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lunes, 17 de agosto de 2015

Los "CHINOS" en el PRESUNTO ORIGEN del NARCO en MEXICO...revela articulo.


Las distintas versiones sobre el origen del narcotráfico en México apuntan a que este lucrativo e ilegal negocio inició con la llegada de chinos a Sinaloa.
Un artículo publicado por Froylán Enciso Higuera, investigador visitante del centro de Estudios México-EU de la Universidad de California, reconstruye la historia del origen del narco según la glosa sinaloense.
Las versiones populares apuntan a que Lai Chang Wong, un inmigrante chino que nació alrededor de 1869 en Hong Kong y que llegó a México en 1911, es uno de los principales iniciadores del cultivo de drogas en nuestro país, particularmente en Sinaloa.
Chang Wong llegó inicialmente a Estados Unidos, posteriormente viajó a México se enroló como médico con los revolucionarios del noroeste. Estuvo 10 años en el Ejército pero un balazo lo obligó a dejar la lucha y comenzó a practicar medicina naturalista en El Dorado, Sinaloa. Ahí un sacerdote católico lo convirtió al cristianismo y bautizó como José Amarillas.
El artículo relata que debido a sus conocimientos médicos, José Amarillas puso un consultorio en el pueblo de San José de la Puerta, en el municipio de Badiraguato, donde se desempeñó como curandero naturalista.
“José Amarillas cultivó col, rábanos, lechugas, tomates, pepinos y esas flores desconocidas entonces pero que pronto serían objeto de gran polémica: las amapolas. Esas hermosas flores de amapola eran una de las materias primas de Amarillas para su medicina natural: conocía los poderes narcóticos y curativos de los opiáceos”.
De acuerdo con lo publicado, en 1948, José Amarillas decidió retirarse. En compañía de su hijo Chepe se fue a vivir a Jesús María, en la colindancia entre Culiacán y Badiraguato. Murió en 1953.  
El supuesto acuerdo México-EU
Uno de los mitos en torno a los inicios del narco en México es la existencia de un supuesto pacto entre México y EU.
Humberto Valenzuela Álvarez, profesor normalista originario de Surutato y expresidente municipal de Badiraguato (1990-1992), contó en un artículo publicado en la revista Tribuna de Los Mochis, que las autoridades de Estados Unidos y México firmaron un pacto para buscar un lugar apropiado para la siembra de la amapola en nuestro país. 
En dicha búsqueda, habría participado “un señor de apellido Amarillas, de ascendencia China (…) quien los llevó hasta las montañas en busca de clima y tierras apropiadas, pero también de hombres en que pudieran confiar por su capacidad y valor, así como su discreción. Para tal fin se llegó a Santiago de los Caballeros, Badiraguato”.
Valenzuela no especifica los términos del supuesto acuerdo firmado entre México y EU para la producción de opio, el cual era muy demandado por las fuerzas militares debido a la segunda Guerra Mundial.
A pesar de los señalamientos, no existe ningún documento que pruebe o documente la existencia de dicha comisión binacional. 
Desde el inicio, una lucha violenta
De acuerdo con los testimonios recabados en este artículo, el combate al narcotráfico ha estado marcado por la violencia y la corrupción desde sus inicios.
“Durante el gobierno de Adolfo Ruiz  Cortines (1952-1958) era ya evidente para el gobierno que no podían seguir los abusos de autoridad. Por eso, el presidente asignó al general badiraguatense Teófilo Álvarez Borboa para que instrumentara una campaña antinarcóticos. El general Álvarez citó a algunos productores de drogas en Mazatlán. Los perdonó por última vez y pidió que no siguieran en ese negocio. (…)
“El negocio de las drogas ilegales fue creciendo. Llegó el momento, en la década de 1970 en que, según dice Valenzuela, el consumo interno de drogas en Sinaloa era alarmante”.
La presencia del Ejército en el combate al narco también parece ser una constante en la historia del país.
En 1986 el historiador sinaloense de ascendencia japonesa, Heberto Sinagawa Montoya, documentó la violencia en torno al narco, en su diccionario Sinaloa, historia y destino.
Desde la perspectiva de Sinagawa:
“El origen del narco sinaloense se debió a la transmisión del conocimiento sobre opio de los chinos a campesinos pobres y aventureros cazafortunas. De su narrativa se puede inferir que son estos cazadores de fortunas quienes crearon las expresiones más vistosas de la ahora llamada narcocultura y quienes fueron los responsables de que surgiera tanta violencia en Sinaloa”.
En 1941, se suscitó uno de los primeros eventos violentos en la lucha por el tráfico de estupefacientes de los que se tiene registro cuando Alfonso Leyzaola, jefe de la policía judicial del estado, destruyó plantíos de amapola e incautó goma de opio de los pobladores de la zona de Santiago de los Caballeros en Badiguarato. 
“A su regreso, un docena de hombres los emboscaron desde la parte alta de una cañada llamada Los Alisos. Leyzaola sobrevivió, gracias que su ayudante Francisco Urías lo condujo a una choza para curarlo. Poco tiempo después, sus atacantes los alcanzaron, los torturaron y colgaron a Leyzaola de un árbol.  (…)
“Luego de este trágico inicio de la lucha por el narcotráfico, la actividad se mantuvo en la región”.
Chinos, el gran mito
Aunque la llegada de los chinos implicó que trajeran consigo sus conocimientos sobre el opio, es imposible creer que sobre ellos recae toda la responsabilidad del origen del narcotráfico en nuestro país.
“El primer gran mito del origen del narco en Sinaloa es este que atribuye a los chinos todo el crédito por el origen del mal”, señala Enciso en su texto 
Y concuye que: “Es evidente que los chinos sufrieron la persecución racista de los sinaloenses y norenses incluso después de haber colaborado con su esfuerzo al desarrollo económico de estas tierras. Con el correr de los años y las investigaciones, es posible afirmar que los inmigrantes chinos trajeron consigo conocimiento sobre el opio y que, dados sus antecedentes con el imperio inglés (recuérdense las consecuencias de la Guerra del Opio), también trajeron su dependencia física a los opiáceos. Pero los chinos no pudieron iniciar solos ni fueron los grandes beneficiarios de las primeras redes de contrabando de opiáceos. Quedan muchas dudas sobre cómo se establecieron estas primeras redes, cuál fue el papel del gobierno y quiénes fueron los personajes que mayores beneficios obtuvieron de estos contrabandos”.
Fuente.-




