Una de las principales fuentes de riqueza de los empresarios que se acercan al poder es la concesión de obra pública, estatal o federal. Si esos hombres de negocios se encuentran emparentados con los políticos del más alto nivel, o pertenecen a su clan, sus ganancias están aseguradas. Algunos de ellos se despachan a su gusto explotando incluso el ahorro de los trabajadores mexicanos… Esto ocurre con los cuñados del expresidente Carlos Salinas, enriquecidos hasta niveles alucinantes en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Mexico,D.F 07/Jun/2015 Con el gobierno de Enrique Peña Nieto, la familia política del expresidente Carlos Salinas de Gortari está en Jauja: los hermanos de su esposa, Ana Paula Gerard Rivero, se hallan detrás de un complejo tinglado de empresas nacionales y extranjeras beneficiarias de multimillonarios contratos de obra, y ya están listos para obtener dividendos de los nuevos negocios de exploración y producción en el sector petrolero.
Hipólito Gerard Rivero, con su empresa Constructora y Edificadora GIA+A, tiene contratos de obra y concesiones carreteras y hospitalarias; su hermano Jerónimo Marcos está al frente de otra empresa que administra fideicomisos para fondear, entre otros polémicos contratistas, al tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, constructor y financiador de la Casa Blanca, presunta propiedad de Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto.
Los recursos obtenidos por Jerónimo Gerard y transferidos a empresas como la de Hinojosa Cantú no son propios. Provienen de los fondos de ahorro para el retiro (afores). Esto es: el gobierno les asigna negocios con ganancias seguras y sin riesgo, que se realizan con dinero “prestado” del ahorro de los trabajadores mexicanos.
La empresa dirigida por Jerónimo Gerard se llama Infraestructura Institucional (I2 o ICuadrada). Es una administradora de fideicomisos integrados con recursos obtenidos de Banamex en calidad de fiduciario, utilizados para inyectar fondos a diferentes proyectos de obra, entre los cuales destacan el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango y la autopista Toluca-Naucalpan, ambos concesionados a Hinojosa Cantú.
No sólo son negocios. Los familiares del expresidente Salinas tienen presencia en el gabinete: es el caso de su sobrina Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria de Turismo, o el de su concuño José Antonio González Anaya (casado con Gabriela, otra de las hermanas Gerard), director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entidad con la que Acciona, empresa donde tiene participación Jerónimo Gerard, obtuvo un contrato por 623 millones de pesos (mdp).
Hipólito Gerard es presidente y director general de Constructora y Edificadora GIA+A, que iría en asociación con Constructora Teya, propiedad de Hinojosa Cantú –quien suma alrededor de 60 mil millones de pesos en contratos de obra pública este sexenio (Proceso 2002)–, en la cancelada licitación para la construcción del tren México-Querétaro.
Ambas empresas eran integrantes del consorcio que pretendía licitar para obras en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, aunque finalmente la asociación se desintegró en enero pasado.
Con su constructora, desde 2010 Hipólito Gerard suma ya cerca de 10 mil millones de pesos en contratos. Entre estos destaca la concesión del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, en el Estado de México que, junto con el ya mencionado de Zumpango, concesionado a Hinojosa Cantú, son los dos principales desarrollos hospitalarios en la entidad ejecutados este sexenio.
Ahora GIA+A tiene asignada la concesión del Hospital Regional de Mazatlán (operación que está en suspenso por la oposición legislativa local), así como la remodelación de un parque temático en Culiacán, que le asignó el gobierno de Sinaloa (Proceso 1990).
El vehículo de inversión
ICuadrada se describe como “un vehículo de inversión de capital privado cuyo objetivo es invertir, mediante adquisición o desarrollo, en un portafolio diversificado de Activos de Infraestructura ubicados en México”.
En los diferentes documentos presentados a los inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), establece también su función: “Los administradores de I2 tienen como objetivos principales identificar, originar y ejecutar transacciones enfocadas a la construcción, desarrollo, administración, operación, conservación y mantenimiento de activos que constituyen la infraestructura básica”.
ICuadrada tiene la clave de pizarra en la BMV, ICUA2CK 10, y administra dos fideicomisos integrados con fondos de Banamex. El primero, identificado como F/175992 y creado en 2010, ha colocado 19 mil mdp en empresas dedicadas a la obra pública, de acuerdo al “Prospecto Definitivo”, asentado en el Registro Nacional de Valores de la BMV a mediados de 2014.
