibáñez Margarito fue detenida junto a José Villalobos Díaz y Juan Hernández Villa en posesión de un arsenal, dinero en efectivo y equipos de comunicación. Por uno de estos aparatos, poco después de su captura, se escuchó que un comando de pistoleros preparaba un asalto a la Base de Operaciones Mixtas (BOM) establecida en éste poblado, para rescatarlos.

Hubo necesidad de formar barricadas con los vehículos de la Policía Federal y del ejército para emplazar ametralladoras, de acuerdo a declaraciones ante la Procuraduría de Justicia Militar de algunos integrantes del 12 batallón de Policía Militar que formaban parte de la Base. No hubo ningún ataque pero durante la movilización se apersonó el mayor Lara, acompañado de la soldado Vargas Truché, y ordenó al capitán Lara Limón que sacaran a los detenidos para llevarlos a otro lugar.

En un convoy de unidades del ejército y camionetas de la Policía Federal, se dirigieron a las afueras del poblado, al llegar a una glorieta se detuvieron, bajaron a los tres detenidos y los metieron a una casa que se encontraba en obra negra. Ahí por el lado del ejército se comisionó a la soldado Reyes Ramos, y por la Policía Federal a la agente Conde Cedillo para que interrogaran a Elvira Santibáñez Margarito.

En las imágenes que se difundieron del interrogatorio, Reyes Ramos ataviada en uniforme de campaña, le apunta con un fusil en la cabeza mientras Elvira yace primero sentada y después de rodillas en el piso. Quien le coloca la bolsa en la cabeza, la presiona y la jalonea para intentar asfixiarla es Conde Cedillo. En las imágenes no aparecen, pero de acuerdo a declaraciones de testigos, detrás de la cámara estaban el capitán Limón y los agentes Arcos Alvarado y Vera Palma.

Hubo un momento durante el interrogatorio en que se apareció el mayor Lara en compañía de la soldado Vargas Truché. Asumió el papel de “policía bueno”, y le dijo a Elvira que se calmara, que dejara de llorar y que les dijera donde se encontraban el resto de sus cómplices, según declaró uno de los policías militares cuyo testimonio se anexó al expediente.
Ninguno de los testigos precisó quien o quienes realizaron la grabación del video.
¿Quién torturó?
Presa en un penal federal en el estado de Morelos, Elvira Santibáñez ha sido llamada a comparecer en las primeras diligencias contra el capitán Limón y la soldado Reyes Ramos, a quien no reconoció como la autora del interrogatorio y tortura.

De acuerdo a los abogados de la soldado, en la primera comparecencia de la víctima, en ningún momento ubicó a Reyes Ramos como la autora de la presiones para que declarara. Por el contrario, refiere que se trató de un varón, un agente de la Policía Federal que era quien daba las órdenes.

Elvira Santibáñez se ha mostrado nerviosa en sus primeras comparecencias ante el juzgado federal donde se ventila el caso de tortura, de acuerdo a la defensa de la soldado Reyes Ramos. Están por realizarse en los próximos días nuevas diligencias donde tendrá que confrontar a la agente Conde Cedillo, quien fue la que la presionó y amenazó, según se desprende del video.

Por su parte la soldado Reyes Ramos ha señalado en sus primeras comparecencias que ella solo obedeció órdenes. En la línea de mando es la que se encuentra en la parte más baja, la que ejecuta y actúa ante disposiciones de sus superiores jerárquicos. Como lo hizo ante las instrucciones que dijo recibió del capitán Limón Portillo, comandante de la sección de Policía Militar que participó en aquel operativo donde se detuvo a Santibáñez y sus dos acompañantes.

Fuente.-Juan Veledíaz
@velediaz424



LA "DEA" se "DEJO QUERER en NUEVO LEON" y ACEPTO HACER "FAVORES ILEGALES"....otro corrupto que se distingue demasiado tarde.



Un ex agente antinarcóticos de la DEA asignado a Nuevo León se declaró culpable de haber aceptado viajes en aviones privados de un empresario sampetrino a cambio de hacerle el favor de recomendar al Gobierno de Estados Unidos que cancelara la visa de una hermana y un cuñado con quienes tiene un litigio.

De acuerdo con un reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicado el miércoles, el ex agente Leonardo Silva reconoció haber aceptado cuatro viajes en el avión de este empresario y no haberlos reportado en su declaración financiera ante las autoridades estadounidenses.

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Abusando de su cargo, Silva recomendó al Departamento de Estado de su país la cancelación de la visa de Estados Unidos de los familiares del sampetrino, señalándolos como distribuidores de cocaína.