PRESUMEN CAPTURA del "TIGRE y el LIDER de los "VIAGRAS".


Agencias de noticias regionales reportan que Adrian Reyes Cadena, apodado "El Tigre" jefe de plaza en Zihuatanejo, fue arrestado junto con el líder de Los Viagras, Miariano Sierra Santana, alias El Negro ". Los sospechosos habrían sido arrestados en un operativo  en Ixtapa, Guerrero.

La operación para arrestar fue en coordinación con la Policía Federal, el Ejército Mexicano y la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de Investigación (SEIDO).

Ellos han sido trasladados a la Ciudad de México en un avión de la Policía Federal . El arresto se produjo a las 09:00 horas de este domingo cuando dos helicópteros uno del ejército mexicano y uno de la PFP sobrevoló la zona ,los militares bloquearon el tráfico .

La detención se llevó a cabo en la Calle Golondrinas # 149, dentro de la casa de "El Tigre".Su esposa e hijos estaban en casa en ese momento.

También fue detenido Mariano Sierra Santana, 34 años, oriundo de Michoacán en el municipio de Buena Vista mando de los "Viagras". 
Las autoridades no han dado los nombres de los otros detenidos, pero se estima que 5 o 6 otros fueron arrestados en la operación.

Los detenidos fueron cargados en un camión "rinoceronte" y viajaron a los cuarteles militares de Ixtapa, donde un helicóptero de la Policía Federal estaba esperando para transferir a los sospechosos a Ciudad de México a la sede federal de la PGR.

