En
Michoacán hay una rectificación fundamental en la política de seguridad
pública. Este lunes llegaron a Morelia 300 elementos de la Gendarmería y la
Policía Militar para oficialmente hacerse cargo de la seguridad.
Este
contingente, sin embargo, es mucho más que eso. A partir de Morelia iniciarán
la recuperación de los territorios que desde enero de 2013 se le dejaron al
crimen organizado. Tres años y medio después de haber pactado implícitamente el
gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto con el Cártel Jalisco Nueva
Generación la limpieza de Los Caballeros Templarios, este giro
radical en la estrategia, aunque tardío, es saludable.
Empezará la corrección
del Estado Mexicano que negoció con un cártel para combatir a otro cártel, sin tomar
en cuenta sus implicaciones legales y políticas.
Se necesitó que saliera
el PRI del poder y llegara un gobernador de oposición, Silvano Aureoles del
PRD, para que se modificara la estrategia. Aureoles dijo al asumir la
gubernatura que iba a desarmar a los grupos de autodefensa civil que con
el apoyo del gobierno federal usurparon la seguridad en comunidades de cuando
menos 44 municipios. Estos grupos, compuestos por miembros del Cártel Jalisco
Nueva Generación, Templarios renegados y ciudadanos desesperados por la
violencia de los criminales, doblegaron a los alcaldes con fusiles
reglamentarios del Ejército M-16 y R-15, y AK-47, conocidos como cuernos
de chivo, que utilizan los cárteles de las drogas, respaldados por la Policía
Federal y el Ejército.
La llegada de un nuevo contingente federal a
Morelia muestra al Estado Mexicano preparándose para otra guerra contra el
narcotráfico. La Gendarmería llegó con dos tipos de unidades. Una se hará cargo
de inteligencia e investigación para abatir delitos como el robo y la
extorsión, mientras que otra, una táctica operativa altamente entrenada y
equipada, responderá cualquier amenaza de los criminales y evitará, de acuerdo
con el diseño de la operación, que los cárteles vuelvan a arrebatarles
territorios y controlar municipios. La Policía Militar hará la vigilancia en
las calles de Morelia.
La nueva guerra contra el Cártel Jalisco Nueva
Generación no se dará en Morelia, pero la capital será la base de operaciones
para el despliegue y, eventualmente, de ser necesaria, la escalada. El
Gobernador Aureoles, aunque cuidadoso, dijo que esa organización que nació de
la mano de Joaquín El Chapo Guzmán para apoderarse del mercado en
Jalisco tras la muerte de Ignacio Coronel, el jefe de la plaza del Cártel del
Pacífico, y extenderse a Michoacán, “merodea” en el estado –lo cierto es que
tienen ahí bases de entrenamiento y laboratorios de drogas sintéticas-, a la
vez que, afirmó, existen aún 12 células activas de Los Caballeros Templarios.
La operación federal contra esos grupos tiene como subtexto el
desmantelamiento de los grupos de autodefensa civil, un fenómeno paramilitar
que surgió en la coyuntura del cambio de gobierno y la llegada a la Presidencia
de Peña Nieto, que arrancó su administración con la política de dejar de
combatir a los cárteles porque creía, argumento equivocado, que eso reduciría
la violencia. Liberar a los cárteles de la presión federal produjo en algunas
zonas del país, como en Tierra Caliente michoacana, el nacimiento de
paramilitares, formados por ciudadanos auténticamente desesperados por la
violencia templaria, acompañados por los grupos afines al Cártel Jalisco Nueva
Generación. No fue casual que el nacimiento de los paramilitares se diera en
los municipios de Buenavista Tomatlán y Tepalcaltepec, donde el grupo
respaldado por El Chapo Guzmán era responsable del traslado de los
precursores de metanfetaminas hacia los superlaboratorios en Jalisco. Algunos
de sus fundadores también habían sido capturados en el gobierno de Felipe Calderón
por delitos federales y marcados por el Ejército como narcotraficantes.
El gobierno del Presidente Peña Nieto ignoró las advertencias para no combatir
a criminales con criminales, y les permitió operar en territorios donde los
narcotraficantes eran la autoridad. Era tan abierta esa política que en octubre
del año pasado el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró
que el gobierno federal mantenía un diálogo con esos grupos y protegía a uno de
sus líderes, el doctor Juan Manuel Mireles –hoy preso- porque se enfrentaba a
Los Caballeros Templarios. Con esa postura, el gobierno federal reconocía haber
claudicado a su responsabilidad de proveer seguridad a todos los ciudadanos, y
que está dispuesto a asociarse con delincuentes. Violaba, por tanto, el
artículo 17 constitucional que establece que “ninguna persona podrá hacerse
justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, y la Ley
de Armas de Fuego y Explosivos que prohíbe la portación de pertrechos
militares.
La rectificación en Morelia es un giro hacia atrás de la
sistemática violación al Estado de Derecho que hacía el gobierno federal desde
enero de 2013, pero no será fácil. La fallida estrategia redujo
significativamente la presencia y operación de Los Caballeros Templarios, pero
sus negocios de droga, protección y extorsión, se trasladaron a los grupos de
autodefensa civil amparados por el Cártel Jalisco Nueva Generación. La política
del presidente Peña Nieto liquidó un cártel mediante el fortalecimiento de
otro, que se ha convertido en el más violento, inestable y peligroso para el
Estado Mexicano.
Es dialéctico rectificar, como lo está haciendo ahora, aunque
haya perdido tanto tiempo en la colusión informal con ese cártel y alargado la
restauración de la paz y la seguridad en Michoacán, que era lo que inicialmente
prometía buscar.
Fuente.-
twitter: @rivapa
