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Después de semanas de negociaciones, en las que mucho se discutió sobre la pertinencia de continuar asignando dinero de forma directa a los municipios del país, los legisladores decidieron no renunciar a esa costumbre creada hace apenas unos años.
Aunque el Ejecutivo había desaparecido los fondos de Pavimentación, Infraestructura Deportiva y Cultura, al no asignarles un solo peso en su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, los diputados decidieron revivirlos y mandar dinero a los municipios.
No tendría nada de cuestionable, a no ser porque en años pasados fue de esos fondos de donde algunos legisladores se aprovecharon y quisieron hacer –o hicieron- negocios particulares con dinero público.
Ahora, a pesar de que aseguran que el dinero público tendrá candados que impedirán su mal manejo, aún pueden hacerse manejos discrecionales.
El dinero será “enviado” a municipios, pero sin saber exactamente en qué se ejercerá.
Lo único que cambió fue el mecanismo de asignación del dinero. La intención y la oportunidad de cometer actos indebidos en el ejercicio de ese recurso, es la misma.
En los tiempos de los fondos de Pavimentación, Cultura y Deporte, fueron múltiples las denuncias de alcaldes acusando que diputados hacían cobros de “comisiones” por haber bajado el dinero a los municipios.
El modus operandi de quienes se decían legisladores, pero cobraban moches, era muy diverso.
Las formas de consumar la transa eran variadas: se denunció que se intentaba cobrar una comisión de ese recurso directamente; que se “sugería” a empresas constructoras –cercanas al legislador o propiedad de él- para que realizaran las obras; o se obligaba a contratar productos y servicios a un sobreprecio para poder justificar legalmente el moche que se cobraba.
El caso más escandaloso fue el protagonizado por Luis Alberto Villarreal, quien fuera coordinador de los diputados del PAN en la Legislatura pasada y al que se le acusó de encabezar una red de cobro de moches a alcaldes de Guanajuato.
El propio Villarreal, sin embargo, acudió a la Procuraduría General de la República para que lo investigaran. La PGR no encontró nada.
Aun así, las denuncias públicas continuaron; la mayor parte de ellas se hizo de forma anónima, en medios de comunicación.
A partir de ahí se vio con reservas la facultad auto otorgada por los diputados de asignar dinero a obras que consideraban importantes, donde ellos querían.
Estos tres fondos nacieron en la negociación del Presupuesto de Egresos del 2014.
En noviembre del 2013, cuando se realizaban las negociaciones del PEF para el 2014, los diputados tuvieron la posibilidad de etiquetar dinero para obras que ellos gestionaban para algunos municipios.
Incluso, se dijo que se había “liberado” un fondo para que los diputados dieran dinero para obras en sus municipios –o a los que ellos quisieran-, en pago por el voto aprobatorio a las reformas estructurales, que comenzaron a aprobarse en el 2013.
En ese año, los legisladores del PRD tuvieron oportunidad de etiquetar hasta 35 millones de pesos cada uno; se dijo que fue una “gratificación” por su voto aprobatorio a la reforma fiscal.
Para el ejercicio fiscal del 2015, la historia se repitió. Cada uno de los diputados tuvo oportunidad de etiquetar 10 millones de pesos para obras en sus localidades o en otras, donde consideraban que había necesidad.
Pasó entonces que algunos diputados “enviaron” los recursos que les tocaba etiquetar a localidades muy alejadas de sus distritos, incluso de sus estados, donde había oportunidad de hacer negocio o cobrar favores políticos.
Ya para la negociación del PEF 2016, el Ejecutivo decidió dejar en ceros las partidas para estos fondos.
Sin embargo, los diputados torcieron el procedimiento que habían creado y ahora darán un cheque en blanco a los municipios, que alcaldes deberán gestionar ante la Secretaría de Hacienda, que tendrá ahora la responsabilidad de bajar ese dinero para las obras.
Institucionalizan fondo dudoso
Durante dos años, fueron los diputados quienes decidían a qué obra se enviaba el dinero que tenía “derecho” a etiquetar.
Luego de los escándalos por los moches, los diputados decidieron que el dinero se asignaría a municipios, sin establecer ninguna obra concreta, con el fin de que los legisladores no tengan acceso directo a ese dinero.
Ahora, la bolsa de 10 mil millones de pesos llevará por nombre Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios.
Cada uno de los diputados etiquetó 20 millones de pesos y, contrario a lo que ocurría en el pasado, el recurso tendrá que ir a los municipios de sus distritos o entidades.
“Los diputados, por ningún motivo, y de acuerdo a la ley, no van a poder orientar ninguna obra. Que quede claro: va por fondo. Va por fondo directamente a los municipios y de acuerdo a las necesidades que se vayan a plantear. ¿Quién? Los presidentes municipales o las organizaciones”, explicó Baltazar Hinojosa, presidente de la Comisión de Presupuesto.
Ahora, el fondo –alimentado con recursos del Ramo 23- será controlado por la Secretaría de Hacienda que solo enviará el dinero a los municipios una vez que lance las reglas de operación, en febrero o marzo, y los alcaldes justifiquen plenamente el destino del dinero.
