La muerte de narcos en México violenta protocolos internacionales de derechos humanos, sostiene especialista; aquí se les mata, cuando pueden respetarles la vida.
El especialista en derecho penal, Héctor Chicuate, reconocido investigador en temas de delincuencia organizada, sostiene que la política que aplica el gobierno federal para combatir la delincuencia organizada, es excesiva e irracional.
Invitado a disertar sobre la importancia del Derecho Operacional Policial en el nuevo modelo de Justicia Penal sobre el tema del uso legítimo de la fuerza, destaca que el excesivo uso de la fuerza por parte de las policías, el Ejército y la Armada mexicanas en su combate contra organizaciones criminales, ha hecho que este sexenio y el anterior se cometan violaciones muy graves a los derechos humanos, que además ilustran cómo el gobierno federal encara la lucha contra la delincuencia organizada, sin atender los protocolos y principios del derecho internacional humanitario.
Si el sexenio anterior se ejerció una política criminal desafortunada, dice, en el actual la situación es más grave, porque los casos de Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán demuestran que hubo un uso desproporcionado, irracional y excesivo de la fuerza pública.
El especialista asegura que esto demuestra la forma arbitraria en que el Gobierno Federal justifica su lucha contra el narcotráfico creando la figura del “enemigo del Estado” y utilizando la violencia mortal en su contra, es decir, matarlo antes de consignarlo y juzgarlo.
“Esto solamente se da en un Estado totalitario que no respeta los derechos fundamentales de sus gobernados”, indica.
Para ilustrar estas violaciones flagrantes a las violaciones de los derechos humanos recordó las muertes de capos como Heriberto Lazcano Lazcano; Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormentas; Nazario Moreno González, el Chayo; Ignacio Coronel y Arturo Beltrán Leyva.
Especializado en temas de narcotráfico, el doctor en derecho penal asegura que en la lucha contra los capos de la droga el Estado ha cometido violaciones muy graves a sus derechos humanos. En el caso de Arturo Beltrán Leyva, el enfrentamiento se dio en un edificio de condominios. Por tanto no había manera de escapar. Caso similar fue el de Ezequiel Cárdenas, quien estaba totalmente rodeado. Sin embargo se dio el enfrentamiento hasta privarlo de la vida.
Es aquí, dice, donde vemos el exceso en el uso de la fuerza, precisamente por la formación que tienen nuestras fuerzas armadas de que al enemigo hay que matarlo. Y se pierde de vista que estos operativos se realizan en un Estado democrático donde por ley se deben respetar los derechos fundamentales de las personas, pues con todas las atrocidades que se sabe cometen estos delincuentes, también tienen derechos.
Los “enemigos del Estado”, recalca, antes que todo son personas y las reglas de operativos para su abatimiento son peligrosamente flexibles.
Dice que la ley general sobre uso legítimo de la fuerza, que establezca buenas prácticas de los derechos humanos, permitirá evitar confusiones de roles y funciones policiales y militares así como la generalización de responsabilidades.
Considera urgente que México atienda esta disciplina del derecho operacional para regular las actividades policiales y de las fuerzas castrenses, para que todas las operaciones de combate contra organizaciones criminales se apeguen a protocolos uniformes y estandarizados.
Engarzada
A veces hay que matar personas pero es normal: vicealmirante Renato Bermúdez
ALMIRANTE. La función de las fuerzas armadas es eliminar al enemigo.
El Almirante Renato de Jesús Bermúdez Flores, miembro de la generación fundadora de Ciudad Universitaria y Profesor del Colegio Militar y del Centro Superior Naval, afirma que “nunca hemos salido con el armamento a matar a nadie. En los 40 años al servicio de la armada jamás recibimos una orden de matar a nadie. Tuvimos, si, la obligación muchas veces de ocasionar la pérdida de muchas vidas”.
Al abordar el tema, remarca que “posiblemente hemos sido atacados. No somos ni matones ni enemigos de la sociedad, somos los garantes de la seguridad en el país. No estamos contra el crimen organizado porque hayamos querido salir. No es nuestra función, nuestra tarea prioritaria es la defensa del país, pero cuando las demás autoridades no pueden hacer frente al flagelo del narcotráfico y demás delitos de alto impacto, alguien tiene que salir a hacerles frente”.
“Se ha considerado que sean las fuerzas armadas las que deban hacerlo y es una orden que debemos acatar. En la milicia las órdenes se cumplen, no se discuten. No es verdad que salgamos y andemos matando gente en la calle. Nos han tildado de que nuestra doctrina de guerra es matar al enemigo y eso no es cierto”.
Opina que la función de las fuerzas armadas es eliminar al enemigo, de acuerdo con las convenciones de Ginebra. “Posiblemente en esa eliminación hay que matar algunas personas, pero eso es normal. Pero ni el armamento ni las municiones que tenemos son de alto impacto para matar a nadie. En cambio, todos ustedes saben que nos enfrentamos a los señores del narcotráfico, a las hermanitas de la caridad que no hacen absolutamente nada, digo, trafican, y usan unas pequeñas armas que se llaman matapolicías que tienen mucho más capacidad que las armas que tiene la policía”.
El militar retirado afirma que “las fuerzas armadas nunca han usado bazukas o armas de gran poder para matar a narcotraficantes Estuve 40 años en las fuerzas armadas. Las defiendo creo necesario hacerle saber a la población que no somos matones, ni criminales, que no salimos a realizar ninguna actividad ilícita y salimos a aplicar la fuerza cuando es necesario.
Por su parte, Juan Ibarrola Carreón, Consultor de las Fuerzas Armadas y periodista especializado en temas de seguridad, se atrevió a afirmar que los muertos registrados en la estadística nacional en forma violenta no los mataron las fuerzas federales, no los mató ni la policía ni las fuerzas armadas, sino que “se mataron entre ellos”.
El también profesor del Centro de Estudios Superiores Navales, comenta que las escuelas de medicina del país deben estar contentas por tanto muerto por examinar, haciendo referencia a que en México los familiares no acostumbran a reclamar los cuerpos de sus hijos, esposos, hermanos, porque saben a lo que se dedican.
En respuesta a una pregunta hecha sobre el rol de los militares en la matanza de Tlatelolco, contestó que en el movimiento del 68 no fueron miles, ni siquiera cientos los muertos de aquella noche madrugada: “Solamente se presentaron 42 familias a reclamar a los ministerios públicos para que les entregaran los 43 cuerpos de fallecidos que reportó este suceso violento”.
Afirma que no hubo los miles de muertos ni un campo militar número uno que se ha hecho ver como el gran panteón donde quedaron sepultados muchos estudiantes desaparecidos aquel dos de octubre. Y lo refrenda argumentando que fuera de esas familias no hubo otra más que se acercara a reclamar la identidad de sus hijos supuestamente muertos o desaparecidos.
En su afán por justificar el abuso de la fuerza pública perpetrada por militares en la década de los 70, el columnista de Milenio Diario evidenció que las cifras sobre muertes violentas en el país no son confiables porque los medios de comunicación tienen unas y los familiares las suyas.
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