"El ciudadano mexicano que era propietario del avión privado de 18 plazas estaba involucrado en una disputa por herencia con una familiar", indica el reporte público.

"De acuerdo con los documentos de la Corte, en el 2012 y el 2013", continúa, "Silva dio información falsa al Departamento de Estado, indicando falsamente, entre otras cosas, que esta familiar era una distribuidora de cocaína y solicitando que la visa de Estados Unidos de esta familiar fuera revocada".

"En base a esta información negativa, el Departamento de Estado revocó las visas de la familiar y de su esposo", señala.

Aunque no están mencionados por nombre en el reporte público del Departamento de Justicia, fuentes extraoficiales identificaron al propietario del avión privado como Roberto Garza Delgado, quien enfrenta un pleito legal desde el 2011 con sus hermanas por una herencia de más de 900 millones de dólares que dejó su padre, Roberto Garza Sada Jr., extinto industrial regiomontano.

La pareja a la que el agente acusó es Juan Celada y su esposa, Carmen Garza de Celada, una de las hermanas en litigio con Garza Delgado.

Silva, de 51 años, fue el agente de la DEA de más alto rango en Nuevo León desde el 2008 y hasta diciembre del 2014, cometiendo los abusos en su puesto en ese mismo lapso.

El ex agente se declaró culpable en la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia, 16 meses después de que empezó a ser procesado. En el informe se advierte que será condenado el 6 de diciembre próximo.


EL NORTE publicó el 9 de enero del 2015 el caso de Silva, quien en ese momento era procesado por aceptar dinero y viajes en aviones privados y un ofrecimiento de empleo al momento de su retiro durante su encargo en Monterrey.

Fuente.-

jueves, 19 de mayo de 2016

LA "PGR FORMULARA NUEVOS CARGOS" a SOLDADOS LIBERADOS por la MASACRE de TLATLAYA"...por "MexFlix" T2


La Procuraduría General de la República de Méxicobusca formular nuevos cargos contra los soldados implicados en la masacre de veintidós personas en junio de 2014, luego de que un juez liberara a los tres sospechosos que quedaban en el caso por falta de evidencia.
En un comunicado de prensa divulgado el 14 de mayo, la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que "aportará pruebas" contra los soldados liberados "para que estos sean reaprehendidos y formalmente procesados". La PGR anunció la semana pasada que un juez civil del Estado de México había ordenado la liberación de los soldados por evidencia insuficiente en su contra.
Los soldados fueron acusados de homicidio y alteración de la escena del crimen en relación con la matanza de 22 personas en junio de 2014 en una bodega de la ciudad de Tlatlaya, en una zona alejada al occidente de Ciudad de México.
El ejército aseguró inicialmente que las muertes fueron resultado de un tiroteo  después de que los sospechosos de pertenecer a una pandilla abrieran fuego contra los soldados. Pero el reportero de Associated Press Mark Stevenson fue a la escena y publicó un reportaje que contradecía claramente la versión oficial de los hechos. En octubre de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México determinó que los soldados ejecutaron en forma sumaria hasta a 15 de las víctimas.
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Análisis de InSight Crime

Si el movimiento prometido para revivir el caso produce resultados similares a los de iniciativas anteriores, los fiscales saldrán con las manos vacías de lo que muchos consideran uno de los ejemplos más flagrantes de abusos a los derechos humanos por parte del ejército mexicano en los últimos años. Tres soldados y un teniente ya habían sido absueltos por su participación en la masacre en octubre 2015, también por un fallo que aducía evidencia insuficiente. Un tribunal militar absolvió a los siete soldados a comienzos de este año, aunque un comandante pagó un año de cárcel por desacato.
El fallo es un golpe más a la credibilidad de las autoridades judiciales en México, que han recibido duras críticas por su torpeza e incluso por obstruir la investigación en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero sobre el Pacífico, en 2014. Las desapariciones atrajeron rápidamente la atención internacional, pero luego de largas investigaciones primero a cargo de la PGR y luego por expertos internacionales, el caso sigue sumido en la incertidumbre
La impunidad generalizada por crímenes, en especial los perpetrados por efectivos castrenses, no es nada nuevo en México. Algunos observadores, sin embargo, cuestionan si estos casos de alto perfil implican un elemento más siniestro que la sola torpeza en la parte acusatoria.
"En vista de la bien documentada evidencia sobre la ejecución de civiles a manos de soldados en Tlatlaya, el hecho de que no se haya imputado a nadie la responsabilidad de los crímenes indica el mismo tipo de incompetencia flagrante, o incluso encubrimiento, que se ha visto en el caso de (los 43 estudiantes desaparecidos en) Ayotzinapa por parte de las autoridades judiciales", declaró a la AFP José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para Latinoamérica.
Fuente.-

TAMBIEN a "GLORIA TREVI" la QUIEREN "ENCERRAR" en JALISCO...igual paso a "Gerardo Ortiz".