Aunque los cargos contra los sospechosos no se han hecho públicas, Los Viagras, El Tigre, El Gavilan y otros son entre otros  delitos sospechosos de ser los autores y ejecutores de Harry Devert.


fuente.-(En Ingkes)

EN "TANHUATO" EJECUCION y VENGANZA ?...al "ojo por ojo" y al rato todos quedaremos ciegos.


No hay eufemismos tolerables en este asunto: la respuesta rotunda, sustentada en pesquisas y peritajes contundentes, tiene que ser sí o no.  
Aparentemente existen elementos para afirmar que sí, que siete de cada 10 delincuentes abatidos en Tanhuato por la Policía Federal fueron ejecutados, de acuerdo a documentos de la PGR citados por Carlos Loret de Mola en su columna de El Universal. 
No es un tema de tecnicismos, de si hubo o no tatuaje de pólvora en los cuerpos de los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNJ) muertos, o en las manos de los efectivos policiales que combatieron: puede haber ejecuciones a varios metros de distancia que no dejen rastros tan contundentes.
El titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, lo niegan, afirman que no hubo ejecución, dicen que todos los abatidos cayeron en combate.
Alguien miente en la PGR o en el otro bando (la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal), y tecleo bandos porque es claro que hay una severa disputa entre dos grupos en el gabinete de seguridad nacional. ¿Quién quiere fregar a quién?  
Por las contradicciones y la dilación para aclarar el asunto, pase lo que pase en unas cuantas horas o días, ya jodieron a su jefe: el presidente Enrique Peña Nieto (su gobierno) ya no se quitará de encima las sospechas de que lo de Tanhuato fue, por el número de abatidos que hubo ahí, la peor de las ejecuciones perpetradas por fuerzas del Estado desde los 70.
Algunos datos para recordar sobre este caso…           
El 19 de marzo de 2015, en Ocotlán, Jalisco, miembros del CJNG emboscaron a decenas de policías federales, ejecutaron a cinco elementos de la Gendarmería y, con su fuego enloquecido, los miserables mataron… a cuatro civiles.
Dos meses después, el viernes 22 de mayo, en Tanhuato, en la frontera entre los estados de Michoacán y Jalisco, policías federales acabaron con varios miembros del CJNG: hubo 42 muertos entre los sicarios y solo un policía caído luego de tres horas de balazos en un rancho llamado El Sol, donde se refugiaban los narcos.
No se reportaban heridos entre los narcos, solo un federal del lado del gobierno. Hubo tres delincuentes detenidos. De acuerdo a informes iniciales, entre los criminales había más muertos (42) que armas incautadas (40). Las autoridades sumaron a modo en un recuento posterior: dijeron que aseguraron 42 armas en el lugar.
Semanas más tarde se supo que, de los 42 miembros del CJNG abatidos, 34 eran oriundos… de Ocotlán. Del lugar donde meses antes los criminales emboscaron gendarmes y mataron civiles.
En los documentos citados por Loret de Mola se afirma que 70 por ciento de los criminales habría sido ejecutado: 29 de 42. ¿Eran 29 de los 34 de Ocotlán?
¿Lo de Tanhuato fue una ejecución, una venganza, o no? ¡Aclaren ya!
fuente.-

jpbecerracostam@prodigy.net.mx

twitter.com/@jpbecerraacosta


EN AYOTZINAPA: "DESAPARECIERON , OCULTARON y CONTAMINARON EXPEDIENTES",concluye la "CIDH"..estamos "mal" y vamos para "peor".


El Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos" el 26 de septiembre del 2014, presentó un informe preliminar del caso en el que denuncia el ocultamiento y desaparición de evidencias.
La experta Claudia Paz, durante una conferencia de prensa, dijo que el informe final de su trabajo será presentado el próximo 6 de septiembre, pero anunció que ya solicitaron a las autoridades mexicanas que se amplíe el tiempo de trabajo seis meses más.
Detalló que durante la investigación se encontraron 19 prendas de vestir de los estudiantes sin rasgos de sangre, pero la Procuraduría General de la República (PGR) nunca reportó esta información a las familias de los jóvenes desaparecidos.
El Grupo de Expertos, en junio, refirió que se percató de que el hallazgo de 19 prendas, entre objetos y ropa, no se procesó, constituyendo un hecho grave desde el punto de vista de la investigación.
Paz precisó que del 29 al 30 de julio se tomaron muestras de laboratorio a la ropa localizada en dos autobuses en los que se transportaban los normalistas la noche del 26 de septiembre en Iguala. Actualmente, los especialistas preparan a los padres de los normalistas para la identificación de esas prendas.
Francisco Cox informó que el gobierno mexicano ha impedido que este grupo se entreviste con el personal militar del 27 Batallón del Ejército, a pesar de que se les propuso la realización de una entrevista por escrito y sin la presencia de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual rechazaron.
En junio pasado, el Grupo de Expertos denunció el retraso del Estado mexicano para facilitar las entrevistas que fueron solicitadas hace tres meses. Al respecto, Ángela Buitrago, integrante del grupo dijo que hasta ayer el gobierno respondió aún analiza la solicitud.
"Más de tres meses después de haber realizado la petición a las autoridades de entrevistar directamente a los militares del 27 batallón, incluyendo aquellos cuyos testimonios no han sido tomados, el GIEI señala con preocupación el retraso en esta decisión. Hay que tener en cuenta que han pasado 9 meses desde los hechos y la urgencia que dichas acciones tienen para los familiares de las víctimas, así como el tiempo restringido de seis meses que el GIEI tiene para llevar a cabo su mandato", indicó.
Destacó que esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos.
Por otro lado, el equipo de expertos de la CIDH solicitó una necropsia al cuerpo de Julio César Mondragón, quien fue desollado, luego de determinar que la primera autopsia no incluyó todas las lesiones, debido a que se omite la dinámica de lesiones y tampoco se evalúan heridas.
Explicaron que de acuerdo con los testimonios recogidos hasta el momento, personal del Palacio de Justicia de Guerrero confirmó al grupo de expertos que se captó un video del secuestro de entre 10 a 16 normalistas, sin embargo, el Poder Judicial de la entidad niega la existencia de esa evidencia.
Adelantaron que otros videos pudieron haber sido destruidos y son clave pues evidencian lo ocurrido el día en el que desaparecieron los 43 estudiantes, uno de estos videos es de la cámara ubicada en el Palacio de Justicia del municipio.
Los expertos solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitir una recomendación que atienda a las familias de las víctimas de desaparición y obtengan todos los beneficios.

Con información de:

TAMAULIPAS: "DESAPARECEN a SEXOSERVIDORAS"....aqui para vivir se dificulta un poco,para desaparecer "nada".


La misoginia, maltrato y hasta la desaparición de por lo menos 45 sexoservidoras y chicas transexuales en Tamaulipas, fue denunciada públicamente por la Comunidad Lésbico Gay de esta entidad maltratada y ensangrentada por la “guerra contra” el crimen organizado, además del hambre de poder y supervivencia de algunos políticos.

La preocupación por el rapto y desaparición de las personas de diversidad sexual, viene desde la frontera norte del Estado, nace en ciudad Reynosa, donde la agrupación Conexión Joven, reportó como desaparecidas a 30  personas entre prostitutas y transexuales. Esto durante los últimos cinco meses.
 Una situación similar se vive en la Zona Metropolitana de Tampico al sur de la entidad, reveló la misma agrupación, Conexión Joven, que según sus estadísticas 15 chicas han sido raptados  y no precisamente por las bandas de criminales que operan en completo libertinaje; la comunidad lésbico gay señala a algunos elementos de seguridad pública.
 Ahora los familiares de todas estas mujeres desaparecidas las buscan, pero refieren no tener apoyo de la autoridad gubernamental, otro punto que las desanima ya que fortalece el miedo de seguir indagando sobre el paradero de sus seres queridos, un miedo que comenzó a sembrarse por el cobro de cuota de parte de los carteles de la droga, desconfianza que luego vino a más con los presuntos abusos de autoridad de los cuerpos policiacos. Los homosexuales aseguran que la policía ha levantado prostitutas, las desnuda y ha botado como animales en la vía pública. La tristeza e indignación entre la comunidad lésbico- gay, pulula en Tamaulipas.
 El respeto hacia los homosexuales o personas transgénero, está muy devaluado, no se está protegiendo y aunque muchas de las prostitutas pudieran dar una mala imagen al centro histórico de Tampico y en la misma ciudad de Reynosa, este oficio de la prostitución existe porque hay una demanda y si la clientela persiste que se mantenga el servicio, en una de esas y hasta pudieran protegerlas, exigirles una mejor imagen y por qué no hasta ponerlas en un mostrador.