Para algunos, sin embargo, esto permitirá una mayor discrecionalidad en el ejercicio del dinero, pues nada garantiza que desde ahorita no se estén haciendo acuerdos con los alcaldes.
“¿Quién dice que ya desde antes de que se etiqueten los recursos para los municipios, desde ahorita, no le dicen a los presidentes municipales que ya saben quién bajó el dinero y que se moche. No hay manera de controlar nada de eso”, expuso un diputado priista cercano a la negociación.
Por orden del Senado, los diputados trabajaron en poner candados para intentar evitar el mal uso de ese dinero.
Ordenaron que sea la Auditoría Superior de la Federación quien ponga lupa al ejercicio de esos recursos.
Para Vidal Llerenas, sin embargo, esta es una medida muy débil, pues es imposible que la Auditoría tenga capacidad de revisar todos los proyectos.
“No es falta de intención, ni siquiera físicamente tiene la capacidad de revisar todo; no tiene recursos, implica viajes a las comunidades. Es fácil decir que debe revisar, pero no darle los recursos para hacerlo.
“Yo calculo que de todas las obras que se vayan a llevar a cabo, la Auditoría podrá revisar unas 20 o 30 nada más, no puede llevar a cabo esa tarea titánica”, acusó Llerenas.
La responsabilidad de dar los recursos recaerá enteramente en la Secretaría de Hacienda, que también deberá aumentar su capacidad de trabajo para recibir los miles de proyectos que llegarán a sus oficinas en las primeras semanas del 2016.
La danza de los millones
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| Imagen.-El Universal. |
Para llegar a la aprobación del PEF, miles de millones de pesos danzaron de un lado a otro en el papel durante varias semanas.
Desde que el Ejecutivo presentó su proyecto, en septiembre pasado, fuerzas políticas de todo el país se volcaron a hacer peticiones al Palacio Legislativo de San Lázaro.
Lo que se oyó en las últimas semanas en la Cámara de Diputados fue el ir y venir de recursos. Millones iban y venían.
En total, los legisladores recibieron 50 mil peticiones de recursos extras a lo que el Ejecutivo envió en su propuesta.
Estas peticiones representaban un gasto extra de 796 mil millones de pesos.
“No hay dinero que alcance”, comentaba el priista Jorge Estefan Chidiac, preocupado porque “la cobija no va a alcanzar”.
Semanas antes, cientos de alcaldes acudieron a San Lázaro a pedir dinero para sus municipios. Algunos hicieron fila durante más de 24 horas, esperando ser recibidos por legisladores para entregarles sus proyectos.
La mayor parte de ellos volvieron a sus comunidades frustrados porque no pudieron amarrar buenos apoyos en la Cámara baja que llevaran sus planes a buen puerto.
Todavía una noche antes del día de la aprobación, decenas de personas pugnaban por más recursos afuera de los salones donde se llevaba a cabo la rebatinga del dinero.
Aunque muchas oficinas permanecieron iluminadas la noche anterior al gran día, en realidad la burbuja que se encarga de los ajustes presupuestales es muy reducida.
Son apenas una decena de diputados federales quienes participan en el jaloneo de recursos, ante la mirada impotente de legisladores de otros partidos.
“Ellos, el Gobierno federal, el PRI, el PAN, están haciendo las propuestas”, acusó Rocío Nahle, coordinadora de los diputados de Morena.
De hecho, al votar anoche el dictamen en la Comisión de Presupuesto, los diputados del PRD y Morena ni siquiera lo conocían.
“No puedo votar algo que no conozco; no tengo la capacidad de lectura que tienen mis compañeros para revisar tantas cosas en unos minutos”, denunció Sergio López, perredista y secretario de la Comisión de Presupuesto.
Mientras transcurrían las negociaciones, otros diputados de la Comisión daban vueltas sobre los mismos datos, sus propuestas y buenos deseos.
Aunque en un primer momento se dijo que por la mañana de ayer ya se tendría un documento que podría analizarse por la tarde, en la sesión, ocurrió lo de siempre: el presupuesto federal acabó siendo discutido de noche.
Cada año, el reclamo de la oposición es que se discuta a la luz del día, pues ya en la noche, pocos ánimos quedan para el debate y la discusión en tribuna.
Y menos con el acuerdo que la mayor parte de los coordinadores alcanzaron en días pasados para agrupar todas las intervenciones que tuvieran los legisladores a una sola.
Peor aún: el acuerdo de la Junta de Coordinación Política acordó que, para promover alguna reserva, se debía indicar no solo el artículo reservado, sino la página, el anexo a que se refiere y el tomo en el que se inscribe.
Los diputados de izquierda se quejaron de que, al haber quedado fuera de la negociación y no tener una copia del dictamen que se aprobaba, no podrían reservarse todos los artículos que planeaban.
“Es una pena que el dictamen no lo haya trabajado la Comisión de Presupuesto, sino la Secretaría de Hacienda”, acusó Sergio López.
