Santiago Corcuera, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, avaló que, en su iniciativa de ley, el presidente Enrique Peña Nieto no considere como tortura el uso legítimo de la fuerza, pues es un principio internacional, pero alertó que México carece de leyes a nivel federal y estatal sobre el uso proporcional y legal de la fuerza y de las armas por parte de los elementos de seguridad.
Opinó así luego de que el Senado de la República recibió la iniciativa presidencial que acota que “no se considerarán tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes las penas o sufrimientos físicos o psicológicos que sean únicamente consecuencia de medidas legales impuestas por la autoridad competente o las inherentes a éstas, o de las derivadas del uso legítimo de la fuerza de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable”.
En entrevista para El Economista, Corcuera Cabezut dijo que este párrafo no es invento del gobierno federal, sino de las convenciones de las Naciones Unidas y de la OEA y advirtió que con ley o sin ley en México es un principio universal que los policías, marinos y soldados tienen absoluta legitimidad para usar tanta fuerza como resistencia ofrezca la persona a la que se pretenda detener; ir más allá se considera tortura.
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“No hay una ley sobre el uso proporcional, legítimo, necesario, congruente y legal de la fuerza que debería de existir, como es el caso de la ley del DF. Mi preocupación gravísima es que no haya una ley federal. Es urgente (...) y necesario que exista un ordenamiento para moderar el uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego utilizadas por los elementos federales y las Fuerzas Armadas”, declaró.
Precisó que los estados también carecen de un ordenamiento sobre esto; sólo el Distrito Federal tiene una ley al respecto que “es muy buena”.
Aparte de la iniciativa para expedir la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y tratos o penas crueles inhumanas o degradantes, Peña Nieto envió al Senado su iniciativa en materia de desaparición forzada de personas. Ambas fueron enviadas a las comisiones unidas de Justicia, Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos para su análisis.
Corcuera agregó que la iniciativa sobre desaparición forzada es buena, pues retomó las recomendaciones de expertos y familiares de las víctimas; no obstante, destacó que un tema preocupante es que se haya dejado que los congresos locales legislen sobre el tema de declaración especial de ausencia, la cual tiene la finalidad de reconocer y proteger la personalidad jurídica del desaparecido y otorgar medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia de los familiares de la víctima.
Refirió que la Ley General de Víctimas mandató a los congresos locales que legislaran al respecto y sólo Querétaro, Coahuila, Nuevo León y el DF lo hicieron, “pero las otras son unas holgazanas que no han cumplido con su labor desde abril del 2013”.
Por ello adelantó que recomendará al Congreso que la Federación se haga cargo de este tema en tanto las legislaturas locales “hagan su tarea”.
Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, espera que a más tardar a mediados del próximo año salgan del Congreso de la Unión ambas leyes y precisó que uno de los temas en el que hay desacuerdo es el de los tipos penales.
“Nos parece que hay una interpretación correcta en el caso de desaparición forzada y de desaparición entre particulares que son dos tipos penales; en eso coincidimos con la del Ejecutivo. En el caso de la tortura, no estamos de acuerdo en que sean dos tipos penales: el de tortura y el otro que son tratos crueles, inhumanos o degradantes”, expuso.
El presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes, anunció que en enero habrá foros regionales de consulta, principalmente con familiares de las víctimas, para enseguida dictaminar ambos temas.
Afirma Insight Crime
Iniciativa de Peña vs la tortura es respuesta a críticas
Las propuestas del presidente Enrique Peña Nieto para combatir la tortura y el secuestro son un intento de contrarrestar las críticas a su administración con relación a que su gobierno es incompetente en cuestiones de seguridad, opina Arron Daugherty para la Fundación InSight Crime.
El titular del Ejecutivo Federal aprovechó la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015 para anunciar el envío de dos iniciativas legales al Congreso de la Unión: la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Crímenes Relacionados con la Desaparición de Personas y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes.
El analista expone que estas iniciativas pueden ser, en parte, una respuesta a las críticas sobre la desaparición el año pasado de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.
Daugherty advierte que, incluso si las iniciativas se convierten en ley, su aplicación puede ser difícil. En el pasado, gobiernos estatales se han mostrado reacios a compartir datos sobre desapariciones forzadas y podrían reaccionar de manera similar a la iniciativa sobre secuestro.
Y si bien la propuesta de Peña Nieto sería crear una nueva unidad de investigaciones de tortura, no está claro cómo se podría mejorar la tasa de procesamiento para tales casos, advierte Arron Daugherty. (Ana Langner)
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