fuente.-davidcastellanost@hotmail.com/SDPnoticias. 

EL "CHAPO JURO MATARSE'...pero no fue "necesario".


Tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, volé a El Paso, Texas, para entrevistar a dos personajes de leyenda: Larry Villalobos y Joe Bond, sí Bond como el de las películas. El primero fue jefe de inteligencia de la DEA en México y el segundo supervisor de operaciones de la misma agencia en nuestro país. Ambos son los expertos en la vida e historia criminal del Chapo.
Cuando hablé con ellos estaban impactados por la captura de Guzmán Loera. Los funcionarios de la DEA se entrevistaron con él en 1998 cuando aún estaba preso en Puente Grande. Ahí el capo, que aún estaba lejos de alcanzar las dimensiones de “más poderoso del mundo”, afirmó que primero se mataba o hacía que lo mataran antes de volver a estar en prisión.
“No voy a volver aquí, yo me mato o me matan antes de que me entregue al gobierno”, recordó en entrevista vívidamente,  palabra por palabra, Villalobos. Es por eso que ni él ni Bond daban crédito a que hubiese sido capturado vivo y ¿¡sin ningún disparo!? era increíble.
Un año cuatro meses después el tiempo resolvió la incógnita. El capo nunca en verdad fue prisionero del gobierno de Peña Nieto, más bien un huésped en el penal de máxima seguridad “El Altiplano” y desde un inicio parece haber estado seguro que iba a salir bastante pronto.
La clave para entender está en el propio expediente de la investigación de la PGR sobre la fuga del líder de Cártel de Sinaloa. Los peritajes, tarjetas informativas, actas y declaraciones ministeriales de presuntos responsables, empleados del penal y hasta de otros narcotraficantes presos en la misma área que Guzmán Loera, no dejan lugar a dudas de que altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto lo dejaron salir.
Hay muchos puntos importantes: el Chapo usaba la cárcel como oficina alterna y despachaba sus asuntos familiares con la misma ligereza que los criminales, ante las cámaras que todo lo grababan en audio y video. El supuesto brazalete con GPS que tenía se lo pusieron tras una negociación con el narcotraficante y bajo sus propias condiciones, dijo el director general del penal Valentín Cárdenas, a la PGR.
“…se acordó por parte del comisionado que se le pondría un GPS para controlar sus movimientos y evitar puntos muertos,  por lo que dicho brazalete o pulsera le fue puesto en la muñeca izquierda y el señor Joaquín Guzmán Loera dijo estar de acuerdo siempre y cuando él lo cubriera con la manga de su camisa, situación que fue aceptada por ambas partes”, dijo Cárdenas a la PGR según su declaración ministerial que se encuentra de la foja 398 a la 415, del tomo III, de la averiguación previa.
Pero de todas las irregularidades antes, durante y después de la fuga, la que hoy causa mayor dolor de cabeza al gobierno de Peña Nieto, principalmente al Secretario de Gobernación Miguel  Ángel Osorio Chong, son las grabaciones de audio y video de los minutos previos, durante y después de que Guzmán Loera desapareció de la cámara de seguridad que lo vigilaba.
En dichas grabaciones se escucha como hay golpes de metal contra el concreto dentro de la celda del Chapo y el gobierno intentó ocultar para no evidenciar que literalmente lo dejaron ir. La información de la existencia del video fue revelada en una investigación mía publicada por la revista Proceso el 1 de agosto. Según el peritaje de la PGR a las grabaciones hechas por el CISEN, los golpes contra el concreto dentro de la celda delChapo estuvieron escuchándose al menos durante los siete minutos previos a la fuga y dos agentes del CISEN encargados en ese turno que estaban monitoreando el video con audio, no hicieron nada para emitir una alerta e impedir la salida del capo.
Para simular trasparencia, el gobierno de Enrique Peña Nieto mostró el mismo video pero sin audio el 13 de julio pasado, en una conferencia de prensa encabezada por el desastroso Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien como si nada afirmó que no hubo información que indicaran que el Chapo iba a escapar. Mintió.