Así, efectivamente, se acortó el debate; pero también la reflexión que antaño se hacía sobre el destino del dinero público.
Aunque la oposición sabía que siempre llevaba las de perder, la discusión de madrugada era un buen momento para discutir sobre la situación del país, la truculenta negociación del presupuesto o la opacidad en el ejercicio.
La espera del dictamen fue larga y también lo fue la esperanza de los sectores que querían tener más recursos.
Uno de los sectores que más movilizó personas fue, como cada año, el de las organizaciones campesinas.
Con un requerimiento de 22 mil millones de pesos extra a lo que el Ejecutivo les asignó, organizaciones de varias partes del país, cercanas a diferentes partidos políticos, movilizaron a cientos de campesinos que permanecieron afuera de la Cámara.
A diferencia de años anteriores, para el ejercicio 2016, casi todo transcurrió entre cuatro paredes.
Lejos quedó el tiempo en que gobernadores y presidentes municipales acudían hasta con tambora y platillos gourmet de sus estados para agasajar a legisladores y así convencerlos de enviar más recursos a las entidades y localidades.
Lo que sí es inamovible en cada ejercicio es la presencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda con quien legisladores negocian los movimientos que se harán al proyecto del Ejecutivo.
Estas modificaciones deben consultarse con el Ejecutivo a partir de la controversia constitucional presentada por Vicente Fox, cuando la mayoría en el Congreso reasignó partidas de su proyecto de PEF sin consultarlo.
Ahora, los legisladores tienen la precaución de trabajar en conjunto con el Gobierno federal para evitar un conflicto constitucional.
Los ganones de la discrecionalidad
El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, el fondo más discrecional del Presupuesto, tuvo un monto asignado total de 9 mil 948 millones 655 mil 991 pesos.
Fue dividido en dos capítulos. Uno, con los fondos destinados a los entidades federativas y otro desglosado por municipio.
En el primer caso, para los estados, se destinaron 2 mil 486 millones 349 mil 995 pesos. Para los municipios se enviaron 7 mil 462 millones 305 mil 996 pesos.
El estado que más recursos recibirá es el Estado de México, con 780 millones.
En segundo lugar, Chiapas, con 305 millones. A Puebla, se le enviarán 180 millones.
En el caso de los recursos para los gobiernos locales, los montos son muy variados y van desde 500 mil pesos hasta más de 111 millones de pesos.
Estos recursos no van etiquetados, y más bien tendrán que ser bajados a los municipios por los propios alcaldes, gestionándolos directamente en la Secretaría de Hacienda.
La localidad que más recursos recibirá es el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, que tendrá 111 millones 290 mil pesos.
La ciudad de Monterrey tendrá 105 millones de pesos, la misma cantidad que el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
A Comalcalco, Tabasco, se le enviarán 100 millones de pesos.
El municipio de Texcoco, Estado de México, tendrá acceso a 110 millones; en la misma entidad, Nezahualcóyotl podrá acceder a 89 millones de pesos.
La delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal, será la más beneficiada de la capital; contará con 86 millones de pesos.
Asignan más a comunicaciones y al campo
Los diputados federales hicieron algunas reasignaciones al gasto público propuesto por el Ejecutivo federal y quitaron recursos de algunos sectores para enviarlos a otros.
En total, las reasignaciones fueron por 16 mil 928 millones de pesos.
Algunos rubros que fueron cuestionados, como el presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE) no tuvo modificaciones, por lo que el año entrante ejercerá 15 mil 473 millones.
El Consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo, tuvo un recorte de 4 mil 500 millones de pesos respecto al proyecto de PEF enviado por el Ejecutivo. Su presupuesto final quedará en 55 mil 872 millones de pesos, en lugar de 60 mil 372 millones.
Al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación le quitaron 180 millones de pesos respecto a lo planteado en el proyecto.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía también tuvo una reducción de 400 millones de pesos.
La Secretaría de Economía tuvo una merma de mil millones de pesos.
La Procuraduría General de la República tuvo una reducción de 300 millones de pesos, quedando en 16 mil 468 millones de pesos.
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social tuvo una disminución de 81 millones de pesos.
Los que ganaron
La Secretaría de Hacienda es una de las pocas que salió ganando, pues tendrá recursos extras por 500 millones de pesos. Su presupuesto final para el 2016 será de 28 mil 502 millones.
Para la Secretaría de Educación se aprobaron 3 mil 626 millones de pesos más de lo propuesto por el Gobierno federal; su gasto final será de 302 mil 986 millones.
Para Salud, uno de los sectores que tuvo un mayor recorte en el proyecto de PEF, se aprobó una ampliación de 2 mil 551 millones de pesos. Su presupuesto final quedó en 132 mil 216 millones.
A la Secretaría de Agricultura se le aumentaron 8 mil 111 millones de pesos; tendrá 84 mil 827 millones.
A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tenía un recorte en el proyecto presidencial, los diputados decidieron darle 7 mil 735 millones de pesos más.
En materia de infraestructura, se planteó una ampliación de 12 mil millones de pesos para proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales.
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