La detención de tres mujeres en posesión de armamento de guerra en el sector Barrancos de Culiacán ha destapado un caso que pone en el centro del debate la evidente infiltración del crimen organizado en las filas de las fuerzas armadas mexicanas.
Los hechos, que fueron ventilados por la prensa y ocurridos ayer 7 de agosto, han desatado una investigación interna que amenaza con revelar vínculos familiares comprometedores entre elementos activos de la Guardia Nacional y actividades delictivas.
Identidades reveladas: esposas e hija de militares activos
Las tres mujeres detenidas han sido plenamente identificadas como Ana Laura López Villegas, esposa de un sargento segundo; Candy Espíndola Gamboa, esposa de un cabo; y Amairani Sakae Ángeles, hija de un sargento primero, todos elementos activos de la Guardia Nacional. La detención ocurrió durante un punto de inspección rutinario en el sector Barrancos, cuando elementos del Ejército Mexicano interceptaron el vehículo Volkswagen Jetta gris modelo 2014 en el que circulaban.
El aseguramiento incluyó un arsenal considerable: dos fusiles AK-47 (uno fabricado en Rumania y otro en China), 12 cargadores calibre 7.62, 350 cartuchos, tres bolsos de mano, cinco teléfonos celulares y diversas tarjetas bancarias. Particularmente relevante fue el hallazgo de tres credenciales emitidas por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), que las mujeres presentaron para acreditar su vínculo familiar con elementos militares.
El complejo habitacional El Sauz: epicentro de la investigación
La investigación ha puesto el foco en el complejo habitacional militar El Sauz, ubicado en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán. Esta moderna instalación, inaugurada en noviembre de 2018 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto con una inversión cercana a los 800 millones de pesos, alberga a más de 3,500 familias de elementos de la Tercera Brigada de la Policía Militar.
Mandos superiores de la Guardia Nacional han ordenado la revisión exhaustiva de las viviendas asignadas a los militares relacionados con las detenidas dentro del complejo El Sauz, con el objetivo específico de detectar posibles conexiones con la delincuencia organizada. Esta medida extraordinaria sugiere que las sospechas van más allá de un caso aislado de posesión ilegal de armas.
Antecedentes preocupantes en el complejo militar
El complejo El Sauz no es ajeno a incidentes relacionados con la seguridad. En octubre de 2020, un soldado de la Guardia Nacional se suicidó dentro de las instalaciones. Más recientemente, en septiembre de 2024, un conductor baleado por sicarios buscó refugio en la entrada principal del complejo después de ser perseguido y atacado. Estos antecedentes revelan un entorno donde la violencia del crimen organizado alcanza las inmediaciones de las instalaciones militares.
Contexto de violencia y corrupción en Sinaloa
La detención ocurre en un momento crítico para Sinaloa, estado que registra el mayor número de enfrentamientos entre facciones del crimen organizado en México que tienen apoyos dentro de las fuerzas amadas.
En este contexto, el caso de las tres mujeres cobra especial relevancia al evidenciar cómo las organizaciones criminales pueden haber infiltrado las estructuras familiares de las fuerzas armadas. Durante el conflicto de octubre de 2019 en Culiacán, sicarios del crimen organizado amenazaron directamente a familias de soldados en unidades habitacionales militares para presionar la liberación de Ovidio Guzmán López.
Investigación en curso y ramificaciones
La vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Verona Hernández Valenzuela, confirmó que será la propia Guardia Nacional quien realizará la investigación interna correspondiente que seguramente no llegará a nada. Las tres mujeres y el material asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para el deslinde de responsabilidades.
El caso plantea interrogantes fundamentales sobre los mecanismos de control y supervisión dentro de las fuerzas armadas, especialmente considerando que las detenidas portaban credenciales oficiales del ISSFAM y aparentemente intentaron utilizar su estatus familiar para justificar la posesión del armamento.
Implicaciones para la seguridad nacional
Este incidente revela una vulnerabilidad crítica en la estrategia de seguridad mexicana: la posible infiltración del crimen organizado a través de vínculos familiares con elementos militares. La facilidad con que las mujeres transportaban armamento de guerra sugiere un nivel de confianza y protección respaldado por conexiones internas.
La investigación en el complejo El Sauz representa una oportunidad para evaluar la extensión de esta infiltración, pero también plantea el riesgo de que otros casos similares permanezcan ocultos. La transparencia en el proceso investigativo será crucial para restablecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y demostrar que no existe impunidad, sin importar los vínculos familiares con las fuerzas armadas que tradicionalmente han sido parte del problema, mas que de su solución,pues mientras unos empujan la carreta, otras la jalan”,convirtiéndose en resistencias a la victoria definitiva que ha dejado ya mas de 710 muertos.
Con informacion: RIO DOCE/
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