Varios medios de comunicación nacionales e internacionales como CNN, Univisión y  Telemundo le han dado seguimiento a la investigación sobre la existencia del video y otras pruebas contenidas en la averiguación previa de la PGR, difundidas por mí sobre todos los elementos que hubo para prevenir e impedir la fuga.
Al principio la reacción del gobierno de Peña Nieto fue intentar esquivar las insistentes preguntas de dichos medios, e incluso primero quisieron insinuar que los documentos en los que se basó el reportaje no eran auténticos. No cabe la menor duda que lo son, los obtuve directamente y sin intermediarios en el Consejo de la Judicatura Federal. Ante lo inevitable, la PGR reconoció a CNN que los documentos eran auténticos y que lo señalado en mis reportajes era íntegramente igual al contenido de la averiguación previa.
Pero el engaño de la administración de Peña Nieto, cada vez más común en los temas más delicados, tomó dimensiones legales cuando en una comparecencia ante diputados de la Comisión Bicamaral llevada a cabo el 16 de julio pasado, tampoco informaron al respecto. Por algo menos grabe que ocultar las verdaderas circunstancias de la fuga de un capo en 1998, el presidente de Estados Unidos Bill Clinton estuvo a punto de ser destituido, luego de haber ocultado al Congreso que tuvo una relación sexual impropia con la ya famosa becaria Mónica Lewinksy. Se consideró que cometió perjurio y obstrucción de la justicia.
El senador independiente Alejandro Encinas, secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, me ha comentado que es muy grave que el gobierno haya ocultado la existencia de las grabaciones cuando él y los legisladores Ismael Hernández y Omar Fayad, ambos  del PRI, realizaron el 13 de julio pasado  una visita a “El Altiplano”, guiada directamente por Osorio Chong y Rubido, con el fin de ser informados verazmente sobre la evasión del capo. Pero más grave aún, dijo, es  que lo hayan ocultado en una comparecencia de carácter oficial.  Hasta donde se sabe hay otros legisladores que se sienten engañados, máxime cuando todas las comparecencias se dan bajo el juramento legal de decir la verdad y no ocultar información al Congreso.
A Encinas, quien fue Secretario de Gobierno del DF y luego Jefe de Gobierno,  no le es ajeno el funcionamiento de los penales ya que por sus cargos tuvo que empaparse del tema del funcionamiento de las prisiones en la capital del país. Tras su salida del penal dio entrevistas señalando todas las irregularidades detectadas. Particularmente a mí me indicó que en “El Altiplano”, Guzmán Loera pasaba con sus abogados más tiempo del reglamentario y que recibía visitas de varias personas de manera indebida. Y desde un inicio señaló que para que ocurriera la fuga tuvo que haber una amplia red de corrupción.
Encinas envió a Miguel Ángel Osorio Chong una carta solicitando en su calidad de miembro de la Comisión Bicamaral se le entregue copia de las grabaciones de video y audio de la fuga. Sigue esperando una respuesta.
El 11 de agosto pasado se cumplió un mes del escape. De los rastros del Chapo ni sus luces y tampoco de los autores intelectuales y materiales de su evasión dentro del gobierno de Peña Nieto. Apenas tres empleados de baja jerarquía, uno de la PF y dos custodios.
Leyendo una y otra vez el expediente de la PGR de la fuga, ahí está la respuesta a la interrogante de Villalobos y Bond. Es claro que el Chapo tenía de antemano un  boleto de salida. Un boleto que pese a la gran corrupción que había en el penal no podía ser transferible a otros presos, un boleto que ni siquiera podía beneficiar a su querido hermano Miguel Ángel Guzmán Loera, quien también está preso en El Altiplano y para quien no hubo túnel o puerta abierta para salir.
El Chapo juró matarse pero no fue necesario porque sabía que iba a salir.
fuente.-