La cantante pop Gloria Trevi presentó una demanda de amparo en juzgados federales de Zapopan en contra de cualquier acto de autoridades judiciales y ministeriales que pudiesen privarla de la libertad. Fuentes judiciales informaron a ZETA que el escrito presentado por los abogados de la artista fue turnado al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco donde se radicó bajo el número de juicio de garantías 890/2016. 

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En el escueto documento, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz señala como acto reclamado una presunta orden de aprehensión que podría haber dictado en su contra alguno de los nueve jueces de distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Tercer Circuito, entre otras autoridades. 

Por el momento se desconocen los hechos por los que la intérprete regiomontana teme ser detenida fuera de procedimiento o bien mediante una orden de captura expedida por autoridad judicial en funciones. 

El juez de amparo ya tramita la suspensión provisional del acto reclamado solicitado por Gloria Trevi y estableció en agenda el 31 de mayo próximo para el desahogo de la audiencia constitucional que establece la ley. 

De la interposición de la demanda de derechos fundamentales se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado. Actualmente, Gloria Trevi participa como coach en el reality show musical La Voz México de Televisa.

fuente.-Semanario Zeta

SICARIOS ZETAS EJECUTAN al "LIDER de la CTM" en VICTORIA...sigue la racha violenta.


El dirigente regional de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), José Ángel Morales, fue ejecutado por sujetos no identificados antes del mediodía, al parecer en su domicilio ubicado en la colonia Adolfo Morales de Ciudad Victoria.
Morales fue secuestrado hace dos años y puesto en libertad tres meses después, tras su liberación asumió nuevamente el cargo como representante de los obreros.
El líder del comité estatal de los procesos internos del sector obrero en el Partido Revolucionario Institucional, cuenta con más de 30 años de afiliación a esa organización cuando inicio como dirigente de los obreros maquiladores de esta capital.
Fuente.-

LA VERSION OFICIAL:

El Grupo de Coordinación Tamaulipas informa que el jueves 19 de mayo, en esta ciudad capital, fue privado de la vida José Angel Morales Medina, secretario general de la Federación de Trabajadores de Victoria, afiliada a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El homicidio se perpetró entre las 12:20 y 12:30 horas del día, cuando Morales Medina descendía de una camioneta Nissan X Trail modelo 2009, frente a un domicilio ubicado en la calle Pascual Orozco de la colonia Adolfo López Mateos.

Testimonios establecen que él o los agresores se desplazaban en una motocicleta. Las investigaciones del caso están a cargo de la Procuraduría General de Justicia, con apoyo de fuerzas federales y estatales.


"CARTEL del GOLFO" SECUESTRA en TEXAS y "YA los IMPORTA a MEXICO" para "PEDIR RESCATE"....los "importa y no les importa".


Miembros de Cartel Mexicano secuestraron un ciudadano estadounidense en esta ciudad fronteriza y lo cruzó a México y luego exigió dinero de rescate a su familia. 

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EL "CDG" CRUZO a TEXAS,"SECUESTRO CIUDADANO NORTEAMERICANO" y se lo "TRAJO a REYNOSA"...asi nomas.


El barrio mexicano donde se realizó el secuestro de la víctima es también una plaza fuerte para el cártel del Golfo y se considera una importante base para sus operaciones transfronterizas en el sector del Valle del Río Grande de Texas. 

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"LO SECUESTRO el CDG en TEXAS" y lo RESCATAN FEDERALES en REYNOSA

El secuestro tuvo lugar el pasado jueves en McAllen, Texas, cuando una persona identificada por las autoridades mexicanas como Jordi Gonzalez de 25 años de edad y otra persona identificada por las autoridades mexicanas como de Jose Castillo Jr. de 18 años de edad, secuestraron a una persona de 28 años .   