Conforme al orden de aparición en el citado Prospecto Definitivo, las inversiones de ICuadrada son las siguientes:
El Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, en el Estado de México; la autopista libre de peaje Tapachula-Talismán, con ramal Ciudad Hidalgo, en Chiapas; la autopista Uruapan-Zihuatanejo, entre Michoacán y Guerrero; la autopista Toluca-Naucalpan; una Plataforma de Perforación petrolera conocida como Paraíso 2, en Tabasco, y un Centro Penitenciario para Mujeres en Coahuila.
En agosto de 2014 ICuadrada consiguió un segundo fideicomiso, clave de pizarra ICUA2CK 14, por un monto mínimo de 2 mil mdp y un máximo de 10 mil mdp, que tiene un objeto específico, según el informe trimestral a la BMV, presentado el pasado 30 de septiembre:
“Asunto: (…) participará en el capital social de una empresa de reciente creación con el objetivo de invertir en proyectos de exploración, producción y transporte de hidrocarburos surgidos a partir de la Reforma Energética promulgada el 20 de diciembre de 2013”.
La inversión autorizada a ICuadrada es hasta por un monto de 75 millones de dólares, y el destino es la empresa de reciente creación Sierra Oil & Gas, que se presenta como la primera firma mexicana de exploración y producción de hidrocarburos, creada en 2014 para competir por los nuevos negocios generados por la reforma energética.
Cuando Sierra Oil & Gas anunció los recursos obtenidos para su operación, un ejecutivo de ICuadrada, Juan Alberto Leautaud, expresó lo que apenas se advertía en los documentos presentados a la BMV: que los fondos de ICuadrada son una importante oportunidad para el capital institucional, en particular de los fondos de pensiones. (Milenio Diario, 19/10/2014).
Negocios potenciales
Las diferentes inversiones de ICuadrada tienen en común dos cosas: provenir de consorcios identificados con la élite salinista o ser socios en otras obras de GIA+A, la empresa de su hermano Hipólito.
En el mencionado Prospecto Definitivo, página 57, ICuadrada menciona como “Inversiones Potenciales” algunos sectores y subsectores en los que podría obtener participación.
Destaca su interés por colocar más de 13 mil mdp en la construcción de un acueducto. El único que implicaría ese monto, de acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura, es el Proyecto Monterrey VI, en el que Controladora de Operaciones de Infraestructura, propiedad de Hinojosa Cantú, aportaría 17 mil mdp.
En tanto, la plataforma Paraíso 2 fue contratada por Pemex Exploración y Producción a Grupo R, del también tamaulipeco Ramiro Garza Cantú, veterano contratista del sector energético. La condición coincidente de las dos primeras obras mencionadas de Hinojosa Cantú y la plataforma de Garza Cantú es que se habían retrasado por diferentes problemas, aparentemente relacionados con lo financiero, hasta que llegó ICuadrada con sus fondos.
Es el mismo caso del reclusorio federal femenil de Coahuila, contratado al consentido calderonista Tradeco. La obra registra un retraso de más de un año y los medios locales han documentado quejas por falta de pago a trabajadores y proveedores. Esa obra se calculó con una inversión de 4 mil 200 mdp y los documentos registrados en la BMV por ICuadrada se plantean colocar fondos por más de 2 mil mdp, es decir, 50% de la obra.
Pero la inversión menos transparente tiene que ver con un contrato de la Secretaría de la Defensa Nacional. En 2012 Tradeco consiguió la concesión para remodelación, edificación y mantenimiento del Colegio del Aire. Pero en 2014 se le rescindió por incumplimiento. Hasta ahora ninguno de los portales de acceso a la información gubernamental ha transparentado quién se encargó de la obra, inaugurada por Peña Nieto el pasado 13 de febrero, centenario de la Fuerza Aérea Mexicana.
La inversión en el Colegio del Aire no aparece en los informes de ICuadrada, pero es uno de los que se mencionan en su página de internet. La respuesta a una solicitud de acceso a la información establece que se destinaron 2 mil mdp para la conclusión de la obra, pero no se sabe a quién se contrató para ejecutarla.
Jerónimo Marcos Gerard Rivero, egresado de economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México y posgraduado en Stanford, inició su carrera de la mano de Francisco Gil Díaz quien, subsecretario de Hacienda en el sexenio de Salinas de Gortari, lo convirtió en su asesor. Al terminar la administración, Gerard se incorporó como ejecutivo de Goldman Sachs, hasta 1997.
En el sexenio de Vicente Fox, cuando Gil Díaz fue secretario de Hacienda, Jerónimo Gerard era vicepresidente de Finanzas de Telefónica, la empresa donde aterrizaría Gil como presidente en 2007, cuando Gerard se convertía en CEO de Telefónica B2B.