DETENIDOS: 2,543 "POLICIAS" que pasaron de "SERVIR al PUBLICO" a "SERVIR al CRIMEN"...y en solo cinco años


La corrupción y los vínculos entre la policía y los criminales en México no es un tema nuevo en la agenda de seguridad. Un monitoreo de medios realizado por EL UNIVERSAL revela que en los últimos cinco años fueron detenidos dos mil 543 policías en todo el territorio mexicano. Extorsión, abuso de autoridad, homicidio y retención de personas para entregarlas al crimen organizado, son algunos de los delitos en los que las fuerzas del orden se han visto involucrados.
México es el tercer país con mayor número de policías en el mundo, únicamente lo supera India y Estados Unidos. Pero ni estos 519 mil 739 agentes de seguridad, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), han podido contener los embates de los criminales. Se calcula que siete de cada 10 miembros de las fuerzas municipales han sido infiltrados por el crimen organizado, asegura Lilia Aguilar Gil, diputada federal del PT y quien funge como secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja.
Hace 60 días, las fallas de los cuerpos de seguridad del país volvieron a salir a la luz pública, y mostraron una policía débil y corrupta. La noche del 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, una de las regiones mexicanas más pobres. Los resultados de las investigaciones fueron crudos: la policía municipal de Iguala atacó, detuvo y supuestamente entregó a los jóvenes al grupo criminal Guerreros Unidos. Los buenos se convirtieron en los malos.
Hace más de 30 años que las fuerzas del orden son parte de las nóminas del crimen, afirma Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). “Lo único que pasó con el gobierno de (Felipe) Calderón, es que todas estas relaciones se destaparon”.
Pero el problema no se rige únicamente por dinero. Las pésimas condiciones de trabajo y la falta de un proyecto policiaco han generado que los guardias tengan una sensación de abandono por parte de la institución. “Hay un desencanto en la carrera policial,” sentencia Elena Azaola, integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores (Ciesas).
Sin un sitio oficial con cifras sobre esta problemática, EL UNIVERSAL realizó un monitoreo de medios, de 2010 a octubre 2014, en el que se encontraron 244 eventos en los que se detuvo a algún oficial de las fuerzas públicas. Para 2014, año que aún no finaliza, los registros ya van por encima de las 50 notas.
Ayotzinapa no es el primer caso y parece que no será el último. En mayo de 2011 se reportó la detención de 23 policías en el municipio de Tarandacuao, Guanajuato, por tener vínculos con grupos del crimen organizado. Una de las tareas que realizaban era vigilar a probables víctimas, detenerlas y entregarlas al cártel de La Familia Michoacana.
El distanciamiento entre la sociedad y las fuerzas del orden es grande, afirma Barrón, y casos como Ayotzinapa o Tlatlaya, Estado de México, lugar en que al parecer miembros del Ejército ejecutaron a supuestos delincuentes, lo ha incrementado.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), registró que 90% de los encuestados considera a la policía como la institución más corrupta de México.
En cambio, la empresa The Harris Poll de Estados Unidos publicó que tres de cada cinco estadounidenses consideran la carrera de oficial de policía como una de las profesiones con mayor prestigio en la unión americana.
¿Qué salió mal?
En 2010, diversos organismos comenzaron a reportar no sólo el alza en delitos como el secuestro y la extorsión, sino la suma de un nuevo factor que lo hacía más estremecedor.
Causa en Común, organización no gubernamental dedicada a exigir mayor rendición de cuentas a las autoridades, denunció que en siete de cada 10 privaciones de la libertad que ocurren en México están involucrados policías o ex policías.
Hasta septiembre de 2014 se reportaron mil 529 plagios en el país. Si este cálculo es una muestra de la realidad cotidiana, las fuerzas del orden participaron en cerca de mil raptos.