Las autoridades mexicanas identificaron a dos secuestradores que eran de  Texas, González es de Hidalgo, mientras que Castillo es de Brownsville. Sin embargo, fuentes de Breitbart de Texas indican que las autoridades mexicanas los han identificado erróneamente  debido a la identificación falsa. 
Los secuestradores cruzaron a la víctima a Reynosa a través de uno de los puentes internacionales que conectan a México con Texas y de ahí a Reynosa y  a continuación los hombres armados llevaron a la víctima a la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros a una casa de seguridad en la colonia Las Brisas, los secuestradores del Cartel exigieron un rescate a la familia de la víctima.  
El miércoles, el gobierno de Tamaulipas anunció el rescate de la víctima de secuestro y la detención de los dos secuestradores.
El rescate se llevó a cabo por las fuerzas policiales federales de México que fueron capaces de localizar el vehículo que los hombres armados habían estado utilizando. En el interior del vehículo  los hombres armados tenían a la víctima de secuestro y habían estado tratando de moverlo a otra ubicación.
Uno de los sospechosos de secuestro ha tenido roces previos con las autoridades de Texas, pero ha logrado evitar la cárcel. 
En   octubre 01 de 2014 las autoridades locales de Mc allen detuvieron a González por su papel en el funcionamiento de un casino subterráneo escondido dentro de un lote de autos usados ​​llamado ventas de automóviles "Varela" en la calle 23.
denuncia penal por el casino subterráneo en McAllen, Texas
denuncia penal por el casino subterráneo en McAllen, Texas
El Abogado de oficio de González Canales fue capaz de lograr que  su cliente se declarara culpable de un cargo de delito grave de posesión de equipo de juego. Como consecuencia de la declaración de culpabilidad, González terminó siendo condenado a dos años de libertad condicional y una multa de $ 1,000. Otros dos cargos menores vinculados al casino subterráneo fueron desechados.
Casinos clandestinos y secuestros se han convertido en un negocio secundario para los miembros del cartel que permiten a la organización criminal diversificar sus ganancias.
A principios de este mes, Breitbart de Texas informó sobre el secuestro de una familia de Texas por los miembros del cártel, cuando se dirigían a través de una carretera mexicana .La familia pasó varios días en poder de sicarios hasta que las autoridades pudieron rescatar a ellos después de un tiroteo.
En la ciudad fronteriza de Matamoros, Breitbart de Texas informó de cómo el cártel del Golfo comenzó a centrarse en secuestros y extorsiones el año pasado . La medida degenero ataques contra civiles inocentes que muchas veces no fueron devueltos con seguridad a sus familias, incluso después de que los rescates fueron pagados.
En agosto de 2015, un grupo de sicarios cruzó a Sullivan City, Texas y secuestró a un hombre de la localidad . La víctima fue introducido de contrabando a México, donde lo mantuvieron hasta  el rescate, policías federales mexicanos fueron capaces de rescatarlo.
Ildefonso Ortiz es un galardonado periodista de Breitbart de Texas le puede seguir enTwitter y en Facebook .

Fuente.-Breitbart/TX.

"REVELA ENCUESTA" : 50% de CIUDADANOS CREEN que AUTORIDADES y DELINCUENTES "SON LO MISMO"...lo mismo y a veces peores.


El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados dio a conocer los resultados de la encuesta de “Seguridad y confianza ciudadana”, en la que se interrogó vía telefónica a ciudadanos de diferentes partes del país sobre su percepción en temas como seguridad, confianza en las autoridades, percepción del Gobierno, narcotráfico y crimen organizado. 

Los resultados arrojaron que casi la mitad de la población considera que las autoridades forman parte de la delincuencia.