Ahora, Jerónimo Gerard preside ICuadrada y MRP, ésta última dedicada a construir y gestionar centros comerciales, de los que tiene 70 en 21 estados de la república, según su página de internet. Además forma parte de distintos consejos de administración, como en Acciona, veterana contratista española con inversiones en agua, energía e infraestructura.
De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), el 24 de marzo de 2014 Acciona consiguió un contrato con el IMSS por 623 mdp, sin que se especifique en ese registro el objeto. Como se dijo, el director de ese instituto es el cuñado de Gerard y concuño de Salinas, José Antonio González Anaya.
La misma consulta al POT arroja que en el sexenio de Felipe Calderón Acciona obtuvo ocho contratos por 2 mil 191 mdp, además de la concesión, otorgada en 2005, del Hospital de Alta Especialidad del Bajío, en León, Guanajuato, que le reportará ingresos hasta 2055. En los dos primeros años de gobierno de Peña Nieto, dicha empresa acaparó diez contratos por un monto acumulado de 2 mil 902 mdp.
Entre las diferentes concesiones para Acciona destaca la construcción y operación de la planta tratadora de aguas, de Atotonilco, Hidalgo, considerada una de las más grandes del mundo, que se encarga de purificar el agua de la Ciudad de México y su conurbación.
Para dicha concesión se integró un consorcio en el cual participan, además de Acciona, Atlatec, Promotora del Desarrollo de América Latina y Controladora de Operaciones de Infraestructura, una de las firmas propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú. Como ocurre con otras obras, la tratadora fue objeto de observaciones por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
No es todo. ICuadrada invirtió en la autopista Tapachula-Talismán, con ramal a Ciudad Hidalgo, que está concesionada por 20 años al español Grupo Azvi. En lo que va de la administración de Peña Nieto, Grupo Azvi ha conseguido participación en otra obra emblemática del sexenio, pues forma parte del consorcio que construirá el tren México-Toluca, en la que le tocará un monto de 2 mil 200 mdp.
Además del financiamiento que ICuadrada otorgó a Azvi, hay otro negocio que refleja la sociedad con Hipólito Gerard. Se trata de uno de los contratos obtenidos en 2013 por GIA+A para la remodelación y mantenimiento de la autopista Jala-Puerto Vallarta, por más de 730 mdp, donde la empresa de Hipólito Gerard va en consorcio con Azvi.
Azvi está asociada también con Roberto Alcántara para el contrato por cuatro años del telepeaje carretero de todo el país otorgado por el gobierno federal en 2014.
El mismo Azvi, asociado con la mexicana Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), tiene lo que ICuadrada llama “Paquete Michoacán”, consistente en la operación de la autopista Uruapan-Zihuatanejo. Esa concesión también es destinataria de fondos de Icuadrada; en su página de internet para España, Azvi presume que tiene el respaldo financiero del sistema pensionario mexicano.
Pinfra es propiedad de David Peñaloza Sandoval, empresario encumbrado en el sexenio de Salinas de Gortari e implicado en los escándalos de Raúl Salinas, con quien tuvo sociedad y una relación cercana (Proceso 1089).
Las utilidades de Pinfra (antes Tribasa) crecieron de manera sorprendente en el sexenio salinista: 29.3 millones de nuevos pesos en 1989; 34 en 1990; 113 en 1991; 334.8 en 1992 y 412.7 millones en 1993. Es decir, un incremento de 1,293% entre 1989 y 1993, originado principalmente (91%) en las concesiones carreteras (Proceso 923).
Peñaloza fue socio de Carlos Hank y otros inversionistas de la élite mexiquense relacionada con el Grupo Atlacomulco. En lo que va del sexenio de Peña Nieto, suma al “Paquete Michoacán” la renovación de la concesión de la autopista México-Toluca. Dicha renovación fue señalada como ilegal por la ASF. En total, Pinfra opera 25 autopistas y el puerto de Altamira, Tamaulipas.
El español Grupo OHL le cedió a Pinfra la concesión del viaducto elevado de la autopista México-Puebla. El gobierno de Rafael Moreno Valle intentó rescindir esa concesión hasta que, con la mediación del gobierno federal, OHL recuperó el negocio en 2014.
Pese a todo, ICuadrada y sus fideicomisos colocaron en el mencionado Prospecto Definitivo diferentes apartados previendo conflictos de interés:
“I2 ha sido concebida como una plataforma pura de administración del capital, con la intención de minimizar los posibles conflictos de interés entre el Fideicomiso I2 y sus ejecutivos, que se encuentran en posición de tomar las mejores decisiones”.
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