Barrón señala que esta descomposición policiaca comenzó en los años 80. De repente “tienes una sociedad que va cambiando en razón del nivel educativo, pero los policías se quedaron rezagados”.
En 2011, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, reportó que 70% de los policías municipales sólo contaban con educación básica, es decir, hasta secundaria.
La policía juntó los elementos perfectos para ser un blanco fácil del crimen organizado. En lugares como Tamaulipas, zona reconocida a nivel mundial por su alta penetración del crimen en esferas gubernamentales, hay agentes estatales con honorarios que apenas sobrepasan los tres mil pesos mensuales.
Se calcula que los oficiales deben obtener, al menos, 30% más de ingresos a través de “la mordida” (dinero a cambio de evadir multas) o actos de corrupción y así “solventar más o menos su nivel de vida,” asegura Barrón del Inacipe.
Dos de cada tres policías detenidos, de acuerdo con el monitoreo de El UNIVERSAL, pertenecían a corporaciones de Nuevo León, Michoacán, Veracruz, Durango y Estado de México. Un policía de Michoacán se enfrenta todos los días a las estadísticas más altas del país en homicidios, 49 asesinatos por cada mil habitantes, a cambio de nueve mil pesos mensuales y una jornada de hasta 16 horas continuas.
Sin apoyo de su institución y sobrellevando situaciones de violencia para las que incluso no están suficientemente capacitados, los oficiales se ven envueltos en un círculo de corrupción casi imposible de sortear. Entre 2010 y 2012, años en los que la violencia arreció en la mayor parte de México, los jenízaros municipales se convirtieron en simples “levanta casquillos”.
Las órdenes eran claras, ninguno podía acercarse a casos de violencia que tuvieran que ver con el crimen organizado, dice Aguilar.
Además, el tiempo de preparación de la fuerza policiaca es absurdo e insuficiente. Un guardián de calle en Chile tiene una educación de un año y medio, en Colombia un año, en Argentina de uno a tres y en México “cualquiera puede ser policía, en promedio, en seis meses o hasta menos”, afirma Barrón.
El ejemplo más claro es la Gendarmería Nacional, policía de élite que fue presentada en agosto de este año y que tan solo fue entrenada cuatro meses.
Pruebas de confianza caras
El gobierno federal ha presumido que 65% de los policías del país ya están evaluados, pero esta cifra no representa nada en la seguridad de México. El tema de la certificación se planteó como la solución para tener elementos confiables en las instituciones de seguridad desde el sexenio pasado.
Pero casos como los de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Estado de México, entre otros, siguen mostrando que gastar cerca de dos mil millones de pesos sólo en pruebas de polígrafo, no es suficiente para terminar con la complicidad de policías y delincuentes.
A un mes de que terminó el plazo para que todas las policías del país acreditaran los exámenes del Centro de Evaluación, Control y Confianza (C-3), nadie sabe cuál será el destino de 40 mil 25 agentes estatales y municipales que siguen trabajando pese a haber reprobado los exámenes, según cifras reveladas por el SESNSP.
Azaola asegura que este tipo de mecanismos “no te pueden garantizar que las instituciones realmente funcionen bien”. Y mientras no se implemente una reforma que incluya buena capacitación y elementos tan sencillos como seguridad social para los policías, seguirán presentándose casos en que los agentes elijan trabajar con los criminales.
La aprehensión y destitución de agentes se ha convertido en una práctica recurrente del gobierno para cuantificar sus avances en materia de seguridad, pero estas acciones sólo le confirman a la población la fuerte vulnerabilidad que hay en las instituciones y una falta de control, explica Barrón.
La solución para controlar los niveles tan altos de inseguridad está lejos del alcance de los policías. Eduardo Guerrero, especialista en seguridad, indica que los factores para contrarrestar el problema en las corporaciones son varios y requieren tiempo, pero por lo menos “necesitas una institución que le brinde seguro médico a sus policías”, asegura el experto.


Fuente.-