Casi la mitad de los mexicanos piensan que las autoridades forman parte de la delincuencia, reveló la encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.
El centro de investigación dio a conocer los resultados de la encuesta de “Seguridad y confianza ciudadana”, en la que se interrogó vía telefónica a ciudadanos de diferentes partes del país sobre su percepción en temas como seguridad, confianza en las autoridades, percepción del Gobierno, narcotráfico y crimen organizado.
Ante la pregunta “¿Usted considera que las autoridades son parte de ..?”, el 49.4 por ciento de los entrevistados respondió que las mismas “son parte de la delincuencia”, el 26.1 por ciento dijo que “hacen lo necesario”, el 16 por ciento consideró que “no trabajan o no funcionan”, sólo un 6.1 por ciento contestó que “hacen bien su trabajo”, mientras que el 7.8 por ciento dijo no saber.
La encuesta reveló que el 39 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros en el lugar en donde viven, mientras que el 39.2 por ciento se dijo sentir seguro. El 40.9 por ciento considera que la seguridad ha disminuido con respecto al año pasado, el 31 por ciento señaló que este rubro se mantiene igual y el 26.3 por ciento ve una mejoría.
El 11 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificó que en 27 entidades existe desplazamiento forzado, especialmente en Michoacán, Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Chiapas. De acuerdo con un muestreo que realizó el organismo, en ejidos, rancherías y municipios, detectó a mil 784 personas desplazadas por la violencia, sin embargo, agregó, que tiene 4 mil 527 denuncias por desplazamiento. En tanto, de acuerdo con diversas autoridades, entre 2013 y 2015, unas 30 mil 377 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado.
Durante la presentación del primer informe Especial sobre Desplazamiento Forzado en México, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, detalló que los datos son variados, y que tanto autoridades como organizaciones tienen sus propios registros, por ello urgió a que se realice un diagnóstico nacional sobre las personas en esta situación y pidió que se levante un censo.
Mientras que el más reciente corte del Índice de Paz reveló que en 2015 la tasa de delitos con violencia y la de crímenes de la delincuencia organizada, disminuyeron en México un 8 y 10 por ciento, respectivamente. Sin embargo, esto se contrarrestó con un aumento del 6 por ciento en la tasa de homicidio, aunado al incremento de la tasa de delitos cometidos con arma de fuego y presos sin condena.
Asimismo se advierte una mayor impunidad en homicidios, que se deterioró drásticamente a partir de 2007. En ese año había cuatro condenas por cada cinco casos de homicidio, pero hacia 2013 sólo había una condena por cada cinco casos. Esto, aunado al aumento de presos sin condena, revela la saturación del sistema judicial, como también lo indican las estadísticas de sobrepoblación en las cárceles.
Respecto a la delincuencia que existencia, el 97.2 por ciento percibe que hay mucha delincuencia en el país y el 1.4 por ciento de los consultado respondió que existe poca.
El 62.1 por ciento de los encuestados han sido o conocen a una persona que fue víctima de algún delito. El 59.4 por ciento señaló que el robo es el delito más frecuente, el narcotráfico ocupa el segundo lugar con 15.1 por ciento, le sigue la corrupción, 8.2 por ciento.
Respecto a las causas que originan la delincuencia, la ciudadania consideró que el desempleo es la causa primaria, 34.1 por ciento; la falta de educación, 21.2 por ciento; la falta de vigilancia policial, 14.2 por ciento; el consumo de drogas, 11.3 por ciento.
La falta de casitigo a los responsables también contribuye a la no denuncia. El Índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), encontró que el promedio de incidencia en México es “muy alto” y se ubica en 67.42 prácticamente en el último tercio de la escala de esta medida.
La misma casa de estudios destacó los resultados de su Índice Global de Impunidad 2015 (IGI 2015) en el que México tiene uno de los peores desempeños, ubicándose en el lugar 58 con un índice de 75.7, situación similar a Colombia (75.6) y sólo por debajo de Filipinas, el país peor ubicado (80).
“La impunidad es multidimensional. Es decir, la impunidad debe ser entendida como un fenómeno que surge de varias dimensiones del quehacer de un Estado como es la responsabilidad de la seguridad ciudadana, la procuración y administración de justicia, el buen funcionamiento del sistema penitenciario así como la protección de los derechos humanos”, dice el informe.
Explica que en el caso de México esta problemática es una de los diez principales que aqueja a la sociedad mexicana. Refiere además que la impunidad en el país “tiene sus raíces más profundas en los problemas estructurales y funcionales de las 32 entidades federativas”. Es por eso que, menciona, “se necesita encontrar las raíces de los problemas desde el ámbito local”.
Por otro lado, los entrevistados por el CESOP dijeron que la autoridad en la que más confían es el Ejército Mexicano, 40.8 por ciento y el 39 por ciento no sabe qué autoridad le resulta menos confiable.
Gráfica: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.
Gráfica: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.
Cuestionados sobre las acciones que el Gobierno debe tomar para disminuir la inseguridad, la encuesta reveló que el 63.3 por ciento considera que se deben de depurar los cuerpos de seguridad ciudadana. Mientras que el 56.8 por ciento de los encuestados señaló que el gobierno no cuenta con un plan o una estrategia para enfrentar el crimen organizado.
En cuanto a las perspectivas que tiene los ciudadanos de que los niveles de seguridad cambien, el 33 por ciento considera que el problema de la seguridad seguirá igual, 22 por ciento, que empeorará; 19.4 por ciento cree que mejorará, y 17.9 por ciento dijo no estar enterado de alguna acción del gobierno en este tema.
La investigación señala además que que 67 por ciento de los entrevistados considera que el gobierno no ha tomado acciones firmes contra el narcotráfico y el crimen organizado, 71.3 por ciento opina que el crimen organizado provoca mucha violencia, 44 por ciento piensa que el Ejército Mexicano debe encabezar la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, seguido de la Policía Federal, con 7.6 por ciento.
fuente.-